Escribe Nicolás Nuñez, referente de Ambiente en Lucha (Izquierda Socialista e independientes)

En primer lugar, porque rechazamos el régimen imperialista de producción de alimentos que representan, que es un régimen de hambrunas planetarias permanentes al servicio de las ganancias de un puñado de multinacionales.

Llevamos décadas de desarrollo de un modelo de producción de alimentos que prometió, de la mano de su tecnificación, poner fin al drama del hambre a escala mundial. La productividad y el volumen de alimentos producidos pegaron un salto, pero no solo dicha promesa no se cumplió -en 2021 más de 800 millones de personas se despertaron cada día sin saber si tenían para comer-, sino que además el modelo impuesto profundizó la concentración de la tierra a nivel mundial, y también la dependencia respecto de un puñado de empresas que impusieron sus paquetes tecnológicos como mandatos ineludibles a la hora de producir alimentos. Cuatro empresas (Bayer-Monsanto, Corteva, ChemChina y Limagrain) controlan el suministro del 50% de las semillas que se utilizan cada año a escala mundial.

Este modelo, además, desarrolló una tremenda dependencia de los combustibles fósiles: sea por su estructuración en producciones que atraviesan medio planeta en barcos, como la soja argentina que alimenta la producción porcina china; sea por la energía eléctrica requerida para la refrigeración; sea por los fertilizantes industriales nitrogenados que utilizan centralmente gas natural. Es por esto que el bombardeo de Putin a uno de los principales “graneros del mundo”, Ucrania, y la consiguiente crisis energética desatada en Europa por la merma del suministro ruso, han hecho que la semana pasada los propios gobernantes de la Unión Europea hayan salido a pronosticar hambrunas para los meses por venir en distintos continentes.

También porque decimos basta de envenenamiento

En suma, los gobiernos capitalistas del mundo tomaron como “natural” que una empresa que se dedicó a desarrollar el “agente naranja” con el que los yanquis bombardearon Vietnam, pase a ser la cabeza del suministro de productos alimentarios globales. En nuestro país, Monsanto, hoy absorbida por Bayer, obtuvo el visto bueno de Felipe Solá en el ‘96 para introducir su soja genéticamente modificada para soportar su fertilizante (Roundup, en base a glifosato), luego de la “evaluación” de sus propios informes técnicos. Como develará en 2017 el periodista Darío Aranda, la CONABIA (Comisión Asesora de Biotecnología Agropecuaria) sostiene, entre sus 34 miembros, 26 agentes directos de las multinacionales del sector. El Estado argentino, y en esto no existe grieta peronista-macrista, tiene por política no hacer evaluaciones del impacto ambiental de los transgénicos que habilita.

26 años después de su habilitación, Argentina es el país que más glifosato por persona aplica en el mundo, y estudios demostraron su presencia en alimentos, sangre, y hasta las lluvias de localidades urbanas alejadas de las zonas fumigadas. Su utilización, además, se ha expandido incluso a zonas como la del Barrio Nicole de La Matanza, y por todas las zonas por las que pasa, deja un tendal de malformaciones y aumento de los casos de cáncer en la población aledaña.

La lucha triunfante que comenzó hace 10 años en Malvinas Argentinas, Córdoba, rechazando la instalación de la más grande fábrica de semillas transgénicas de América Latina, demuestra que a estos gigantes se los puede derrotar. Y que no se trata de una lucha “contra la ciencia”, como quieren hacer creer desde los funcionarios del gobierno. Sino, más bien, en rechazo a que la ciencia sea puesta al servicio de las multinacionales y no del desarrollo de un modelo alimentario al servicio de las mayorías obreras y populares.