Escribe Federico Novo Foti
 
El 12 de mayo la diputada “libertaria” Victoria Villarroel presentó un proyecto para derogar la ley 26.160, iniciativa que fue acompañada por Javier Milei, José Luis Espert y un grupo de diputados de PRO. La ley, que data de 2006, declara la emergencia en materia de posesión y propiedad de tierras de las comunidades originarias. Fue conquistada tras el reclamo de pueblos originarios. La misma ordena hacer el relevamiento de tierras, pero en 16 años solo se logró el 50% del mismo bajo los gobiernos peronista-kirchnerista y el macrismo. Y señala que mientras tanto no puede haber desalojos. Es por eso que en noviembre y diciembre del año pasado organizaciones de pueblos originarios como Opinoa y EPI Kamba realizaron movilizaciones y un acampe frente al Congreso nacional para exigir una nueva prórroga de la ley. El Frente de Todos se negó y la prorrogó por decreto, sembrando incertidumbre sobre la legalidad de la medida. Del reclamo participaron solo los diputados de Izquierda Socialista en el FIT Unidad, Juan Carlos Giordano y Mónica Schlotthauer, y referentes ambientalistas de la Coordinadora Basta de Falsas Soluciones (BFS). Ahora los libertarios vuelven a la carga intentando derogar la norma, argumentando que hay que “detener las usurpaciones de los mapuches”.

Esta iniciativa surge como reacción a la lucha originaria que logró este mes el fallo judicial que reconoce la propiedad comunitaria mapuche del Lof Millalonco Ranquehue sobre tierras ubicadas en las afueras de Bariloche, y en momentos en que se da el histórico fallo que reconoció que la “Masacre de Napalpí” (Chaco), perpetrada en julio de 1924 contra 500 originarios Qom y Moqoit, fue un “delito de lesa humanidad” cuyos responsables fueron policías y civiles comandados por el entonces gobernador radical y empresario algodonero Fernando Centeno.

Milei, Espert y los libertarios se suman al coro de macristas y peronistas que están al servicio de los grandes terratenientes, en su mayoría extranjeros, como Lewis y el Grupo Benetton, los empresarios del desmonte y las multinacionales mineras y petroleras que están detrás de los desalojos y la persecución a los pueblos originarios.