Escribe Mariana Scayola, secretaria general Ademys

Mediante una sanción a Jorge Adaro y Juan Manuel Di Vincenzo, el gobierno de Juntos por el Cambio pretende disciplinar a la docencia.

Hace dos semanas Larreta y Acuña anunciaron a través de la prensa una sanción de treinta días sin goce de haberes para Jorge Adaro, secretario adjunto de Ademys, y Juan Manuel Di Vincenzo, delegado de la escuela Nº19, como resultado del proceso sumarial abierto en septiembre pasado. Los compañeros habían repudiado la presencia de Fabián Capponi, funcionario de Acuña, en una visita a la escuela. Con carteles denunciaban el fallecimiento de treinta y cinco trabajadores de la educación por la presencialidad sin vacunas ni condiciones impulsada en el peor momento de la pandemia, y la falta de conectividad y equipos para los estudiantes, entre otros reclamos. El funcionario es conocido en las escuelas por ser un ferviente impulsor de la precarización laboral. Fue quien utilizó a los sectores más precarizados de la docencia como mano de obra en los hoteles de aislamiento o cuidando las sendas para “runners” en los parques. También se lo pudo ver bailando, sin barbijo y sin distanciamiento social en el ministerio en el momento de mayores restricciones sanitarias en 2020.

El momento elegido por Acuña para hacer pública la sanción, que aún no es efectiva, no es casual. Es con posterioridad al enorme paro y la masiva movilización del 12 de Mayo contra la reforma del estatuto docente, una reforma laboral que Larreta se jacta de haber implementado ante los empresarios y que la docencia rechazó de manera contundente. Sin dudas este precipitado anuncio tiene por objeto disciplinar a la docencia para que no se organice, movilice y cuestione la política de vaciamiento que viene llevando el gobierno. Tampoco es casual que la sanción sea a uno de los principales dirigentes de la docencia en CABA y secretario adjunto de Ademys, sindicato opositor a la política de Larreta y Acuña en el distrito.  

Pero hay razones políticas más profundas detrás de las medidas que toma el ministerio. Van camino a poner en cuestión los fueros sindicales de dirigentes y delegados. Pocos días antes, el ex Ministro de Educación, Alejandro Finocchiaro, presentaba un proyecto de ley para declarar servicio esencial a la educación y de esta forma evitar medidas de fuerza. Esto, junto al desconocimiento de la tutela sindical, representa un grave antecedente para los trabajadores . Esto es parte del acuerdo del FMI y el gobierno nacional donde el organismo exige una reforma laboral. En este punto no hay grieta, más allá de las polémicas de campaña, Juntos por el Cambio acompaña la política fondomonetarista en nuestro país y se postula para llevarla adelante liquidando la organización de los trabajadores.

La respuesta de la docencia fue muy buena, condenando al gobierno de Juntos por el Cambio por entender que sacar el salario un mes a los dos compañeros atenta directamente contra la subsistencia material. Inmediatamente se organizaron campañas de fotos y declaraciones en apoyo a los maestros y la intención de colaborar con un fondo de lucha para garantizar el salario que el gobierno quita. También se entiende como un ataque a todo aquel que alce su voz contra el gobierno.

Es importante profundizar la campaña convocando a todos los sindicatos, organizaciones políticas, de derechos humanos, cuerpos de delegados, a rechazar las sanciones que buscan frenar la lucha contra el ajuste de Larreta y Acuña en educación, por el respeto a los fueros sindicales a Jorge Adaro y Juan Manuel Di Vincenzo, dirigentes de Ademys y contra toda persecución gremial a los que luchan.