El pasado 2 de julio murió en cárcel común el siniestro genocida Miguel Etchecolatz, quien había sido condenado a cadena perpetua por delitos de lesa humanidad en la última dictadura militar.
Etchecolatz fue director de Investigaciones de la Policía Bonaerense y mano derecha del general Camps. Fue quien coordinó los “grupos de tareas” fascistas y los centros clandestinos de detención que tenía a su cargo concentraron la mayor parte de las y los detenidos desaparecidos. Fue condenado por el secuestro y asesinato de estudiantes secundarios que reclamaban el boleto estudiantil conocido como la "Noche de los Lápices", entre otros crímenes.

En los ‘80 fue beneficiado por la Ley Obediencia Debida del “demócrata” Raúl Alfonsín y luego condenado cuando la misma se anuló por la movilización popular en 2006. En 2017 fue beneficiado con la prisión domiciliaria en el Bosque Peralta Ramos, Mar del Plata, y el repudio popular logró revocar la sentencia devolviendolo a la cárcel de Ezeiza.

Si Etchecolatz, al igual que Videla, pasó hasta sus últimos días de vida en cárcel común fue fruto de la lucha popular, no de los gobiernos. Si hubiera justicia, éste debería ser el destino de todos los genocidas y cómplices civiles de este capítulo nefasto en nuestra historia. Sin embargo, muchos están en libertad: siete de cada diez genocidas condenados gozan de prisiones domiciliarias; incluso el propio Etchecolatz había sido beneficiado con este recurso semanas antes de su muerte.

Murió impune por la segunda desaparición de Jorge Julio López en 2006, del cual el actual ministro peronista Aníbal Fernández afirmó que “podría estar tomando mate con su tía”, encubriendo la responsabilidad de las bandas ligadas a Etchecolatz. Esa misma impunidad de ayer y de hoy es por la que cada 24 de marzo marchamos de manera independiente con el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia: por cárcel común para todos los genocidas y sus cómplices civiles, grandes empresarios, multinacionales, políticos patronales, la cúpula de la Iglesia que bendecía a los genocidas; contra quienes niegan a los 30.000 y reivindican la dictadura como Milei y contra las consecuencias nefastas del plan económico que viene de la dictadura, centralmente con una deuda externa usurera y fraudulenta.
Desde Izquierda Socialista seguiremos ese camino de lucha para terminar con la impunidad,  reclamando la apertura de todos los archivos al gobierno, cárcel común a todos los genocidas y a los cómplices civiles.