En estos meses ya se dieron fuertes incrementos en las tarifas de luz, gas y agua. Las boletas que están llegando pegan fuertemente en el bolsillo popular, sumándose a la carestía generalizada de los precios de la canasta familiar.

Ahora el gobierno del Frente de Todos lanzó el formulario para determinar a quién se le sacará y quién quedará con el subsidio de luz y gas, que definirá cuánto pagará cada uno.

El gobierno insiste en que con esta segmentación solo abonarán tarifa plena (sin subsidios, con aumentos que superarán el 100%) los ricos, mientras que el incremento será menor para la mayoría de la población y directamente nulo para los que perciben algún tipo de ayuda social.

Pero vamos a lo concreto: ¿Con estos aumentos mejorarán los malos servicios? ¿Se terminarán los cortes de luz? ¿Llegará el gas a las numerosas localidades, todas ellas de mayoría de sectores populares, que hoy no tienen acceso?

Nada de eso. Solo se trata de cumplir con las exigencias, en este caso explícitas, del FMI: reducir los subsidios a las empresas privatizadas para así juntar dinero y pagar la deuda externa. Claro que a estas empresas, para que no se vean perjudicadas con la baja del subsidio, se las recompensa con aumentos de tarifas.

Esta historia, subsidio o tarifazo, no es nueva. Con los gobiernos peronistas kirchneristas de 2003 a 2015 prevalecieron los subsidios. Con el macrismo los tarifazos. Ahora el Frente de Todos intenta una “mezcla” de los dos, a la medida del FMI.

La solución pasa por otro lado. Ya hay una experiencia de treinta años con las privatizadas: nunca cumplieron con las condiciones de los contratos, no hicieron las inversiones a las que estaban comprometidas y los servicios que prestan son paupérrimos. Hay que rescindir absolutamente todos los contratos de las empresas de servicios públicos privatizados, y proceder a su reestatización, poniéndolas a funcionar bajo la gestión de sus propios trabajadores y usuarios. Solo así tendremos servicios de calidad, con tarifa social para el que la necesite.