Escribe Guido Poletti

Aunque el gobierno lo niegue, está en curso un ajuste cada día mayor para cumplir con las exigencias del FMI. Salarios y jubilaciones por debajo de la inflación, tarifazos en los servicios públicos y recortes en salud, educación y obra pública lo demuestran.

La vocera presidencial Gabriela Cerruti volvió a insistir en que en la Argentina “no hay ningún ajuste, solo reasignación de partidas no ejecutadas”. Sonó parecido a cuando, en la mismísima conferencia de prensa donde se estaban anunciando los aumentos del gas, la electricidad y el agua, la titular de Aysa, Malena Galmarini, también sostuvo que “no se trataba de aumentos, sino de reestructuración de categorías de subsidios”.

Es, en ambos casos, el sumun del doble discurso. Porque casi en el mismo momento en que Cerruti hacía estas declaraciones, a 10.000 kilómetros de distancia, en Washington los funcionarios del Ministerio de Economía se esforzaban por mostrar al establishment del Fondo Monetario Internacional cómo habían llevado adelante dicho ajuste. Quieren cumplir con la exigencia del FMI de llegar a fin de año con un achicamiento del déficit fiscal que alcance el 2,5% del PBI.

Lo concreto es que en septiembre ya están corriendo los tarifazos de luz y gas. Que los jubilados cobraron con reajustes muy por debajo de la inflación del trimestre anterior, y por lo tanto sus haberes se siguieron pulverizando. Que los salarios de los empleados públicos, docentes y trabajadores de la salud siguen perdiendo poder adquisitivo. Que los recortes en la obra pública, en las refacciones de escuelas y hospitales, lentamente empiezan a verse en la realidad. Y que hay ajustes vergonzosos, como el que sufren las personas con discapacidad.

Todo esto no es más que la materialización del ajuste de 230.000 millones de pesos que anunció el superministro de Economía Sergio Massa el mes pasado. Que ni aún así alcanzará para llegar a reducir el déficit fiscal al 2,5% del PBI, tal como está planteado en el acuerdo con el Fondo firmado en marzo pasado. Para llegar a ese número, hará falta al menos otro recorte de igual o superior tamaño en el último trimestre del año. Y uno más grande aún para el año próximo, cuando haya que cumplir con una meta todavía más exigente con dicho organismo, ya que entonces habrá que llegar a un déficit de apenas 1,9% del PBI.

El “ajustado” es siempre el pueblo trabajador. Mientras tanto los monopolios agroexportadores reciben un dólar que el gobierno les paga a 200 pesos (cuando luego lo vende a 140) generando de hecho un subsidio al sector de 300.000 millones de pesos. Claro que esto “no se cuenta”, ya que apunta a cubrir la otra exigencia del FMI: llegar a acumular reservas por 5.800 millones de dólares y así mostrar que se tiene capacidad de pago de los vencimientos de deuda externa.

Es evidente que, por este camino, no hay ninguna posibilidad de resolver ninguna de las más urgentes necesidades populares en materia de salario, jubilación, empleo genuino, planes sociales, vivienda, salud o educación. El futuro es ajuste sobre ajuste, así hasta el infinito. Por eso insistimos en lo que venimos diciendo desde Izquierda Socialista y el Frente de Izquierda Unidad: la única salida es romper inmediatamente con el FMI y dejar de pagar la deuda externa. Solo así tendremos los recursos para empezar un camino distinto, un plan económico de emergencia obrero y popular que priorice el bienestar del pueblo trabajador.