Escribe Mariano Barba
Milei ya anunció las primeras privatizaciones. Empezó por YPF, la empresa petrolera y gasífera que tiene mayoría accionaria en manos del estado. Dijo que hay “que recomponerla” y luego privatizar el 51 % de las actuales acciones estatales. Desde que Menem privatizó YPF en 1992, nunca más la empresa jugó el papel social que la hizo famosa durante décadas. Repsol la exprimió como un limón. Luego, en el 2012, fue renacionalizada por la ley 26741, quedando el 51 % de las acciones en manos del estado y el 49% restante en manos de privados.
Durante el 2022 YPF tuvo su mayor utilidad neta, con una ganancia de 2.234 millones de dólares surgidos del crecimiento de la producción en Vaca Muerta. Entonces ¿por qué quiere privatizarla Milei? Para que el gran negocio del petróleo y el gas quede totalmente en manos de las grandes operadoras multinacionales como Chevron, Shell, Axion, Total, Vista Energía, Tecpetrol, Pan American Energy (PAE) y la propia YPF privatizada entre otras. No es casual que Milei ya anunció que el nuevo presidente de YPF será Horacio Marín, persona de confianza de Paolo Rocca, líder de Techint, con quien trabaja desde hace 35 años a cargo de exploración y producción en Tecpetrol. Rocca anunció públicamente su aporte y apoyo a la campaña de Milei, ahora se cobra ese apoyo recibiendo la presidencia de YPF, para privatizarla totalmente y profundizar el saqueo.
El intento privatizador de Horacio Marín consistirá en liberar el precio de las naftas acorde con el precio del barril internacional que ronda los 80 dólares y terminar con el barril “criollo” que hoy está en 56 dólares para las refinerías que producen para el mercado nacional. También buscará terminar con YPF como la principal productora hidrocarburífera del país y la responsable de más de la mitad del mercado de combustible y privatizar otras actividades estratégicas como YPF Gas, Luz, Litio, Y-TEC y Metrogas.
Desde Izquierda Socialista decimos lo opuesto que Milei, hay que parar con el saqueo del subsuelo. Por eso planteamos renacionalizar toda la industria petrolera y gasífera y una YPF 100 % estatal bajo control de sus trabajadores, sus técnicos y las comunidades originarias, para determinar qué y cómo se produce y que toda esa renta quede en la provincia y en el país y no solo el miserable 12 % que queda hoy en concepto de regalías.