Escribe José Castillo

El ajuste salvaje de Milei llegó a las provincias, generando roces con los gobernadores. Estos, amagaron rebelarse, pero salieron a negociar. Milei les ofrece ahora un “pacto” para mayo, a costa de profundizar el plan de guerra contra las y los trabajadores.  Pero la crisis política sigue su curso.

Hace un par de semanas, Milei salió derrotado con la Ley Ómnibus. Una demostración de que, pese a que es un gobierno con menos de tres meses, del apoyo del FMI, del imperialismo yanqui y de los grandes empresarios, tiene un fuerte y creciente repudio popular, y una debilidad que le señalan los mismos que lo aplauden: ¿lograrán hacer pasar este ajuste? ¿serán capaces de hacer pasar la reforma laboral, la jubilatoria, las privatizaciones? La segunda del FMI, Gita Gopinath, vino especialmente a nuestro país para plantearle al gobierno que tienen que “ampliar su base política de sustentación”.

La crisis con los gobernadores

Milei se jacta de haber logrado en enero, el mayor recorte de gasto público de la historia. Es cierto: lo hicieron centralmente hambreando a las y los jubilados, recortando salarios estatales. Una parte importante de ese ajuste se plasmó no enviando fondos a las provincias. Que, precisemos, no es para “las provincias” en general, sino bien en concreto, para los docentes, tal el caso del Fonid, o para políticas sociales específicas.

¿Cómo reaccionaron los gobernadores? Estos, de distinto signo político (radicales, PRO, peronistas o de partidos provinciales) tuvieron una reacción que, más allá de los matices, fue similar. Por un lado, comenzaron a implementar el ajuste en sus propias provincias (notable, por ejemplo, en la forma en que se están dando las discusiones sobre los salarios docentes). Por el otro, salieron a protestar contra el gobierno nacional, buscando desviar hacia allí la presión por la bronca popular y también de sectores patronales de sus propias economías regionales afectados por el ajuste.

El caso que ganó más notoriedad fue el de Ignacio Torres, de Chubut. Asfixiado por el recorte del gobierno de Milei, llegó a amenazar con cortar el suministro de gas y petróleo al resto del país si no se le giraba los fondos. Llamó la atención por la radicalidad del planteo, y más aún por tratarse de un gobernador del PRO, alineado hasta días antes con el sector más cercano al gobierno. Recibió el apoyo de 22 de los 23 gobernadores e incluso del jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri (sólo mantuvo silencio el gobernador peronista tucumano Osvaldo Jaldo), desnudando la debilidad del gobierno de Milei. Claro que, como era de esperar, bastó un simple fallo de la justicia local obligando a volver a enviar esos fondos a Chubut para que se terminara la “combatividad” del gobernador chubutense, y todo volviera a su cauce.

El “pacto de Mayo”

El presidente Milei, en su discurso del 1° de marzo, llamó a firmar un pacto con los gobernadores el 25 de mayo en Córdoba. A cambio de la promesa de algunos fondos para las provincias (que provendrían, luego se supo, de volver a imponer el impuesto a las ganancias sobre los salarios), los gobernadores deberían apoyar el reenvío al Congreso de la Ley Ómnibus. Y un paquete de 10 puntos que contiene, entre otros, la “inviolabilidad de la propiedad privada”, privatizaciones, terminar con los convenios colectivos por rama, pasando a “por empresa” y la vuelta de un sistema de jubilación privada. Ya la mitad de los gobernadores corrieron a decir que estaban de acuerdo con este auténtico pacto contra el pueblo trabajador.

Pero, ni de lejos, esto quiere decir que se haya cerrado la crisis política. El gobierno sigue teniendo una relación con la oposición patronal muy complicada, producto de su propia debilidad (no tiene un solo gobernador propio y sus bancadas legislativas son muy minoritarias), de la propia crisis de los partidos patronales y, sobre todo, de la bronca popular creciente que presiona por todos lados.

¿Cuál es la salida?

Obviamente que no podemos tener ninguna confianza en los gobernadores ni en los bloques legislativos de los partidos patronales opositores. Tampoco en el accionar de la Corte Suprema y los jueces. La pelea contra el plan de ultraderecha de Milei se definirá con la lucha obrera y popular.

Se puede ganar. Es posible derrotar este plan de guerra contra el pueblo trabajador. Lo demostró la caída de la Ley Ómnibus, tras el paro del 24 de enero y las movilizaciones que se dieron. Pero, así como Milei pega fuerte en lo que se propone, la respuesta debe ser del mismo tenor. Es más necesario que nunca que la CGT y las CTA llamen a un nuevo paro nacional y a un plan de lucha que permita unificar todas las luchas sectoriales hoy dispersas. A la vez, frente a gobernadores que negocian y llevan adelante su propio ajuste en las provincias y a un peronismo que viene de gobernar y llevarnos al desastre, tenemos que reafirmar que la única salida es la que proponemos desde Izquierda Socialista y el Frente de Izquierda Unidad: un plan económico distinto, opuesto por el vértice al actual, que arranque de dejar de pagar la deuda externa y romper con el FMI. Que, en vez de otorgar más privilegios a las grandes empresas, les ponga fuertes impuestos. Con el objetivo de poner todos esos recursos al servicio de resolver las más urgentes necesidades populares de salarios y jubilaciones dignas, trabajo genuino, salud, educación y vivienda.