Escribe Mariano Barba

En medio de una pronunciada recesión y luchas crecientes por salarios y contra los despidos, el gobierno ultraderechista debate con los partidos de la oposición patronal una nueva Ley Ómnibus, más acotada que la anterior, pero con el mismo objetivo. Busca aliados para que pase el ajustazo, pero la crisis política al interior del radicalismo, de PRO, del peronismo y las idas y venidas en las propias filas del gobierno, obligan a negociar y renegociar para que se avance en esa nueva ley.

Hasta ahora el gobierno cuenta dos importantes derrotas políticas en cuanto a leyes logradas. A dos meses de gobierno cayó la primera Ley Ómnibus, tras el paro general de la CGT, y el Senado rechazó el DNU 70/2023. Luego siguieron dichos cruzados entre el ultraderechista Milei y varios de los gobernadores. La crisis ha hecho que hasta las multinacionales restrinjan inversiones en el país.

Para revertir su debilidad, el gobierno nacional realiza reuniones con gobernadores y diputados de la “oposición patronal dialoguista” buscando superar el estancamiento y lograr una nueva Ley a cambio de aumentar el ingreso de los gobiernos provinciales a través de un cambio en el Impuesto a las Ganancias. Tras la cita con gobernadores de Juntos por el Cambio, el gobernador de Córdoba, Martin Llaryora destacó que “la nueva Ley Ómnibus no tiene nada que ver con la anterior, lo mismo el nuevo paquete fiscal […] hay que apoyarlos para darle instrumentos al presidente”. En forma similar se pronunció el radical Maximiliano Pullaro, gobernador de Santa Fé: “Vamos a apoyar la Ley Ómnibus pero queremos discutir las particularidades”.

El lunes 8, luego de reunirse con el ministro Guillermo Francos, diputados de Hacemos Coalición Federal encabezados por Miguel Pichetto declararon apoyar la Ley y pidieron “que se trate la modernización laboral y se fije un nuevo piso para el impuesto a las ganancias”.

Prometen más motosierra

En estas reuniones Guillermo Francos y el jefe de Gabinete Nicolás Posse, buscan los votos necesarios en las cámaras para que salga la Ley; prometen a los gobernadores, un paquete fiscal reinstalando el Impuesto a las Ganancias sobre los salarios, cuyo piso estará en 1,8 millones de pesos, que luego coparticiparán a las provincias. También prometen que les van a reponer la actualización de los fondos previsionales que les habían congelado a trece provincias la semana anterior. Y que realizarán un blanqueo de capitales, una moratoria y un nuevo régimen para grandes inversiones.

Además de una reforma laboral, todavía no definida. Y, como el ajuste es brutal, el gobierno también tiene roces con el campo quienes esperan algún beneficio en esta Ley. O sea, que con esta nueva Ley Ómnibus ganan el gobierno, los gobernadores y los empresarios y se profundizará todavía más el ajuste que ya aplican con motosierra en la Nación y en cada provincia.

Hay que enfrentar el ajuste en todas sus formas (leyes, DNUs y resoluciones que lo sustentan) sin ninguna especulación. A diferencia del rol que está cumpliendo la dirección del peronismo, tenemos que oponer al plan motosierra un plan económico alternativo, obrero y popular que termine con el feroz ajuste, empezando por no pagar la deuda externa y romper con el FMI.