Escribe Liliana Olivero, referenta de la izquierda cordobesa

Las y los judiciales profundizan el plan de lucha con 72 horas de paro. Las CGT deben abandonar el pacto con el gobernador Martín Llaryora y llamar al paro provincial y plan de lucha en apoyo a los judiciales, en defensa del salario y contra los despidos en toda la provincia.

Las y los judiciales están desde hace más de dos meses en una verdadera rebelión con asambleas, movilizaciones y un plan de lucha que llega esta semana a las 72 horas con paro activo y movilización. El eje del reclamo es el aumento salarial y la equiparación con las y los trabajadores de la justicia federal. No obstante, el pliego incluye la solución a los problemas del Apross (obra social), el pase a planta de los precarizados y la infraestructura, entre otros puntos.

El conflicto tiene en los autoconvocados su motor de lucha y a la agrupación de oposición 16 de Noviembre siendo parte del mismo. Luego de semanas de luchar en soledad, lograron imponer a la conducción de Federico Corteletti, que tomara el conflicto, haciendo que el mismo se intensifique. Además conformaron una mesa de lucha con los tres sectores, que ha sido importante para contrarrestar las políticas desmovilizadoras de la conducción.

El conflicto entra en una semana de importantes definiciones. El Gobierno y el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) necesitan derrotarlos para que no contaguie a otros sectores y porque un triunfo significaría una derrota de su política hambreadora y represiva. A su vez, la conducción de Corteletti quiere liquidar el mecanismo de las asambleas de base, donde se decide todo. Quiere institucionalizar que sólo sean las y los delegados los que decidan y la comisión directiva quienes resuelvan. ¡No hay que permitirlo!

El gran punto a favor del conflicto, además de la convicción de sus trabajadores, es el marco de ascenso de las luchas en la provincia. Es que Llaryora, demuestra cada día ser el mejor cómplice de Milei aplicando su propio plan motosierra para pagar una deuda externa provincial millonaria en dólares y garantizar las mayores ganancias a los empresarios.

Por eso crecen las luchas a pesar de las burocracias. Es el caso de los empleados públicos del SEP, de los Municipales del Suoem, de Luz y Fuerza; de los hospitales, como el Rawson y las y los trabajadores de los hoteles de Embalse. Los trabajadores de Fadea (ex fábrica de aviones) acamparon en la puerta contra el lockout patronal y la falta de pago. Luchas que se suman a la de jubilados y que este día 20 vuelven a movilizarse a cinco años de sancionada la Ley de ajuste 10.469. También movilizan las y los docentes de la capital bajo la conducción opositora y combativa de la que somos parte.

A la conducción burocrática de la CGT Córdoba, de la que Corteletti es secretario adjunto, cada vez le resulta más difícil mantener el pacto con Llaryora. Las luchas los obligan a aparecer, como en la pasada concentración del viernes junto a la Federación de Judiciales que tiene cinco provincias peleando. Sin embargo, que pongan la cara y digan que apoyan no es suficiente. Los judiciales podrían ganar rápidamente el conflicto si la Federación convocara a un paro general y un plan de lucha de todos los judiciales del país. Lo mismo sucedería si la CGT hiciera lo mismo para apoyar a los gremios que están peleando. Pero no lo hacen porque son cómplices de los gobiernos de turno.

Por eso es que desde A Luchar e Izquierda Socialista, que venimos acompañando esta gran lucha, sostenemos la exigencia a las CGT que rompan el pacto y convoquen asambleas en todas las dependencias para avanzar en un paro general y plan de lucha. Y si no lo hacen, seguir el ejemplo de los autoconvocados judiciales cordobeses.