Escribe Jorge Adaro
Con salarios en caída, despidos y reformas regresivas, la docencia inicia el ciclo lectivo en un clima de conflicto.
Varias provincias ya comenzaron las clases. El calendario se completará el 2 de marzo, día en que además se realizará un paro nacional docente convocado por Ctera. El salario, las reformas laborales y educativas y la pelea contra los despidos son parte de los desafíos que enfrentaremos durante 2026, con un gobierno que dirige todas las medidas del Plan Motosierra contra las y los trabajadores.
En un contexto de ofensiva del gobierno ultraderechista, marcado por el tratamiento de la reforma laboral esclavista, los 920 despidos en Fate como expresión de la ola de cierres y pérdida de puestos de trabajo en todo el país, y también por una contundente respuesta popular con el paro general del día 19, la docencia vuelve de manera escalonada a las escuelas.
Esta semana se destacan las medidas de fuerza anunciadas por Adosac en Santa Cruz y Ademys en CABA, que reflejan la realidad de la docencia en todo el país. Adosac convocó a un paro de 48 horas por recomposición salarial y en defensa de todos los puestos de trabajo puestos en riesgo por el gobernador Claudio Vidal. Por su parte, una asamblea abierta de Ademys resolvió un paro de 48 horas para el próximo viernes, cuando la reforma laboral vuelva a tratarse en el Senado. Ambos sindicatos votaron además la adhesión al paro nacional del 2 de marzo convocado por Ctera. También el Sutef de Tierra del Fuego resolvió 48 horas de paro en rechazo a la oferta salarial.
Ctera resolvió en su congreso del día 19 un no inicio de 24 horas para el 2 de marzo. Sin embargo, no plantea una continuidad con un plan de lucha que permita resolver las demandas más urgentes de la docencia de todo el país: una recomposición salarial inmediata, aumento del presupuesto educativo, la pelea contra las reformas educativas y el cierre de grados, el rechazo a la reforma laboral esclavista y a la Ley de Libertad Educativa. Si bien varios de estos puntos figuran formalmente en sus resoluciones, la conducción de Ctera no va a fondo. Deja pasar las reformas, permite que el salario siga cayendo y mantiene aislados los conflictos provinciales, como lo confirma su política “federal” desde hace más de veinte años.
El salario sigue siendo la principal preocupación de maestras y maestros en las escuelas. La depreciación salarial desde la asunción de Javier Milei ronda el 30%. En las provincias donde es posible, muchas y muchos docentes toman dos o tres cargos para sostener la economía familiar, en un gremio donde las mujeres representan un porcentaje muy alto como principal o único ingreso del hogar. En los lugares donde esto no es posible, la situación es aún más grave. A modo de ejemplo, tras el supuesto “aumento” otorgado por el gobierno de La Rioja, una maestra de nivel inicial cobrará desde febrero 715 mil pesos, cuando las y los trabajadores del Indec señalan que una familia tipo necesita 2.213.000 pesos para no caer en la pobreza. La docencia está por el subsuelo.
A la pelea contra las reformas educativas provinciales se suma la creciente pérdida de fuentes de trabajo. En Córdoba, el gobierno no renueva contratos del programa de Jornada Extendida. En CABA, se realizó una concentración frente al Ministerio de Educación en el marco de un paro por el despido de 50 docentes del programa Maestro+Maestro de alfabetización en el primer ciclo de la primaria. En Santa Cruz, el ajuste se expresa en el cierre de cursos y la superpoblación de otros, poniendo en duda la continuidad de alrededor de 1.500 puestos docentes.
Es necesario que desde las direcciones sindicales combativas, como Adosac, Unter, Ademys, ATEN Capital y UEPC Capital, fortalezcamos la coordinación nacional de la oposición, exigiendo que Ctera convoque a nuevas medidas y a un plan de lucha nacional para frenar estos ataques y pelear por un salario igual a la canasta familiar, contra los despidos y las reformas educativas. Desde el sindicalismo docente combativo debemos impulsar asambleas por escuela y asambleas generales para organizar la pelea contra el ajuste de la motosierra educativa del gobierno nacional, acompañado sin excepciones por el conjunto de los gobernadores.
