Escribe Mercedes de Mendieta, legisladora porteña y candidata a diputada nacional por Izquierda Socialista / FIT Unidad

En los últimos días, mientras en la Legislatura de la Ciudad el gobierno de Larreta votaba nuevos emprendimientos inmobiliarios para unos pocos, funcionando una vez más como la escribanía de PRO, en la Villa 31 la policía desalojaba a más de 100 familias que reclamaban por el derecho a la vivienda.  Desde las bancas de Izquierda Socialista en el FIT Unidad acompañamos desde hace meses el reclamo de mujeres, jefas de hogar, muchas de ellas víctimas de violencia de género y con los trabajos más precarizados, en su exigencia por una respuesta concreta a su demanda específica.

Está a la vista de todos que para el desalojo y la represión no hay grieta entre el gobierno de Larreta y el de Fernández, ante las tomas de tierras que pelean por el derecho a la vivienda como en la Villa 31, la 21-24 y Guernica. Les dejo la denuncia que hice en la última sesión.

Hoy el acceso a una vivienda digna para los trabajadores y sectores populares se ha vuelto inaccesible y alquilar en la Ciudad un departamento de dos ambientes se paga entre 35.000 y 50.000 pesos. Por eso afirmamos que es una Ciudad expulsiva, al servicio de algunos grandes empresarios de la construcción como IRSA o Constantini, y bajo el aval del gobierno de Larreta van a seguir creciendo las viviendas ociosas. Desde los sectores de poder político-económico concentrado la respuesta al problema habitacional es a través de violentos desalojos, no solo en la ciudad, también el gobierno nacional recurre a las topadoras contra las familias.

Desde el Frente de Izquierda Unidad tenemos otra salida para enfrentar la crisis habitacional. Días atrás Fernández pagó 1.900 millones de dólares al FMI con lo que se podría haber construido 60.000 viviendas y dar trabajo a 250.000 personas. Una vez más se desmorona el doble discurso, del gobierno “nacional y popular”. Por otra parte, es urgente establecer en la Ciudad medidas contra las viviendas ociosas como un impuesto progresivo y la expropiación y un plan de viviendas populares. Los trabajadores no pueden seguir esperando una respuesta a sus necesidades que surja de los partidos patronales.

Escribe Mercedes de Mendieta, legisladora porteña y candidata a diputada nacional por Izquierda Socialista /FIT Unidad

El presidente Alberto Fernández dijo haber escuchado “el mensaje de las urnas”, y que se iba a hacer todo lo necesario para poner plata en los bolsillos populares y así reactivar la economía. Sin embargo, las nuevas medidas anunciadas no mueven el amperímetro. Son apenas migajas que no modifican la realidad: los salarios y las jubilaciones siguen pulverizadas por la inflación.

Un salario mínimo que no es ni “vital” ni “móvil”

Leamos la ley de contrato de trabajo. Su definición de lo que es el salario mínimo parece una burla frente a la realidad actual. Establece que este “es la menor remuneración que debe percibir en efectivo el trabajador sin cargas de familia por su jornada laboral. Debe asegurarle alimentación adecuada, vivienda digna, educación, vestuario, asistencia sanitaria, transporte, esparcimiento, vacaciones y cobertura previsional. Debe ajustarse periódicamente de acuerdo a las variaciones del costo de vida”.

El “gran anuncio del gobierno” es subirlo de 29.000 a 32.000 pesos a diciembre. Por lo que seguirá estando lejísimo de alcanzar la línea de pobreza, y apenas superando el límite de indigencia. Ni que hablar de garantizar los rubros que establece la ley que citamos en el párrafo anterior. Recordemos que la canasta de pobreza oficial está en 68.359 pesos. Y los trabajadores de ATE Indec la calculan en 108.660 pesos. A años luz del valor del valor del actual incremento.
Y en cuanto a “ajustarse periódicamente”, basta decir que en los últimos seis años, aún después de este aumento, el salario mínimo lleva perdido el 30% de su valor frente a la inflación. Si simplemente se hubiera ajustado el salario mínimo de 2015 (que ya era bajo) por la inflación hasta hoy, debería estar en 44.700 pesos.

Los jubilados siguen siendo el pato de la boda

Estaría “en estudio” un posible nuevo bono a los jubilados que cobran la mínima, de alrededor de 6.000 pesos. Nuevamente, ni con eso se cubrirá el escandaloso robo jubilatorio que se viene llevando adelante desde fines de 2019, cuando se eliminó la anterior movilidad jubilatoria. Los haberes previsionales siguen acumulando pérdidas comparados con la inflación y lo que cobran el 90% de los jubilados está en la mitad de la canasta de la Tercera Edad.
La continuidad del impuesto al salario

El gobierno del Frente de Todos también anunció un incremento del mínimo no imponible para el impuesto a las ganancias. Lo dijimos una y mil veces: el salario no es ganancia, y por lo tanto no debe pagar ese impuesto. El promocionado aumento del mínimo no imponible es una medida que ya se anunció varias veces, pero que se pospuso en su aplicación, haciendo que cada vez más categorías de trabajadores queden alcanzados por dicho tributo. De hecho, al no habérselo reglamentado hasta ahora, hace que los trabajadores seguirán teniendo descuentos hasta el mes de noviembre. O sea, por el simple hecho de posponer el aumento, el gobierno ya le robó 10 meses de enormes descuentos sobre los salarios en este concepto.

Hace falta un verdadero plan de emergencia

Así no se resuelve absolutamente nada. Empezar a atacar la pobreza, el desempleo y la marginación social, requiere de otras medidas: otorgar un aumento de emergencia para que nadie gane menos que el valor de la canasta familiar, hoy en 108.000 pesos; aumentar las jubilaciones hasta llegar a la canasta de la tercera edad (62.000 pesos) y desde ahí aplicar el 82% móvil;  implementar un IFE de 40.000 pesos para todo el que lo necesite; y poner en marcha un plan de construcción de viviendas populares para crear trabajo genuino. Todo financiado con los fondos que se ahorrarían de suspender el pago de la deuda externa y romper con el FMI. Esta es la propuesta del Frente de Izquierda Unidad.

Escribe Mercedes de Mendieta, legisladora porteña y candidata a Diputada Nacional por Izquierda Socialista/FIT Unidad

La debacle del Frente de Todos, dejó a Juntos por el Cambio como primera fuerza en la provincia de Buenos Aires. El repudio electoral al gobierno de Alberto Fernández “pintó de amarillo” el mapa. Sin embargo, los votos de Juntos por el Cambio no se incrementaron sustancialmente con respecto a hace dos años atrás.

La imagen del domingo por la noche en el búnker de Juntos por el Cambio, con el festejo de Vidal, Santilli, Rodríguez Larreta y Macri dejó flotando un debate: ¿cómo es posible que, apenas dos años después del final del desastre macrista, se vuelva a elegir mayoritariamente a esa opción política patronal? Los periodistas de los medios masivos cercanos a ese espacio amplificaron más aún esa sensación, con algunos que ya empiezan a discutir acerca de cómo se posicionan las distintas figuras de PRO o del radicalismo de cara a eventuales candidaturas presidenciales.

El caudal electoral de Juntos por el Cambio no aumentó

El primer dato, puramente numérico, es que no es cierto que las listas de Juntos por el Cambio hayan sumado millones de votos nuevos con respecto a las elecciones anteriores. De hecho, prácticamente repitieron el porcentaje de votación de hace dos años y tuvieron menos votos que en las elecciones triunfantes de Cambiemos de 2015 y 2017. La debacle del Frente de Todos se dio mayoritariamente por trabajadores y sectores populares que no fueron a votarlo, que lo hizo por la izquierda, por otros sectores patronales o que votó en blanco.

Hubo voto castigo, no giro a la derecha

Esto no quita que, sin duda, al igual que en elecciones pasadas, hubo sectores del pueblo trabajador que votaron en contra del gobierno, haciéndolo por la principal fuerza patronal opositora. Lo hicieron, repetimos, votando “contra” el gobierno del Frente de Todos, más que a favor de Juntos por el Cambio. Es lo que se denomina comúnmente como “voto castigo”. No expresa necesariamente confianza, ni simpatía, ni mucho menos acuerdo con las posiciones reaccionarias de esa alianza política. No es que los votan porque estén de acuerdo, por ejemplo, con la flexibilización laboral que propuso Juntos por el Cambio en la última semana de campaña. Ni porque acuerdan con las políticas de ajuste que se llevaron adelante durante el gobierno macrista. Por eso decimos que no puede caracterizarse ese voto como “giro a la derecha”.

Después de aclarado este punto, sí queremos debatir con las compañeras y compañeros de trabajo, estudio, vecinos o familiares de lo equivocado de ese voto. El optar por un candidato patronal para repudiar a un gobierno ajustador ha demostrado siempre que no es ninguna salida para los problemas del pueblo trabajador. Es lo que sucedió cuando se votó a Menem contra el ajuste de Alfonsín. Y después a la Alianza para sacarse de encima al menemismo. O, ya en el siglo XXI, a Macri para repudiar al kirchnerismo, o hace dos años a Alberto Fernández para que pierda Macri. Esto es una trampa, por eso insistimos: hay que dejar de votar a los partidos patronales y hacerlo por la izquierda, la única fuerza que tiene un programa de ruptura, distinto, que prioriza las más urgentes necesidades populares, y que plantea que gobiernen los trabajadores. En ese marco, la excelente elección del Frente de Izquierda Unidad, y el hecho de que una franja importante haya repudiado al gobierno con la boleta del FIT Unidad, es un hecho sumamente importante que tenemos que reforzar de cara a las elecciones de noviembre. Tenemos que debatir en los lugares de trabajo, estudio y en barrios, con cada persona que repudió al gobierno votando a Juntos por el Cambio, explicándole que todos los partidos patronales ya gobernaron y nos hundieron, que todos están por el acuerdo con el FMI, y que hay que votar en defensa propia, del pueblo trabajador, haciéndolo por el Frente de Izquierda Unidad en la definitiva elección del 14 de noviembre.

Escribe Mercedes de Mendieta, candidata a diputada CABA, por Izquierda Socialista/FIT Unidad

El 26 de agosto junto familiares de víctimas y sobrevivientes realizamos una audiencia pública por la creación de espacios de la memoria en los lugares donde ocurrieron las masacres de Cromañón y del taller clandestino de la calle Luis Viale, denunciando una vez más que la corrupción empresarial y de los gobiernos mata.

En la conferencia de prensa participaron Silvia Bignami, mamá de Julián, víctima de la masacre de Cromañón, y Lourdes Hidalgo, sobreviviente del incendio en el taller clandestino de Luis Viale. En la audiencia participaron numerosos familiares y sobrevivientes, como nuestro compañero José Guzmán, papá de Lucas y referente de la pelea por justicia para los pibes de Cromañón, que en 2006 logró con la movilización la caída del jefe de gobierno Aníbal Ibarra, que nunca fue imputado y volvió a ser candidato en la Ciudad en las listas del peronismo.

También participaron referentes de la lucha por los derechos humanos como Nora Cortiñas, Alberto Santillán, padre de Darío Santillán, Paolo Menghini, papá de Lucas, víctima de la masacre de Once, y Celeste Lepratti, hermana de Pocho Lepratti, entre tantos otros. Además, acompañaron dirigentes del sindicalismo combativo, como Mariana Scayola, secretaria general de Ademys, Pablo Almeida, mi compañero de banca, junto a referentes y candidatas del FIT Unidad como Mercedes Trimarchi, Alejandrina Barry, Vanina Biasi y Amanda Martín y sobrevivientes de Cromañón como Belkis Contino.

Este reclamo lleva años, sin embargo el PRO y el peronismo no apoyan estos proyectos para construir espacios de la Memoria.
Esta actividad refuerza el compromiso que desde Izquierda Socialista y nuestras bancas del Frente de Izquierda tenemos ante la pelea por la memoria, la verdad y la justicia. Nuestra lucha es por los pibes y las pibas de Cromañón y por las seis víctimas del taller de Luis Viale. Por los espacios de Memoria, pero también por una respuesta a las familias de las víctimas y los sobrevivientes, por justicia y castigo a los responsables.

Escribe Mercedes de Mendieta, legisladora de CABA y candidata a diputada nacional por Izquierda Socialista/FIT Unidad

En la última sesión de la Legislatura avanzó el proyecto que permite la construcción de torres de lujo en las codiciadas tierras ribereñas de la ex Ciudad Deportiva de Boca. El Grupo IRSA, desarrollador de los mayores proyectos inmobiliarios en el país y propietario de todos los shoppings de la Ciudad y del agronegocio con Cresud, será nuevamente beneficiado, mientras les trabajadores no acceden a una vivienda digna. Muy lejos está este proyecto de ofrecer una respuesta al terrible déficit habitacional en una ciudad donde 10.000 personas duermen en la calle todos los días, lo que vulnera  particularmente a mujeres y niñas, como ocurrió en el caso de M., sometida a todo tipo de violencias.

Por eso venimos denunciando y oponiéndonos desde nuestras bancas a todos los negociados inmobiliarios y remates de tierras que pasan por esta Legislatura, a diferencia de los otros bloques, en particular del peronismo, que ha votado y acompañado en varias ocasiones la venta de tierras.

Estas torres de lujo se quieren construir sobre humedales. Estamos atravesando una crisis ambiental mundial producto de las consecuencias de este sistema capitalista imperialista y del saqueo de las multinacionales. Construir sobre humedales solo profundizará la crisis ambiental y este proyecto, en particular, afectará a la Reserva Ecológica de Costanera Sur.

Hoy, el 21% del territorio argentino tiene humedales que favorecen la biodiversidad, absorben el dióxido de carbono que ayuda a mitigar el cambio climático y el calentamiento global. Los humedales actúan como reservorios de agua y ayudan a evitar las inundaciones. Pero los bosques y los humedales vienen siendo destruidos mediante la deforestación y los incendios intencionales a favor del agronegocio, en particular de la soja, de la construcción de countries y barrios de lujo y por la megaminería.

Desde nuestras bancas acompañamos al movimiento ambientalista que viene peleando contra la privatización de Costa Salguero y ahora del meganegocio a favor de IRSA. Llamamos a seguir impulsando acciones para frenar este proyecto y recuperar los espacios ribereños para que se conviertan en reservas que contribuyan a la protección de la biodiversidad y a la disminución del impacto ambiental.