Escribe Claudio Funes    

La crisis económica continúa golpeando a las familias trabajadoras.

La cadena de electrodomésticos Garbarino resolvió el cierre de todos sus locales comerciales y  envió 1800 telegramas de despido el pasado 12 de noviembre. Estos se suman a los 600 empleados que se desvincularon con retiros voluntarios y otros mil que se consideraron despedidos ante la falta de pago de sus salarios desde mayo pasado. Mientras la burocracia de Cavallieri no movió un dedo en defensa de los trabajadores.

El gobierno de Alberto Fernández respondió dictando la conciliación obligatoria por quince días hábiles, en el transcurso de los cuales la patronal no puede efectivizar los despidos ni el sindicato realizar medidas de fuerza. Una medida de puro carácter electoral dado que el mismo gobierno, a través del DNU 413/2021, publicado  en el Boletín Oficial, prorrogó la prohibición de despidos y suspensiones hasta el 31 de diciembre. Una muestra más del doble discurso del gobierno peronista, en este caso, por duplicado.

Pero esto no es todo. El pasado 14 de octubre Alberto Fernández había recibido una delegación de trabajadores de la empresa, que estaban realizando una protesta en Plaza de Mayo por el no pago de sus salarios. En esa reunión Fernández se comprometió a ayudar a los trabajadores y les pidió paciencia.

Los despidos de Garbarino van en línea con el pedido de los grandes empresarios como Bulgheroni, Eurnekián, Funes de Rioja y otros  que exigen el fin de la legislación anti-despidos y de doble indemnización.


 

Este 17 de noviembre se presenta en Adosac Santa Cruz, la Multicolor + Independientes, encabezada por nuestra compañera Adriana Astolfo, junto a dirigentes de la Naranja Docentes en Marcha, Tribuna (PO), Alternativa (MST) e independientes, que enfrentan a la vieja conducción Lila de Cormack y a la Lista 7, un desprendimiento Lila.

Escribe Martín Fu

En un fallo repudiable y antiobrero, el Tribunal Oral en lo Criminal 3, a cargo del juez Javier Ríos, condenó a los compañeros Cesar Arakaki, del Partido Obrero, y Daniel Ruiz, del PSTU, a penas de tres años de prisión de cumplimiento efectivo por haber incurrido en los delitos de lesiones “en ocasión de agresión, intimidación pública y atentado contra la autoridad, agravado por mano armada e intervención de más de tres personas” hechos imputados durante las jornadas de rebelión popular del 14 y 18 de diciembre de 2017.

Esos días, miles nos volcamos y movilizamos para repudiar la reforma previsional pactada entre el gobierno de Macri, el peronismo y la burocracia sindical de la CGT. Una ley que salió con la complicidad y ayuda del circo que montaron los diputados peronistas “opositores”dentro del Congreso, mientras afuera decenas de miles repudiábamos y éramos blanco de gases y hasta embestidas de la policía en sus motocicletas contra trabajadores, como lo han mostrado diversos medios en esos días. Varias compañeras y compañeros resultaron heridos, detenidos y judicializados, todo para garantizar el saqueo de 100.000 millones de pesos a los jubilados.

Sin ninguna prueba que acredite los delitos que se le imputan a Arakaki y Ruiz y en el contexto en el que fueron juzgados, en medio de una rebelión popular, el fallo constituye un antecedente aberrante contra los que luchan y particularmente la izquierda. El “delito” de los compañeros, para la justicia patronal es haber salido a luchar.

Usar pirotecnia no es usar “un arma”. Protestar no es delito. Repudiar frente al Congreso el saqueo a las jubilaciones no es “intimidación pública”.

Es así que este fallo llega antes de las elecciones, apuntando de lleno contra los luchadores y la izquierda que impidieron, con la protesta, que se vote la otra reforma contra los trabajadores: la reforma laboral. El gobierno del Frente de Todos intentarán hacer realidad esta ley, a pedido del FMI. Y con el apuntalamiento del macrismo, porque en esto los partidos patronales no tienen grieta. Un día después de las elecciones este acuerdo tiene continuidad no solo en no repudiar la condena sino en llamar a un “gran acuerdo nacional” para profundizar el ajuste y las políticas antiobreras. Este fallo cercena los más elementales derechos democráticos como el de la protesta, se adelanta a lo que va a venir: quieren amedrentar y criminalizar a los que luchan contra las políticas que buscan de rodillas pagarle al FMI. Repudiamos el fallo y seguimos reclamando la absolución de los compañeros César Arakaki y Daniel Ruiz.

A continuación reproducimos el reportaje realizado por La Voz de los Trabajadores, periódico del Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST) de República Dominicana (UIT-CI). Se entrevista a Salomon Gustave, dirigente de la Red de Organizaciones Populares de la Zona Oeste (ROZO).

De la crisis que atraviesa Haití se habla con cierta frecuencia en los medios internacionales y dominicanos. En el caso de la prensa capitalista dominicana, casi sin excepción el tema se aborda desde la perspectiva del apoyo a la intervención del imperialismo en el vecino país, en sintonía con la posición del gobierno del PRM (Partido Revolucionario Moderno). Poco o nada se amplifican las voces del propio pueblo haitiano, de sus activistas más comprometidos, de sus dirigentes populares, sindicales, campesinos y de las organizaciones de mujeres. Es casi inexistente la difusión internacional de las salidas que desde el propio pueblo haitiano se proponen ante la crisis, a contracorriente de la permanente injerencia destructiva del imperialismo estadounidense. Es muy importante el rol que pueden jugar las organizaciones de trabajadores y de la izquierda en Latinoamérica y el Caribe para abrir brechas en este aislamiento internacional al que se ha sometido al pueblo haitiano, que sigue resistiendo a la opresión y la explotación en condiciones extremadamente difíciles.
Como parte del necesario esfuerzo por construir puentes de solidaridad con el pueblo haitiano, hemos entrevistado a Salomón Gustave, dirigente de la Red de Organizaciones Populares de la Zona Oeste (ROZO).
-La Voz de los Trabajadores (LVdT): Después de las grandes movilizaciones de 2018, 2019 y 2020, la huelga general de los días 18 y 19 de octubre, así como la del 25 al 27, tuvieron un gran impacto. Háblenos de la organización de esta huelga y de sus exigencias al gobierno de facto de Ariel Henry.

-Salomón Gustave (SG): Estas series de huelgas fueron organizadas por el sindicato de transportistas públicos, entre ellos el FOSSAH (Fos Sendikal pou sove Ayiti) dirigido por Jacques Anderson Derosche y la APCH (Association des Proprietaires et Chauffeurs d’Haiti) dirigida por Mehu Changeux. El objetivo de estos sindicatos estaba claramente formulado como “No a la inseguridad en el país”. Estos sindicatos querían sensibilizar y, al mismo tiempo, obligar al Primer Ministro Ariel Henry a asumir su responsabilidad.

-LVdT: Las agresiones a inmigrantes haitianos por parte de la policía fronteriza en Texas el 19 de septiembre tuvieron una gran repercusión, y el enviado especial del Departamento de Estado de Estados Unidos para Haití, Daniel Foote, dimitió para denunciar el maltrato a los inmigrantes y las deportaciones masivas. En su carta de dimisión, también criticó la negativa del gobierno estadounidense a reconocer el derecho del pueblo haitiano a la autodeterminación. Lamentablemente, hemos visto que otros gobiernos, como el de López Obrador en México, o el de Abinader en la República Dominicana, también tienen una política de persecución extrema contra los inmigrantes haitianos. ¿Qué reacciones provocó la dimisión de Foote en Haití? ¿Cuál es el origen de la actual ola migratoria y cuál debe ser la respuesta de las organizaciones de izquierda y antirracistas de la región a estas políticas represivas?

-SG: Hay un video en las redes sociales que muestra el carácter racista de los policías de Texas que estaban bajo el puente en la localidad de Del Río. Causó un gran revuelo en el mundo y fue un recordatorio de las acciones de los estadounidenses blancos racistas contra personas pobres y negras inocentes. Daniel Foote no hace más que repetir lo que los haitianos, las organizaciones de derechos humanos en Haití y en el extranjero han venido planteando. Reconoce que las políticas de su país tienen un impacto negativo. La única manera de resolver el problema de los inmigrantes y otros es romper con esta política de dominación de Estados Unidos sobre Haití. Haití debe elegir libremente su propio camino.

En cuanto a la política antimigratoria, no nos sorprende. Tanto como el presidente López Obrador, Abinader es un lacayo del gobierno estadounidense. Actúa según los deseos de su amo para ganarse su confianza y asegurar su protección. ¿Qué más se puede esperar de un Abinader? ¡Absolutamente nada! Su comportamiento actual en el caso de los estudiantes haitianos nos lo revela, decidió suspender el otorgamiento de visados, con el pretexto de evitar la invasión de las bandas en la República Dominicana. Pero en el pasado el gobierno dominicano recibió y apoyó a paramilitares como Guy Phillipe, Ernest Ravix y Jodel Chamblain. Si el gobierno de Estados Unidos le pide al gobierno dominicano recibir a líderes de bandas para que se exilien, ¿qué responderá éste último?

En cuanto al problema de la migración, no es nuevo. No quiero hacer la historia de la migración haitiana. Pero sabemos que comenzó con la ocupación estadounidense de Haití. Los motivos actuales de esta nueva oleada siguen siendo los mismos: violencia, miseria, desempleo e inseguridad general. La diferencia entre el período pasado y el actual de la inmigración es la combinación y el juego de los actores locales e internacionales. El actor local, las pandillas, no existía antes.

-LVdT: ¿Cuál es la situación en relación con las bandas criminales?

-SG: Tienen vía libre y son los únicos amos a bordo después del Core Group, encabezada por la embajada americana. Imponen su voluntad a quien quieren. El ejemplo del 17 de octubre de 2021, cuando impusieron al Primer Ministro Ariel Henry es ilustrativo. Hay numerosos ejemplos de connivencia y convergencia de intereses entre las pandillas y sectores mafiosos de la derecha política. Toda la situación de seguridad generada con el auge de estos grupos es consecuencia directa del régimen de ocupación extranjera de catorce años por parte de la Minustah.

Estados Unidos tiene responsabilidad incluso en el hecho de que los financistas y organizadores del atentado contra Jovenel Moïse están residenciados en Florida y no han sido procesados criminalmente por el gobierno de Estados Unidos. Asimismo existen señalamientos sobre la posible participación de Claude Joseph y Ariel Henry en el atentado. Moïse era agente del imperialismo estadounidense, pero decidieron deshacerse de él cuando dejó de servirles.

-LVdT: ¿Es posible presentar una alternativa de los trabajadores y la izquierda para salir de la crisis?

-SG: Desde 2018, los movimientos de protesta en las calles exigen un nuevo sistema. El hecho es que somos el país más pobre de América. No somos capaces de satisfacer las necesidades más básicas de los necesitados. Tenemos una tasa de inflación del 12,7%, un déficit comercial, un crecimiento nulo y un desempleo endémico. No hace falta decir que es necesario sustituir este sistema injusto por otro verdaderamente justo. La redistribución de la riqueza es una necesidad absoluta para reducir la brecha entre las clases sociales y atender a las urgentes necesidades de las masas en Haití. Tenemos un sistema de apartheid social que no dice su verdadero nombre. La brecha social es demasiado grande. Estamos al borde de una explosión social. Por eso promovemos estas ideas de cambio de fondo. Creemos que si logran penetrar en las masas, serán la salvación de Haití.

Dedicada a la dura derrota política-militar que ha sufrido el imperialismo norteamericano en Afganistán, al desgaste de los gobiernos capitalistas ajustadores, a la crisis ambiental, a la derrota electoral del gobierno peronista en Argentina y a las luchas de los pueblos del mundo.
Podés solicitarla a la compañera o compañero que te acerca el periódico.