Latinoamérica se encuentra sacudida por una nueva rebelión popular contra los planes de ajuste, la miseria popular y la entrega. Otra vez los pueblos se levantan contra las recetas, que son las de siempre, del FMI y el imperialismo, las de someter al hambre, la desocupación y la marginación social a millones para garantizar las superganancias de unos pocos, las multinacionales, los pulpos acreedores y los grandes bancos. Ahora es Colombia, como antes fue Perú y, un poco más atrás, Ecuador y Chile.

Mientras tanto, en una Argentina sumida en plena segunda ola de la pandemia, con muertos que se cuentan de a cientos por día, con terapias intensivas colapsadas y, a la vez, con salarios y jubilaciones que se siguen cayendo cada vez con mayor velocidad frente a la inflación, corren ríos de tinta sobre la pelea de Alberto Fernández con Cristina. Conflicto que existe, es cierto, como parte de las disputas por espacios de poder dentro de la coalición del Frente de Todos. Pero al final lo que prima es la “foto de la unidad”, como se vio esta semana.

¿Pero existe una salida de fondo distinta entre Alberto Fernández, que con su ministro Martín Guzmán priorizan por enésima vez las negociaciones con el FMI y los acreedores, ahora en una nueva gira europea, y Cristina? ¿Realmente el peronismo kirchnerista está a favor de romper el acuerdo con el FMI?

Como la propia vicepresidenta se encargó de aclararlo muchas veces, no es esto lo que plantea. “Somos pagadores seriales” (los kirchneristas) es una de sus frases favoritas. “No decimos no pagar”, otra de sus aclaraciones, que acompañan y matizan sus discursos más radicalizados. Evidentemente hay diferencias tácticas acerca de cómo el peronismo debe encarar la ya inmediata campaña electoral, si se debe tratar de firmar el acuerdo con el Fondo ahora o patearlo para después de las elecciones. Temerosos, es cierto, de las consecuencias electorales del actual ajuste en curso. Y mirando de reojo lo que sucede cuando se quiere aplicar estos planes a fondo, como actualmente pasa en Colombia.

Sin embargo, y lo que queremos debatir con todos aquellos compañeros de trabajo, de estudio o vecinos de los barrios populares, es que no hay diferencias entre Alberto y Cristina en lo fundamental, los dos garantizan pagarle la deuda a los pulpos acreedores. Ninguno plantea un programa alternativo basado en aumentos de salarios o jubilaciones y ambos les siguen garantizando las superganancias a las empresas públicas privatizadas.

Del lado de la oposición patronal de Cambiemos, por su parte, no hay ningún planteo que le sirva al pueblo trabajador. Siguen atacando a los docentes enfrascados en una interna donde cada uno juega a diferenciarse colocándose “más a la derecha” mientras ajustan en los distritos donde gobiernan. Y, por si algo faltaba, Mauricio Macri vacunándose en Miami agrega un nuevo repudio popular a su figura.

Mientras tanto, sigue creciendo la bronca entre el pueblo trabajador. Nuevamente, tenemos que mirarnos en el espejo de Colombia. Por supuesto que, sin llegar a los niveles explosivos que se están dando allí, vemos que en nuestro país crecen los conflictos, se sale a pelear a pesar incluso de la traición de las burocracias de la CGT y las CTA, que dejan aisladas todas las luchas. El reciente conflicto de las trabajadoras y los trabajadores autoconvocados de la salud de Neuquén, donde todavía está planteado fortalecer el fondo de huelga ante los descuentos realizados por el gobierno, marcó que, con la lucha y organizados con nuevos dirigentes, se puede ganar. En Neuquén, producto de un largo conflicto por fuera de la dirección de ATE y de la CGT, surgió la Interhospitalaria, un nuevo organismo. También marcó el crecimiento de los reclamos a distintos niveles. Desde aquellos que están exigiendo aumento de salarios o defendiéndose de abusos de las patronales, como los conflictos desatados una vez más en el sector de salud (clínicas San Andrés y Constituyente, Hospital de Niños y Policlínico de San Justo, Hospital Gutiérrez de la capital, entre otros). O por trabajadores que exigen algo tan elemental como ser vacunados ante su exposición diaria al contagio, que es, junto con la recomposición salarial, lo que están reclamando los choferes autoconvocados de la UTA. También entran en conflicto los estatales nacionales con sus salarios pulverizados, o los trabajadores de Garbarino en defensa de sus fuentes de empleo. Solo recibiendo el apoyo del sindicalismo combativo, que integran los ferroviarios que encabeza el Pollo Sobrero, el Sutna, Ademys o los Suteba multicolor, mientras la CGT sigue en plena tregua, preocupada únicamente por su caja de las obras sociales.

Vemos entonces que el gobierno de Fernández y la oposición patronal de Cambiemos no ofrecen ninguna salida a los más urgentes reclamos del pueblo trabajador. Solo desde Izquierda Socialista y el Frente de Izquierda Unidad venimos insistiendo en la necesidad de un plan económico de emergencia. Que otorgue un aumento de salarios para que nadie gane menos que la canasta familiar (estimada por los trabajadores de ATE Indec en 92.500 pesos), que le aumente a los jubilados para que todos alcancen la canasta de la tercera edad de 64.000 pesos, que otorgue un IFE de 40.000 a todo el que lo necesite. Que se incauten las dosis que se están produciendo en Garín y se garanticen así vacunas para todos y todas. Que ponga más recursos en salarios, puestos de trabajo e infraestructura sanitaria. Todo esto es posible, la plata está. Solo que para poderla aplicar a estos fines hay que dejar de pagar ya mismo la deuda externa y romper con el FMI, a la vez que implementar un impuesto de verdad a las grandes fortunas y a las superganancias de transnacionales y bancos.

Esta es, en síntesis, la propuesta que levantamos desde Izquierda Socialista y el FIT Unidad, mientras apoyamos todas las luchas y nos jugamos a fortalecer al sindicalismo combativo frente a la traición de la burocracia. Es el desafío de construir una nueva dirección, política y sindical, para las trabajadoras y los trabajadores, tarea a la que te invitamos a sumarte.

Escribe Miguel Lamas, dirigente de la UIT-CI

El lunes 10, el gobierno de Duque citó al Comando Nacional de Paro a un “diálogo” con presencia de la Iglesia Católica. Mientras tanto, pese a la represión violenta y al Covid, continúan la masiva rebelión popular y el paro nacional en todo el país, con centenares de bloqueos (cortes) de ruta y caminos, con la consigna ¡Duque Chao!

Al salir de tres horas de reunión con Duque, el Comando Nacional de Paro dijo que “no se llegaron a acuerdos. No se ha mostrado empatía con las víctimas. Exigimos que se pare la masacre”. Informaron que presentaron un pliego de demandas y que llamaban a un nuevo paro el 12 de mayo.

El Comando llamó antes al paro el 28 de abril y el 5 de mayo. Pero los jóvenes, los indígenas que entraron en las ciudades y trabajadores, pararon ininterrumpidamente desde el 28 de abril hasta ahora. Y mayoritariamente no creen en ningún diálogo con Duque. ¡Quieren que se vaya!

El Comando Nacional de Paro (CNP) reúne a conducciones burocráticas de las tres centrales sindicales (CUT, CTC y CGT) y la Federación Colombiana de Educación (Fecode), que políticamente responden a la centroizquierda de Dignidad (ex Moir) y, en menor medida, el Partido Liberal. A esta política de “diálogo” se suman los sectores de la centroizquierda como Gustavo Petro, de Colombia Humana, y la Coalición de la Esperanza.

Petro salió segundo en las elecciones de 2018, que finalmente ganó Duque en segunda vuelta. Petro, la semana pasada envió un mensaje al Comando Nacional de Paro (CNP) diciéndole que “debieron haberse detenido cuando se retiró la reforma tributaria y proclamar el triunfo popular”. 

Pero el CNP hizo todo lo posible por frenar las protestas populares, como les pidió Petro, y no pudieron. Fueron totalmente desbordados por la movilización popular, que mantiene a millones en las calles hace quince días, pese a que la reforma tributaria que originó la movilización fue anulada. El paro siguió por otras demandas. Colombia tiene hoy 20 millones en extrema pobreza sobre 50 millones de habitantes. Hubo tres millones de infectados y 78.000 muertos por Covid-19. Por eso las demandas urgentes populares son muchas.

La represión criminal del gobierno con el Esmad (policía antidisturbios), el ejército y parapoliciales causó hasta el pasado sábado 47 muertos, 963 detenciones arbitrarias, 12 casos de violencia sexual, centenares de heridos y entre ellos 28 con graves lesiones oculares. Pese a esta extrema violencia y al Covid-19, los manifestantes se enfrentaron en verdaderas batallas callejeras que duraron horas con el Esmad, y en algunos casos los hicieron huir.

Colombia no es un hecho aislado

La actual rebelión popular en Colombia tiene antecedentes en las rebeliones populares latinoamericanas de 2019, en la propia Colombia, en Chile y en Ecuador. En todos los casos se iniciaron contra medidas económicas antipopulares y terminaron exigiendo que se vayan los gobiernos responsables, Piñera, de Chile, y Lenin Moreno, en Ecuador.

Aunque muchos creyeron que la pandemia había apagado esa rebelión, en noviembre de 2020 salieron miles de jóvenes peruanos contra los corruptos gobiernos derechistas, exigiendo que se vayan todos. Y en marzo de 2021 se dio en Paraguay otro estallido popular exigiendo medicamentos y vacunas, y también plantearon que se vaya el presidente “Marito” (Mario Abdo Benítez).

Hoy, la grave situación que vive el pueblo colombiano la viven la mayoría de los pueblos de Latinoamérica y del mundo en la mayor crisis del capitalismo que condena a millones al hambre y la enfermedad. Por eso la rebelión popular en Colombia puede ser un poderoso ejemplo internacional.

¡Solidaridad internacional con la rebelión popular!

Los antecedentes semifascistas de Uribe, el jefe del partido de Duque, motivan a muchos a pensar que se estaría preparando un autogolpe que aplaste militarmente la rebelión popular. Sin embargo, esta salida es poco probable porque el gobierno está extremadamente debilitado y el propio imperialismo yanqui y la ONU le dan consejos de “moderación”, temiendo que la rebelión se generalice aún más.

Por eso la política de Duque ahora es llamar al “diálogo” para frenar la movilización popular, con la colaboración de la burocracia sindical del CNP y de la centroizquierda de Gustavo Petro, la Coalición de la Esperanza y el Partido Liberal, además de la Iglesia y la ONU.

Si no logran frenar la movilización puede caer Duque. Pueden verse obligados a alguna forma de sucesión o convocatoria a elecciones anticipadas.

La salida de fondo no es solo que se vaya Duque, sino que se logre imponer un gobierno de los trabajadores y las trabajadoras, la juventud, el pueblo colombiano que termine con el régimen ultrarrepresivo de Colombia y con el desastre capitalista. Un gobierno que avance con un plan económico al servicio del pueblo trabajador, con medidas de emergencia como el no pago de la deuda, entre otras, y que rompa con las multinacionales y el imperialismo. En Colombia la organización Colectivos Unidos lucha por ello y llama a los luchadores a integrarla y a la unidad de los revolucionarios para lograr una dirección política alternativa a las variantes reformistas.

En ese camino han surgido Asambleas Populares, y es fundamental desarrollarlas en todo el territorio nacional como espacios de articulación entre activistas y comunidades al servicio de potenciar el paro nacional y como mecanismo democrático para la toma de decisiones. Desde el Bloque por el paro General se ha convocado a un Encuentro Nacional de Asambleas Populares para el 22 de mayo.

Hoy hay que apoyar la movilización contra el paquetazo y que reclama sus propias demandas, que incluyen desde salud y vacunación masiva, educación con matrícula cero, empleo, protección producción campesina, defensa de territorios indígenas, disolución del Esmad, justicia para castigar a los que reprimen al pueblo, que se liberen detenidos y que se vaya Iván Duque. Desde la UIT-CI apoyamos ese programa de lucha y llamamos a la más amplia solidaridad con esa rebelión del pueblo colombiano.

El lunes 10, el Frente de Izquierda Unidad realizó un acto frente a la Embajada de Colombia en Buenos Aires en apoyo a la rebelión popular de Colombia. Durante el mismo hablaron dirigentes de los partidos del Frente exigiendo el fin de la represión criminal, llamando a derrotar el paquetazo y sumándose al grito de ¡Fuera Duque!

Juan Carlos Giordano, diputado nacional por Izquierda Socialista en el FIT-Unidad, uno de los oradores del acto, señaló: “Como lo han pedido las organizaciones estudiantiles y de la izquierda de Colombia, llamamos a redoblar el apoyo y la solidaridad con esa rebelión colombiana que está sacudiendo a Latinoamérica y es comentada en el mundo” […] “Hacemos esta campaña como parte de nuestra organización, la Unidad Internacional de Trabajadoras y Trabajadores Cuarta Internacional”

Giordano resaltó que la movilización ya logró algunos triunfos importantes. En primer lugar resaltó que la represión criminal no pudo frenar la movilización, pero además tuvieron que anunciar la retirada del paquetazo y la caída del ministro de economía. Pero la lucha continúa, expresó, porque hay otros ajustes en la educación, la salud, una reforma previsional y otra laboral antiobrera. Finalmente, destacó que Colombia está dando un ejemplo impresionante para los y las luchadoras de América Latina y del mundo y criticó a las direcciones que querían medidas parciales y proponen privilegiar el diálogo en momentos en que hay un paro nacional de hecho.

En el marco de esta campaña de solidaridad, el día 7 de mayo, el diputado nacional por Izquierda Socialista en el FIT-Unidad, Juan Carlos Giordano, junto al diputado Nicolás Del Caño (PTS), presentaron un proyecto de resolución en la Cámara de Diputados de la Nación para expresar el apoyo a la heroica lucha del pueblo colombiano contra el gobierno derechista de Iván Duque.

Escribe Reynaldo Saccone, ex presidente de la Cicop

La semana pasada, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, anunció que su país impulsaría la suspensión transitoria de patentes que garantizan el monopolio de las vacunas en manos de un puñado de multinacionales. Lo hizo obligado por la crisis creada por la incapacidad del capitalismo para garantizar la producción y la distribución de vacunas para toda la población mundial. Pero también debido a la fuerza de un importante movimiento internacional en contra de las patentes. Como tantas disposiciones de los gobiernos patronales, para que no quede en letra muerta y sea ejecutada, será necesario continuar y ampliar la movilización y la lucha.   

Crisis de producción y distribución

La aparición cada vez más frecuente de mutaciones y el empeoramiento de la pandemia en India que, a un ritmo de más de 100.000 contagios diarios, llegó a acumular 15% de los contagios mundiales, encendió las luces rojas. Los sectores más lúcidos del imperialismo, como el premio Nobel de Economía Joseph Stiglitz, alertan que, con este ritmo de producción, recién a fines de 2022 y comienzos de 2023 se lograría la cobertura en las regiones más pobladas del planeta como África, Medio Oriente, India, China y el sudeste asiático. Lo que da suficiente tiempo para que se sigan produciendo millones de muertes y desarrollando nuevas cepas potencialmente resistentes.

Al mismo tiempo, se hace sentir la crisis de distribución. Estas empresas farmacéuticas no centran sus políticas en el acceso global, sino en las ventas en mercados rentables. Es así que una minoría de los países más ricos se llevan más de los dos tercios de la producción global.

Clamor mundial por la liberación de las patentes

Si bien la escasez de vacunas y la distribución desigual generaron esta crisis, sin el crecimiento continuo del clamor mundial por la liberación de las patentes no se hubiera producido el cambio de posición de Biden. El reclamo pegó un salto cuando, en octubre del año pasado, más de cien países encabezados por India y Sudáfrica presentaron formalmente en la Organización Mundial de Comercio una solicitud en ese sentido.

Más de cincuenta organizaciones, como Médicos sin Fronteras, Oxfam, Amnesty International y muchas otras en numerosos países formaron parte de esta corriente mundial, de hecho, en la que también estamos Izquierda Socialista y los partidos nucleados en la Unidad Internacional de Trabajadores y Trabajadoras-Cuarta Internacional. Por nuestra parte, junto al Frente de Izquierda Unidad hemos realizado distintas actividades con personalidades de la salud pública, derechos humanos, políticos, sindicales por la liberación de patentes.

En los Estados Unidos las presiones sobre Biden para la suspensión de las patentes se multiplicaron. Más de cien miembros del Congreso y diez senadores demócratas, incluidos Bernie Sanders y Elizabeth Warren, se pronunciaron por la liberación. También lo hicieron premios Nobel, ex jefes de Estado, líderes religiosos como el papa Francisco y reconocidos artistas. Todas manifestaciones que reflejan en la superficie un clamor profundo.

La lucha por la liberación de las patentes no ha terminado 

Hay que seguirla, en primer lugar, para que no quede en letra muerta y, en segundo lugar, para ampliarla a todos los insumos necesarios para las vacunas. Por ejemplo, la mandataria alemana Ángela Merkel ha adelantado su oposición, lo mismo que las principales multinacionales. La campaña internacional, entonces, debe continuar para poder concretar esta liberación y para ampliar la producción, no solo de vacunas sino también de los demás insumos necesarios. La fabricación en la Argentina de vacunas, lo mismo que en Sudáfrica y Brasil, demuestra que no son los países imperialistas los únicos que pueden hacerlo.

En la fábrica Insud, de Garín, se hacen millones de dosis desde hace cuatro meses y no se vacunó con ellas a ningún habitante de este país. El gobierno debe incautar esa producción, obligar a la empresa a completar la elaboración y a disponer su utilización inmediata. De esta manera estaremos logrando la liberación de las patentes ayudando, concretamente, a combatir la pandemia.

Escribe Reynaldo Saccone, ex presidente de la Cicop

Las patentes garantizan que nadie, salvo las multinacionales farmacéuticas -sus propietarias-, pueda producir las vacunas y así asegurar sus fabulosas ganancias. Éstas provienen de la transferencia, en primer lugar, de los gobiernos de los países imperialistas que enviaron en total más de 110 mil millones de dólares de dinero público a las monopolios farmacéuticos para financiar la investigación y producción. Estos gobiernos, incluso, les permiten apropiarse de los avances de la ciencia, que son producto del trabajo constante de universidades, institutos de investigación y hospitales públicos. De esta manera, las vacunas que son resultado de un esfuerzo colectivo, y por lo tanto patrimonio de la humanidad, terminan siendo propiedad de los monopolios farmacéuticos permitiéndoles ganar miles de millones de dólares.

El planteo de Joe Biden de suspensión de las patentes ha sido combatido por las multinacionales. Sus voceros sacan a relucir diversos argumentos. El primero es que “la patente al garantizar la ganancia estimula la investigación”. Pero la investigación no depende de la búsqueda de ganancia. Ni Jonas Salk y Albert Sabin que descubrieron las vacunas contra la polio las patentaron; tampoco Fleming, la penicilina. Otro argumento, el de Bill Gates, es que “no hay capacidad tecnológica fuera de las grandes empresas monopólicas actuales y que hay que esperar años hasta que otras estén en condiciones de operar”. Lo que en realidad Gates está pidiendo es más plata del Estado para financiar el aumento de producción y mayores ganancias para las empresas.

Los monopolios farmacéuticos han llegado a una óptima relación costo beneficio y no tienen ninguna necesidad de aumentar su producción de vacunas. Ésta ya fue financiada por el Estado, vendieron ya su producción cobrando gran parte por adelantado, obtuvieron contratos leoninos con cláusulas de confidencialidad que ocultan los verdaderos precios, lograron leyes a su medida -como en nuestro país- y, finalmente, tienen las patentes que aseguran su monopolio. Este es el verdadero negocio de las multinacionales. Por esta razón están condenadas al fracaso las soluciones basadas en acuerdos de “buena voluntad” con las multinacionales como la transferencia gratuita de tecnología propiciada por la OMS y la iniciativa Covax de vacunas para países semicoloniales. Un ejemplo de lo que decimos es Pfizer, que a fin de año totalizará 2.500 millones de dosis y ofreció donar a este programa 40 millones, apenas el 2% de su producción.

La suspensión de patentes es posible

 Hay antecedentes. En los años ’90, Sudáfrica y Brasil desconocieron las patentes de remedios contra el SIDA. En el 2001, por la crisis del ántrax, fueron Estados Unidos y Canadá quienes suspendieron la patente de la ciprofloxacina. La situación actual, muchísimo más grave requiere acciones más amplias. La posición de Gates de que “no hay capacidad tecnológica suficiente” sería cierta, pero sólo en el caso de que se mantuvieran las condiciones actuales de producción. Se trata de hacer una amplia transformación de la industria farmacéutica al servicio de aplastar la pandemia. Una decisión política del tipo de la que hizo el gobierno norteamericano en la Segunda Guerra Mundial para derrotar al nazismo que, entre otras cosas, readaptó las fábricas de autos para hacer aviones. Ahora, se trata de poner la industria farmacéutica a vacunas, volcando todos los recursos, centralizados por el Estado, para garantizar no solo las vacunas sino también la totalidad de los insumos que se utilizan para fabricarlas. Por eso, es necesario continuar la lucha por liberar las patentes y centralizar los recursos para garantizar vacunas para todas y todos.