Escribe José Castillo, dirigente de Izquierda Socialista/FIT Unidad

Tras la aprobación en el Senado de la Ley Bases, en medio de una feroz represión, los especuladores del mercado se mostraron eufóricos: al día siguiente hicieron bajar los dólares blue y CCL, subir los bonos y acciones y bajar el riesgo país. El FMI aprobó la inspección del ajuste del programa en curso y liberó los 800 millones de dólares pendientes. ¿Por qué pasó todo esto? Simple y sencillo: porque el gobierno de Milei cumplió con lo que era una exigencia del FMI, del capital financiero internacional y de las patronales: dar una “señal” de que es capaz de hacer pasar el ajuste, haciendo aprobar alguna ley.

¿Qué quedó de la Ley Bases?

La Ley Bases original, aquella que contenía más de 600 artículos y que legislaba sobre lo humano y lo divino (por eso se la llamaba Ley Ómnibus), buscando quitarle de un plumazo todas las conquistas laborales a los trabajadores, hasta el mero derecho a huelga; que proponía privatizar más de cuarenta empresas públicas; que le daba a Milei facultades delegadas por tres años, lo que implicaba que casi todo su mandato podía actuar virtualmente “cerrando” el Congreso, cayó sin pena ni gloria en febrero pasado producto por un lado de la movilización que se vino dando casi desde el comienzo del gobierno de La Libertad Avanza y también de la propia crisis en el seno de los partidos patronales.

El nuevo proyecto enviado por el gobierno de Milei en marzo se presentó como muchísimo más reducido (un poco más de 200 artículos). Para que nadie se confunda, es igual de reaccionario que el anterior. Esto es lo que terminó siendo aprobado en Diputados con unas cuantas modificaciones. Y que volvió a reducirse en el Senado con otras tantas. Algunas de las importantes: desaparecieron las privatizaciones de Aerolíneas Argentinas y el Correo y se quitó todo el capítulo de jubilaciones. Eso fue lo que se aprobó, con fórceps, en el Senado el miércoles pasado. Agreguemos que la ley fiscal que venía adosada también sufrió modificaciones importantes, el gobierno no logró hacer pasar la reposición del impuesto a las ganancias sobre los salarios y tampoco la modificación de Bienes Personales, que favorecía escandalosamente a los ricos.

Federico Sturzenegger, el redactor, tanto del proyecto original como del actual de la Ley Bases, no dejó dudas: “ahora saldrá lo que podamos, después iremos por el resto con nuevas leyes”. Por eso transaron con peronistas para lograr el último impulso.

Milei en los últimos días pareció desentendido de las negociaciones de último momento y de la modificación o eliminación de tal o cual artículo. El único interés del gobierno era “que se apruebe algo”. Es que el gobierno de La Libertad Avanza ostentaba un auténtico récord, en seis meses no había logrado aprobar una sola ley.

Esto era lo que le reclamaba el FMI, los capitales financieros internacionales y las grandes patronales locales. Es que todos desconfiaban (y siguen desconfiando, más allá de este triunfo parcial del gobierno) de la capacidad de Milei para seguir avanzando con el ajuste y realizar las reformas estructurales que le reclaman (flexibilización laboral, reforma jubilatoria, achicamiento del estado vía reforma fiscal, privatizaciones), sin que a la vez todo termine en una crisis política y social. Por eso le reclamaban al gobierno, “un gesto” de que era capaz de mostrar “sustentabilidad política”, logrando, al menos, aprobar esta ley reducida, pero no menos antipopular.

Milei sabía que, mientras más se demoraba la aprobación de la Ley Bases, crecía la desconfianza de los propios empresarios, del mismísimo imperialismo yanqui y del establishment económico internacional sobre la capacidad política del gobierno ultraderechista. Por eso en las últimas semanas, había comenzado a subir el índice de “riesgo país” (la sobretasa que debería pagar la Argentina si intentara tomar más deuda), se “despertaron” los dólares alternativos (CCL y blue) y cayeron las cotizaciones de los bonos de la deuda de nuestro país.

Ahora, con la aprobación y la demostración del gobierno de que tiene “fortaleza” incluso para reprimir, manda una señal y el Fondo y los especuladores internacionales le responden con un guiño, haciendo subir los bonos y acciones y bajando el riesgo país y el dólar. Por supuesto que esto es (como tituló una nota del diario Clarín), apenas “las 24 horas de gloria” del gobierno. El propio FMI, al mismo tiempo que aprobaba las metas de ajuste alcanzadas, volvió a expresar sus temores acerca de la “sustentabilidad política y social” del ajuste. O sea, siguen las dudas de cómo termina la pulseada, en concreto, si las y los trabajadores y sectores populares lograrán derrotar el plan de Milei. Porque eso es lo que determina todo.

La Ley Bases volvió a Diputados y veremos qué pasa. Pero lo más importante es que el pueblo trabajador logre avanzar en la pelea para tirar abajo el plan de ajuste de Milei en su conjunto. Para eso, hoy más que nunca, tenemos que exigirle a la CGT y las CTA que lancen un nuevo paro nacional, de 36 horas y un plan de lucha para seguir la pelea.

El peronismo que transó

Senadora Lucila Crexell

Para lograr la aprobación de la Ley Bases y el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) del gobierno ultraderechista de Milei tuvo que existir el apoyo de un sector del peronismo que transó.

La senadora Lucila Crexell de Santa Cruz, recibió la embajada ante la Unesco. Los dos senadores (también de Santa Cruz) que amenazaron con no dar quórum, pero terminaron sentándose y levantándose para la votación artículo por artículo, lo que permitió el empate y desempate de Villarruel, recibieron la suba del 3 al 5 por ciento en las regalías que el Estado provincial recibe de las empresas mineras. 

A “Camau” Espínola, senador por Corrientes, “le tocó” un lugar en la Entidad Binacional Yacyretá (EBY). Y el entrerriano Edgardo Kueider “se llevó” alguno de los tres cargos del directorio de la empresa binacional Salto Grande que oficializó el Decreto 523/2024 del día siguiente a la sesión del Senado.

Incluso, hubo senadores peronistas; como Carolina Moisés (Jujuy), Sandra Mendoza (Tucumán) y Guillermo Eduardo Andrada (Catamarca); que votaron el RIGI que favorece el saqueo total de las riquezas naturales.

Y la CGT, ante una votación con paridad, en lugar de llamar a movilizar, brilló por su ausencia cómplice. Como señaló Andrés Rodríguez de UPCN: “Fuimos negociando con el gobierno.. Así que no tenemos que movilizar.. y respetar lo que se vote en el Congreso Nacional”.

Aunque ahora se rasguen las vestiduras algunos referentes de Unión por la Patria (UP), este tipo de maniobras, como la histórica Banelco del menemismo, son parte de la política corrupta y pro-patronal que lleva el peronismo.

Los gobiernos peronistas-kirchneristas nunca tocaron a los monopolios exportadores (Cargill, Bunge, Dreyfus, Nidera), pactaron con las mineras (Barrick Gold), con Chevron y otras multinacionales del petróleo para Vaca Muerta y jamás reestatizaron la energía, los teléfonos o los puertos. 

En el documento sobre la Deuda Externa de Cristina Kirchner trata de desligarse del acuerdo con el FMI del último gobierno, del que fue parte con Alberto Fernández, abrió la necesidad de una reforma laboral, el debate para que se acepten algunas privatizaciones y justificó la alianza pública-privada. Por todo esto, la dirigencia peronista no ofrece una salida para el pueblo trabajador. Tenemos que seguir fortaleciendo a la única alternativa política que llama a enfrentar decididamente el plan siniestro de Milei, el Frente de Izquierda Unidad, que pelea por un programa económico alternativo obrero y popular.