El martes 11, más de un centenar de trabajadores del Hospital de Niños de San Justo cortaron la ruta 4 (Camino de Cintura) en protesta contra el magro acuerdo salarial de 32% en dos cuotas firmado por la burocracia de Troncoso, del sindicato municipal, a espaldas de los compañeros y las compañeras. Nos hicimos presentes compañeros de Izquierda Socialista junto con nuestra compañera Mónica Méndez, secretaria de organización de Cicop, y Olga Ortigoza, de la comisión directiva del Suteba La Matanza.

Esta acción se suma a las realizadas la semana pasada por las compañeras y los compañeros del hospital Germani, de Laferrere, y del Policlínico de San Justo. Los salarios de los trabajadores de la salud de La Matanza son los más bajos de todo el conurbano bonaerense y en muchos casos ni siquiera alcanzan la canasta básica, calculada según cifras oficiales en 60.000 pesos. Asimismo, hay médicos y enfermeras que aún no cuentan con las dos dosis de la vacuna. Es una vergüenza que quienes están dejando su vida por salvar la vida del pueblo trabajador del Covid-19 cobren salarios de pobreza y no reciban la protección adecuada para trabajar en pandemia. Seguiremos dando todo nuestro apoyo a estos trabajadores heroicos.

Corresponsal

Escribe Pedro Rodríguez, referente de la oposición en UTA

Este martes 11 se realizó la tercera jornada de cortes de los choferes autoconvocados de las zonas norte, oeste y sur del AMBA junto con los cuerpos de delegados de las líneas 60 y 540/553 que reclaman un aumento salarial de 100.000 pesos de bolsillo y un plan de vacunación para todos los choferes, ya que son esenciales y aún no recibieron una sola dosis.

Esta lucha se da por la enorme bronca que existe en la base, que viene soportando años de reducción salarial con el condimento de que esta paritaria debería haber cerrado en enero, pero la burocracia de Fernández no mueve un dedo para defender lo que firmaron en las diferentes actas prometiendo un básico de bolsillo de 71.000 pesos a partir de enero y 80.000 en mayo. Mientras se sigue posponiendo el acuerdo, los choferes están apenas superando el salario básico para no ser pobres. ¡Siguen  jugando con el sueldo de los trabajadores!

¿Por qué se dilata el acuerdo salarial?

Atada a las paritarias se encuentra la negociación entre el gobierno y las patronales del transporte por los subsidios. Reciben desde hace años millones de pesos sin que esa plata se invierta en más frecuencias, coches o mejores salarios. Los gobiernos garantizan las ganancias de patronales como Dota o Metropol sin que haya ningún beneficio para el pasajero o el chofer. La conducción de UTA y la oposición burocrática (la agrupación Palacios) juegan a favor de sus patronales, por eso no mueven un dedo ante el atraso salarial.

Para poder terminar con esto debemos barrer a las dos alas de la burocracia y para eso debemos fortalecer esta coordinación, que se extienda al interior del país donde los choferes sufren despidos, cierres de empresas y meses sin cobrar salarios. Que se extienda a los choferes de larga distancia y se pueda golpear con un solo puño. Tenemos el ejemplo de los trabajadores de la salud de Neuquén que, por fuera de la burocracia sindical, se autoorganizaron y lograron un aumento salarial de 53 por ciento.

¡Aumento salarial de 100.000 pesos y vacunas para todos los choferes!

Escribe Pablo Almeida, delegado general Ministerio de Economía y legislador porteño Izquierda Socialista/FIT Unidad

La situación de atraso salarial de los trabajadores estatales nacionales se ha vuelto insostenible con una pérdida acumulada solamente en los últimos cuatro años de más de 40% del poder adquisitivo. Tenemos salarios que arrancan por debajo de los 30.000 pesos,  menos de la mitad de la línea de pobreza. Esta situación que se arrastra desde hace más de una década ha pegado un salto en los dos últimos años del gobierno de Macri y en el primer año del gobierno de Fernández con cierres paritarios firmados por el gremio pro patronal UPCN que han llegado a 10,15 y hasta  25 puntos por debajo de la inflación.

La conducción burocrática de ATE también ha sido parte de estos vergonzosos acuerdos durante el último año. Dejaron pasar las cláusulas de revisión de la paritaria de 2019 consagrando una pérdida salarial que ha sido la mayor en los últimos quince años y firmaron la paritaria 2020 que dejó a las trabajadoras y los trabajadores estatales muy lejos de la canasta familiar, que hoy asciende a 92.500 pesos.

Por eso, y frente a la inacción de la conducción de nuestro sindicato, un conjunto de juntas internas, cuerpos de delegados y agrupaciones hemos convocado a medidas de visibilización exigiendo el fin de la miseria salarial, reclamando un aumento de emergencia en una sola cuota de 40% para comenzar a recuperar lo perdido y que la paritaria que debe firmarse este 2021 sea de indexación mensual acorde con la inflación. En unidad, las juntas internas de ATE del Indec, Ministerio de Economía, Trabajo, Cultura, Senasa, INTI e Incaa, junto con cuerpos de delegados y agrupaciones de organismos nacionales hicimos una conferencia de prensa el pasado 5 de mayo frente al Indec y este miércoles 12 haremos una radio abierta frente al Ministerio de Economía.

Desde Estatales en Marcha llamamos a profundizar la unidad en la lucha contra los salarios de hambre y la precarización laboral. 

Las trabajadoras y los trabajadores de Garbarino se vienen organizando y denuncian la falta de cobro de sus salarios y el fin de las 1.300 suspensiones sobre una planta de 4.500 trabajadores. Además, hace más de un año la patronal no realiza los aportes de las jubilaciones y las obras sociales, por lo que en la pandemia no cuentan con obra social.

Garbarino es una de las grandes firmas de venta de electrodomésticos del país. Carlos Rosales compró la empresa y comenzó a aplicar un plan de reestructuración cerrando locales y suspendiendo personal con el fin de orientarse a la venta online. El propio Rosales argumentó que Garbarino llegó a picos de facturación de 900% a 1.000% desde su llegada, pero nada de eso llegó para sus trabajadores. Hoy vuelven a correr rumores de una futura venta que genera fuerte incertidumbre sobre el futuro de 4.500 fuentes de trabajo. Ya cerraron más de treinta sucursales, entre las últimas, Merlo, Rosario y Córdoba. 

Ante este escenario, la burocracia de comercio es cómplice del ajuste y los trabajadores denuncian que generan miedo entre los que se organizan para exigir el fin de las suspensiones, el cobro de los salarios adeudados y que se garantice la fuente de trabajo. Desde Izquierda Socialista apoyamos a las trabajadoras y los trabajadores autoconvocados de Garbarino para que triunfen en sus reclamos. Este viernes 14 estaremos presentes en la concentración que se realizará en la sucursal de Belgrano. 

 Corresponsal

Escribe Daniel Vera, docente, miembro de la Red de Sobrevivientes de Abusos Eclesiásticos de Argentina

El 30 de abril pasado fue un día histórico en la lucha por la separación de la Iglesia del Estado. En la conservadora y religiosa Catamarca se condenó a doce años de prisión efectiva al cura abusador Juan de Dios Gutiérrez, que había manipulado y abusado de una joven de 16 años.

Las desesperadas artimañas usadas para postergar y obstruir el juicio por parte de la defensa del cura dan una muestra acabada de los “recursos” de que dispone esta institución para defender y encubrir sistemáticamente los abusos de sus miembros. Recursos que salen de nuestros propios bolsillos. El gobierno nacional y los gobiernos provinciales le otorgan a la Iglesia subsidios, privilegios y exenciones de impuestos a los cuantiosos inmuebles que destinan al “mantenimiento del culto”.

En esta misma línea, el lunes comenzó en Mendoza el tercer juicio por abusos en el instituto Antonio Próvolo, un colegio católico que “albergaba” niñas y niños hipoacúsicos y con otras discapacidades. Ya fueron condenados por la misma causa dos curas, a más de cuarenta años de prisión, y el jardinero. Ahora hay nueve mujeres imputadas, entre ellas dos monjas. El albergue se transformó en un lugar de abusos. Los relatos de las niñas y los niños son terroríficos.

Estos privilegios que encubren la impunidad de la Iglesia fueron ratificados por la última dictadura militar. Mediante el “decreto ley” 21.540, firmado por Videla, el Estado debe pagar con fondos del presupuesto general “una asignación mensual vitalicia” a los miembros de la “alta jerarquía católica, apostólica y romana” que se jubilen “por razones de edad o de invalidez”. Vale aclarar que jamás hicieron un aporte. Y lo más grave en esta connivencia entre Estado e Iglesia es que ningún gobierno, desde la vuelta a la “democracia” en 1983 hasta ahora, propuso derogar este y muchísimos decretos leyes que vienen de esa época nefasta.

Hoy, las instituciones educativas católicas no solo reciben cuantiosos subsidios del Estado, que deberían estar destinados a la educación pública, sino que cuentan con una “excepcionalidad” donde el mismo Estado permite que se viole la ley al no incluir en los programas la educación sexual integral (ESI), o que se la modifique de tal modo que los contenidos desaparezcan. Contenidos que, objetivamente comprobado, colaboran para evitar el abuso de niñas y niños en las escuelas.

Por eso hoy, con la fuerza incontenible de la marea verde de las mujeres y continuando esa lucha que ellas comenzaron, es el momento oportuno para luchar contra una institución que “predica” el patriarcalismo y utiliza su poder en contra de los derechos de los más vulnerables. Debemos exigir la separación ya de la Iglesia del Estado y la quita de todos los beneficios económicos que se le otorgan a la Iglesia Católica. Que los cultos sean mantenidos por sus seguidores, no por el Estado.