Jul 16, 2024 Last Updated 1:58 PM, Jul 16, 2024

Desde el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia repudiamos las gravísimas declaraciones de José Luis Espert pidiendo “cárcel o bala” contra Eduardo Belliboni. El mismo es un llamado abierto a atentar contra la vida de nuestro compañero. Se trata de un ataque fascista sin atenuantes.

La afirmación de José Luis Espert “cárcel o bala para vos, Belliboni” en la red social twitter es una amenaza de muerte y al mismo tiempo, una instigación a cometer un atentado político de características fascistas.
Espert instiga a un asesinato en el marco de una nueva serie de ataques contra el movimiento piquetero combativo, alimentada desde el Ministerio de Desarrollo Social para eludir su responsabilidad por las 160.000 bajas contra el programa potenciar trabajo en un cuadro de pobreza en aumento.

Esta ofensiva que se refuerza con causas penales y persecución en todo el país, no apunta solamente contra los desocupados, sino que busca allanar al camino a nuevos golpes al salario, los derechos laborales y las jubilaciones.
Llamamos a rodear de solidaridad la lucha piquetera y a derrotar la ofensiva de ajuste promoviendo la unidad entre trabajadores ocupados y desocupados.

Escribe Nicolás Núñez, dirigente de Izquierda Socialista/FIT-U

Los últimos días tuvieron amplia difusión en los medios de comunicación la detención en El Bolsón del lonko Facundo Jones Huala, y las celebraciones al respecto en las que no hubo grietas entre el peronismo del Frente de Todos, la oposición patronal de Juntos por el Cambio, y la gobernadora de Río Negro, Arabela Carreras. Sobre Jones Huala no pesaba pedido de detención alguno, y los cargos por los que fue retenido resultan excarcelables. Pero a pesar de ello, hoy continúa privado de su libertad y se enfrenta a la posibilidad de una extradición que lo lleve nuevamente a las cárceles chilenas. Algo que es posible gracias a que el gobierno del supuesto “izquierdista”, Gabriel Boric, intercedió para que Interpol dictamine una “Alerta Roja” sobre Huala, e inició los trámites legales para que sea trasladado del otro lado de la cordillera.

Hay que recordar que Facundo Jones Huala fue imputado por la justicia chilena en una causa donde se lo involucra en sucesos acontecidos en 2013 sin haber sido probada su presencia en el lugar de los hechos. Habiendo sido detenido en 2017 en Argentina, la lucha del Pu Lof Resistencia Cushamen por su liberación dio lugar a una serie de protestas y cortes de ruta, duramente reprimidos por el gobierno macrista, y en los que el accionar de la gendarmería terminó con la vida de Santiago Maldonado.

Su actual detención hay que vincularla con la feroz campaña de estigmatización, criminalización y violencia contra las comunidades mapuche que se desataron a ambos lados de la cordillera, tanto con gobiernos de centro derecha o “progres”, con Piñera y Boric, con Macri y los Fernández (Alberto y Cristina). Y que además de la reciente detención de Jones Huala, también incluye la privación de la libertad de las presas políticas mapuche que se encuentran detenidas desde octubre del año pasado.

El discurso y la política xenófoba que vemos desplegarse en nombre de “defender la Patagonia de la apropiación mapuche” resulta, tanto una negación de la historia real de territorios constituidos en base al despojo y el genocidio de los pueblos originarios, como una impostura completa en la boca de quienes nada dicen de la apropiación del británico Joe Lewis de Lago Escondido, o las tierras que están cercando ilegalmente representantes de la dictadura qatarí en las nacientes del Río Chubut. En este último caso, son justamente representantes del Lof Cayunao quienes alertan sobre esta apropiación de bienes comunes que afectaría al conjunto de las comunidades locales cuyo acceso al agua depende de dicho río.

En nombre de Izquierda Socialista/FIT Unidad, los diputados nacionales electos Juan Carlos Giordano y Mónica Schlotthauer rechazaron la extradición y reclamaron la liberación de Facundo Jones Huala y del conjunto de las y los presos políticos del pueblo mapuche, así como también el fin de la criminalización y los discursos de odio xenófobos. Es urgente el cumplimiento de la Ley 26.610 de Emergencia Territorial Indígena y la reparación histórica de las comunidades que hoy son avasalladas para entregarle sus tierras al capital extranjero, los negociados inmobiliarios, mineros y del agronegocio.

 

 

Nahuel y Aaron eran primos. Tenían catorce y quince años respectivamente y vivían en el barrio Los Ceibos, en González Catán. El lunes 15 de enero fueron acribillados por policías de la Comisaría de Villa Dorrego.

Según los testigos, fueron a buscar un cargador de celular a lo de su tía, a una cuadra y media de su casa. Después se escuchan siete disparos, y uno de los amigos de Nahuel gritó: ‘María, le pegaron a Nahuel’. Los testigos cuentan que eran policías en un auto gris; uno se bajó, le disparó primero a uno y luego al otro.

La causa está en manos del Juzgado de Menores de San Justo, pero la familia de las víctimas denuncia que no avanza. Por eso el miércoles pasado se realizó una movilización en la Ruta 3, a la altura del kilómetro 32, para exigir que la investigación se acelere. “La policía siempre pasaba y le decía cosas a los pibes que estaban sentados en la esquina. A mi sobrino, cuando caminaba por la calle, le decían `subite a la vereda, negro de mierda´. Así tratan a todos los pibitos”, cuenta María, que define a su hijo como “un chico bueno, sin maldad, al que le gustaba jugar a la pelota, salir y juntarse con los amigos”. “Estamos todos devastados, es algo que no puedo explicar. Cuando cortamos la ruta se sumaron muchos vecinos, en el barrio hay muchos chicos de la misma edad y tenemos miedo de que esto vuelva a pasar”, finaliza. Exigimos justicia por Aaron, por Nahuel. Basta de gatillo fácil. El gobierno nacional, el provincial de Kicillof y el intendente de La Matanza Fernándo Espinoza son responsables.     

Corresponsal               

Escribe Nicolás Nuñez, referente de Ambiente en Lucha (Izquierda Socialista e independientes)

En la entrega número noventa y cinco de los premios de la academia de Hollywood, nuevamente una película argentina va a competir por un premio Oscar. “Argentina, 1985”, la película dirigida por Santiago Mitre que recupera la historia del juicio a las Juntas Militares de la última dictadura cívico-militar, irá a la disputa por la estatuilla a “mejor película en lengua extranjera”, es decir, no en inglés.

El film protagonizado por Ricardo Darín viene de ganar el “Globo de Oro”, también en los Estados Unidos, siendo elegida por la Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood, lo que en general representa el mejor antecedente posible ante la nueva competencia. Pero está claro que no la tendrá fácil. En su terna, competirá con “Cerca” (Bélgica), “EO” (Polonia), “The Quiet Girl” (India), y especialmente con “Sin novedad en el frente”, la remake alemana de un clásico del cine que representa brutalmente escenas de la primera guerra mundial, y que está nominada en otras ocho categorías.

Hay que recordar que de las anteriores ocasiones en que una película argentina ganó esta distinción, también lo hizo teniendo en su temática la historia de los derechos humanos en nuestro país. “El secreto de sus ojos” de 2009, puso en pantalla grande el accionar de las bandas criminales paraestatales como la Triple A creada por el gobierno peronista de Isabel Perón en los años previos al golpe; y “La historia oficial”, justamente de 1985, ubicaba el relato en los últimos tiempos de la dictadura, reflejando la realidad de los niños apropiados durante el genocidio perpetuado por la maquinaría cívico-militar.

Nuevamente resaltamos la importancia de que sea recuperada la historia de la lucha del pueblo trabajador contra la impunidad, que si bien en la película se enfoca en el proceso judicial y el rol de los fiscales y su grupo de trabajo, tuvo su puntal determinante en las movilizaciones que impulsaron los organismos de derechos humanos con las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo a la cabeza. Movilizaciones que comenzaron durante la propia dictadura y que fueron uno de los factores principales que terminaron por derrumbarla. Luchas que continúan hasta el día de hoy, donde como planteamos desde Izquierda Socialista y el FIT Unidad, siguen siendo necesarias medidas como la apertura de los archivos de la dictadura y la unificación de causas para acelerar los procesos, y conseguir que el conjunto de los genocidas sea condenado y encarcelado.

Vemos el avance de sectores neofascistas que se expresan desde Estados Unidos hasta Brasil, con los seguidores de Donald Trump y Jair Bolsonaro, y también en Europa con expresiones como Vox en el Estado Español, junto con las declaraciones de los derechistas Milei, Espert y compañía en la Argentina y las matanzas que lleva adelante Dina Boluarte en Perú. En ese contexto, el próximo 12 de marzo nos enteraremos si “Argentina, 1985” con su reflejo del proceso único en el mundo en que se logró -si bien parcial- una condena a parte de los cabecillas militares, se impone en una competencia donde la industria cinematográfica muchas veces intenta tratar de ponerse al día y quedar bien con los tópicos políticos y luchas sociales del momento.

Escribe Ivan Blacutt, Izquierda Socialista/FIT-U Jujuy

La policía de Gerardo Morales reprimió violentamente a miembros de la Comunidad de Caspalá que defendían su espacio recreativo, la única cancha que posee la comunidad. La represión con gases lacrimógenos y balas de goma, alcanzó a ancianos, mujeres y niños del pueblo y terminó con 4 detenidos (que fueron dejados en libertad rápidamente).

La cancha de la Comunidad Aborigen Pueblo Kolla Caspalá, que fue limpiada y nivelada por sus pobladores, es un lugar que tiene un importante significado en la vida comunitaria de este pueblo, ubicado en departamento de Valle Grande, provincia de Jujuy. La comunidad reclama que el gobierno expropio el lugar sin que mediara consulta, y piden que escuela sea construida en un terreno ya destinado a tales efectos. Pese a esto, el Gobernador Gerardo Morales, y el comisionado municipal Natividad Apaza continúan con la iniciativa, ya han colocado el obrador.

Caspalá fue elegido este año por la Organización Mundial del Turismo como uno de los diez mejores pueblos del mundo, el único de Argentina. Con menos de 500 habitantes, fue elegido por su gran belleza paisajística, cultural milenaria e histórica, es también reconocido por ser  parte del sitio sagrado por donde pasaron los incas con el camino Qapaqñam. Por este motivo sus habitantes denuncian que detrás de este conflicto hay intereses inmobiliarios.

Esta semana destituyeron a una vocal de Caspalá, Rosa Apaza, que se oponía a la polémica obra del gobierno, bajo la acusación "de liderar los reclamos y manifestaciones de los vecinos".

Estos hechos recuerdan la violenta represión en Campo Verde donde los vecinos defendían también su cancha en la ciudad de San Salvador de Jujuy. Morales en esa oportunidad también recurrió a las fuerzas represivas para desalojar a las familias que cuidaban el lugar y en el acto de inauguración de las obras, se había referido justamente al pueblo de Caspalá como un ejemplo en aceptar la construcción de su escuela, sin embargo tal acuerdo no era cierto.

El Gobernador Gerardo Morales, junto a sus secuaces, usurpa espacios, y se maneja como el dueño de la provincia, donde empieza obras públicas pero difícilmente las termina. Para lograr estos caprichos recurre a la represión, las amenazas y finalmente las sanciones para quienes piensan distinto.

El caso de Caspalá se encuentran enmarcado en un contexto de agravamiento y vulneración de derechos democráticos en toda la provincia. Esta situación se expresa a través de la criminalización de la pobreza, la represión a la protesta social, el uso del Código contravencional, las detenciones arbitrarias, las causas armadas y la proscripción a luchadores sociales, entre tantas otras prácticas represivas. Continúan también las violaciones a los derechos de los pueblos indígenas.

Estos graves hechos, donde no se hizo ninguna consulta o se buscó consentimiento previo e informado, violan el Convenio 169 de la OIT, y no respetan el artículo 75 de la Constitución Nacional a favor de los pueblos indígenas de Argentina. Lamentablemente las respuestas represivas del Gobierno no son una novedad para quienes integran la izquierda, el campo popular y de lucha en Jujuy, y para todos aquellos que de alguna manera se oponen a los designios del Gobernador.  Nos solidarizamos con los vecinos de Caspalá y repudiamos la persecución que están viviendo.

 

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