Escribe Ivan Blacutt, Izquierda Socialista/FIT-U Jujuy
La policía de Gerardo Morales reprimió violentamente a miembros de la Comunidad de Caspalá que defendían su espacio recreativo, la única cancha que posee la comunidad. La represión con gases lacrimógenos y balas de goma, alcanzó a ancianos, mujeres y niños del pueblo y terminó con 4 detenidos (que fueron dejados en libertad rápidamente).
La cancha de la Comunidad Aborigen Pueblo Kolla Caspalá, que fue limpiada y nivelada por sus pobladores, es un lugar que tiene un importante significado en la vida comunitaria de este pueblo, ubicado en departamento de Valle Grande, provincia de Jujuy. La comunidad reclama que el gobierno expropio el lugar sin que mediara consulta, y piden que escuela sea construida en un terreno ya destinado a tales efectos. Pese a esto, el Gobernador Gerardo Morales, y el comisionado municipal Natividad Apaza continúan con la iniciativa, ya han colocado el obrador.
Caspalá fue elegido este año por la Organización Mundial del Turismo como uno de los diez mejores pueblos del mundo, el único de Argentina. Con menos de 500 habitantes, fue elegido por su gran belleza paisajística, cultural milenaria e histórica, es también reconocido por ser parte del sitio sagrado por donde pasaron los incas con el camino Qapaqñam. Por este motivo sus habitantes denuncian que detrás de este conflicto hay intereses inmobiliarios.
Esta semana destituyeron a una vocal de Caspalá, Rosa Apaza, que se oponía a la polémica obra del gobierno, bajo la acusación "de liderar los reclamos y manifestaciones de los vecinos".
Estos hechos recuerdan la violenta represión en Campo Verde donde los vecinos defendían también su cancha en la ciudad de San Salvador de Jujuy. Morales en esa oportunidad también recurrió a las fuerzas represivas para desalojar a las familias que cuidaban el lugar y en el acto de inauguración de las obras, se había referido justamente al pueblo de Caspalá como un ejemplo en aceptar la construcción de su escuela, sin embargo tal acuerdo no era cierto.
El Gobernador Gerardo Morales, junto a sus secuaces, usurpa espacios, y se maneja como el dueño de la provincia, donde empieza obras públicas pero difícilmente las termina. Para lograr estos caprichos recurre a la represión, las amenazas y finalmente las sanciones para quienes piensan distinto.
El caso de Caspalá se encuentran enmarcado en un contexto de agravamiento y vulneración de derechos democráticos en toda la provincia. Esta situación se expresa a través de la criminalización de la pobreza, la represión a la protesta social, el uso del Código contravencional, las detenciones arbitrarias, las causas armadas y la proscripción a luchadores sociales, entre tantas otras prácticas represivas. Continúan también las violaciones a los derechos de los pueblos indígenas.
Estos graves hechos, donde no se hizo ninguna consulta o se buscó consentimiento previo e informado, violan el Convenio 169 de la OIT, y no respetan el artículo 75 de la Constitución Nacional a favor de los pueblos indígenas de Argentina. Lamentablemente las respuestas represivas del Gobierno no son una novedad para quienes integran la izquierda, el campo popular y de lucha en Jujuy, y para todos aquellos que de alguna manera se oponen a los designios del Gobernador. Nos solidarizamos con los vecinos de Caspalá y repudiamos la persecución que están viviendo.