Escribe Gabriel Massa

En los últimos días el gobierno viene concretando un acuerdo con los gobernadores, el peronismo y la CGT que incluye las tres reformas que pretende votar en el Congreso: impositiva, laboral y jubilatoria. Este próximo jueves 16 de noviembre se terminaría de acordar en una reunión con los gobernadores. Mientras que la CGT, más allá de alguna frase para disimular, ya ha dado su visto bueno para que los diputados y senadores de origen gremial voten las nuevas medidas.

Escribe Mónica Schlotthauer, Diputada por Izquierda Socialista • Frente de Izquierda

Rechazamos los proyectos de presupuesto 2018 y ley impositiva presentados por la gobernadora María Eugenia Vidal, que van en el mismo camino que las “reformas” de ajuste y entrega que propone el gobierno nacional de Macri. Porque no solo no resuelve los problemas de la población en trabajo, salud, educación, niñez, jubilaciones, obras o violencia de género sino que los empeorará. Intentan seguir engordando los bolsillos de la banca internacional, las multinacionales, los terratenientes sojeros y las automotrices instaladas en la provincia. Las mismas que fueron las grandes beneficiadas bajo los gobiernos kirchneristas, y ahora aún más con Cambiemos mediante la disminución del impuesto a los ingresos brutos y con distintas rebajas impositivas. Mientras tanto, a los vecinos del conurbano y a los pequeños productores del campo se los va a asfixiar con el revalúo inmobiliario y un desmedido y desigual aumento del impuesto inmobiliario.

Escribe Ezequiel Peressini, legislador de Izquierda Socialista • Frente de Izquierda

La planta industrial de Plascar en Córdoba fabricaba autopartes plásticas para la industria automotriz de la provincia y contaba con 243 trabajadores que hoy están despedidos y en la calle.

Escribe Miguel Lamas

Un consorcio de periodistas de diversos medios internacionales accedió y dio a conocer más de 13 millones de archivos de Appleby, una vieja compañía financiera especializada en brindar servicios a empresas offshore. Los nombres involucrados desataron un nuevo escándalo mundial, similar al que generaron en su momento los Panama Papers.

Escribe Simón Rodríguez

La “ley constitucional contra el odio, por la convivencia pacífica y la tolerancia” promulgada este 8 de noviembre por la Asamblea Nacional Constituyente, erigida en el órgano del poder supremo, pasará a integrar un lugar muy extraño en la historia de la legislación represiva latinoamericana. Propuesta por Maduro en agosto, luego de la durísima represión a las protestas que transcurrieron entre abril y julio, la ley se propone “erradicar toda forma de odio” y “preservar la paz y la tranquilidad pública” (artículo 1°). Para ello establece que “la actuación del Estado […] se regirá” por los “valores y principios […] Vida, Paz, Amor” (artículo 2°). Pero tras esta declaración de “amor estatal” viene una batería de herramientas represivas. Por ejemplo se autoriza al Estado a imponer a los disidentes “atención psicoterapéutica” como mecanismo de “prevención contra el odio” (artículo 8°). Una perversión institucional que recuerda las prácticas del estalinismo y el nazismo.