Escribe Juan Carlos Giordano Diputado nacional electo Izquierda Socialista/FIT

Macri autorizó a las fuerzas armadas realizar “tareas internas”. Ya se anunciaron los primeros contingentes militares que irán a la frontera a “combatir” el narcotráfico y otros despliegues para “cuidar” puntos estratégicos. También se prevé el envío de gendarmes y policías para “brindar seguridad” en los barrios, como lo anunció Vidal en connivencia con los intendentes, a “puntos calientes” del conurbano. El gobierno fortalece el aparato represivo ante el crecimiento del ajuste y una mayor conflictividad social culpa del pacto con el FMI.

El mismo gobierno que ajusta y genera más desigualdad social, ahora dispone más fuerzas militares y policiales para actuar en distintos puntos del país. La excusa que usa como campaña está muy bien pensada. ¿Quién podría no estar de acuerdo en que hay que combatir al narcotráfico, al terrorismo o la inseguridad? Pero lejos está la política de Macri de enfrentar estos males. Es sabido que con más aparato represivo no se solucionan los problemas, ni se combate el narcotráfico, ni se brinda más seguridad, ni nada.

El verso del narcotráfico y el terrorismo

En México, desde el año 2006 en que el gobierno de Felipe Calderón sumó a los militares a la “guerra contra el narcotráfico”, quedó el saldo de 250.000 muertos (otras fuentes hablan de una cifra mayor) y 30.000 desaparecidos, entre ellos los 43 estudiantes de Ayotzinapa, secuestrados y asesinados fruto de la complicidad de los gobiernos y las fuerzas represivas con los narcos. En Brasil, la militarización del ejército en las favelas (villas miserias), ocasionó más muertes y violencia. Es evidente que el flagelo del narcotráfico, que crece y se desarrolla en base a la ilegalidad del negocio capitalista de las drogas, no se combate con más militares que, en muchos casos, terminan siendo cómplices del negocio, igual que políticos patronales, como el intendente de Paraná, de PRO, financiado por los narcos, jueces, comisarios y altos jefes de las mal llamadas “fuerzas de seguridad”.

El gobierno habla de “terrorismo”. ¿A quién se refiere? ¿A Donald Trump o al Estado sionista de Israel, que asesinan al pueblo palestino y financian a organizaciones violentas en el mundo? Por supuesto que no. La ministra Patricia Bullrich llamó terrorista al pueblo mapuche que pelea por sus tierras usurpadas por Benetton. ¿Recuerda, amigo lector, cuando la ministra hablaba de que había que reprimir a los mapuches “porque ponían en peligro la vida y libertad de los habitantes”, lo mismo que fundamenta ahora Macri?

También se quiso aplicar la “ley antiterrorista” a periodistas por cubrir noticias que no les gustan a los gobiernos de turno. ¿O acaso no es este gobierno el que tilda de “desestabilizadores”, “violentos” o “antidemocráticos a los que luchan y a la izquierda?

Con la excusa de “modernizar” las fuerzas armadas, además, se están planificando compras millonarias de armamentos, helicópteros y logística a países imperialistas, la mayoría para la represión interna (ver recuadro). Y entre los “lugares estratégicos” que se van a cuidar se anunció a la mina de Río Turbio, donde despidieron a 350 trabajadores y se los reprimió enviándoles la Gendarmería.

Más aparato represivo para enfrentar a los que luchan

El trasfondo del decreto 683 hay que buscarlo en un gobierno cada vez más repudiado por millones, a quien solo le interesa gobernar para los de arriba y en contra del pueblo trabajador. Macri y Vidal saben que ante el crecimiento de la pobreza, la miseria y la marginalidad social va a haber más luchas obreras y populares ante una situación cada vez más explosiva. El mismo gobierno lo reconoce, teniendo que aumentar las partidas alimentarias para los comedores populares. Las palabras “contención alimentaria”, “comedores que no dan abasto” y “riesgo de crisis social”, no son frases que inventa la izquierda, sino que se describen en los propios diarios que defienden al gobierno.

Ante una mayor recesión, la brutal inflación, los tarifazos, el robo salarial, jubilatorio y en los planes sociales, y una creciente desigualdad social (ricos más ricos, pobres más pobres), el gobierno se adelanta y dispone más fuerzas represivas en las calles.

La gobernadora Vidal, en acuerdo con intendentes peronistas, pondrá 12.000 efectivos para controlar lo que llama “puntos conflictivos” del conurbano donde, dicen, crecen la droga y la miseria. Pero esa política de más policías y mano dura fracasó. A tal punto que de los 46.904 presos que hay en el país, más de la mitad son de la provincia de Buenos Aires. 
Cuando el gobierno habla de “amenazas internas” se refiere a los trabajadores, jubilados y pobres, no al narcotráfico, a los usureros o a los ladrones de guante blanco. Por todo esto llamamos a todas las organizaciones de derechos humanos, políticas y sociales a la mayor unidad en la lucha para anular el decreto 683.

Millonaria compra de material antidisturbios

La mejor demostración de que lo que le preocupa al gobierno es cómo reprimir las luchas populares y no la inseguridad, se puede encontrar en las licitaciones para compras que realizó este mes. El Ministerio de Seguridad ya pagó 100 millones de pesos en materiales “nacionales”. Ahora se espera un gasto de entre 500.000 y un millón de dólares en importados. ¿De qué se trata?

El listado incluye 2.000 kits de bastones de 60 centímetros, otros de 90, protector de extremidades, casco antidisturbios, escudo, guantes y máscara antigás. Cinco camiones hidrantes, 2.000 uniformes ignífugos, 50 accesorios tácticos de auricular y micrófono para casco, 40 equipos de radiofrecuencia, 8 bloqueadores telefónicos e intercomunicadores, 20 motocicletas y 300 cascos para moto.

Todo esto sólo sirve para reprimir manifestaciones, nada es útil para garantizar más “seguridad en los barrios”, como dicen. Es parte del fortalecimiento del aparato represivo para ir contra la protesta obrera y popular que se acrecentará como consecuencia del ajuste.

Escribe Juan Carlos Girodano

La Comisión de Moral de nuestro partido ha sido votada por unanimidad por todos los delegados en el V Congreso de Izquierda Socialista. Está integrada por compañeras y compañeros con una militancia de décadas, portadores de una tradición intachable en su accionar moral, probada en la lucha de clases y en la construcción del partido. Algunos de sus integrantes han ingresado a nuestro partido en la década del 60, otros posteriormente, sufriendo algunos la cárcel o habiendo desarrollado su actividad militante en las duras peleas en plena Triple A de los años 70 o bajo la dictadura genocida de 1976.

La Comisión de Moral se encarga de abordar las denuncias sobre cualquier conducta inapropiada para un militante revolucionario, de cualquier tipo, sean en sus actividades militantes o en su conducta personal. Es una comisión especial de nuestro partido independiente de su conducción nacional, en cuya integración no puede haber ningún miembro de la dirección partidaria, para asegurar que cualquiera de sus miembros pueda ser sancionado si viola la moral revolucionaria.

En estos años ha habido por parte de algunas organizaciones una difamación que ha circulado en redes sociales cuestionando la moral revolucionaria de nuestro partido y a nuestra Comisión de Moral, comparándonos, burdamente, por ejemplo, con la moral de la curia de la Iglesia Católica. Nuestro partido sostiene una moral opuesta a la “moral” repugnante de esa cúpula eclesiástica y del conjunto de la burguesía. Ellos tienen una moral hipócrita, de doble discurso, antiobrera, antimujer y, de última, antihumana.

La trayectoria de Izquierda Socialista está ligada a la moral revolucionaria de nuestro partido antecesor, el Partido Socialista de los Trabajadores (PST), con más de cien militantes asesinados y desaparecidos que dieron la vida por el socialismo. Esa es nuestra moral que vamos a defender hasta el final.

Escribe Juan Carlos Giordano

El fin de semana pasado se llevó a cabo el V Congreso Nacional de Izquierda Socialista. Contó con la presencia de dirigentes de partidos hermanos y de nuestra organización internacional, la UIT-CI. Una delegación de jóvenes nicaragüenses brindó un emotivo saludo (ver página 7). Las resoluciones y campañas aprobadas son para seguir fortaleciendo las luchas, el sindicalismo combativo, el movimiento de mujeres y el Frente de Izquierda. Ante los nuevos capítulos de la crisis social culpa del ajuste del FMI y las nuevas confrontaciones obreras y populares, es clave seguir dando pasos para avanzar en la construcción de una nueva dirección sindical y política para pelear por los cambios de fondo en el país.

El congreso de nuestro partido es la máxima instancia democrática para debatir y tomar resoluciones, tanto políticas como organizativas. Previamente, todos los militantes de Izquierda Socialista debatieron los documentos sobre situación mundial, nacional, mujeres, balance de nuestra actuación y la orientación para los próximos años, a los cuales los delegados, electos en plenarios de cada regional partidaria, le dieron continuidad en las sesiones.

La crisis capitalista mundial

El debate sobre la situación mundial y cómo impacta en el país es de suma importancia para todo partido revolucionario e internacionalista. El mayor ajuste capitalista sigue llevando a millones a la pobreza, con las consiguientes respuestas de luchas obreras y populares. Crece el repudio de la juventud y el movimiento de mujeres contra el jefe del imperialismo yanqui, Donald Trump; sigue la heroica resistencia del pueblo palestino; se dieron huelgas obreras tremendas -como la de los ferroviarios en Francia-; movilizaciones multitudinarias en apoyo al pueblo catalán y las rebeliones contra el FMI en Jordania, Nicaragua y Haití. Todo esto ocurre tanto contra los gobiernos de centroderecha como Temer en Brasil o Macri en Argentina, como también contra los gobiernos de Nicaragua o Venezuela, denominados falsamente “nacionales y populares”.

Ser parte de esas luchas, hacer campañas de solidaridad como la actual en apoyo al pueblo de Nicaragua y llamar a unir a los revolucionarios del mundo para responder con un programa obrero y socialista es clave.

El pacto Macri-FMI traerá más ajuste e inestabilidad

En Argentina, el pacto Macri-FMI abrió un nuevo momento político en el país. El gobierno de Cambiemos, de ahora en más, tiene que aplicar un mayor ajuste con el objetivo de llegar a 2019 e intentar ganar las elecciones. Lo quiere hacer en su peor momento político, cada vez más repudiado por las masas, un objetivo que está cuestionado. La rebelión de diciembre contra el robo jubilatorio provocó un choque de masas donde miles de trabajadores que lo habían votado ahora rompen y buscan un cambio.

El ajuste capitalista pactado con el FMI, el robo salarial y el aumento de la pobreza, los casos de corrupción en la obra pública que también impactan contra Macri, los aportantes truchos de Vidal y la rebelión docente ante las dos muertes de los docentes de la escuela de Moreno muestran que los trabajadores y el pueblo están lejos de dejarse doblegar. Las luchas han arrancado un paro general y las acciones de masas del movimiento de mujeres en el paro internacional del 8M, el 13J y el 8A por el aborto legal, se sumaron decididamente al ascenso obrero y popular, mostrando un gran contraste con la tregua de la CGT y la complicidad con el ajuste del peronismo, que llaman a esperar a las elecciones de 2019. 
Apoyar los reclamos obreros y populares, fortalecer al sindicalismo combativo como lo estamos haciendo con las nuevas iniciativas aprobadas por la mesa nacional del plenario sindical de Lanús (ver página 4), postular un plan económico alternativo con medidas de fondo y los pasos unitarios que hay que seguir redoblando para que el Frente de Izquierda se postule capitalizando el repudio popular, fueron parte de los importantes debates.

Fortalecer a Izquierda Socialista para las peleas que se vienen

Cuando se leyó la cantidad de nuevos militantes incorporados a Izquierda Socialista desde el congreso anterior a la fecha, surgió un aplauso entusiasta de las delegaciones. Que Izquierda Socialista tenga más presencia y se haya extendido a más provincias, a más estructuras sindicales, colegios y barrios populares, con más locales partidarios y dirigentes políticos y sindicales más reconocidos, demuestra que la tarea “gris y cotidiana” diaria, por construir el partido, da sus frutos.

Para seguir por ese camino se reafirmó la necesidad de seguir debatiendo las propuestas de nuestro partido con los luchadores, amigos y simpatizantes, invitándolos a que se sumen a nuestras filas para afrontar juntos los desafíos venideros. Para todo ello se resaltó la necesidad de seguir difundiendo nuestro semanario El Socialista y la revista Correspondencia Internacional.

Como se dijo, fortalecer a nuestro partido no es para la autoproclamación, sino para ayudar, con una política correcta, a que las luchas se puedan ganar y postular aún más al FIT.

Al finalizar, se eligieron los miembros de la flamante conducción nacional, a la que se incorporaron nuevos y valiosos compañeros. Y se votó por unanimidad a las compañeras y compañeros de nuestra Comisión de Moral, orgullo de nuestro partido, encargada de atender y resolver los problemas internos que hacen a nuestra moral partidaria.

Después de cuatro días de debate y de una enorme elaboración colectiva, se juramentó ante los delegados el compromiso de “seguir construyendo el partido y la internacional”, como nos enseñó nuestro maestro Nahuel Moreno, culminando el congreso con la entonación de la Internacional.

Escribe Juan Carlos Giordano

Los empresarios que confesaron pagar coimas son parte de directorios de empresas que siguen operando. Se trata de obras ya comenzadas bajo los ministerios de Energía, de Transporte y de Interior. Según el gobierno, “por el momento no vamos a cancelar obras, el Estado no rescinde un contrato por algo que apareció en un cuaderno” (Clarín, 7/8). Por ejemplo, las firmas involucradas Electroingeniería, Hidrocuyo y la gigante china Gezhouba tienen a cargo represas como Cóndor Cliff y la Barrancosa por 4.714 millones de dólares. Ivanissevich, ex dueño de la coimera Emgasud, hoy es presidente de 360 Energy. Macri quiere seguir con los negocios turbios. Muchos de ellos se han diversificado, como Roggio, que también es dueño de Metrovías.

La obra pública es un gran negocio capitalista que fue creciendo a medida que avanzaba el desguace de las empresas del Estado que fueron privatizadas. Hay que rescindir todos los contratos con estos mafiosos. Y que el Estado se haga cargo de todas las obras, bajo control y gestión de trabajadores.

Décadas atrás, cuando el capitalismo no había entrado en la decadencia actual, las empresas del Estado jugaron un rol clave en muchas obras. Todos recordamos a Vialidad haciendo los caminos y rutas. A la ex Gas del Estado construyendo las obras de gas en red, vanguardia en el mundo. YPF hacía obras con sus profesionales. Así pasó también con Altos Hornos Zapla, Fabricaciones Militares, Somisa (hoy Techint). Lo mismo pasó con las empresas de energía, las eléctricas o los ferrocarriles. Empresas que fueron privatizadas al servicio del negocio capitalista.

Desde la izquierda proponemos un plan de obras públicas, estatal, controlado por trabajadores y organizaciones de desocupados, para dar trabajo genuino, con dinero de la deuda externa, como parte de un plan económico alternativo, obrero y popular, que también reestatice las privatizadas. Solo así y no apostando a los Roggio, Techint o Calcaterra se van a solucionar las urgentes necesidades populares.

Escribe Juan Carlos Giordano

Calcaterra dice que fue “extorsionado” para poner plata para la campaña del Frente para la Victoria en 2007, 2013 y 2017 (esta última postulaba a Scioli como candidato a presidente). Si bien es una maniobra para zafar, el primo de Macri no tiene ningún prurito en decir públicamente que puso 400 millones de dólares y otras sumas para el candidato peronista kirchnerista y no para su pariente que se postulaba. No sería nada llamativo. Es que precisamente Angelo Calcaterra, ex dueño de Iecsa, fue beneficiado en forma privilegiada por la obra pública en la era K. A tal punto que De Vido, cuando dio la lista de las 36 empresas adjudicatarias, reconoció que Iecsa estaba entre las primeras junto a Techint y Electroingeniería. Será por eso que también Franco Macri llegó a decir que “el próximo presidente tiene que salir de La Cámpora”.

Tampoco es novedad que los mercaderes de la efedrina pusieron para la campaña de Cristina en 2007. Si a esto le sumamos que Odebrecht financió a PRO, reconocido hasta por el jefe de Gabinete, Marcos Peña, cuando fue interpelado por nuestra banca en el Congreso, encontraremos la explicación de fondo: los empresarios corruptos le ponen plata a los peronistas y ahora a Cambiemos para que después gobiernen para ellos.