Escribe Nicolás Nuñez, referente de Ambiente en Lucha (Izquierda Socialista e independientes)

En primer lugar, porque rechazamos el régimen imperialista de producción de alimentos que representan, que es un régimen de hambrunas planetarias permanentes al servicio de las ganancias de un puñado de multinacionales.

Llevamos décadas de desarrollo de un modelo de producción de alimentos que prometió, de la mano de su tecnificación, poner fin al drama del hambre a escala mundial. La productividad y el volumen de alimentos producidos pegaron un salto, pero no solo dicha promesa no se cumplió -en 2021 más de 800 millones de personas se despertaron cada día sin saber si tenían para comer-, sino que además el modelo impuesto profundizó la concentración de la tierra a nivel mundial, y también la dependencia respecto de un puñado de empresas que impusieron sus paquetes tecnológicos como mandatos ineludibles a la hora de producir alimentos. Cuatro empresas (Bayer-Monsanto, Corteva, ChemChina y Limagrain) controlan el suministro del 50% de las semillas que se utilizan cada año a escala mundial.

Este modelo, además, desarrolló una tremenda dependencia de los combustibles fósiles: sea por su estructuración en producciones que atraviesan medio planeta en barcos, como la soja argentina que alimenta la producción porcina china; sea por la energía eléctrica requerida para la refrigeración; sea por los fertilizantes industriales nitrogenados que utilizan centralmente gas natural. Es por esto que el bombardeo de Putin a uno de los principales “graneros del mundo”, Ucrania, y la consiguiente crisis energética desatada en Europa por la merma del suministro ruso, han hecho que la semana pasada los propios gobernantes de la Unión Europea hayan salido a pronosticar hambrunas para los meses por venir en distintos continentes.

También porque decimos basta de envenenamiento

En suma, los gobiernos capitalistas del mundo tomaron como “natural” que una empresa que se dedicó a desarrollar el “agente naranja” con el que los yanquis bombardearon Vietnam, pase a ser la cabeza del suministro de productos alimentarios globales. En nuestro país, Monsanto, hoy absorbida por Bayer, obtuvo el visto bueno de Felipe Solá en el ‘96 para introducir su soja genéticamente modificada para soportar su fertilizante (Roundup, en base a glifosato), luego de la “evaluación” de sus propios informes técnicos. Como develará en 2017 el periodista Darío Aranda, la CONABIA (Comisión Asesora de Biotecnología Agropecuaria) sostiene, entre sus 34 miembros, 26 agentes directos de las multinacionales del sector. El Estado argentino, y en esto no existe grieta peronista-macrista, tiene por política no hacer evaluaciones del impacto ambiental de los transgénicos que habilita.

26 años después de su habilitación, Argentina es el país que más glifosato por persona aplica en el mundo, y estudios demostraron su presencia en alimentos, sangre, y hasta las lluvias de localidades urbanas alejadas de las zonas fumigadas. Su utilización, además, se ha expandido incluso a zonas como la del Barrio Nicole de La Matanza, y por todas las zonas por las que pasa, deja un tendal de malformaciones y aumento de los casos de cáncer en la población aledaña.

La lucha triunfante que comenzó hace 10 años en Malvinas Argentinas, Córdoba, rechazando la instalación de la más grande fábrica de semillas transgénicas de América Latina, demuestra que a estos gigantes se los puede derrotar. Y que no se trata de una lucha “contra la ciencia”, como quieren hacer creer desde los funcionarios del gobierno. Sino, más bien, en rechazo a que la ciencia sea puesta al servicio de las multinacionales y no del desarrollo de un modelo alimentario al servicio de las mayorías obreras y populares.

Escribe Nicolás Núñez, referente de Ambiente en Lucha (Izquierda Socialista e Independientes)

“En Andalgalá la minería encuentra una resistencia violenta por parte de un grupo minoritario”, profesó el comunicado que sacó el Frente de Todos de Catamarca horas después de que su policía sea utilizada por las multinacionales del emprendimiento Mara-Agua Rica para desalojar el acampe pacífico de la comunidad de Choya. El gobernador peronista, Raúl Jalil, dio la orden, en sintonía con la política de Alberto Fernández: abrir paso a la megaminería a como dé lugar en todo el país, avanzando en contra de la resistencia popular y las trabas legales que existen en distintas provincias.
En Andalgalá, ante el agotamiento de la mina de Bajo la Alumbrera, Yamana Gold, Glencore International y Newmont Corporation intentan desarrollar un nuevo emprendimiento tres veces más grande e igualmente violatorio de la Ley de Glaciares y los principios precautorios y preventivos de la Ley de Ambiente. Lo que se opone al proyecto no es una “resistencia minoritaria y violenta”, sino comunidades enteras que se valen de las propias leyes que votan kirchneristas, peronistas, macristas y radicales para después pisotearlas.

A la violenta represión, que dejó una gran cantidad de cuerpos llenos de balas de goma, se sumó como ya es costumbre, la citación e imputación de asambleístas a quienes se les acusa de “lesiones” y “atentado a la autoridad”. Desde el gobierno dicen que “asambleístas emboscaron un patrullero”. Resulta que justo al patrullero se le ocurrió “emboscarse” pasando por donde estaba asentado el piquete en protesta, y tuvieron que tirar decenas de balazos para “liberarlo”.

Este es el Frente de Todos. Esta es la otra cara de la moneda de la Mesa Minera que convocó Matías Kulfas, ministro de Producción, y a la que asistió Jóvenes por el Clima. El Frente de Todos reprimió al servicio de la  megaminería.
¡Desprocesamiento de los compañeros y compañeras de Choya! Basta de reprimir la protesta social.
 
 
 


 

Escribe Agustín Gigli, Ambiente en Lucha (Izquierda Socialista e independientes) Esquel-Chubut
 
El gobierno nacional lanzó una nueva farsa: la Mesa Nacional sobre Minería Abierta a la Comunidad (Memac). El objetivo es -el mismo de siempre- crear una cierta legitimidad que les permita avanzar con el saqueo megaminero. Avanzar porque existe resistencia: existe lucha en todas las comunidades que están afectadas por la megaminería. Pero como ya sucedió en las distintas mesas de “diálogo” que los gobiernos provinciales y nacionales han hecho a lo largo de los más de veinte años de lucha, a la mesa no se sentaron las asambleas de los territorios afectados.

El gobierno nacional y los provinciales están desesperados por aprobar la megaminería, eliminando las trabas legales que se conquistaron en distintas localidades. En Chubut existieron muchas “mesas”, como la de Telsen en 2018 y en enero del 2021 para imponer la zonificación. Se juntan entre los mismos de siempre: el gobierno, las empresas, los burócratas sindicales y uno que otro “vecino” que termina siendo propietario de permisos mineros. Es que el debate ya comenzó hace tiempo, pero las empresas siempre lo ningunearon, negando todo el conocimiento que se fue elaborando desde las asambleas y agrupaciones que enfrentan el saqueo.

Esta nueva “mesa” es un paso más en la política pactada con el FMI. “Fundamentos rigurosos y datos científicos”; “despejar dudas y erradicar mitos que rodean la actividad”; “mejorar la calidad de información”; “diálogo con información”; “no existe contradicción entre minería y cuidado ambiental”; “Argentina está viviendo hoy un verdadero boom de inversiones mineras”; “si no hay minería no hay absolutamente nada”. Todas las frases vacías que desde las asambleas escuchamos desde hace veinte años y que todas ya fueron rebatidas, vuelven para justificar el saqueo de nuestros territorios. Tenemos que tener completa claridad, lo que el gobierno presenta como “diálogos para derribar mitos” es una herramienta para tratar de derrotar a las asambleas dotando de legitimidad a las multinacionales, como Pan American Silver, que quieren luz verde en toda la Argentina.

Lamentablemente algunas agrupaciones como Jóvenes por el Clima y Ecohouse se prestaron a la farsa. Ni las asambleas ni las organizaciones que nos agrupamos en la Coordinadora Basta de Falsas Soluciones participamos de esta maniobra. Así como hicimos en Mendoza y en Chubut, seguiremos luchando hasta hacer caer todo intento de imponer el saqueo y la contaminación.

Escribe Ambiente en Lucha (Izquierda Socialista e independientes)

La Universidad Nacional de Córdoba fue sede el pasado viernes del “Segundo Encuentro Nacional de la Red de Intercambio Técnico con la Economía Popular”. La jornada de pomposo nombre tuvo como evento estelar un panel del que fueron parte el líder de Patria Grande y miembro del Frente de Todos, Juan Grabois, y el “zar de la soja”, Gustavo Grobocopatel. Como señaló un periodista local, al auditorio se fue en busca de una polémica, dado que no hace mucho Grabois sacaba libros denunciando el modelo sojero de Grobocopatel, pero lo que se terminó encontrando fue una nueva sociedad: “yo espero que Grobocopatel no me traicione al final del camino, hicimos un acuerdo”, señaló el referente del Papa en la Argentina.

Interpelado por su nuevo acto de legitimación de los negociados de un modelo que envenena y mata en todo el territorio argentino, Grabois ya había proclamado: “si me tengo que dar un beso en la boca con Grobocopatel, o quien carajo sea, para que 50.000 compañeros tengan la posesión de las tierras lo voy a a hacer”. Y prosiguió: “si querés llamarlo sociedad, a mi me importa un carajo los troskos, los medio troskos, y los más o menos troskos si tengo que hacer eso”.

Para el líder de Patria Grande, que todavía en algunas facultades y barrios del país sigue siendo mostrado como una persona de “izquierda”, y que es referente indiscutido de organizaciones como Jóvenes por el Clima, denunciar que el modelo que hizo y hace rico a los Grobocopatel es más y más desmonte es de trosko; denunciar que se trata de un modelo que solo genera más desigualdad, es de trosko. Desde nuestro lugar, le preguntaríamos a Grabois cuántas hectáreas valen les niñes internades en el Garrahan provenientes de pueblos fumigados, o cuántos más pueblos originarios despojados de sus territorios para ampliar la frontera sojera equivalen a un puñado de hectáreas. La agresividad que demostró Grabois contra periodistas que se limitaron a hacer periodismo, demuestra que es muy valiente contra los laburantes, y un completo tibio a la hora de enfrentar al agronegocio. Más bien, un cómplice.

Más noticias ambientales en www.ael.ar

Escribe Mercedes Trimarchi, legisladora porteña electa de Izquierda Socialista en el Frente de Izquierda Unidad.

Este 22 de abril, en el marco del Día de la Tierra y la Huelga Mundial por el clima, vamos a estar acompañando una movilización que tiene el objetivo de frenar las políticas de saqueo y contaminación del gobierno de Alberto Fernández y todos los gobiernos provinciales. El FIT-U se moviliza junto a la convocatoria independiente del gobierno de la Coordinadora Basta de Falsas Soluciones.

El pacto con el FMI implica no solo un mayor ajuste, sino también un mayor extractivismo capitalista, por eso vienen por las petroleras frente a Mar del Plata, y por darle más y más beneficios a las multinacionales del fracking en Vaca Muerta. Este 22A marchamos con el ejemplo del Chubutazo, porque es en las calles, y junto a la clase trabajadora, que el movimiento socioambiental puede conquistar sus reclamos.

Además, en esta jornada un nuevo medio de comunicación socioambiental sale a las calles, el portal www.ael.ar que impulsamos desde la agrupación Ambiente en Lucha se propone cubrir esta y todas las peleas ambientales del país.