Escribe Agxs Mermet

El 11 de abril se cumplió un mes de la desaparición de Tehuel de la Torre, pibe trans que salió de su casa por una supuesta oferta de laburo informal por parte de Luis Alberto Ramos, imputado por su desaparición. Esto se da en el marco de una brutal crisis económica, profundizada por la crisis sanitaria de la pandemia, donde la comunidad de la diversidad sexual y de género es una de las más afectadas. 

La comunidad travesti, trans y no binarie (TTNB) está en situación de vulnerabilidad: cientes no tienen vivienda, la gran mayoría se encuentra en situación de prostitución ya que nos vemos excluides sistemáticamente del mercado laboral a causa de la violencia heterocispatriarcal y la discriminación hacia nuestras identidades y de la falta de políticas públicas para acceder a educación, vivienda y trabajo y prevenir que nos expongamos a riesgos para subsistir, como en el caso de Tehuel. A esto se suma la falta de acceso a la salud que sufrimos, recrudecida con la pandemia. Los casos de transfemicidios y travesticidios sociales y los crímenes de odio han aumentado, ante lo que las medidas del Ministerio de Mujer, Géneros y Diversidad son improvisadas y no combaten las violencias que sufrimos. El doble discurso del gobierno peronista de Alberto Fernández con el decreto del cupo laboral travesti trans en el sector público nacional, mientras deja pasar despidos masivos y un tremendo ajuste, da cuenta de la desidia hacia la comunidad TTNB que es sometida a políticas de exclusión y hambre.

En ese sentido, intervinimos el lunes 12 en la Acción Federal por la Aparición con Vida de Tehuel denunciando la falta de voluntad de la policía bonaerense, con Berni a la cabeza, para investigar el caso, exigiendo presupuesto para la real aplicación de los cupos laborales ya establecidos y que se trate y apruebe la Ley Nacional de Cupo Laboral TTNB, defendiendo nuestros derechos conquistados y llamando a organizarnos en las calles por los que restan. Para que no falte ni une pibi trans más ¡y que Tehuel aparezca con vida YA!

Escribe Mercedes Trimarchi, legisladora bonaerense (m.c.) Izquierda Socialista/FIT Unidad

Marian Gómez había sido condenada en 2019 a un año de prisión por resistencia a la autoridad y lesiones leves contra dos efectivos de la Policía de la Ciudad. Los agentes la habían increpado por fumar en un espacio semiabierto mientras besaba a su esposa, Rocío Girat. Un acto totalmente discriminatorio y cargado de lesbo-odio ya que ella no se resistió en ningún momento, apagó el cigarrillo y se iba a retirar pero la policía se lo impidió diciéndole “pibe, quédate que vas a ser detenido”. De hecho, aquel fallo fue el 28 de junio, nada más ni nada menos que el día del orgullo. Una verdadera provocación para las lesbianas y toda la comunidad LGTBI.

El hecho ocurrió en 2017 en la estación Plaza Constitución del subte y, tras cuatro años de lucha feminista por su absolución, se logró tirar abajo aquel aberrante fallo. Ahora Marian irá tras la condena por violencia institucional contra los policías que la atacaron, la golpearon, la detuvieron y la sometieron a todo tipo de vejámenes, incluso obligándola a desnudarse en un calabozo. También accionará judicialmente contra los funcionarios del Poder Judicial que la arrastraron a este proceso absurdo que le arruinó cuatro años de su vida.

En Marian Gómez se reflejan miles de lesbianas que a diario deben soportar todo tipo de maltratos, violencias y acciones discriminatorias por el solo hecho de expresar públicamente el amor a otra persona, que si no fuera del mismo sexo pasaría desapercibido. Parece mentira pero es la realidad, en pleno siglo XXI tenés que atravesar y soportar un juicio, y hasta una condena, por besar a tu novia.

Por eso, a pesar de la sanción de las leyes de matrimonio igualitario (2010) y de identidad de género (2012), la lucha para que efectivamente se cumplan y, a la vez, se terminen las prácticas persecutorias y de odio a la comunidad LGBTI sigue más vigente que nunca. La absolución de Marian se logró con la lucha feminista y este triunfo nos fortalece para seguir peleando por todos nuestros derechos contra los gobiernos y todas sus instituciones que defienden a capa y espada la heteronormatividad obligatoria.

Escribe Marcela Martín

Córdoba tiene tradición de luchas en defensa del ambiente y la salud: las Madres de Ituzaingó contra las fumigaciones, la expulsión de Monsanto, contra el basural de Bower,  contra la alcoholera Porta, el freno de la extracción de litio en Traslasierra y contra la Autovía de Montaña por el este de la actual ruta 38 sobre el pedemonte serrano, incluyendo un yacimiento de uranio, entre otras.

En Punilla seguimos movilizados desde diciembre de 2020 cuando la unicameral votó la asignación presupuestaria para expropiar terrenos para construir la autovía por el oeste de la ruta 38 como parte la red vial imprescindible para completar el corredor bioceánico central que permitirá unir el Atlántico con el Pacífico, interconectando Brasil con Chile. Fernández y Schiaretti coinciden en su política ambiental de saqueo. Los incendios intencionales de 2020 tuvieron, entre otros, el objetivo de devastar los territorios por donde pasaría esta obra.

En este marco, usan la pandemia para evitar visibilizar la resistencia del Valle y no repetir la histórica audiencia pública de ocho días realizada en Santa María de Punilla en 2018. Para lograrlo, determinaron por ley las audiencias ambientales virtuales.

Todos los intendentes han negociado con el gobernador Schiaretti, a cambio de obras minúsculas, el aval político de la comunidad regional. Han ignorado propuestas, como la de modernizar el ferrocarril para que sea una alternativa al traslado de trabajadores y trabajadoras a bajo costo, que aliviaría el tránsito vehicular y potenciaría el valor turístico del Valle.

Desde Izquierda Socialista/FIT Unidad participamos activamente en asambleas, cortes de rutas y movilizaciones para seguir denunciando que los gobiernos son responsables y que Schiaretti y Fernández acuerdan en el saqueo de los recursos naturales y la destrucción del ambiente. Seguimos exigiendo plata para salud, agua y educación y no para la deuda.

La coordinadora por una vida sin agrotóxicos Basta es Basta, de Entre Ríos, había logrado en marzo de este año, mediante la presentación de un amparo, que un juez de primera instancia declarara la inconstitucionalidad de la resolución 47 de la ley de agrotóxicos del año 1980 vigente en la provincia. Esta norma autoriza a fumigar con aplicaciones terrestres de agroquímicos a 50 metros de casas o caseríos lindantes a lotes de usos productivos. El fallo estableció que el límite debía ser no menor a 100 metros. El demandante había denunciado aplicaciones terrestres y aéreas desde 2015/2016, así como el mismo 9 de febrero último en la Colonia Avigdor. Pero este mes el Tribunal Superior de Justicia anuló el fallo y dijo que el juez se había extralimitado en sus funciones luciendo un “exagerado activismo judicial”. Por tanto, restituyó la autorización a las fumigaciones hasta 50 metros. No contento con esto, condenó al demandante, el docente Elio Kohan, integrante de la coordinadora provincial por una vida sin agrotóxicos Basta es Basta, a pagar 107.000 pesos de costas del juicio.

Ambiente en Lucha viene denunciando, junto con numerosos colectivos ambientalistas, que los agrotóxicos están envenenando nuestros campos, nuestros ríos y nuestros alimentos. Entre Ríos es una de las provincias que ostenta uno de los más altos consumos por habitante de agrotóxicos del mundo. Solo mencionemos que en el hospital Garrahan hay una sala de niños enfermos víctimas de este envenenamiento lento de la población. Los ambientalistas muchas veces pertenecen a pequeños pueblos, como Colonia Avigdor, que deben enfrentar a los poderes cómplices de los gobiernos, los cuerpos legislativos, los jueces, incluso a las patotas de los dueños de campos y empresas de fumigaciones. El caso de Avigdor es una muestra aberrante de lo que sufren. Apoyemos estas luchas colectivas que enfrentan el extractivismo en Entre Ríos, llamamos a todo el movimiento ambientalista del país a unir esfuerzos para que derroten este nuevo fallo, para que anulen el pago de costas a quienes se animan a denunciar en el camino hacia la exclusión definitiva del uso de agrotóxicos en Entre Ríos y en el país.

 Corresponsal

El pueblo de Andalgalá (Catamarca) sostiene una heroica resistencia contra las multinacionales de la megaminería, que ya lleva más de 20 años denunciando el saqueo y la contaminación ambiental. Enfrentan también a los gobiernos, que son cómplices de la entrega y los reprimen.

El gobierno nacional de Alberto Fernández junto al provincial de Raúl Jalil utilizaron la pandemia para garantizar más impunidad y libertad a las empresas, y para intentar poner en marcha los proyectos de Agua Rica y Filo Colorado, detenidos por la movilización popular en los últimos años. En estos meses se llegó al punto de declarar “esencial” a la actividad megaminera.

En marzo, debido a las constantes violaciones de toda ley, ordenanza o disposición judicial conquistada con la lucha, los andalgalenses decidieron volver a los bloqueos selectivos a vehículos mineros. Organizándose en asambleas permanentes en El Algarrobo y camino al distrito Choya. 

Con el transcurso de los días la ciudad fue militarizada por la policía provincial. El 30 de ese mes, un proveedor minero, con complicidad policial, atentó violentamente contra los compañeros apostados en el bloqueo de camino a Potrero. Esta semana se produjeron allanamientos en los domicilios de activistas con pruebas falsas para realizar detenciones arbitrarias y profundizar la persecución contra los luchadores.

Los asambleístas de Andalgalá responsabilizan al gobierno y sostienen que, aunque “quieren que tengamos miedo, el pueblo de Andalgalá está unido y está resistiendo.”

Este martes, 13 de abril, se convocaron a diferentes movilizaciones en la provincia y en todo el país en repudio a las detenciones, la represión y la instalación del proyecto Agua Rica. Desde Ambiente en Lucha participamos en CABA (foto de la nota) y en otras localidades de esas actividades, al mismo tiempo que  responsabilizamos al gobierno de Alberto Fernández y al de Raúl Jalil por avanzar con el proyecto de megaminería contra la resistencia del pueblo, con el fin ampliar las ganancias de las multinacionales megamineras y la recaudación de dólares para pagar la fraudulenta e ilegítima deuda externa. Como también sucede con el proyecto de zonificación de Arcioni en Chubut. ¡Andalgalá resiste! ¡No a la megaminería!