Escribe Adolfo Santos, dirigente de Izquierda Socialista/FIT Unidad
La pesificación de los bonos en dólares de Anses propuesta por el gobierno peronista del Frente de Todos es otra brutal estafa contra las y los jubilados. Como si fuera poco el ajuste que viene aplicando sobre el sector, ahora usa el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) o sea el dinero de las y los jubilados para hacer maniobras que facilitan los negociados de los bancos y especuladores para cumplir con las metas impuestas por el FMI.
La historia se repite. Cuando se creó el Fondo de Garantía, el entonces titular del Anses Sergio Massa dijo que: “nunca debería usarse para cerrar las cuentas públicas”. Sin embargo, sea cual sea el gobierno -peronista kirchnerista, macrista o ahora con el Frente de Todos-, han usado esos recursos para pagar deuda o facilitar la fuga de capitales de los especuladores. Recordemos que durante el gobierno de Cristina Kirchner, quien nunca otorgó el 82% móvil, le dio 280 millones de dólares del FGS para salvar a la multinacional General Motors que después realizó despidos masivos.
Ahora, el decreto del gobierno peronista le obliga a Anses a vender los bonos en dólares que tenían en su cartera a cambio de bonos en pesos, que en el mediano plazo no van a valer nada. Y el que compre esos bonos en dólares, los revende y se queda con las ganancias en el exterior. El gobierno y la Anses dirigida por la kirchnerista Fernanda Raverta, entregan el patrimonio de jubiladas y jubilados.
Para pasar esta estafa, los bonos en pesos que le dan a la Anses los presentan con una cotización alta, quieren hacernos creer que el organismo se va a capitalizar en dos mil millones de pesos. Pero esto es solo una maniobra contable. La verdad es que esos bonos en pesos, a su valor real no valen prácticamente nada y van a terminar significando un paso más en la descapitalización del Fondo de Garantías.
Se trata de una verdadera entrega, algo de lo que tantas veces distintos sectores del peronismo acusan al macrismo. Los bonos que hoy están en manos del gobierno peronista pasarán a manos de las grandes patronales y especuladores. Con el descalabro económico, con la inflación desbocada, los pagos de deuda y con las reservas del Banco Central en cero, el dólar volverá a subir en corto plazo y se habrá dilapidado un capital que le pertenece a las y los jubilados que se quedarán con papeles en pesos que no valen nada.
Por eso el decreto del gobierno es inaceptable y genera una gran indignación entre las y los jubilados y el pueblo trabajador. No se puede aceptar que mientras se pagan haberes de miseria se entregue ese patrimonio al sistema financiero especulador. Las y los jubilados no pueden ser la variable de ajuste para pagar la crisis económica creada por las grandes patronales y grupos económicos como viene haciendo el Frente de Todos en complicidad con la oposición patronal de Juntos por el Cambio y el liberfacho de Milei.
Repudiamos esta medida del gobierno de Alberto Fernández que decía que iba a gobernar para los jubilados y cambió la movilidad jubilatoria a la baja. Exigimos que no se toquen los fondos en dólares de los jubilados para hacer maniobras especulativas. Pero además esto prepara el terreno para el vaciamiento de la Anses.
El ajuste a jubiladas y jubilados es un camino que el capitalismo elige para hacerle pagar la crisis a los trabajadores y sectores populares, por eso es necesario organizarnos contra estas medidas, como lo hicimos contra el macrismo en 2017. Es lo que estamos viendo actualmente en los duros enfrentamientos en Francia y en el paro general convocado en Uruguay.
Solo Izquierda Socialista y el FIT Unidad tenemos una salida de fondo. Exigir la restitución de los aportes patronales y que se efectivicen los trabajadores precarizados. Que la Anses y el FGS, sean manejados por los propios jubilados y jubiladas. Que sean ellos los que elijan las autoridades de Anses y el Fondo de Garantía y que se prohíba que los fondos de los jubilados se utilicen tanto para el pago de deuda externa como para cualquier otra maniobra especulativa al servicio de la fuga de capitales, como propone el decreto del Ministro del Frente de Todos, Sergio Massa.