Escribe Miguel Lamas

Gran parte de los medios de información hablan del “gran éxito” de Israel en la lucha anti-Covid, señalando que ya vacunó al 30% de su población, de nueve millones de habitantes, con la primera dosis de Pfizer, mientras que 8% ya recibió la segunda. Esto contrasta efectivamente con índices muy bajos de vacunación en Europa y los Estados Unidos, y casi nulos en los países semicoloniales. ¿Pero de qué es “ejemplo” Israel?

En primer lugar, y como sucede históricamente con el Estado racista de Israel, es ejemplo de discriminación. El plan de vacunación contra el Covid-19 abarca solo a los ciudadanos israelíes, incluidos los 600.000 colonos sionistas de Cisjordania, pero excluye a los casi cinco millones de palestinos que viven en Cisjordania y la Franja de Gaza bajo la ocupación militar israelí.

Además, Israel mantuvo todo el año 2020, y mantiene, en plena pandemia el bloqueo de la Franja de Gaza, lo que impide aún más el buen funcionamiento de su sistema de salud, sometido a medio siglo de ocupación y más de un decenio de bloqueo, ya que no puede atender las necesidades de su población. La pandemia de Covid-19 y la falta de acceso justo a las vacunas no han hecho más que agravar la discriminación y la desigualdad que sufre la población palestina.

Mientras el pequeño territorio de Gaza permanece bloqueado, Cisjordania está ocupada militar y económicamente en sus mejores tierras. Se apropiaron hasta del agua dulce para sus 600.000 colonos, que privan a los palestinos de medios de vida. Es decir, los territorios palestinos que abarcan solo una quinta parte de la Palestina histórica (el resto es del Estado de Israel) están bloqueados u ocupados y totalmente sometidos económicamente. La Autoridad Palestina es una formalidad sin recursos ni soberanía.

La pandemia se convirtió en otra herramienta del sionismo para destruir la sociedad palestina y seguir intentando expulsar a su población hacia otros países árabes.

Israel, campo de prueba de Pfizer y desastre social

El Estado de Israel, en medio de una crisis política, tendrá elecciones en marzo. Su gobernante, el primer ministro Benjamin Netanyahu, está siendo fuertemente cuestionado por corrupción. Intenta aparecer como “el salvador” de Israel contra el Covid-19.

El acuerdo con Pfizer, además del altísimo precio pactado de 38 dólares por cada dosis (en Europa es de 24 dólares), convierte a todo el país en un campo de pruebas porque el Estado de Israel se comprometió a entregar de inmediato a Pfizer todas las historias clínicas de los vacunados.

Lógicamente, a la empresa farmacéutica, además de vender millones de vacunas, le interesa tener en sus manos y usar en su beneficio económico la máxima información posible sobre los efectos secundarios y la inmunidad que vaya generando su vacuna. Las de Pfizer y Moderna son las primeras vacunas de ARN de la historia de la humanidad, una nueva tecnología aún no suficientemente probada, que recibieron luz verde por parte de las autoridades estadounidenses y europeas por la vía de la emergencia sanitaria. Así no hay datos claros sobre si puede prevenir la transmisión del virus y proteger a largo plazo.

Como sucede en casi todos los países del mundo, las consecuencias económicas de la pandemia en el sistema capitalista son durísimas y profundizan la desigualdad social entre los mismos ciudadanos israelíes. Mientras sectores económicos vinculados a las altas tecnologías no solo siguieron trabajando plenamente, sino que prosperaron en estos meses, otros se encuentran al borde del colapso. Las familias más pobres quedan al margen del sistema educativo por mala conexión a internet y por falta de computadoras. Hay centenares de miles de nuevos desocupados y también de ocupados que son obligados a aumentar su carga laboral sin aumento salarial.

Es decir, Israel, lejos de ser un “ejemplo” ante la pandemia, muestra y agudiza el carácter racista, genocida y profundamente explotador del Estado sionista.

Ya en la primera semana de enero, con la ministra de CABA, Soledad Acuña, como abanderada, se inició una fuerte campaña planteando el regreso normal a las clases y acusando a la docencia de no querer trabajar. El ministro de Educación nacional, Trotta, los gobernadores Kicillof, Alicia Kirchner, Schiaretti, Gutiérrez y todo el arco político patronal también anuncian que empezarán las clases presenciales sin presentar siquiera un protocolo sanitario.   

Dialogamos con Mariana Scayola y Jorge Adaro, secretarios general y adjunto respectivamente, del combativo sindicato docente de CABA Ademys y dirigentes de Docentes en Marcha e Izquierda Socialista.

ES.–¿Por qué creen que Fernández, Trotta, Larreta, Acuña y otros gobernadores han lanzado esta campaña?

J.A.– El apuro por una presencialidad sin garantizar las condiciones sanitarias en las escuelas ni el cuidado de docentes, estudiantes y familias responde a una disputa electoral. Cambiemos, con Larreta y Acuña, intenta ganar a un sector de la opinión pública presentándose como “defensores de la educación”, pero solo realizan anuncios mediáticos, no han presentado ningún protocolo. Fernández, Trotta y el peronismo no se quedan atrás. Trotta va a distintas provincias a defender la presencialidad ya y que sea parte de la “nueva normalidad”. Pero ninguno garantiza condiciones sanitarias ni equipos y conectividad para un escenario mixto de presencialidad y virtualidad.

Kicillof también ofrece las mismas condiciones que en CABA, remarcando el acuerdo que tiene con la burocracia de los sindicatos del Frente de Unidad Docente Bonaerense (Suteba, FEB, Udocba). La diferencia con Larreta es la fecha, el 1° de marzo.

ES.–¿Están a favor del retorno a clases presenciales? ¿Hay posibilidad de clases normales?

M.S.– Claro que estamos a favor de las clases presenciales, allí es donde nos sentimos más cómodos trabajando, relacionándonos de manera directa con los pibes, las reivindicamos pedagógicamente. Las condiciones de trabajo en la virtualidad fueron terribles, sosteniendo conectividad y equipos con nuestros salarios, con jornadas larguísimas. Sumado a tareas domésticas, en un gremio mayoritariamente de mujeres, sobre las que recae el cuidado de niños. Ha sido extenuante. Ahora bien, exigimos todas las condiciones sanitarias para que no exploten los contagios en las escuelas y es lo que no garantizan los gobiernos. Escuelas con baños en condiciones, ventilación adecuada, espacios acondicionados al distanciamiento y el traslado de los alumnos a las escuelas en transportes escolares. El transporte público hoy ya lleva a los trabajadores en condiciones inadecuadas.

ES.–¿Cómo se podrían garantizar las condiciones para el regreso?

M.S.– Categóricamente decimos que hoy no están dadas las condiciones. Los gobiernos también lo saben, por eso empiezan con anuncios rimbombantes de la vuelta a la presencialidad y luego los van relativizando. Debería arrancar con una modalidad mixta, pero para eso los gobiernos deben garantizar conectividad gratuita y equipos para docentes y estudiantes. Hay que triplicar la cantidad de docentes para garantizar clases presenciales con grupos reducidos y turnos y clases virtuales, con auxiliares necesarios y los elementos para poder mantener la higiene de los edificios de manera permanente.

ES–¿Es posible que el gobierno nacional y los gobernadores implementen esas medidas?

J.A.– El gobierno nacional, los gobernadores y la oposición patronal no están dispuestos a invertir lo que se necesita para poder retomar algún tipo de presencialidad y mantener la virtualidad hasta que se normalice todo el sistema. Por eso solo hacen campaña mediática de que “la educación es prioritaria” y “hay que regresar ya a la normalidad”. Ellos han tomado la decisión de acordar con los banqueros y el FMI para seguir pagando la deuda externa. No están dispuestos a reasignar partidas para garantizar las condiciones sanitarias y educativas, las reformas de infraestructura ni la creación de las escuelas necesarias, o los nombramientos de docentes y auxiliares. ¡Al contrario, han recortado el presupuesto educativo para 2021, sobre todo en CABA! Por eso nosotros planteamos la necesidad de organizarnos para luchar y exigir partidas presupuestarias de emergencia. Impulsamos la movilización de docentes, estudiantes, trabajadores y familias para lograrlo.

ES.–Los gobiernos solo debaten presencialidad. ¿El tema salarial estaría saldado?

M.S.– ¡De ninguna manera! El año pasado la docencia perdió entre 10% y 20% del salario en relación con la inflación, según la provincia. ¡Y encima tuvimos que sostener la virtualidad con nuestros bolsillos! Es fundamental tomar nacionalmente la pelea por aumento de salarios que recupere la pérdida de 2020 y cubra la canasta familiar que, según el Indec, está en 82.000 pesos. Y, además, es necesario un bono que cubra una canasta tecnológica para los gastos extras de la virtualidad o que el gobierno garantice su gratuidad. ¡No puede ser que tengamos que seguir pagándola los trabajadores de la educación o las familias de los estudiantes! La cuestión salarial debe ser resuelta antes del inicio del ciclo lectivo, sea virtual o semipresencial. Y Trotta, Larreta, Kicillof y todos los gobernadores, escondiéndose detrás del debate de presencialidad, ni hablan del salario.

ES.–¿Qué política van a proponer a la docencia porteña desde Ademys ante la definición de Acuña de regresar el 17 de febrero y amenazar a los docentes que no se presenten? UTE-Ctera plantea una “retención de servicios”.

M.S.– En Ademys definiremos las medidas en asambleas abiertas, como hemos hecho durante todo 2020. Son las bases docentes las que definen democráticamente qué postura adoptar, siempre. Vamos a impulsar desde el 8 de febrero relevamientos de las verdaderas condiciones de cada escuela para desenmascarar las mentiras de Acuña. Haremos asambleas por escuelas y en esa semana estaremos convocando una gran asamblea abierta y unificada de toda la docencia de la Ciudad de Buenos Aires donde podamos debatir los relevamientos y definir un plan de lucha por condiciones para la presencialidad, para la virtualidad y el salario.

J.A.– UTE, el gremio de Ctera en CABA, está denunciando correctamente a Larreta y Acuña sobre la imposibilidad de retomar las clases presenciales ya. Y plantea una “retención de servicios” en donde no estén dadas las condiciones para volver. Nosotros creemos que no podemos dejar que el gobierno divida a la docencia “escuela por escuela”, que empiecen en algunas pocas escuelas de zonas con recursos y cooperadoras que garanticen ciertas condiciones y no empiecen solo en las escuelas pobres. Como gremio, desde Ademys debemos impulsar la lucha unificada de todos los docentes de la Ciudad en unidad con todos los gremios. Y reclamamos a Ctera que unifique la lucha nacionalmente, terminando con esa política de abandonar a cada docente en su provincia. También le exigimos a las CTA y la CGT que rompan su pacto con el gobierno nacional y convoquen a luchar por salarios y por la defensa de la educación de los hijos de los trabajadores.

ES.–Hay grupos de “padres organizados” que apoyan la política gubernamental y también grupos de familias que plantean el regreso seguro a las aulas.

J.A.– “Padres organizados” u organizaciones similares, junto a ONG vinculadas a grupos empresariales apoyan la presencialidad ya, atacan a los docentes y no exigen nada a los gobiernos. Existen en CABA, en Buenos Aires y en varias provincias, vinculados a Cambiemos. Pero también en provincias como Santa Cruz, auspiciadas por el gobierno de Alicia Kirchner.

M.S.– También surgieron agrupamientos en CABA como “familias por el regreso seguro”, que impulsan condiciones seguras para los estudiantes y trabajadores y están denunciando activamente a Larreta y Acuña, defendiendo la escuela pública. Desde Ademys e Izquierda Socialista llamamos a apoyar y fortalecer esta organización de las familias de trabajadores en apoyo a los reclamos docentes y la escuela pública. Es fundamental para apoyar las medidas de lucha que tome la docencia y coordinar las acciones y movilizaciones que desde Ademys y los sindicatos combativos votemos realizar, ayudando a contrarrestar el ajuste y las campañas contra la docencia. Con la unidad de los docentes y el apoyo de estudiantes, familiares y trabajadores podremos lograr nuestras reivindicaciones.

Escribe Pablo Almeida, delegado general ATE Ministerio de Economía y legislador porteño por Izquierda Socialista/ FIT Unidad

Fiel a su estilo de intentar primerear con anuncios “marketineros”, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires convoca al regreso a la presencialidad en las escuelas sin condiciones de salubridad en medio del alza de contagios por el coronavirus. La ministra Acuña, responsable de cada uno de los ataques del gobierno de Larreta contra la educación pública en la Ciudad en los últimos cinco años, anunció el 21 de enero con bombos y platillos un regreso masivo a las aulas a partir del 17 de febrero. Una vez más, un anuncio irresponsable para los titulares de los medios de comunicación que no tiene en cuenta los criterios de crecimiento de casos ni las deficientes condiciones edilicias ni de salubridad para quienes con su trabajo sostienen la educación, ni para las y los estudiantes y sus familias. El único fin que se persigue es erigir al gobierno porteño como el abanderado de la vuelta a la presencialidad a como dé lugar, intentando desplazar de ese sitio al gobierno nacional, que a través del ministro de Educación Trotta viene haciendo planteos similares a los de Larreta y Acuña.

En ese marco, y a tono con lo que vienen reclamando los gremios docentes de la Ciudad encabezados por Ademys, hemos solicitado con carácter urgente una entrevista con la ministra de Educación Soledad Acuña, para que presente un informe oficial de los protocolos a aplicar, así como de las condiciones de todos los establecimientos educativos en los que plantea el retorno a la presencialidad. Y para rechazar de plano que docentes, auxiliares, estudiantes y familias tengamos que pagar con nuestra salud por una nueva irresponsabilidad que solo busca réditos electorales al mostrar una falsa preocupación por la educación.

Además reclamamos que el ministerio dé a conocer la lista de contagios que se han registrado en las burbujas del ciclo 2020 y en las colonias de verano. Que informe qué escuelas fueron refaccionadas durante 2020 y los arreglos que se realizaron para acondicionarlas a fin de brindar una presencialidad segura en relación con la pandemia del Covid-19 y el dengue. También exigimos información precisa sobre las medidas que el Gobierno de la Ciudad prevé para evitar que decenas de miles de estudiantes, docentes y auxiliares tengan que utilizar los ya abarrotados transportes públicos.

Reclamamos el cronograma del plan de vacunación en la Ciudad que aún al día de hoy se desconoce y que debe incluir a la totalidad del personal que trabaja en las escuelas, trabajadoras y trabajadores de limpieza, de los comedores y de la planta no docente de apoyo a la integración de niños de la modalidad especial.

Dada la notoria insuficiencia nutricional de los bolsones entregados en el ciclo 2020, y la falta de dispositivos y conectividad por parte de un número considerable de la población escolar, solicitamos que se revisen las partidas presupuestarias previstas para garantizar que este año los bolsones se adecuen a una nutrición sana y que ningún estudiante o docente quede sin conexión virtual. Asimismo, frente a la falta de vacantes que se reitera este año lectivo exigimos una urgente solución que tiene que partir de la construcción de escuelas. Proponemos para afrontar todas estas urgentes cuestiones la reasignación de fondos previstos para el pago de deuda con bancos y entidades financieras. 

Nos solidarizamos con el reclamo efectuado por Ademys y otros sindicatos para que se garantice el nombramiento de todos los cargos docentes vacantes, se aumenten las plantas funcionales de docentes y de personal de limpieza y se garantice la actualización salarial de los trabajadores de la educación de acuerdo al alza del costo de vida registrado en CABA, que solo para 2020 fue de 40 por ciento.

Desde nuestra banca nos ponemos a disposición una vez más de los reclamos y las luchas que llevan adelante la docencia y el conjunto de la comunidad educativa contra los nuevos ataques que en este 2021 preparan Larreta y Acuña.

Escribe Agustín Gigli

Esta semana Alberto Fernández ha dejado un poco de lado su doble discurso y salió a fomentar la instalación de la actividad megaminera en todo el país de manera descarada. Esto incluye a Chubut. 

Hasta el momento, la participación del gobierno nacional de Alberto Fernández en el tema minero estaba escondida, dejando centralmente todas las acciones en manos del secretario de Minería, Alberto Hensel. La semana pasada, el gobernador Arcioni organizó un pseudo debate entre los impulsores de la minería y la zonificación junto a Hensel. No fueron, entre otros, la Universidad Nacional San Juan Bosco (Chubut), organismos de ciencia y técnica, la mayoría de los legisladores (participaron solo cuatro de los veintisiete), ni la mayoría de los partidos políticos. El Zoom fue para homogeneizar al gobierno en la implementación del proyecto megaminero contra algunas críticas internas, como la de la diputada Artero, que pedía “más debate”. Además, el gobierno compró espacios en medios nacionales, como el de Rolando Graña, que se dedicó a difundir que “la meseta central de Chubut quiere minería”.

Pero Arcioni no logra imponer la minería, por eso el propio Fernández tuvo que salir a presionar. El 21 de enero se reunieron en la Casa Rosada Fernández, Arcioni, el vicegobernador Sastre, y Eliceche, presidente de la “Comisión de Desarrollo Económico, Recursos Naturales y Medio Ambiente”, donde está el proyecto de zonificación. Fernández pidió explicaciones sobre por qué todavía no se aprobó la zonificación. En la reunión se resolvió la convocatoria a una sesión especial para tratar de aprobar el proyecto y habilitar así la entrega de los bienes comunes de la provincia.

Este lunes hubo otro encuentro entre Fernández, Linares, presidente del PJ oficial y ex candidato del peronismo kirchnerista a la gobernación, y Luque, intendente de Comodoro Rivadavia, para agrupar al PJ y lograr los votos necesarios que permitan aprobar el proyecto de ley.

Linares pasó de prometer “sanciones” a los diputados que voten a favor a decir “no estamos en contra de nada, simplemente queremos un debate sincero, con todos los sectores”. Según Metadata Noticias: “El presidente fue claro y le dijo a Linares que el gobierno nacional no puede dejar escapar más inversiones en un contexto de escasez y sequía de fondos inyectados por privados, pero además le dejó en claro que un nuevo revés en la minería, como ocurrió en Mendoza, dejaría al gobierno muy debilitado y hasta habría anticipado que, de no aprobarse, se podría producir un movimiento para desalentar la actividad en provincias que tienen la actividad consagrada, como San Juan y Santa Cruz”.

En toda la provincia las asambleas, organizaciones y militantes ambientales estamos en alerta sabiendo que si no se instaló la megaminería fue por el rechazo en las calles de la gran mayoría de la gente. Por eso sectores del peronismo no se animan a votar la ley minera que reclama Fernández. La única forma de frenar el saqueo contaminante es como lo venimos haciendo hace años, desde el comienzo en Esquel y en toda la provincia, con la movilización y la contrainformación.

Este lunes ya se comenzó con una vigilia en Puerto Madryn, el martes en Esquel. Trevelin y El Hoyo se movilizaron y Trelew, Rawson y Comodoro también se están organizando para marchar.

La Coordinadora Plurinacional Basta de Falsas Soluciones continúa impulsando acciones en todo el país.

Desde Ambiente en Lucha e Izquierda Socialista llamamos a no bajar los brazos y seguir en estado de alerta y movilización como único camino para frenar el saqueo contaminante.

Escribe Martín Angel, referente de Ambiente en Lucha y de Izquierda Socialista de La Rioja

Desde 1993, con Menem, se vienen explotando todos los recursos naturales al servicio de las ganancias de grandes multinacionales que, a cambio, dejan territorios saqueados y contaminados. Se llevan todo, pagan retenciones mínimas, no están obligadas a resolver el pasivo ambiental y generan menos de 1% de trabajo genuino en el país. La promesa de salvar la crisis con la megaminería es otro verso.

Por eso desde 2012 el pueblo de La Rioja le dice “No a la Megaminería”. Con imponentes movilizaciones se echó a la Barrick Gold y a Osisko Mining Corporation. Les dijimos que “acá no pasarán”.

No nos olvidamos de que estando Néstor Kirchner en el gobierno, en 2006, se trazó el Plan Estratégico Territorial, y durante el gobierno de Cristina, con Milani, se votó la Ley Antiterrorista que puso en marcha el Proyecto X. Hoy vuelven a insistir. Proyectan una inversión millonaria para el corredor bioceánico y la línea eléctrica minera mientras nuestros sueldos están entre los más bajos del país.

Desde Izquierda Socialista y Ambiente en Lucha repudiamos la nueva intentona de este gobierno peronista de Alberto Fernández que, junto al gobernador Ricardo Quintela, pretenden reactivar el doble discurso de que “con el oro de Famatina salimos de la crisis”.

Fernández dijo en una visita a nuestra provincia, ante el silencio cómplice del gobernador Quintela, sus ministros y laderos: “En Chilecito se fundó la primera sucursal del Banco Nación porque el Famatina traía la plata que hacía rica a la Argentina, y esa riqueza está acá, en el norte argentino”.

Una vez más decimos que no habrá megaminería en La Rioja y apoyamos y nos solidarizamos con todas las provincias precordilleranas, San Juan, Catamarca, Mendoza, Neuquén, Chubut y Santa Cruz, que vienen luchando y resistiendo contra la instalación de las megamineras del gobierno y las multinacionales. Llamamos a unirnos contra la política de explotación, saqueo y contaminación de los gobiernos patronales.