Desde Docentes en Marcha manifestamos nuestro más enérgico repudio a las recientes condenas a Mónica Gurina y Leandro Sánchez, referentes sindicales docentes de la provincia de Misiones quienes, en el marco de la enorme rebelión que sacudió a la provincia en el 2023, se valieron del derecho a huelga en reclamo de aumento salarial y condiciones laborales y educativas.

Recordamos que la rebelión no sólo involucró a la docencia, sino también a las y los empleados públicos generando de conjunto una verdadera pueblada que ganó visibilidad a nivel nacional y obtuvo un triunfo, conquistando más de un 100% de aumento salarial.

El gobierno se vio obligado por la movilización a conceder el aumento salarial, pero junto con la justicia iniciaron un proceso judicial con decenas de procesados. El día 26/11, se dio a conocer la condena de un año de prisión a Mónica Gurina y diez meses a Leandro Sánchez, ambas en suspenso, por su rol en un acampe en una avenida céntrica de Posadas y en movilizaciones sobre rutas, acciones realizadas en el marco de la protesta por mejores condiciones laborales.

La justicia misionera, y el gobierno provincial del PJ de Passalacqua, en sintonía con la política de criminalización y persecución a luchadoras y luchadores del gobierno de ultraderecha de Milei, quieren sentar un peligroso precedente y amordazamiento al conjunto de la docencia que se prepara para enfrentar el proyecto de “Ley de Libertad Educativa” el cual destruiría la educación pública tal como la conocemos (ver comunicado en nuestra página), como también a las políticas de ajuste y reforma que vienen aplicando el conjunto de los gobernadores hacia la educación pública y la docencia.

Desde Docentes en Marcha, nos solidarizamos con Mónica y Leandro y con toda la docencia de Misiones que mostró un ejemplo de lucha para toda la docencia del país.

En ese marco, exigimos a la Ctera y a los gremios provinciales que de una vez por todas abandonen la tregua y pasividad que mantienen con los gobiernos y convoquen de manera inmediata a un paro nacional como parte de un plan de lucha hasta anular las condenas a Mónica y Leandro. Y que se pongan a la cabeza de organizar a la docencia para luchar hasta derrotar la política de ajuste y destrucción de la escuela pública de Milei, Trump, los gobernadores y el FMI.

Docentes en Marcha Nacional

Escribe Olga Ortigoza, dirigenta nacional de Docentes en Marcha

El gobierno ultraderechista de Javier Milei, de la mano de las patronales y de las fuerzas políticas que le responden, busca imponer un nuevo y brutal ajuste a partir de las reformas estructurales: laboral, jubilatoria, impositiva y ahora también educativa. Debemos derrotarlas en las calles.

Hace una semana, el gobierno presentó en el Consejo de Mayo un proyecto de Ley Nacional de Educación denominado “Ley de Libertad Educativa” para reemplazar la ley actual. Bajo el eje de la supuesta “libertad”, lo que plantea es la destrucción estructural y profunda de nuestro sistema educativo, un cambio cualitativo.

Este proyecto no implica una simple reforma; atenta contra el carácter estatal, gratuito, público, obligatorio y laico de nuestras escuelas, y también contra la Educación Sexual Integral (ESI) y la libertad de cátedra. Además pretende atacar los derechos laborales en base a una educación mercantilista, avanzar hacia la privatización de la escuela pública y eliminar la educación como derecho social.

El Estado dejaría de ser el garante de la educación y pasaría a cumplir un rol “subsidiario”, derivando el financiamiento a familias y también a empresas para que estas hagan negocios, violentando así el carácter gratuito. Además permitiría la injerencia empresarial para diseñar contenidos según sus necesidades, y se impulsarían “prácticas de formación laboral” para mayores de 16 años, legalizando la flexibilización y la mano de obra barata de jóvenes.

Un Consejo Escolar de Padres y el equipo directivo podrían seleccionar, suspender o separar al personal, pudiendo incluso despedir por razones ideológicas, políticas o sindicales.

Se habilitaría también la educación en el hogar a distancia (híbrida), impartida por las familias, tutores o personas elegidas por ellos, haciendo desaparecer el concepto de docencia y destruyendo toda institucionalidad escolar.

Se declara la educación como “servicio esencial” y no como un derecho. Se ataca así el derecho a organizarse y se criminaliza la huelga por salario, por derechos laborales, por infraestructura y por todos los reclamos de la comunidad educativa.

Todo esto implica un intento de avanzar en la privatización, la mercantilización y la flexibilización laboral con la eliminación del Estatuto Docente, incorporar la religión y destruir la laicidad de nuestras escuelas, además de un ataque directo a la ESI. Busca borrar más de cien años de conquistas de la clase trabajadora y los sectores populares. Son medidas que gobiernos anteriores y organismos internacionales intentan imponer desde hace décadas, pero que la lucha de las y los estudiantes y la docencia ha frenado. Ahora Milei pretende satisfacer estos requerimientos históricos del FMI, el Banco Mundial y otros organismos. Por eso elimina en su proyecto la Ley de Financiamiento Educativo, que establece un piso del 6% del PBI para educación, sin incorporar ningún mecanismo de financiamiento estatal.

Todos los gobiernos profundizaron la desinversión en la educación pública, y ninguno cumplió la meta del 6% del PBI, incluidos los gobiernos kirchneristas. Pero este proyecto ultraderechista significa un salto cualitativo: un cambio profundo en el criterio de la educación, que deja de ser un derecho social para convertirse en un negocio mercantilista al servicio de empresarios y capitalistas.

La Ctera se ha pronunciado en contra, pero mantiene la parálisis que le permitió a Milei y a las provincias avanzar sobre nuestros salarios, condiciones laborales y reformas parciales. Por eso le exigimos un verdadero plan de lucha para derrotar este proyecto antieducativo.
Es necesario organizar un gran movimiento unitario de la docencia, de todas y todos los trabajadores de la educación, estudiantes y familias, en defensa de la escuela pública y para rechazar de plano este proyecto del gobierno.

Leer la declaración completa en: www.izquierdasocialista.org.ar 

El gobierno ultraderechista de Milei, de la mano de las patronales y las fuerzas políticas que le responden, busca imponer un nuevo y brutal ajuste a partir de las reformas estructurales: laboral, jubilatoria, impositiva, y ahora también educativa. Todo para beneficiar a las grandes empresas y descargar el peso de la crisis y el ajuste sobre nuestras espaldas.

El proyecto de Ley Nacional de Educación denominado "Libertad Educativa" no es una simple reforma; pone el centro en la “libertad”, pero es la destrucción estructural y profunda de nuestro sistema educativo, un cambio cualitativo. Atenta contra el carácter estatal, gratuito, público, obligatorio, laico de nuestras escuelas y también contra la ESI y la libertad de cátedra. Además pretende atacar los derechos laborales en base a una educación mercantilista, avanzar hacia la privatización de la escuela pública y eliminar la educación como un derecho social.

Intenta avanzar en la privatización, mercantilización, flexibilización laboral con la eliminación del Estatuto Docente, incorporar la religión dando por tierra la laicidad de nuestras escuelas con el fin de avanzar en la batalla cultural de la ultraderecha y dar un golpe desde lo ideológico; busca borrar más de 100 años de conquistas de la clase trabajadora y los sectores populares, medidas que hace décadas los diferentes gobiernos y organismos internacionales tratan de implementar, pero la lucha de las y los estudiantes y la docencia les impide desarrollar. Ahora Milei pretende satisfacer estos requerimientos históricos de los organismos internacionales, como el FMI y el Banco Mundial entre otros.

¿Cuáles son los lineamientos generales de este proyecto? 

* Privatización y Desfinanciamiento de la Educación.

- El Estado deja de ser EL GARANTE de la Educación Pública y se ubica en un rol subsidiario, desentendiéndose de la responsabilidad de garantizar el derecho a la Educación. Esto se fundamenta en que la familia sería el agente natural y primario de la Educación de hijos e hijas.
- Se plantea la responsabilidad de financiamiento compartida con las familias, habilitando el cobro de "aportes" o aranceles (Art. 67). Las empresas que "aporten" al financiamiento podrán tener injerencia directa en los proyectos curriculares de las escuelas, permitiendo que la educación se transforme en un negocio y no en un derecho, violentando así el carácter gratuito. Implica achicar el rol del Estado para beneficiar el negocio de la privatización de la escuela pública estatal.
- Se establece la igualdad de trato y reconocimiento jurídico entre instituciones estatales y privadas. Se busca seguir aumentando los subsidios a la educación de gestión privada en desmedro de las públicas.
- Se profundiza la descentralización y el vaciamiento a través de la municipalización, y desaparece el piso de 6% del PBI para educación.
- Se ataca nuevamente a la Universidad Pública, planteando un refinanciamiento. Plantea ubicar las partidas de financiamiento de las Universidades en relación con la Matrícula estudiantil. Vuelve a desconocer la ley conquistada en el Congreso en septiembre del 2025 para las partidas de emergencia.

* Flexibilización laboral y ataque a los derechos docentes

- Se declara la Educación como Servicio Esencial y no como un “derecho”. Se ataca así a las organizaciones sindicales de conjunto y a la docencia. Van por la criminalización de la huelga y del derecho a organizarse para pelear por salario, derechos laborales,  la educación pública entre otros reclamos.
- Se crea el Consejo Escolar de Padres con función de dirección operativa, que podrá nombrar, contratar y despedir directivos y docentes, eliminando la estabilidad laboral. En este marco, se otorga al equipo directivo la potestad de seleccionar y disponer la contratación, suspensión o separación del personal, y de administrar recursos humanos y financieros.
- Se define la estabilidad laboral mediante criterios de evaluación ligados a resultados de aprendizaje, desempeño, formación y ética, abriendo la puerta a la diferenciación salarial (meritocracia). De un plumazo desaparecen las normativas sobre estabilidad y acceso a la docencia (Estatuto Docente), pudiendo por ejemplo despedir por razones ideológicas, políticas, sindicales.
- La evaluación del personal docente se incorpora como variable a los “resultados de aprendizaje de los alumnos; compromiso con la institución y participación en proyectos escolares; formación y actualización profesional; aportes a la mejora institucional” (artículo 109°). Lo que claramente implica la posibilidad de introducir variables de diferenciación salarial y de quiebres en la estabilidad laboral. Además, aumenta el poder de las instituciones sobre el colectivo docente.

* Mercantilización Curricular, religión y ataque a la ESI

- Se plantea la injerencia empresarial en los currículum y se impulsarán "Prácticas de formación laboral" para mayores de 16 años, legalizando la flexibilización y la mano de obra barata de jóvenes.
- Cada institución podrá incorporar Religión a la currícula. Los contenidos deberán ser consensuados con las familias, acorde a sus valores, lo que representa un ataque directo a la Educación Sexual Integral (ESI). Además esta ley promueve currículas sesgadas, ideológicas y que no garantizan una formación integral y crítica, vulnerando más derechos.
- Se acrecienta la fragmentación educativa al establecer que cada escuela puede definir de mínimo un cuarto de su currículum, estableciendo contenidos mínimos comunes, y el resto definidos por la institución, permitiendo además la injerencia de las empresas sobre los contenidos de cada una según sus necesidades y no pensados de forma integral.
- Se habilitan formas alternativas como la educación en el hogar (Home Schooling) y la educación a distancia/híbrida, impartida por las familias, tutores o personas elegidas por ellos. Esta idea es consistente con la noción de que cualquiera puede ser un agente educador y  de que cualquiera puede asociarse para enseñar-aprender. Se habilitan la cursada presencial y virtual denominada educación híbrida (art 43) combinando cursada presencial y virtual, y la educación completamente a distancia, incluso en instituciones educativas radicadas en el exterior. Es decir, quitar el criterio de institucionalidad de la escuela.
- Se crea un portal con resultados de evaluaciones por escuela (Art. 63), lo que permitirá crear procesos de elección y selección de escuelas por parte de las familias recreando el formato de los voucher. Además se profundiza cada vez más la fragmentación del sistema educativo en “escuelas para pobres” y “escuelas para ricos”. Las familias de barrios populares o con menos recursos tendrán opciones limitadas, lo que llevaría a profundizar la segmentación y la inequidad, negando en la práctica el derecho a la igualdad educativa.

Para imponer este brutal ataque, el gobierno plantea derogar la Ley Nacional de Educación, la Ley Superior de Educación, La Ley de Educación Técnica y Profesional, entre otras normativas. Desaparece también la ley de financiamiento educativo (ley 26.075), que establece un piso del 6% del Producto Bruto Interno (PBI) como inversión anual consolidada en educación, sin contemplar ningún mecanismo de financiamiento educativo, salvo los “aportes” de las familias y empresas.

Todos los gobiernos han ido profundizando la desinversión en la educación pública, y ninguno ha cumplido las metas de financiamiento del 6% del PBI, incluídos los Kirchneristas. Pero  este proyecto  de la ultraderecha significa un salto cualitativo, un cambio profundo sobre el criterio de la educación, desapareciendo como derecho  social para convertirse en un negocio mercantilista, el cual ambicionan  los empresarios y capitalistas.

¡Derrotemos este proyecto de Ley Anti Educativa con la movilización. Que la Ctera y los gremios provinciales llamen a asambleas y plan de lucha! 

Desde Docentes en Marcha llamamos a rechazar este Proyecto, que va de la  mano de las exigencias directas de Trump y el FMI, y proponemos una salida de fondo para defender la escuela pública empezando por la Renacionalización del sistema educativo y una Ley de Emergencia Educativa que garantice el 10% del PBI nacional para educación. Garantizar esos fondos eliminando los subsidios a las escuelas privadas y al mismo tiempo suspender los pagos de la deuda externa. Sostenemos la necesidad de un nomenclador único nacional, que pasen al básico todas las bonificaciones anulando toda bonificación vinculada al presentismo, meritocracia o productividad, por la anulación de las armonizaciones y toda legislación que ataque nuestro régimen jubilatorio.

La CTERA y los gremios provinciales deben terminar con la parálisis que le permitió a Milei y a las provincias avanzar sobre nuestros salarios, condiciones laborales y reformas parciales que se vienen implementando; deben poner en pie de lucha a las y los docentes para derrotar este proyecto antieducativo.

Llamamos a la docencia, a todas y todos los trabajadores de la educación, estudiantes y a las familias, a organizarse desde las escuelas en la máxima unidad para organizar un gran movimiento en defensa de la Escuela Pública y rechazar de plano este Proyecto del gobierno. 

       ❌Rechazamos el Proyecto  de Ley de Educación del Gobierno. 

       ❌Que CTERA y los sindicatos provinciales convoquen a asambleas por escuelas,  distritos y provincias para debatir cómo enfrentar este ataque con un Plan de Lucha nacional que impida su sanción.

       ❌ Impulsemos asambleas con las familias y sindicatos de trabajadores en cada localidad para defender en unidad el derecho social a la educación que esta ley ataca.

       ❌Organicemos un gran movimiento en defensa de una Escuela Pública, Estatal, Gratuita, Laica científica y con perspectiva de género.

       ❌Luchemos por una Ley de Emergencia Educativa que garantice el 10% del PBI nacional para educación; anulando los subsidios a las escuelas privadas y suspendiendo los pagos de la deuda externa, para financiarla.

       ❌ Renacionalización del sistema educativo, nomenclador único nacional pasando al básico todas las bonificaciones, anulación de toda bonificación vinculada al presentismo, meritocracia o productividad. Por la anulación de las armonizaciones y toda legislación que ataque nuestro régimen jubilatorio.

       ❌Plata para salarios y Educación pública , No para Trump y el FMI.

 Docentes en Marcha Nacional

Escribe Mariana Scayola, secretaria general de Ademys

A dos semanas de las elecciones para renovar la conducción de nuestro sindicato, seguimos recorriendo las escuelas de todos los niveles de CABA. Llevamos las propuestas de la Lista Multicolor Unidad, para fortalecer el sindicalismo docente combativo desde Ademys y la conducción Multicolor.

El recibimiento en las escuelas fue muy bueno. Un reconocimiento que también se traduce en el apoyo al sindicato, que desde la asunción de la primera dirección Multicolor hasta hoy, se ha identificado con la defensa consecuente de los derechos de la docencia de la Ciudad, muchas veces en absoluta soledad.

En cada visita intercambiamos sobre lo que vivimos cotidianamente en las escuelas: la angustia por los salarios miserables que empujan al pluriempleo, el agotamiento ante el aumento desmedido de las tareas, la pelea contra la “falsa inclusión” que desmantela las escuelas especiales y deja en crisis a las primarias e iniciales, y la situación social que producto del ajuste de los gobiernos se cuela a diario en las aulas. Todo esto repercute directamente en nuestra vida cotidiana y en la salud de nuestros chicos y sus familias.

El gobierno de Javier Milei, con el apoyo de los gobernadores que estos días desfilan por la Casa Rosada, anunció el tratamiento de proyectos de reforma laboral “de segunda generación”. De aprobarse, significarían un golpe estructural a las condiciones y derechos laborales conquistados por las y los trabajadores durante décadas de lucha.

Es lo que hace tiempo reclaman los organismos imperialistas y las patronales en nuestro país, que buscan aprovechar el resultado electoral para avanzar con estos ataques.

Este es un desafío inmediato que enfrentamos junto con el reclamo de un aumento salarial equivalente al valor de la canasta familiar, para cubrir las necesidades de nuestros hogares.

Todo esto nos coloca ante la necesidad de fortalecer la organización docente y de nuestro sindicato en particular para prepararnos mejor frente a las medidas de ajuste.

El crecimiento del cuerpo de delegadas y delegados es uno de los principales desafíos.

Por eso, a diferencia de lo que plantea Tribuna Docente (que impulsa la elección de delegados junto a la burocracia sindical), nosotros creemos que debemos apostar fuertemente al desarrollo de un cuerpo de delegados que exprese un modelo sindical y una política diametralmente opuestos a los de la burocracia Celeste, cómplice del ajuste de Milei y de Jorge Macri.

Esta burocracia, frente a los constantes ataques a la docencia, no ha convocado una sola medida de fuerza, confirmando el rumbo vergonzante del sindicalismo peronista.

Por eso, en las escuelas, cayó muy mal la decisión de Tribuna Docente de romper el Frente Multicolor, del que formó parte desde 2013 hasta hace pocos días.

No se entiende cómo hace apenas unos meses (como lo hicieron todos estos años) votaron favorablemente todo lo actuado por la Dirección Multicolor en la Asamblea de Memoria y Balance, y repentinamente declaran que la Multicolor es un proceso “agotado”.

No se fortalece el sindicalismo combativo fracturándolo bajo el eufemismo de “relanzamiento” del sindicato.

Todo lo contrario: esa decisión debilita una herramienta fundamental con la que cuenta la docencia de la Ciudad para luchar. Insistimos en que es un grave error.

En cada charla con las compañeras y compañeros planteamos que, para fortalecer a Ademys, es clave el voto a la Multicolor: para seguir siendo un sindicato que pelee por el salario, que enfrente las políticas disciplinadoras como la instalación de la huella digital para el presentismo, y que rechace las reformas educativas como BA Aprende, que precarizan la escuela media y degradan las condiciones laborales a pedido de los organismos internacionales.

Votar a la Multi es también reafirmar un modelo sindical que decide en asambleas abiertas con toda la docencia, que mantiene a su directiva en las aulas y que es solidario con todas las luchas docentes y de los trabajadores en general, lo que le ha valido un gran reconocimiento en todo el país.
Militemos con fuerza en estos quince días el voto a la dirección combativa Multicolor, por más unidad, que es lo que necesitamos para enfrentar a la ultraderecha y su plan motosierra, que degrada la vida de los trabajadores y ataca la salud y la educación públicas.

Votar a la Multicolor es votar por esa unidad que sostenemos en las escuelas los compañeros de Lista de Maestres y Profesores, 9 de Abril y Alternativa Docente.

Sigamos en el camino de convertir a Ademys en la dirección de la docencia de toda la Ciudad.

Escribe Adriana Astolfo, secretaria adjunta de Adosac provincial

El gobierno de Claudio Vidal, luego de la paliza electoral sufrida el 26 de octubre, decidió adelantar la convocatoria a paritarias, una exigencia planteada por Adosac en sus últimos congresos.

La fecha prevista era la del martes, pero se trasladó al día de hoy, miércoles 12 de noviembre, a pedido de AMET.

Como primera reacción a la derrota electoral, el gobernador pidió la renuncia de su gabinete, aunque hasta el momento sólo realizó algunos cambios formales.

No removió, sin embargo, a la presidenta del Consejo Provincial de Educación, Iris Rasgido, tal como exige la docencia santacruceña.

La única medida destacada hasta ahora fue la adjudicación de las áreas petroleras dejadas por YPF, de las cuales al menos diez serán tomadas por la empresa estatal provincial Fomicruz, en un intento de “inaugurar” una nueva etapa de gobierno bajo un RIGI santacruceño.

Para la reunión paritaria de este miércoles, Adosac llega con dos definiciones políticas fundamentales: primero, una oferta salarial al básico vinculada a la cláusula gatillo como parte del proceso de recomposición salarial; segundo, la defensa de los puestos laborales y la necesidad de abordar una reforma de la legislación educativa que contemple la matrícula, la categoría de las escuelas, la creación de cargos para la inclusión, las parejas pedagógicas y los indispensables gabinetes interdisciplinarios, entre otras propuestas que se llevarán a la mesa.

Por otra parte, haber ganado como Frente 7 Multicolor la mayoría de las vocalías en la Junta de Disciplina fortalece a la docencia combativa frente al gobierno y la burocracia Lila.

Se trató de una elección convocada por el Consejo Provincial de Educación, de gran importancia, en la que participan listas gremiales y vota toda la docencia de la provincia.

La Lista 7 Multicolor fue encabezada por nuestra compañera de la Naranja-Docentes en Marcha, Mónica Nacimiento, quien sin duda desarrollará un trabajo al servicio de las y los trabajadores de la educación.

Este fin de semana se realizarán nuevamente las asambleas en todas las filiales y el congreso provincial, con el objetivo de evaluar la propuesta presentada por el gobierno en la mesa paritaria y definir medidas de acción, si esa fuera la conclusión de la base docente.