Mercedes Trimarchi, diputada electa en CABA por Izquierda Socialista/FIT  Unidad

Javier Milei nuevamente salió a la carga contra el movimiento feminista. Esta vez lo hizo en el Council of the Americas, una conferencia anual organizada en Buenos Aires por la Cámara Argentina de Comercio (CAC) y la organización estadounidense Americas Society.

Sin ningún tipo de sustento empírico, afirmó que la caída de la tasa de natalidad en nuestro país estaría directamente vinculada con la sanción de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE). Al respecto dijo: “Hoy, la Argentina no llega a una tasa de crecimiento de la población y de la natalidad que permita la reposición. Por lo tanto, esa pasión por asesinar niños en el vientre de la madre también nos cuesta caro en términos de crecimiento, y ni les cuento en términos de sistema previsional”. Luego agregó: “Si una característica del crecimiento es el rendimiento del capital, también tiene importancia lo que pase en el mercado del trabajo y la población. De hecho, estamos pagando muy cara la locura de los pañuelitos verdes”. Rápidamente, referentes, personalidades y organizaciones salimos a repudiar los dichos de Milei y a levantar, con más fuerza, nuestros pañuelos.

Sobre la caída de la tasa de natalidad

No existe ninguna evidencia que permita establecer una relación entre la caída de la tasa de natalidad y el derecho al aborto. De acuerdo con la Dirección de Estadísticas e Información de la Salud (DEIS) del Ministerio de Salud de la Nación, la tasa de natalidad se encuentra en descenso desde 2014, mientras que la Ley 27.610 fue aprobada en diciembre de 2020 y reglamentada en agosto de 2021. Es decir, la caída de la natalidad comenzó varios años antes de la legalización del aborto. Además, la disminución de la natalidad es una tendencia que se registra a nivel mundial y responde a múltiples factores sociales, económicos y culturales.

Mientras tanto, aumenta la pobreza entre niñas, niños y adolescentes

Mientras Milei responsabiliza al aborto por los problemas demográficos del país, las condiciones de vida de millones de niñas, niños y adolescentes continúan deteriorándose. Un informe de la UCA reveló que la pobreza alcanzó al 30% de la población durante el primer trimestre de 2026, mientras que entre las infancias y adolescencias llegó al 42,5%. Si a Milei realmente le preocupan las niñas y los niños, debería explicar por qué su gobierno condena a millones de ellos a vivir en la pobreza.

La crisis previsional no se resuelve obligando a parir

Milei también pretende utilizar la caída de la natalidad como explicación de la crisis del sistema previsional. Pero el problema previsional no se resuelve obligando a las mujeres y personas gestantes a tener hijos. El sistema previsional depende, entre otros factores, de la cantidad de personas que trabajan, de sus salarios y de los aportes realizados. En este sentido, uno de los principales problemas del sistema argentino es la enorme informalidad laboral. Millones de trabajadoras y trabajadores no cuentan con empleos registrados y, por lo tanto, sus empleadores no realizan los aportes correspondientes.

Más pañuelo verde que nunca

Los dichos de Milei no son una simple opinión. Forman parte de una ofensiva política e ideológica contra los derechos conquistados por el movimiento feminista, lo que él mismo denomina la “batalla cultural”. Frente a sus ataques, defendemos el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. No vamos a permitir que se nos responsabilice por la crisis económica, la caída de la natalidad o el déficit previsional. Por eso, frente a la ofensiva de Milei, volvemos a levantar nuestros pañuelos verdes y los sostenemos en las calles.

Mercedes Trimarchi, diputada electa en CABA por Izquierda Socialista/FIT  Unidad

A través del canciller Pablo Quirno, el gobierno de Javier Milei firmó el pasado 13 de agosto la adhesión de Argentina a la Declaración del Consenso de Ginebra. Se trata de una iniciativa de alcance global, firmada en octubre de 2020 por un grupo de países que promueve una agenda conservadora en materia de salud reproductiva, aborto y familia. Fue impulsada inicialmente por los gobiernos de Donald Trump y Jair Bolsonaro.

Entre sus principales afirmaciones, el documento sostiene que “no existe un derecho internacional al aborto” ni una obligación internacional de los Estados de financiarlo o facilitarlo. A su vez, plantea que el aborto no debe promoverse como método de planificación familiar y reivindica a la familia tradicional como núcleo fundamental de la sociedad.

La adhesión argentina al Consenso de Ginebra no modifica por sí misma la legislación actual en nuestro país. La Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo continúa vigente y debe garantizar el acceso al aborto a todas las personas que lo requieran, tanto en el sistema de salud público como en el privado. Pero, más allá de la formalidad jurídica, no podemos dejar de señalar que esta iniciativa forma parte de la cruzada del gobierno contra los derechos conquistados con la movilización popular y de su denominada “batalla cultural”.

Milei, como referente de la reacción patriarcal, no solo desfinancia políticas vinculadas con la prevención de las violencias de género y el Plan Nacional de Prevención del Embarazo no Intencional en la Adolescencia (ENIA), destinado a prevenir los embarazos no intencionales en la adolescencia, sino que también ataca la Educación Sexual Integral (ESI), lo que resulta sumamente peligroso.

Por eso, nuestra respuesta debe ser contundente, como lo fue el 1F frente a los discursos de Milei en Davos. Tenemos por delante fechas importantes del calendario feminista, como el 28S, Día de Acción Global por el Acceso al Aborto Legal y Seguro, y próximamente el Encuentro Plurinacional de Mujeres y Disidencias en Córdoba. Ambas instancias deben ser asumidas por el movimiento feminista como desafíos para impulsar acciones de lucha que permitan enfrentar y frenar a este gobierno ultraderechista, misógino y conservador, enemigo de las mujeres y las disidencias.
      

Mercedes Trimarchi, diputada electa en CABA por Izquierda Socialista/FIT  Unidad

Los Encuentros Plurinacionales de Mujeres y Disidencias son eventos únicos en el mundo y fortalecen la coordinación de las luchas feministas en nuestro país. Este año, el 39.º se realizará en la ciudad de Córdoba y vamos a ser miles quienes participemos para resolver democráticamente un plan de lucha.

Desde Isadora y Disidencias en Lucha nos estamos preparando para participar e impulsamos diferentes actividades que nos permitan intercambiar y debatir cómo organizarnos mejor.

Si sos del AMBA, te invitamos al Pre Encuentro que realizaremos el sábado 26 de septiembre, a las 10, en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, Santiago del Estero 1029, CABA.
Estamos re manijas y más pañuelo verde que nunca. Sumate para que tu bronca contra Javier Milei se transforme en lucha. ¡Organizate con nosotres!

Foto de portada: El gobierno porteño profundiza su carácter represivo


Escribe Mercedes Trimarchi, diputada electa en CABA por Izquierda Socialista/FIT Unidad

El jefe de Gobierno, Jorge Macri, profundiza su perfil cada vez más autoritario, represivo y reaccionario, con el objetivo de hostigar y disciplinar a los sectores más vulnerables.

En la Ciudad, la motosierra y la represión avanzan de la mano. Para imponer este rumbo, además, gobierna cada vez más por decreto. En lo que va del año ya firmó 259, consolidando una forma de gobierno que elude el debate parlamentario y avanza sobre derechos conquistados.

Entre las medidas más cuestionadas se encuentra el Decreto N.º 256/26, que modifica el Estatuto Docente y avanza sobre derechos laborales históricos de la docencia. También está el Decreto N.º 230/26, que obliga a garantizar entre un 50% y un 75% de funcionamiento en servicios como subtes, colectivos y recolección de residuos durante medidas de fuerza gremiales. Se trata de un nuevo ataque al derecho de huelga, una herramienta fundamental de las y los trabajadores para defender sus condiciones laborales.

A esta ofensiva antiobrera se suma el Decreto N.º 142/26, que restringe la atención médica a personas migrantes y a quienes tienen domicilio en la provincia de Buenos Aires. Es una medida profundamente xenófoba y discriminatoria, que busca enfrentar a las y los trabajadores entre sí y responsabilizar a las y los migrantes y a quienes viven en el conurbano por el deterioro de los servicios públicos que el propio gobierno desfinancia.

Un desalojo cada 30 horas

La campaña oficial “Ley y Orden sin okupas”, desplegada en carteles y videos por toda la Ciudad, procura justificar esta escalada represiva. Su expresión más brutal son los desalojos “administrativos” que el Gobierno porteño lleva adelante bajo el argumento de un supuesto riesgo de derrumbe.
Frente a esta política, el Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario N.º 2 ordenó suspender cautelarmente estos desalojos, que entre septiembre de 2025 y marzo de 2026 afectaron a más de 1.200 personas, en su mayoría niñas, niños y adolescentes que vivían en hoteles familiares o pensiones. Sin embargo, el Gobierno de la Ciudad continúa avanzando, desconoce la resolución judicial y profundiza una política cruel que expulsa a quienes menos tienen, mientras agrava la crisis habitacional.

La realidad social desmiente el discurso oficial. En la ciudad más rica del país, alrededor de medio millón de personas padecen la emergencia habitacional, unas 12 mil se encuentran en situación de calle y el 42 % de quienes alquilan destinan más de la mitad de sus ingresos al pago del alquiler. Lejos de impulsar un plan de viviendas populares o garantizar el derecho a habitar la ciudad, el macrismo sigue gobernando para los grandes desarrolladores inmobiliarios y la especulación.

El gobierno de Jorge Macri pretende instalar que la respuesta frente a la crisis social es más represión, más persecución y menos derechos. Mientras criminaliza la pobreza, ajusta la salud y la educación, y ataca las conquistas de las y los trabajadores, deja intactos los privilegios de los grandes grupos económicos que hacen negocios con la Ciudad. Desde Izquierda Socialista en el FIT Unidad seguiremos enfrentando estas políticas en las calles, junto a quienes defienden la educación pública, la salud y el derecho a la vivienda.

Escribe Mercedes Trimarchi, diputada electa en CABA por Izquierda Socialista/FIT Unidad

Clara Muzzio, vicejefa de Gobierno porteña, se convirtió en una de las principales voceras antifeministas de la gestión de Jorge Macri. En X ataca sistemáticamente la ESI, el derecho al aborto y la identidad de género.

Entre sus declaraciones más recientes, Muzzio afirmó que la Educación Sexual Integral (ESI) “no logró mejorar los indicadores de prevención de las infecciones de transmisión sexual” y sostuvo que enfermedades como la sífilis y el VIH aumentaron desde su implementación. Se trata de una afirmación falsa y tendenciosa. La ESI fue sancionada en 2006 y, desde entonces, los indicadores de distintas infecciones de transmisión sexual (ITS) atravesaron períodos de aumento y descenso, según los propios informes oficiales del Ministerio de Salud de la Nación y de la Ciudad de Buenos Aires. No existe evidencia que permita establecer una relación causal entre la implementación de la ESI y la evolución de estas infecciones.

Por el contrario, distintos estudios señalan que el aumento de algunas ITS está vinculado, entre otros factores, con la disminución en el uso del preservativo. Frente a esta realidad, el gobierno porteño podría desarrollar campañas masivas de prevención, garantizar educación sexual en todas las escuelas y asegurar la distribución gratuita de preservativos. Pero elige otro camino y cuestiona una herramienta fundamental para el acceso a derechos y la prevención en salud.

Muzzio también suele asociar la legalización del aborto con la caída de la natalidad. Otra vez, los datos desmienten su discurso. La disminución de la tasa de natalidad comenzó en Argentina varios años antes de la aprobación de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, conquistada en diciembre de 2020. Además, se trata de una tendencia mundial que responde a múltiples factores sociales, económicos y culturales.

Un estudio reciente del Observatorio del Desarrollo Humano de la Universidad Austral mostró que, entre las razones por las cuales muchas personas deciden no tener hijes, aparecen la ausencia de una pareja estable, la búsqueda de desarrollo profesional, la incertidumbre económica y la preocupación por el futuro en un contexto de crisis social, política y ambiental. El trabajo concluye que estamos frente a un cambio cultural profundo y no ante la consecuencia de una legislación específica.

Sus declaraciones forman parte de una ofensiva política e ideológica contra los derechos ganados con la lucha feminista. La ESI permite acceder a información científica, prevenir violencias, promover vínculos respetuosos y garantizar el derecho de niñas, niños y adolescentes. El aborto legal, seguro y gratuito terminó con la clandestinidad que condenaba a miles de mujeres y personas gestantes a poner en riesgo su salud y su vida.

Por eso ataca estas conquistas. Tanto la ESI como el derecho al aborto amplían la autonomía de las personas y cuestionan los mandatos patriarcales que históricamente buscaron controlar nuestros cuerpos. Seguiremos defendiendo cada uno de estos derechos frente a quienes pretenden retroceder décadas en materia de libertades democráticas. No permitiremos que los discursos reaccionarios del gobierno de Jorge Macri avancen sobre nuestras conquistas obtenidas con la movilización.