Escribe Mariano Barba
 
Cristina Kirchner realizó varias apariciones públicas victimizandose luego de la acusación del fiscal, que solicitó doce años de cárcel e inhabilitación para ocupar cargos públicos. Para responder, la vicepresidenta reivindicó al peronismo y a sus doce años de gobierno. No dijo una palabra del actual y brutal ajuste que lleva adelante junto a Sergio Massa.
 
El martes 23 Cristina realizó, desde su despacho del Senado, una declaración sobre los proyectos de Vialidad que la incriminan, mostrando varias notas periodísticas. Usó su intervención para denostar a la justicia. Pero, fundamentalmente, para dejar el mensaje de que la atacan y la quieren encarcelar porque: “Es un juicio al peronismo, a los gobiernos nacionales y populares, a los que peleamos por la memoria, verdad, justicia, el salario, las jubilaciones, la obra pública”, e insistió: “La sentencia ya está escrita”. Y repitió una definición política que ya había dicho en otras oportunidades: “Me piden doce años de condena por cada uno de los mejores años que vivió el pueblo argentino”.

No hay mejor defensa que un buen ataque, reza un dicho popular. Cristina lo usa frecuentemente. No solo no responde ni aclara ninguna de las acusaciones concretas sobre la corrupción en la obra pública, sino que se centra en ensalzar sus doce años de gobiernos anteriores. Desde Izquierda Socialista le queremos recordar que no son doce, sino que ya lleva quince años gobernando porque hay que computar los casi tres años actuales. Estos tres años junto a Alberto están signados por un ajuste marca mayor donde la inflación está destruyendo los salarios y la miseria supera el 40% de la población. Nunca el pueblo trabajador había caído tanto en su nivel de vida.

Cristina tampoco “recuerda” que en sus tres gestiones anteriores, comenzando por el gobierno de Néstor y siguiendo por sus dos mandatos, muchísimas luchas se dieron contra las políticas del kirchnerismo. No se recuperó ninguna de las empresas de servicios públicos privatizadas por Menem; se le pagó al FMI y los acreedores externos la suma de 190.000 millones de dólares, reconocidos por ella misma cuando se auto definió como “pagadora serial”. Tampoco recuerda Cristina que vetó la ley del 82 % móvil para los jubilados. Que durante su mandato se hizo el acuerdo con Chevron para entregar las riquezas hidrocarburíferas de Vaca Muerta que se impuso con una gran represión en la legislatura de Neuquén; y que contenía puntos secretos que ahora son respetados para que las multinacionales del petróleo tengan beneficios especiales como lo anunció el ministro Massa. Tampoco recuerda que durante sus doce años se dio la masacre de Once con 52 muertos por la corrupción de empresarios amigos del Jaime y De Vido; y se batió el récord de más de cinco mil perseguidos por luchar de todos los ámbitos, laborales, derechos humanos, pueblos originarios, estudiantes, y un largo etcétera. El propio “Pollo” Sobrero, dirigente ferroviario y de Izquierda Socialista, fue preso por orden del actual Ministro de Seguridad,  Aníbal Fernández, que le inventó una causa. En conclusión, no hay nada para reivindicar de aquellos doce años, y menos aún de los tres del actual gobierno.
 
¿El peronismo es “alegría” o ajuste?   

El sábado, luego de la represión ejercida por la policía de la Ciudad contra los manifestantes que se concentraron frente a su casa, la vicepresidenta, desde un escenario en su barrio de la Recoleta, dijo que “nos reprimen por odio al peronismo. No toleran el amor y la alegría de los peronistas”.  Desde Izquierda Socialista rechazamos la represión y el intento de Rodríguez Larreta por impedir una manifestación de apoyo a Cristina. Y también queremos destacar la voltereta discursiva típica del kirchnerismo que intenta presentar una escenografía que no existe en el país. No vemos “alegría” en ningún sector del pueblo trabajador. No lo vemos en los asalariados que sufren mes a mes la caída de su poder de compra, no lo vemos en los desocupados que tienen subsidios de indigencia, no lo vemos en los jóvenes, que más de la mitad sufren la pobreza. No vemos alegría por ningún lado. Más bien predomina la decepción por lo prometido y no cumplido en este gobierno de Cristina que optó por pagar la deuda al FMI y no los derechos del pueblo trabajador.

Con solo los últimos trece años de gobiernos peronistas en el país y en muchas provincias podemos sacar la conclusión de que el peronismo no tiene nada que ofrecer a las y los trabajadores, jóvenes y sectores populares. La salida es la izquierda y te proponemos sumarte a construir Izquierda Socialista en el FIT/Unidad.

Escribe Mariano Barba

Con el objetivo de reunir a su alrededor a todo el arco peronista, Cristina, refiriéndose a la justicia y a la derecha, dijo que: “Vienen por todo, vienen por ustedes, por los salarios, los derechos de los trabajadores, las jubilaciones”.

Rápidos de reflejos los burócratas sindicales salieron presurosos a defender a Cristina ante la acusación del fiscal Diego Luciani.

Los más jugados son los dirigentes de la CTA de los Trabajadores, encabezada por el diputado kirchnerista  Hugo Yasky. Reunieron a la Comisión Ejecutiva Nacional y el Plenario de Secretarios Generales para lanzar un plan de lucha y preparar un paro nacional. ¿Será para defender el salario, las condiciones de trabajo y la jubilación? ¿Será para enfrentar el ajuste y el pacto con el FMI? ¡No! No se les pasa por la cabeza. Las medidas son para defender a Cristina. La resolución dice textualmente: “Impulsar un plan de lucha destinado a impedir la maniobra de proscripción de Cristina Fernández de Kirchner y la criminalización de la protesta social”. Y además agrega “[…] preparar el paro nacional activo para exigir la declaración de nulidad del juicio contra la vicepresidenta de la Nación”. Esto demuestra que son cómplices totales del ajuste. Ya de las medidas de Massa ni hablan.

La burocracia de la CGT también se enfrascó en analizar una medida de fuerza en apoyo a Cristina. Pablo Moyano de Camioneros junto a Víctor Santa María, secretario general del sindicato de encargados de edificios (Suterh) y referente del PJ porteño, plantearon la conveniencia de tomar una medida de fuerza para “autodefensa ya que vienen por nosotros”, haciendo caso al llamado de Cristina.
El 17 de agosto la CGT y la CTA habían confluido en una marcha sin oradores y solo “contra los formadores de precios”. Hoy vuelven a repetir la historia, ya que debaten una medida pero no para defender los trabajadores sino para defender al PJ, a Cristina y compañía.

Enfrentando al ajuste y al pacto burocracia-gobierno está el Plenario del Sindicalismo Combativo, encabezado por las y los ferroviarios del Sarmiento y trabajadores del Sutna, entre otros. Un espacio de coordinación para seguir construyendo una nueva dirección combativa y democrática, independiente de todos los gobiernos.
                                                                   

Escribe Claudio Funes

Cristina Kirchner entregó la faraónica y cuestionada tarea de soterrar el Sarmiento a un consorcio de empresas privadas, con su decreto 151 del 23 de enero de 2008. La Unión Transitoria de Empresas (UTE), conformada por: la brasileña Odebrecht, la argentina Iecsa (de Ángelo Calcaterra, primo de Mauricio Macri), la italiana Ghella (socia de Calcaterra en la conformación del Grupo ODS -Obras, Desarrollos y Servicios-) y la española Comsa; recibieron millones, también del macrismo, por un trabajo nunca concluído.

El 16 de junio de 2016, mediante un decreto firmado por Gabriela Michetti, el gobierno de Mauricio Macri ordena reanudar las obras, entonces paralizadas. Rápidamente asignó fondos a ser pagados a la UTE Iecsa-Odebrecht-Ghella-Comsa. A esa altura, Marcelo Odebrecht, CEO del gigante brasileño, ya había pasado por la cárcel en el marco de la causa por coimas en su país (Lava Jato) y en varios de América Latina, entre ellos la Argentina. Eran los mismos tiempos en los que Lázaro Báez y Ricardo Jaime aparecían detenidos frente a las cámaras de televisión. Para colmo ejecutivos de Odebrecht confesaron pagos de coimas por al menos 3,3 millones de dólares para ganar la obra del ferrocarril Sarmiento. La tarea la llevó adelante Javier Sánchez Caballero, mano derecha de Calcaterra en Iecsa.
Recordemos que Odebrecht también financió la campaña electoral de Mauricio Macri, así como la de Daniel Scioli, Sergio Massa y Margarita Stolbizer. Las grandes empresas ponen plata en todos los canastos para continuar haciendo negocios con los gobernantes de turno que la aceptan.

Si bien la UTE se fue transformando según las conveniencias de los grandes capitalistas, lo cierto es que, a la fecha de la suspensión de las obras en diciembre de 2018, el gobierno de Macri gastó más de 747 millones de dólares.

Los ferroviarios del Sarmiento, encabezados por Rubén “Pollo” Sobrero, estuvieron en la primera fila de la denuncia técnica, por lo perjudicial del proyecto al servicio de pasajeros, y política, por la corrupción que caracterizó este proyecto. Las obras de soterramiento tuvieron como fin ser un gran negociado, no un más rápido y seguro transporte para el pueblo trabajador.
                                                           

Escribe Claudio Funes

Entre las peleas que dio nuestro diputado Juan Carlos Giordano (Izquierda Socialista) en el Congreso de la Nación, en 2016 presentó un proyecto de ley para anular el ruinoso acuerdo firmado por el gobierno de Mauricio Macri en nombre del Estado Nacional con la empresa Correo Argentino S.A., el 28 de junio de ese año.

En los hechos el entonces presidente Macri condonaba su propia deuda y la de su familia por el no pago del canon (renta o cantidad pagada en forma periódica a cambio de la utilización de una cosa de propiedad pública) establecido al momento de la concesión del servicio postal.

Durante dieciséis años los sucesivos gobiernos de Eduardo Duhalde, Néstor Kirchner y Cristina Kirchner extendieron el concurso preventivo del Correo Argentino S.A. al no exigir el pago total y actualizado de la deuda. Esto provocó que esta se licuara por la enorme inflación registrada en esos años. Todos favorecieron a los empresarios.

Por ello Giordano, como también denunció junto a los ferroviarios del Sarmiento, la corrupción peronista en la Masacre de Once, en nombre de Izquierda Socialista propuso: Artículo 1°. Anular el acuerdo firmado por el gobierno de Mauricio Macri en nombre del Estado Nacional con la empresa Correo Argentino S.A.  Artículo 2°. Embargar y rematar las propiedades, acciones, bienes y demás acreencias de las empresas Sideco, Socma y otras del Grupo Macri y los bienes personales de sus accionistas y directivos para que con ese dinero se paguen todas las deudas. Artículo 3°. Se crea la Empresa Nacional de Correo Sociedad del Estado (100% estatal). Artículo 4°. La nueva empresa estatal deberá reincorporar a todos los trabajadores despedidos durante la privatización e investigar a los funcionarios y directivos que dirigieron el Correo Argentino.

Desde la lucha consecuente contra la corrupción de gobiernos macristas y peronista kirchneristas, en Izquierda Socialista/FIT Unidad reclamamos condena y que devuelvan lo robado.

Escribe José Castillo

El superministro de Economía Sergio Massa anunció un fortísimo recorte de partidas presupuestarias, con el objetivo de cumplir con la meta de ajuste pactada con el Fondo. Son 210.000 millones de pesos de recortes, que afectan centralmente al pueblo trabajador.

El entronizamiento de Massa tenía un objetivo bien concreto: demostrarle al FMI y al establishment financiero que “ahora sí” se iría a fondo con el ajuste. Que, recordemos, ya se viene llevando adelante desde la mismísima firma del acuerdo con el Fondo, vía licuación de salarios públicos y jubilaciones y sub-ejecución de partidas. Silvina Batakis, en sus escasas tres semanas en el ministerio de Economía, también hizo los deberes, congelando partidas e ingresos de personal al Estado.

El ministro Massa acaba de dar dos señales contundentes de alineamiento con el Fondo. Por un lado, finalmente nombró como secretario de Programación Económica (el puesto número dos de su ministerio) al economista liberal Gabriel Rubinstein, toda una garantía para los ajustadores. Pero lo más importante fue el anuncio de recortes muy fuertes en varias áreas, hasta sumar 210.000 millones de pesos.  

El foco está puesto en reducir el déficit fiscal al 2,5% del PBI, tal como lo establece el acuerdo firmado con el FMI en marzo pasado. Para llegar a esto se necesita un achique de al menos 500.000 millones de pesos. El recorte anunciado es, sin duda, el primer paso, aunque como vemos no será el último.

Un auténtico mazazo a la educación pública

Educación sufrió un recorte de 50.000 millones de pesos. Golpea especialmente al plan Conectar Igualdad, que pierde 30.000 millones de pesos, lo que equivale a decir que habrá 180.000 computadoras menos para repartir entre los estudiantes. Otros 15.000 millones dejarán de aplicarse al programa Fortalecimiento de los Jardines Infantiles y 5.000 millones en Infraestructura y Equipamiento.

En este marco resultó increíble que, ante semejante achicamiento presupuestario, el ministro de Educación lo minimice, sosteniendo que no afecta en nada. El insólito argumento de Jaime Perczyk fue que “igual las computadoras no se podían armar por la restricción en la importación de componentes”. Sostuvo que, de todas maneras, “pasan al año que viene”. Cosa que no sucederá porque el ajuste exigido por el Fondo para 2023 será aún mayor.

Las otras partidas ajustadas

Además sufrirán un ajuste violentísimo las partidas del ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat, también por un monto de 50.000 millones de pesos, afectando en este caso al programa Procrear. Otro rubro de recortes es el de Obras Públicas, por un monto de 20.000 millones de pesos.

El ministerio de Desarrollo Productivo sufrirá un recorte de 70.000 millones de pesos. Se trata de partidas destinadas al Fondo Nacional de Desarrollo Productivo (Fondep) y al Fondo de Garantías Argentino (Fogar), dos asignaciones de respaldo al crédito productivo principalmente orientado a la pequeña y mediana empresa.

También el ex ministerio de Transporte, que ahora fue absorbido por el Ministerio de Economía, verá afectadas sus partidas con un recorte de 10.000 millones de pesos, entre las que se destaca el programa Transferencias a Gobiernos Municipales, que tendrá un ajuste de 4.076 millones de pesos.

El ministerio de Salud, finalmente, tendrá un recorte de 10.000 millones de pesos, que afecta fundamentalmente a campañas de vacunación.

Y todavía falta más

La suma de los tarifazos con el ajuste que detallamos en esta nota probablemente no sea suficiente para alcanzar la meta exigida por el Fondo.  Tampoco alcanzará con el congelamiento de ingresos al Estado anunciados hace dos meses por Silvina Batakis, ni con la licuación de las jubilaciones y salarios del sector público. En las próximas semanas veremos nuevos anuncios de recortes.

Y, aún así, esto no es lo peor. Para el año próximo el FMI requiere un ajuste más duro aún, llegando ahora al 1,5% de déficit fiscal. En las próximas semanas esto se verá en el proyecto de presupuesto que tiene que presentar el gobierno ante el Congreso.

Como vemos, el único plan económico en curso es ajuste sobre ajuste. Un achicamiento que pega tremendamente sobre el pueblo trabajador. No hay salida por este camino. Hay que plantear una política totalmente distinta, un plan de emergencia que comience, justamente, por romper con el FMI y suspender todos los pagos de deuda externa. Para, con esos fondos, dedicarse a priorizar las más urgentes necesidades populares de salario y jubilaciones dignas, trabajo genuino, educación, salud y vivienda.