Escribe José Castillo

El astronómico incremento del boleto de transporte en el AMBA es un auténtico mazazo al ya castigado salario de las y los trabajadores. A eso se suma los anuncios de nuevos aumentos para el mes que viene.

La escena se repite a cada rato: pasajeros que, desesperadamente, tratan de saltar molinetes porque no tienen más crédito en la tarjeta SUBE, gente que en el colectivo pide por favor si alguien le puede pagar el pasaje (o a veces que el chofer los lleve gratis). Y también la contrapartida: extraños personajes vestidos “de negro”, con saco y corbata, parados sin identificación en casi todas las estaciones del Subte, contratados ilegalmente por EMOVA, con el objetivo de evitar que alguien se cuele.

¿Qué hay detrás de todo esto? Las consecuencias de un nuevo tarifazo en el transporte público (tren, colectivos y subte) de Capital y Gran Buenos Aires. Para medir sus consecuencias, recordemos que la inmensa mayoría de las y los trabajadores toman dos medios de transporte para llegar a su lugar de trabajo o estudio (o sea, cuatro por día), un presupuesto imposible de solventar. Ya se escuchan testimonios de personas que, con trabajos informales, hacen cuentas y dicen que ni siquiera les conviene ir a trabajar, ya que gastan más de lo que ganan. Que hoy nos refiramos a este hecho que afecta al AMBA no quiere decir que el resto del país esté mejor, simplemente allí los tarifazos se dieron antes y el boleto es igualmente impagable.

En el caso del AMBA, desde que asumió Javier Milei en diciembre de 2023, el costo del boleto mínimo aumentó un 600% en sólo ocho meses de gestión.

El último aumento, vigente desde el 12 de agosto, fue del 37%. Un auténtico mentís a la propaganda del gobierno de que “se acabó la inflación”. A todo esto se suma el anuncio del gobierno de Milei de que, a partir de septiembre, dejará de subsidiar totalmente el transporte público en la Ciudad de Buenos Aires (lo que anticipa un nuevo aumento). El gobierno también informó que en breve se podrá pagar el boleto con cualquier medio de pago (billetera virtual, tarjeta de débito o crédito), lo que implica, al quitarle ese rol a la tarjeta Sube, que desaparecerán los descuentos por combinar dos o más viajes consecutivos, otro golpe al bolsillo.

¿Hasta dónde llegará el ajuste?

El gobierno ultraderechista de Milei avanza con su superajuste al servicio de incrementar las ganancias de las grandes patronales, los especuladores financieros, los buitres de la deuda y el FMI. Ya pulverizó los salarios y las jubilaciones. Provocó medio millón de despidos. Generó una recesión que liquidó los ingresos de los que viven de changas o de ocupaciones informales. Ahora se apresta a reglamentar una flexibilización laboral furiosamente antiobrera. Les aumentó los impuestos a las y los trabajadores (con la restitución a descuentos por “ganancias” para los salarios) y se los bajó a los ricos y a las empresas. Liberó los alquileres, que pegaron saltos astronómicos, al igual que las prepagas y los medicamentos. Todo esto mientras desfinancia a límites extremos la salud y la educación públicas y habilita el saqueo de los recursos naturales con el RIGI.

No hay salida con este programa. Es mentira que, en algún momento, más cercano o más lejano, vendrá una recuperación que favorecerá al pueblo trabajador. Si dejamos que avance, la realidad será cada vez peor.

Por eso, al mismo tiempo que salimos a pelear contra todas y cada una de las medidas de este ajuste, reclamando a la CGT que rompa su pacto desmovilizador y llame a un nuevo paro general y un plan de lucha, tenemos que oponer otro programa económico, como el que proponemos desde Izquierda Socialista y el Frente de Izquierda Unidad. Que sea realmente alternativo, obrero y popular, opuesto por el vértice al actual. Que empiece por suspender inmediatamente todos los pagos de deuda externa, que rompa con el FMI, que les cobre fuertes impuestos a los ricos y las grandes empresas, que nacionalice la banca y el comercio exterior y reestatice las privatizadas. Para así, con todos esos recursos en nuestras manos, ponerlos en marcha para resolver las más urgentes necesidades populares: salarios y jubilaciones dignas, trabajo genuino para todos y fondos para salud, educación y vivienda.

Escribe Guido Poletti

El dato de Unicef es aterrador: en nuestro país 1,5 millones de niñas y niños se saltean una comida al día porque sus padres y madres no tienen dinero para comprar alimentos.

Un dato de esta magnitud nunca se había reflejado en toda la historia argentina. Es la contracara de los números dados a conocer la semana pasada, que mostraba que  el 70% de les niñes aparecían bajo la línea de pobreza y el 30% bajo la de indigencia.

Todo esto resulta de una suma de factores, todos consecuencia obvia del superajuste de Milei. Primero y principal, la caída en picada de los salarios, que deja a millones de familias sin poder adquirir lo más básico de la canasta familiar. Agreguemos a esto que hay medio millón de personas que directamente perdieron sus ingresos al ser despedidas. La recesión hace que también quienes viven de changas o trabajos informales vean reducidos extremadamente sus ingresos.

Claro que a esta realidad le debemos sumar el desmantelamiento de todas las redes de ayuda social, empezando por el desfinanciamiento de miles de comedores populares, a los que desde la asunción del gobierno de Milei ya no les llega dinero ni comida.

El hambre y la desnutrición infantil son la peor cara, la más cruel, del plan que lleva adelante el gobierno ultraderechista de La Libertad Avanza. Otro motivo que hace más urgente que nunca que la CGT y las CTA rompan la tregua, lancen un nuevo paro general y un plan de lucha para enfrentarlo.

Escribe José Castillo

Se viene la reglamentación de la reforma laboral que fue votada en la Ley Bases. Se trata de una auténtica declaración de guerra contra la clase trabajadora. Su intencionalidad es clara: barrer con la legislación laboral que se ganó con décadas de lucha.

Todo, absolutamente todo, es a favor de las patronales y contra las y los asalariados. Veamos:

Se extiende el período de prueba a 6 meses (y a 8 para empresas de 6 a 100 trabajadores, e incluso hasta un año para patronales con entre uno y 5). Toda una invitación a emplear y despedir a los pocos meses sin pagarles un peso, como material descartable.  

Se eliminan las sanciones de todo tipo (infracciones, multas, acciones penales, intereses punitorios por sanciones anteriores no pagadas) a las patronales que violaron la ley teniendo trabajadores en negro.
A las y los trabajadores que estaban contratados en negro por sus patronales y ahora sean blanqueados, sólo se le considerarán hasta cinco años de aportes (si venían trabajando en esas condiciones desde más tiempo, pierden todo ese período). Peor aún, esos cinco años no se considerarán para el cálculo del haber inicial jubilatorio.

Se les da más herramientas a las patronales para desconocer la relación de dependencia y de esa manera evitar pagar indemnización por despidos. Así, quedan expresamente fuera de la ley de Contrato de Trabajo, los contratos de obra, de servicios y de agencias. Además, si el empresario está inscripto como monotributista, podrá contratar hasta tres empleados como “colaboradores”, sin que eso se considere relación de dependencia (y, obviamente, podrá despedirlos gratis cuando lo desee).

Se habilita además a que, en acuerdo con la burocracia sindical, se pueda cambiar el régimen de despidos de la ley de Contrato de Trabajo por el “fondo de cese laboral”, similar al que tiene la Uocra actualmente.

Se facilita despedir a trabajadoras y trabajadores por discriminación. Bastará pagar unos centavos más de indemnización, pero se deroga la legislación actual, donde en esas situaciones la justicia podía declarar nulo el despido y obligar a la reinstalación del trabajador en su puesto.

Se avanza con toda una legislación antisindical y de recorte del derecho a huelga, ya que se considerará justa causa de despido la participación en bloqueos o tomas de establecimientos.

En síntesis, el gobierno ultraderechista de Milei muestra, con esta reglamentación, su peor cara pro-patronal y a favor de la superexplotación. Habrá que salir a dar pelea para impedir que esto se ponga en marcha.

Escribe Juliana García, hija de desaparecidos, quien buscó y encontró a su hermana nacida en un centro clandestino de detención y tortura.
 
El cierre de la Unidad Especial de Investigación (UEI) dependiente de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (CoNaDI) mediante la firma del decreto presidencial 727/2024 tiene como objetivo terminar con la búsqueda de los niños y niñas que fueron apropiados durante la última dictadura cívico-militar. Esta política, sumada al vaciamiento de la Secretaría de Derechos Humanos, los despidos en los Sitios de la Memoria y la visita de diputados del bloque de La Libertad Avanza a genocidas, muestra la intención negacionista del gobierno de Javier Milei y Victoria Villarruel, que buscan la impunidad para quienes cometieron crímenes de Lesa Humanidad.

Con la firma de este decreto, la CoNaDI no podrá conducir investigaciones ni acceder a los archivos del Estado para contribuir con la búsqueda de las niñas y niños apropiados que las Abuelas de Plaza de Mayo vienen llevando adelante hace cuarenta y siete años. Desde hace meses, el gobierno de Milei viene urdiendo una embestida contra el organismo. El Ministerio de Defensa fue el primero en anunciar que no iba a mandar documentación a la CoNaDI. En mayo de este año, la ministra Patricia Bullrich se sumó a la maniobra vil descalificó la labor de la CoNaDI argumentando que se trataba de un organismo ideologizado. En junio, Florencia Zicavo, jefa de gabinete de Cúneo Libarona en el Ministerio de Justicia, redactó un proyecto para sacarle a la CoNaDI las facultades que tenía desde hace veinte años: las de investigar y acceder a los archivos estatales. El decreto 727/2024 viene a coronar una continuidad de políticas que primero se concibieron como negacionistas de la última dictadura militar, luego colaboracionistas de la impunidad y hoy pueden ser consideradas como reivindicatorias de los crímenes de Lesa Humanidad.

Nos sumamos a la denuncia de estas políticas crueles y revanchistas que lleva adelante el gobierno ultraderechista de Javier Milei y Victoria Villaruel. Exigimos la reapertura de la UEI de la CoNaDI y reclamamos que se abran los archivos para saber qué hicieron con los cientos de niñas y niños a quienes se les sigue negando su derecho a la identidad.

Escribe Guillermo Sánchez Porta

El miércoles pasado la Cámara de Diputados dio media sanción al proyecto de Ley hipócritamente llamado “esencialidad de la educación”. El proyecto presentado por los radicales de la UCR, fue apoyado por Milei y La Libertad Avanza, el PRO, Pichetto y, una vez más, por diputados peronistas de Unión por la Patria. Rechazado por el Frente de Izquierda y sectores del peronismo. Ctera debe romper la tregua y llamar al paro y plan de lucha para frenarlo.

Esta Ley busca liquidar el derecho constitucional de huelga de la docencia. A los gobiernos ya no les alcanza con descontar los días de paro, poner bonificaciones que sólo se cobran si la docencia no falta ni un solo día, amenazar con declarar faltas injustificadas los días de paro. Ahora directamente los quiere prohibir: si hay paro, la mitad de la docencia debe asistir igual a la escuela. ¡Y quien determina quiénes hacen el paro y quiénes deben carnerear, es el equipo directivo!

Si a algún gobierno le importara la educación, lo que debería hacer es aumentar el presupuesto educativo para garantizar escuelas en condiciones de infraestructura (lo opuesto que hoy ocurre), para el nombramiento de docentes y auxiliares faltantes (hoy hay decenas de miles de estudiantes sin docentes), para que la docencia cobre salarios dignos en un turno y así pueda capacitarse en contra turno. Y eso se puede hacer si se lleva el presupuesto al 10% del PBI nacional, si se deja de pagar al FMI, si se suspenden los subsidios a las escuelas privadas. Pero sólo el Frente de Izquierda tiene esta propuesta y realizó una audiencia en contra la esencialidad en la Cámara de Diputados. Los demás partidos patronales, el gobierno nacional y todos los gobernadores, usan a la educación como prenda del ajuste y por eso atacan el derecho de huelga, para tratar de evitar que la docencia luche.

La conducción peronista kirchnerista de Ctera y demás sindicatos que conduce la burocracia Celeste, capitularon vergonzosamente al ajuste de Milei y ni siquiera llamaron a un paro con movilización. Sí, lo impulsamos sectores combativos y por eso Ademys CABA, ATEN Neuquén, Adosac Santa Cruz, entre otros, paramos y movilizamos. En provincia de Buenos Aires, a pesar que Kicillof dijo estar en contra de esa Ley, la burocracia de Baradel de Suteba se negó a parar y apenas llamó a un acto en Congreso “sólo para delegados”. Desde Docentes en Marcha impulsamos y logramos que la Multicolor finalmente llamara a parar provincialmente, con una alta adhesión.

Ante el repudio general de la docencia por la inacción de Ctera, es posible que llamen a alguna medida de fuerza cuando se trate en el Senado. Es necesario que Ctera llame ya a un paro y plan de lucha, con una fuerte campaña de esclarecimiento del desastre de esta Ley de Esencialidad y en apoyo a las provincias que reclaman un inmediato aumento salarial.