Escribe Guido Poletti

La inflación de junio volverá a superar el 5% (el número oficial se conocerá este jueves). Se calcula que anualizada ya está en 75% y con serios riesgos de seguir aumentando y superar el 100%.
La crisis de estos días, en lo que fue desde la renuncia de Martín Guzmán al ministerio de Economía a la primera semana en el cargo de la nueva ministra Silvina Batakis, sirvió como excusa para una remarcación generalizada de todos los precios. Las proyecciones dan para julio una inflación que irá en un rango cercano al 8%, pudiendo incrementarse hasta el 10%. Los salarios, las jubilaciones y los planes sociales, que ya venían siendo violentamente sacudidos en los meses anteriores, sufrieron un nuevo golpe la semana pasada, con bienes esenciales que subieron un 20, 30 y en algunos casos 50%. Estadísticamente, la inflación de alimentos subió un 2,5% en la primera semana de julio, donde aumentaron uno de cada tres productos (relevamiento de la consultora LCG). Lácteos y huevos trepó 6,5%; pan, cereales y pastas 4,9%; azúcar y cacao 3,3%; bebidas 2,8% y aceites 2,4%.

Mucho se discute sobre las causas de la inflación. No es la intención de este artículo hacer un debate teórico al respecto, sino ir a algo bien concreto. Se dice que por la “incertidumbre”, la “suba del dólar” o la “emisión monetaria”, el “mercado” sube los precios. Queremos ser bien claros: no existe dicho “mercado” en abstracto. Lo que hay, en concreto, son grandes empresas, la gran mayoría monopólicas u oligopólicas, que envían listas remarcando precios cada quince días. Ellas, y las grandes cadenas de hiper y supermercados, que le agregan su propia “tajada”, son las que se cubren y garantizan sus superganancias a costa del hambre del pueblo trabajador.

Con nombre y apellido

Las empresas de las que hablamos son las mismas con las que se reunió esta semana la propia ministra Batakis. En los rubros de consumo masivo son Molinos Río de la Plata y Vicentín (fideos y productos provenientes de la harina, aceites), Arcor (prácticamente todo el rubro de alimentos envasados), Mastellone (lácteos), Mondelez (golosinas), Quilmes y la Asociación de Fabricantes Argentinos de Coca Cola (bebidas),  y Procter&Gamble y Unilever (artículos de limpieza y tocador).

A esto hay que sumarle las grandes cadenas de híper y supermercados, que le agregan su tajada a los aumentos: Carrefour, Cencosud, Coto, La Anónima y Walmart.

¿Qué hacer?

El gobierno del Frente de Todos suele reunirse cotidianamente con estos empresarios. Nombramos más arriba el encuentro de la semana pasada con la ministra Batakis, pero hubo montones de reuniones anteriores con los funcionarios hoy renunciados. Han firmado decenas de acuerdos (Precios Cuidados, Precios de Cercanía, Precios Máximos, Cortes Congelados -para la carne-, canasta de frutas y verduras). Sin embargo, estos pactos son sistemáticamente violados por las mismas patronales. Los usan cuando les conviene, casi como propaganda gratuita de ofertas, para luego hacer desaparecer estos productos de las góndolas o reemplazarlos por otros similares pero con un precio mayor. El mismísimo gobierno reconoce que los acuerdos se están cumpliendo en un 60% (esto quiere decir que de cada tres productos, hay uno que no está en la góndola).

Todo esto lleva a que algunos economistas del establishment liberal salgan a decir por los medios que los controles de precios o los precios máximos no sirven, y que hay que liberalizar todo, dejando que “el mercado” (o sea los pulpos empresarios) haga lo que quiera.

Nosotros decimos exactamente lo contrario. Si los actuales acuerdos no funcionan es porque el gobierno se niega a sancionar a quienes los violan. Podría hacerlo fácilmente si quisiera, ya que solo se trata de aplicar la Ley de Abastecimiento. Si hubiera real voluntad, bastaría con fijar precios máximos para todos los productos de la canasta familiar y controlar severamente su cumplimiento. Tendrían que sancionar a quien viole esos precios, provoque desabastecimiento o acapare (sea  una gran empresa productora o una cadena de supermercados) con multas, clausuras, prisión para sus dueños o incluso expropiación de la empresa. Esa es la verdadera guerra contra la inflación que este gobierno se niega a llevar adelante.

Escribe José Castillo

“No hay dólares”. “Casi no queda nada en las reservas del Banco Central”. “Quedan divisas para apenas quince días de importaciones”. Son todas frases que escuchamos estos últimos días. Muchos señalan que ese es el motivo de la actual suba de los dólares “paralelos” (blue, Contado con Liqui o MEP), que llegaron a acercarse a 300 pesos en lo más álgido de la crisis. “Nuestro problema es la restricción externa”, dicen los economistas del Frente de Todos. “Tenemos que reconocer que tenemos una economía bimonetaria”, agrega la vicepresidenta Cristina Fernández. El presidente Alberto Fernández dio la explicación más desopilante: “no nos alcanzan los dólares porque crecemos mucho”.

Ninguna de estas explicaciones va al corazón de lo que está pasando. ¿Por qué, si este año tendremos récord de exportaciones, cerca de 90.000 millones de dólares, como lo informó la propia ministra Batakis, sin embargo no hay dólares?

Primero, porque las exportaciones están concentradas en manos de unos pocos grupos transnacionales monopólicos, que realizan todo tipo de maniobras en su propio beneficio y así las divisas terminan no entrando al país. Estamos hablando de las gigantes yanquis Cargill, Bunge, Archer Daniels Midland (ADM), de la francesa Dreyfuss, de la china Cofco y de la anglo-suiza-canadiense Viterra-Glencore. Solo entre  2021 y lo que va de 2022, la AFIP detectó 1.400 casos de maniobras irregulares, por al menos 4.100 millones de dólares. Se trata de subfacturación de exportaciones y de operaciones truchas entre empresas  subsidiarias de un mismo grupo económico, con  triangulación, autopréstamos, etcétera.

Pero, además de lo puramente delictivo, hay miles de maniobras especulativas. Este año, entre enero y lo que va de julio, apenas se exportaron 11 millones de toneladas de soja. De los 44 millones de toneladas disponibles quedan 33 millones sin vender. El resto está guardado especulativamente en silobolsas. El propio presidente del Banco Central, Miguel Pesce, reconoce que hay un retraso en las liquidaciones de al menos 2.200 millones de dólares.

Y no se trata solo del complejo agrario. La Dirección Nacional de Aduanas acaba de denunciar una millonaria subfacturación de exportaciones de litio, en 403 operaciones ocurridas entre 2018 y 2019. Se trata de una empresa multinacional con base en Catamarca que declaraba apenas un tercio del valor real del carbonato de litio que exportaba.

El otro tema son las importaciones. Si bien la gran factura de importaciones es por la necesidad de comprar gas (se calcula que solo en este mes se requerirán 2.000 millones de dólares en este concepto), se observan gran cantidad de empresas que, jugando especulativamente a una futura devaluación, importan de más para tener stock, y también operaciones de sobrefacturación (o sea, piden acceso a los dólares oficiales, mucho más baratos, por encima de lo que realmente necesitan).

Por supuesto hay otras canillas por las que se van los dólares. Están los especuladores, los pulpos financieros que hasta ahora venían jugando a la bicicleta financiera que les ofrecía el Banco Central con las altísimas tasas para los bonos en pesos y que hoy deciden irse, no renovar esos bonos, venderlos y pasarse a dólares para fugarlos. Y, por supuesto, tenemos la canilla siempre abierta de los pagos de deuda externa, como el de esta semana por 690 millones de dólares.  

Frente a esta realidad, pretender ahorrar divisas por medio de un cepo que, finalmente, al que más perjudica es al pueblo trabajador, es una señal de un gobierno que no quiere atacar realmente los intereses de los que más tienen.

Lo que debería hacerse es nacionalizar el comercio exterior, creando un ente estatal monopólico que se encargue de las exportaciones e importaciones y administre el uso de las divisas. Así, los dólares entrarían directamente al Tesoro y podrían ser utilizados según las necesidades de un plan económico al servicio del pueblo trabajador.

Este organismo, además, cumpliría el rol de las viejas Juntas de Granos y de Carnes, fijando precios justos para los pequeños productores (que hoy son presionados con precios a la baja por los grandes monopolios). Jugaría también el rol de agencia compradora, acumulando stocks estratégicos que se podrían vender a un valor inferior en el mercado interno y en el momento adecuado al precio internacional en el mercado externo. Podría, también, hacer acuerdos bilaterales de país a país, rompiendo con los negocios de los intermediarios.

Ese mismo organismo controlaría a la vez las importaciones, evitando maniobras especulativas y definiendo estratégicamente qué bienes deben comprarse en el exterior.

Si a esta nacionalización del comercio exterior la complementamos con otras medidas, como la nacionalización de la banca para terminar con la especulación financiera y, por sobre todo, con la suspensión de los pagos de deuda externa y la ruptura con el FMI, tendremos todas las herramientas necesarias para volcar todos los recursos a la solución de las más urgentes necesidades populares.

Escribe Atilio Salusso

Era “la palabra maldita”. La que todo el gobierno tenía prohibido mencionar. La que el peronismo del Frente de Todos vino asociando solo a “la derecha neoliberal”, como le dicen. Nunca en boca de gobiernos supuestamente “populares”. Pero la evidencia de los hechos traiciona hasta el más precavido. Los anuncios de Batakis ya son catalogados como un claro “ajuste”. El propio presidente cayó en la trampa. Tuvo que mencionar la palabra maldita.

“La Argentina está dispuesta a hacer lo que dijo la ministra esta mañana: controlar el gasto público, a seguir en el camino de disminuir el déficit fiscal paulatinamente para que esto no se convierta en un ajuste que dañe a la gente” (Página12 7/22, transcribiendo expresiones del primer mandatario en la TV Pública). Reconocido el hecho, vamos a las reflexiones.

¿Desde cuándo “un ajuste no daña a la gente”? Solo no dañaría al pueblo trabajador si se impusiera un ajuste a los de arriba, a los grandes empresarios y capitalistas. Pero el ajuste del que habló Batakis es contra el pueblo trabajador, achicar “gastos”, que es también una palabra que usa la derecha para referirse a la inversión en salud, educación, en viviendas populares.

Otro que pisó el palito fue el diputado nacional peronista José Luis Gioja, durante muchos años presidente del PJ. Dijo que el discurso de Batakis “fue un discurso muy sincero y peronista, con la imagen de que si hay esfuerzo va a ser para todos y si hay reparto también” (Idem). Acá Gioja se quedó con la vieja palabra, “esfuerzo”, en vez de ajuste. Para el caso es lo mismo. Aclarado esto, le podríamos preguntar a Gioja -quien estuvo en varios planes de ajuste aplicados por el PJ a lo largo de los años-: ¿cuál es el “esfuerzo para todos”? ¿Qué “esfuerzo” se le está pidiendo a los remarcadores de precios, bancos y al FMI?  ¿Al Braun de La Anónima que vive de subir los alimentos? El esfuerzo lo hace el pueblo trabajador, a quien se le roban permanentemente sus ingresos. Y otra pregunta: ¿Desde cuando “el reparto” es para todos si una minoría se queda con el 58% de la torta y el 98% de la población se tiene que conformar con el resto? El pueblo trabajador genera la riqueza que se lleva una minoría parásita.

Está claro, hay un mayor ajuste. Hagamos esta precisión. Porque el ajuste empezó desde que asumió el gobierno atacando a las y los jubilados y se vino profundizando para cumplir el pacto con el FMI. Hay un mayor ajuste que llamamos a enfrentar.

 “Santa Cruz es la provincia que más dólares produce”, dijo Cristina Fernández en su reciente discurso en El Calafate acompañado por su cuñada y gobernadora Alicia Kirchner. Y agregó: “si miro la cifra de dólares per cápita esta provincia es la primera en materia de producción de dólares”.

Si sobran dólares en Santa Cruz uno podría inferir que no hay pobreza. ¿Se han erradicado los males sociales en esa provincia? Nada que se le parezca.

Resulta ser que la mayoría de los salarios que dependen de la gobernadora santacruceña son de pobreza. Por ejemplo, los docentes con el último aumento firmado en la paritaria percibirán en diciembre 80.000 pesos el ingresante, mientras la canasta de pobreza supera los 100.000 mil pesos la cual es mayor en la Patagonia porque los alimentos y alquileres, entre otras cosas, son muchos más elevados que en el resto del país.

Si Santa Cruz genera dólares es porque desde hace dos años es la mayor exportadora de oro y plata del país y tiene megaminería desde los años ‘90, es decir, es tierra de saqueo y contaminación. Pero a los dólares se los llevan afuera.

Alicia Kirchner fue la primera en sacar las regalías mineras como lo dispuso el macrismo (lo que pagan esas multinacionales) y nunca las repuso. Será por eso que el entonces ministro Frigerio dijo que “Alicia era la mejor alumna de Macri”.

Santa Cruz produce dólares, pero se los llevan las multinacionales, mientras el “per cápita” de pobreza queda para los trabajadores, las mujeres y la juventud.

Los salarios vienen siendo sistemáticamente destruidos desde hace cuatro años. Los propios datos oficiales reconocen que, en ese período, los trabajadores privados en blanco perdieron el 25% de su poder adquisitivo. El resto de la clase trabajadora (tercerizados, trabajadores del sector público o informales) sufrieron una caída superior al 30%.

Este año, con la inflación galopante, va camino a ser mucho peor. El descalabro que se produjo con la renuncia de Guzmán y el ascenso de Batakis hizo que en una sola semana el conjunto de la clase trabajadora sufriera un golpe demoledor en su poder de compra.

Hasta hace dos años las negociaciones colectivas se hacían anualmente, a lo sumo con alguna cláusula de reajuste cuando la inflación superaba lo acordado. Así fue como los trabajadores fuimos perdiendo sistemáticamente nuestro poder adquisitivo. Este año, ante la aceleración inflacionaria, se empezó con negociaciones trimestrales. Es obvio que no alcanza. No se recupera lo perdido en años anteriores y ni siquiera se logra evitar mayores caídas.

Se impone reclamar un aumento generalizado, que lleve el salario mínimo de todos los trabajadores al valor actual de la canasta familiar (161.624 pesos, según los cálculos de la Junta Interna de ATE Indec). Y se tiene que establecer el reajuste automático mensual de dicho salario mínimo. A partir de allí, se deben reabrir todas las paritarias para que se fijen los aumentos correspondientes a cada categoría, según los convenios colectivos vigentes.

Es necesario debatir esto en todos los lugares de trabajo, promoviendo asambleas, reuniones de activistas o pronunciamientos de cuerpos de delegados en ese sentido.  La CGT habla de marchar contra los empresarios. Yasky está a favor del impuesto a la renta inesperada. Pero de lo que se trata en concreto es de exigirle a la burocracia de la CGT y las CTA que rompan el pacto y llamen a un plan de lucha para enfrentar el ajuste y defender nuestros salarios. Eso es lo que estamos planteando desde el sindicalismo combativo.