Escribe Guido Poletti

La inflación de junio volverá a superar el 5% (el número oficial se conocerá este jueves). Se calcula que anualizada ya está en 75% y con serios riesgos de seguir aumentando y superar el 100%.
La crisis de estos días, en lo que fue desde la renuncia de Martín Guzmán al ministerio de Economía a la primera semana en el cargo de la nueva ministra Silvina Batakis, sirvió como excusa para una remarcación generalizada de todos los precios. Las proyecciones dan para julio una inflación que irá en un rango cercano al 8%, pudiendo incrementarse hasta el 10%. Los salarios, las jubilaciones y los planes sociales, que ya venían siendo violentamente sacudidos en los meses anteriores, sufrieron un nuevo golpe la semana pasada, con bienes esenciales que subieron un 20, 30 y en algunos casos 50%. Estadísticamente, la inflación de alimentos subió un 2,5% en la primera semana de julio, donde aumentaron uno de cada tres productos (relevamiento de la consultora LCG). Lácteos y huevos trepó 6,5%; pan, cereales y pastas 4,9%; azúcar y cacao 3,3%; bebidas 2,8% y aceites 2,4%.

Mucho se discute sobre las causas de la inflación. No es la intención de este artículo hacer un debate teórico al respecto, sino ir a algo bien concreto. Se dice que por la “incertidumbre”, la “suba del dólar” o la “emisión monetaria”, el “mercado” sube los precios. Queremos ser bien claros: no existe dicho “mercado” en abstracto. Lo que hay, en concreto, son grandes empresas, la gran mayoría monopólicas u oligopólicas, que envían listas remarcando precios cada quince días. Ellas, y las grandes cadenas de hiper y supermercados, que le agregan su propia “tajada”, son las que se cubren y garantizan sus superganancias a costa del hambre del pueblo trabajador.

Con nombre y apellido

Las empresas de las que hablamos son las mismas con las que se reunió esta semana la propia ministra Batakis. En los rubros de consumo masivo son Molinos Río de la Plata y Vicentín (fideos y productos provenientes de la harina, aceites), Arcor (prácticamente todo el rubro de alimentos envasados), Mastellone (lácteos), Mondelez (golosinas), Quilmes y la Asociación de Fabricantes Argentinos de Coca Cola (bebidas),  y Procter&Gamble y Unilever (artículos de limpieza y tocador).

A esto hay que sumarle las grandes cadenas de híper y supermercados, que le agregan su tajada a los aumentos: Carrefour, Cencosud, Coto, La Anónima y Walmart.

¿Qué hacer?

El gobierno del Frente de Todos suele reunirse cotidianamente con estos empresarios. Nombramos más arriba el encuentro de la semana pasada con la ministra Batakis, pero hubo montones de reuniones anteriores con los funcionarios hoy renunciados. Han firmado decenas de acuerdos (Precios Cuidados, Precios de Cercanía, Precios Máximos, Cortes Congelados -para la carne-, canasta de frutas y verduras). Sin embargo, estos pactos son sistemáticamente violados por las mismas patronales. Los usan cuando les conviene, casi como propaganda gratuita de ofertas, para luego hacer desaparecer estos productos de las góndolas o reemplazarlos por otros similares pero con un precio mayor. El mismísimo gobierno reconoce que los acuerdos se están cumpliendo en un 60% (esto quiere decir que de cada tres productos, hay uno que no está en la góndola).

Todo esto lleva a que algunos economistas del establishment liberal salgan a decir por los medios que los controles de precios o los precios máximos no sirven, y que hay que liberalizar todo, dejando que “el mercado” (o sea los pulpos empresarios) haga lo que quiera.

Nosotros decimos exactamente lo contrario. Si los actuales acuerdos no funcionan es porque el gobierno se niega a sancionar a quienes los violan. Podría hacerlo fácilmente si quisiera, ya que solo se trata de aplicar la Ley de Abastecimiento. Si hubiera real voluntad, bastaría con fijar precios máximos para todos los productos de la canasta familiar y controlar severamente su cumplimiento. Tendrían que sancionar a quien viole esos precios, provoque desabastecimiento o acapare (sea  una gran empresa productora o una cadena de supermercados) con multas, clausuras, prisión para sus dueños o incluso expropiación de la empresa. Esa es la verdadera guerra contra la inflación que este gobierno se niega a llevar adelante.