La semana pasada, y en el marco del quinto aniversario del #NiUnaMenos, conocimos el fallo de la Justicia chubutense que establece que no irán a la cárcel quienes violaron colectivamente a una niña de 16 años, hace ocho años. El escandaloso fallo se sumó a la frase justificatoria que utilizó el fiscal Rivarola para referirse al hecho como “desahogo sexual”. Desde Isadora nos sumamos al repudio generalizado que surgió frente a este nuevo accionar de la justicia patriarcal.
Escribe Mercedes Trimarchi, diputada bonaerense (m.c.) Izquierda Socialista/FIT Unidad
El hecho ocurrió en 2012, en el marco de una fiesta en una casa ubicada en Playa Unión. Allí fue donde un grupo de cinco varones violaron a una chica de 16 años a la que marcaron para siempre. Tanto es así que ella tuvo un intento de suicidio y hasta se mudó a Buenos Aires con toda su familia. La víctima recién pudo contarlo en sus redes sociales en febrero del año pasado. Una vez realizada la denuncia, comenzó la investigación que reveló que quienes participaron del hecho fueron jóvenes pertenecientes a familias conocidas en la zona por su gran poder político y económico. Fue a partir de entonces que se los conoció como los “hijos del poder”. Luego de un año y con un juicio abreviado a cargo del fiscal Rivarola, se dejó a dos de los cinco involucrados sobreseídos. Los tres restantes, tras reconocer el hecho y llegar a un acuerdo, recibieron una pena de tres años de prisión en suspenso, es decir que no irían a la cárcel, garantizando su impunidad. Tan escandaloso como esta condena fue el término que el fiscal Rivarola utilizó en el expediente considerando que se trató de un “accionar doloso de desahogo sexual”.
Rápidamente, el repudio generalizado al accionar de la Justicia se hizo sentir. Desde el movimiento feminista, con acciones callejeras en la ciudad de Puerto Madryn (donde tienen sus empresas los familiares de los acusados) y a través de las redes sociales, la frase “desahogo sexual” fue categóricamente rechazada por pretender justificar una violación en grupo. Es más, a través de la plataforma Change.org se juntaron cientos de miles de firmas exigiendo el juicio político (jury) al fiscal Rivarola. Más indignación causó el hecho de que el fallo se conoció mientras conmemorábamos el quinto aniversario del #NiUnaMenos, un hito en nuestro país y en el mundo de lucha contra la violencia de género. De hecho, el fallo se sintió prácticamente como una provocación por parte de la justicia patriarcal al movimiento de mujeres y disidencias. Tanto fue así que hasta la propia ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, señaló la falta de perspectiva de género en la Justicia, aunque sin nombrar al fiscal y sin plantear ninguna medida frente a la impunidad. Quizás una de las voces más contradictorias fue la de Rita Segato, una reconocida antropóloga dentro del feminismo, quien en el programa Pasaron cosas, de Radio Con Vos, se desdijo de las críticas que había manifestado contra Rivarola por la utilización de la frase “desahogo sexual” y remarcó sobre el fiscal “que en este caso hizo a la justicia actuar de una manera cierta”. Esta defensa por parte de Segato del accionar patriarcal de la justicia (tanto del juicio abreviado como del fallo de Rivarola) es equivocada porque lo que sucedió en este caso fue que los hijos del poder que violaron en grupo a una chica de 16 años quedaron impunes.
Desde Isadora, y como parte del movimiento en contra del accionar de la justicia patriarcal, elaboramos un comunicado en el que expresamos nuestro más enérgico repudio a la calificación de la causa y denunciamos al fiscal por su accionar, que benefició a los violadores. (Ver https://bit.ly/2AkEG4y ) Saludamos la valentía de la joven y su familia que a pesar de haber sufrido todo tipo de amenazas como suele suceder en estos casos, se animaron a denunciar a los violadores y reclamaron justicia. Seguimos transitando una oleada de luchas feministas que, lejos de detenerse, muestra a cada paso su alto grado de fortaleza. Nuestro compromiso es el de seguir luchando para que se haga justicia por todas las víctimas de violencia sexual y que los violadores vayan presos. Y decimos, junto al movimiento feminista chubutense, ningún “desahogo sexual”, fue violación grupal.
Escribe Gastón Godoy, dirigente de la Juventud de Izquierda Socialista
El ministro de Educación Nicolás Trotta hizo nuevos anuncios sobre un “posible retorno” a las clases presenciales en agosto, sin dar precisiones -como hasta el momento- de cómo se continuará durante estos meses. Desde la Juventud de Izquierda Socialista rechazamos este discurso triunfalista ante la pandemia que lleva meses, denunciamos el caos y la desorganización imperante y sostenemos lo que hemos señalado desde que se impuso la virtualización: que ha sido un fracaso, que generó la exclusión de cientos de miles de estudiantes de todos los niveles educativos que no tienen los medios para acceder y que profundizó la flexibilización laboral docente.
A lo largo de la cuarentena el ministro Trotta fue comunicando de forma poco clara que la evaluación en el nivel medio se relajaría producto de las quejas y problemas que acarrea un traslado mecánico de lo presencial a lo virtual. En el nivel superior ocurrió algo similar, sumado a que las autoridades de cada universidad o terciario proponen su propia forma de evaluación y trayecto de las materias, lo que generó en algunos casos la imposición de trabas para acreditar y validar lo cursado.
Ante ese contexto, donde se haya desarrollado una dinámica de cursado y dictado de contenidos respetada entre docentes y estudiantes rechazamos el bloqueo de la posibilidad de la promoción del cursado. Exigimos que se garantice ese derecho para no ahondar más en el abandono de los estudios ante la demora en las carreras. En todo caso, cuando la cuarentena se termine los comités de crisis podrán definir la ratificación de estas promociones extraordinarias. Asimismo, rechazamos las evaluaciones obligatorias y exigimos la regularización para el conjunto de los estudiantes que se anotaron a las cursadas y “acompañamientos”, por más que hayan padecido problemas para poder sostener el cursado fruto de las desigualdades del proceso forzoso de virtualización.
Fondo de emergencia para dar respuesta a las necesidades educativas
La educación pública en el marco de la pandemia no ha recibido un peso más de presupuesto, una situación ya de por sí grave, pero aún peor si se tiene en cuenta que continúa funcionando con el presupuesto de 2019, con una inflación que superó el 60% en este tiempo. El gobierno de Alberto Fernández destinó durante la pandemia millones al pago de la deuda externa, pero no pone plata para educación. Es urgente el fondo de emergencia ante la crisis, constituido sobre la base de las grandes fortunas y el no pago de la deuda externa. De ahí podría salir la plata para becas masivas y para la distribución de dispositivos (netbooks, notebooks, tablets) para garantizar el cursado mientras continúe el aislamiento social.
En ese sentido, desde la Juventud de Izquierda Socialista nos hemos propuesto llevar adelante una campaña nacional con un petitorio de exigencia por la liberación de datos para las distintas plataformas –y recursos del cursado virtual– y la entrega de dispositivos para combatir la deserción. Agregando también un aumento presupuestario urgente sobre la base de obtener recursos de un impuesto a las grandes fortunas, los bancos y las multinacionales. No queremos que la clase trabajadora y los sectores populares paguen esta crisis. No queremos más hambre, desempleo, pobreza ni deserción educativa.
Firmá el petitorio en el Facebook de Juventud Izquierda Socialista.
Graciela ingresó a las filas de nuestro partido en 2017, histórica docente de la escuela secundaria 36 de Ramos Mejía, delegada y revisora de cuentas de la lista Multicolor de Suteba La Matanza.
Una gran defensora de la escuela pública, muy querida por sus cros/as y los estudiantes.
Siempre la recordaremos por ser una compañera muy cariñosa, sensible y supersolidaria, esas que siempre están dispuestas a darte una mano.
Una compañera que comprendió la necesidad de pelear por un mundo mejor y decidió militar en nuestra organización.
Gra para muchos de nosotros fue una compañera muy querida pero también se supo ganar con esa dulzura que la caracterizaba ser también una amiga, hermana o tía.
Querida compañera: ¡hasta el socialismo siempre!
Regional La Matanza
Escribe Nicolás Nuñez, legislador porteño electo Izquierda Socialista/FIT Unidad
Con una coordinación llamativa, saltaron a la luz denuncias contra el accionar de actividades de espionaje llevadas adelante por el gobierno de Mauricio Macri que involucran directamente a Gustavo Arribas, quien estaba a cargo de la AFI, y a agentes ligados a la ex ministra de Seguridad Patricia Bullrich. Esta información surgió del testimonio de un narcotraficante "arrepentido” que habría sido contratado por la AFI para poner una bomba y realizar tareas de espionaje y a partir de que la nueva gerencia de la AFI habría encontrado carpetas y computadoras con pruebas y listados.
En ese marco se divulgó un hecho gravísimo, que es que el gobierno de Macri no sólo espiaba a opositores peronistas, sino también a más de cuatrocientos periodistas y organizaciones de izquierda. Los informes que se conocieron son en torno de la cumbre del G20 que se hizo a fines de 2018, cuando vinieron Trump y presidentes de todo el mundo. Para ese evento se gastaron 1.500 millones de pesos en el dispositivo de seguridad. Ahora se supo que, como parte de ese operativo, se hicieron seguimientos ilegales a periodistas y la izquierda. Infiltraron una reunión convocada por los compañeros del PTS para recabar información. Incluso, en la ficha aparece el PTS como en “observación progresiva”, o sea, no empezó ni terminó ahí la investigación. Asimismo, se revelaron operaciones en comedores barriales, donde también hicieron tareas de espionaje sobre el MST.
Todo esto formó parte del intento de fortalecimiento del aparato represivo que impulsó el gobierno macrista, que incluyó el encubrimiento de la desaparición y muerte de Santiago Maldonado, el asesinato de Rafael Nahuel, la “doctrina Chocobar” y, también, un accionar ilimitado de los servicios de inteligencia.
Una continuidad del espionaje kirchnerista
El kirchnerismo ahora se rasga las vestiduras frente a estas revelaciones, pero la realidad es que desde el gobierno de Néstor Kirchner se hizo uso y abuso del Proyecto X, espionaje ilegal a cargo de la Gendarmería, que fue en particular usado contra los luchadores obreros y populares y la izquierda. Fue Horacio Verbitsky quien precisó que Aníbal Fernández fue el que lo puso en funcionamiento. El mismo Aníbal Fernández que metió preso a nuestro compañero Rubén “Pollo” Sobrero con denuncias falsas por un incendio de trenes. También se dio el caso de Américo Balbuena, un infiltrado de la Policía Federal en los medios de comunicación independientes. Y no olvidemos que pusieron al jefe del espionaje del Ejército, y genocida, César Milani, a cargo de esa fuerza, y le dieron un presupuesto enorme para tareas de “espionaje estratégico”.
Durante el gobierno de Alberto Fernández se mantienen esas prácticas. Apenas asumió se detectó un infiltrado en una asamblea de trabajadores del INTI, y más recientemente Gendarmería espío a los mineros de Andacollo. A eso sumemos el “ciberpatrullaje” de las redes sociales que impulsa la ministra Frederic. Son tareas de vigilancia y espionaje que se combinan con los hechos represivos gravísimos que estamos viviendo. Como la desaparición y muerte de Luis Espinoza en Tucumán y el violento ataque a la comunidad qom en Chaco, donde aún ningún policía fue detenido.
Desmantelar el aparato represivo
Ante esta situación, decimos que rápidamente tienen que avanzar la investigación, el esclarecimiento y el castigo a los responsables del espionaje ilegal. En lo inmediato, también exigimos que se termine la represión a las luchas que están creciendo en todo el país. Basta de abusos policiales en los barrios populares. Cárcel a los asesinos de Luis Espinoza y a los policías que agredieron salvajemente a la familia Qom en Chaco.
Y, sobre todo, levantamos nuestra exigencia de fondo, que se desmantele el aparato represivo y de espionaje que utilizan todos los gobiernos al servicio de sus políticas de ajuste. Hoy en todo el mundo, a partir de la rebelión en los Estados Unidos por el asesinato de George Floyd, está creciendo un movimiento muy progresivo que denuncia la violencia racial, pero también los atropellos policiales a escala planetaria.
Tenemos que tomar ese impulso para frenar el espionaje y la represión a los trabajadores y los sectores populares.
Escribe José Castillo
La derrota de la lucha del frigorífico Lisandro de la Torre en enero de 1959 cerró una etapa de grandes y radicalizadas luchas del movimiento obrero. Se abrió, a partir de ese momento, un largo período de diez años donde prevalecieron peleas defensivas y un número importante de derrotas a nivel sindical. Al mismo tiempo, y como correlato, se fue consolidando y fortaleciendo una nueva burocracia sindical peronista, cuya figura emblemática fue Augusto Timoteo Vandor. Desde el punto de vista político, las distintas alas de la dirigencia política peronista (y el propio Perón desde el exilio) avanzaron en sus intentos de “institucionalización” del peronismo, buscando reinsertarlo en el régimen político, si bien muchas veces chocaron con la negativa de sectores de las fuerzas armadas y de fracciones de los partidos patronales. Mientras todo esto sucedía crecía, particularmente en la juventud estudiantil, la radicalización ideológica generada por la revolución cubana. El Cordobazo fue un parteaguas en todo este proceso.
De Frondizi a Onganía, pasando por Guido e Illia
La bronca popular contra el gobierno de Frondizi creció por la unión de dos hechos. Por un lado, el violento plan de ajuste contra la clase trabajadora y la represión a las luchas. Por el otro, la continuidad de la proscripción al peronismo, más allá de que el gobierno de Frondizi buscara “disfrazarla” con la autorización limitada a la participación electoral de expresiones toleradas y “dialoguistas” del peronismo. Esto estalló cuando, en marzo de 1962, triunfó en las elecciones para gobernador de la provincia de Buenos Aires la fórmula peronista (con el nombre de Unión Popular) y, por presión de los militares, se terminó anulando. Lo que no impidió que los mismos militares, diez días después, derrocaran a Frondizi. La dirigencia peronista ni siquiera reaccionó ante esta flagrante violación al resultado electoral, no llamó a ninguna movilización y el gobernador electo, Andrés Framini, se limitó a presentarse y constatar, con un escribano, que no se lo dejaba entrar en la casa de gobierno provincial.
En las elecciones de julio de 1963 se profundizaron los intentos del peronismo de ser aceptado “institucionalmente”. El propio Perón motorizó la constitución de un “frente nacional y popular” con la candidatura a presidente del conservador Vicente Solano Lima (incluyendo en su interior al propio frondizismo). Sin embargo, los partidos patronales y sectores del ejército más violentamente antiperonistas vetaron esta posibilidad, y el peronismo continuó proscripto, por lo que las elecciones fueron ganadas por el radical Arturo Illia.
Illia enfrentó y reprimió las luchas obreras de ese entonces (el plan de lucha con ocupaciones de plantas de 1964) e impidió el retorno de Perón (su avión fue detenido en Río de Janeiro y obligado a regresar al Estado Español). Pero, apostando a una división entre Perón y el burócrata sindical Vandor, Illia autorizó la presentación de listas “neoperonistas” en las elecciones legislativas de 1965 en diversas provincias.
Cuando el presidente radical fue derrocado en 1966, las dos fracciones en que estaba circunstancialmente dividida la burocracia concurrieron a la asunción del general golpista Juan Carlos Onganía. Consultado sobre su posición, Perón opinó desde Madrid que no había que oponerse, ni mucho menos movilizarse contra el golpe: “Hay que desensillar hasta que aclare”.
Una nueva burocracia sindical se consolida
Con el golpe del ’55 la vieja burocracia sindical se “borró” completamente. Sin embargo, una nueva iría surgiendo, en parte prestigiada por haber participado en las luchas de los años 1956-1959 pero, sobre todo, al fortalecerse en el período de “baja” de las luchas posteriores a esa fecha. Negociando con patronales y gobiernos (y traicionando cada vez más las luchas) se va haciendo “confiable”, ganando cada vez más recompensas materiales y logrando que los sucesivos gobiernos le den beneficios (hasta llegar a la entrega total de las obras sociales en el gobierno de Onganía). Por supuesto que, a lo largo de esos años, las propias peleas por el aparato (y por los privilegios materiales) van a generar el surgimiento de rupturas y alas diversas. En todos los casos el “árbitro” fue Perón, desde el exilio. El máximo dirigente de esa burocracia, Vandor, en determinado momento priorizó su relación con los dirigentes políticos patronales y militares jugándose a encabezar un “peronismo sin Perón”, que terminaría derrotado por el propio líder, quién simplemente se limitó a darle aire a otra “ala” de la propia burocracia. Vandor posteriormente se “realinearía con el general” y desde ahí crecería el sector de la burocracia que lo sucedió después de su asesinato, en 1970.
La “revolución ideológica” juvenil
La Revolución Cubana impactó profundamente, en particular en sectores juveniles y estudiantiles, a comienzos de los años ’60. Las figuras del Che Guevara y Fidel Castro eran seguidas por millones. “La revolución que hablaba en español” demostraba que era posible construir el socialismo en Latinoamérica. Este proceso impactó en la izquierda, con rupturas en los partidos socialista y comunista y también en el peronismo. Con la figura emblemática de John William Cooke, que fue a formarse como combatiente a la isla, en el propio peronismo surgió un ala que se definió como revolucionaria, planteando que el peronismo debía seguir el camino que había tomado el Movimiento 26 de Julio castrista. Es muy ilustrativa al respecto la correspondencia entre Cooke y el propio Perón. Mientras que su ex delegado le insistía en que el peronismo debía transformarse en un movimiento revolucionario de liberación nacional e invitaba a Perón a instalarse en La Habana, este le respondía con evasivas desde el Madrid franquista.
Al mismo tiempo, en toda esta vanguardia juvenil surgía otro debate: ¿cuál era el método de la revolución latinoamericana? El Che Guevara, con su inmenso prestigio, abogaba por la guerra de guerrillas y, preferentemente, de base rural. Nuestra corriente salió a polemizar, volviendo a poner el centro en la construcción del partido revolucionario en el seno de la clase trabajadora y, más allá de las idas y venidas de dirigentes políticos y sindicales del peronismo, e incluso en algún momento del propio Perón, dejando claro que el peronismo era una fuerza política patronal, que cada vez buscaba una mayor integración al régimen.
Para intervenir en esta etapa, en 1965 nuestra corriente creó el Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT), con la unión de Palabra Obrera (nuestro nombre anterior) y el FRIP, dirigido por Roberto Santucho. Lamentablemente, el debate sobre el guerrillerismo llevó a una nueva división en 1968, llevando a Santucho, y lo que se llamó PRT-El Combatiente, a la fundación del ERP. Nahuel Moreno, por su parte, planteó continuar la tarea de construcción en el movimiento obrero y la juventud con el nombre PRT-La Verdad.
El Cordobazo
La gran insurrección que estalló en Córdoba el 29 de mayo de 1969 (continuación de los sucesos de Corrientes y Rosario el mismo mes) cambió todo. Abrió una nueva etapa en el país, con un alza obrera y popular sin precedentes. El movimiento obrero retomó una ola de luchas que no se daba desde diez años antes. Nuevas insurrecciones sucedieron (segundo Cordobazo, Mendozazo, Tucumanazo, Rocazo). Surgió, como producto de todo esto, una nueva y extendida vanguardia obrera y juvenil, una parte de la cual, por primera vez, planteaba posiciones independientes del peronismo, dando lugar a lo que se pasaría a conocer como “clasismo”.
El Gran Acuerdo Nacional
El gobierno de la dictadura militar (en 1969 todavía estaba Onganía, que fue desplazado en 1970 y, tras un breve interregno de Levingston, terminó asumiendo el general Lanusse), el conjunto de la patronal y el imperialismo acordaron en que la salida para frenar el alza de masas sería el llamado Gran Acuerdo Nacional (GAN). Con la participación activa del peronismo, el radicalismo y de la burocracia sindical (liderada, tras la muerte de Vandor, por José Ignacio Rucci) se fue dibujando la única salida posible, el llamado a elecciones y la vuelta de Perón, con la aspiración de que con su liderazgo sería el único capaz de restablecer el orden capitalista.
El PST y la vuelta de Perón
Tres debates cruzaron a la vanguardia en esos momentos. El primero fue el de la guerrilla. El segundo, el del peronismo y el rol del propio Perón. El tercero, vinculado necesariamente a los dos anteriores, será el de si había o no que construir una alternativa que se animara a enfrentar al propio Perón en el terreno que se abría, el de las elecciones.
Nuestra corriente, PRT-La Verdad, se lanzó a participar con todo en este proceso. A partir de un acuerdo con un ala del viejo Partido Socialista que había girado a la izquierda a partir de su apoyo a la Revolución Cubana (la llamada “secretaría Coral”, por el nombre de su principal dirigente, Juan Carlos Coral), se terminó fundando el Partido Socialista de los Trabajadores. Al PST se incorporaron importantes dirigentes, como José Páez, uno de los principales referentes del Cordobazo y del clasismo. En la nueva coyuntura abierta por el GAN se salió a pelear por la construcción de un partido inserto en la clase trabajadora que le peleara a la burocracia en las fábricas, talleres y oficinas las comisiones internas y los cuerpos de delegados y que agrupara en listas opositoras a la nueva vanguardia obrera. Se debatió duramente con la guerrilla, planteando que ese no era el camino para la revolución en la Argentina, sino la pelea por una nueva dirección para la clase trabajadora, con un programa y una política que, a la vez, se enfrentara al peronismo y al propio Perón. Explicando pacientemente al conjunto de la clase obrera que Perón no volvía para reinstaurar los “días felices” del primer peronismo, sino para encorsetar las luchas detrás del pacto social entre burócratas sindicales y empresarios. Y discutiendo también con el enorme sector de la nueva vanguardia juvenil que se había hecho peronista y creía que con Perón y el peronismo se venían “la liberación” y “el socialismo nacional”.
Mientras las luchas continuaban y la represión arreciaba (como se vio dramáticamente en la masacre de Trelew, en agosto de 1972), el acuerdo del GAN, no sin contradicciones, seguía su curso. Finalmente, Perón volvió una lluviosa mañana de noviembre de 1972. No presionó por su candidatura (Lanusse, en uno de los tiras y aflojes de la negociación, había impuesto una cláusula que le impedía presentarse como candidato), creó el Frejuli (Frente Justicialista de Liberación) e impuso la fórmula compuesta por Héctor J. Cámpora y el conservador Vicente Solano Lima como vice.
La izquierda peronista, ya hegemonizada por Montoneros, fue la fuerza mayoritaria en la campaña electoral en marzo de 1973. El resto de los partidos de izquierda, con la excepción del PST, no salió a disputarle el terreno al peronismo, se abstuvieron con consignas ultras (“ni golpe ni elección, revolución”, o “ni votos ni botas, fusiles y pelotas”), o llamando a votar al Frejuli o alguna opción de centroizquierda (como hizo el PC con la APR, que llevó la fórmula Alende-Sueldo). El PST puso su legalidad, trabajosamente conseguida, al servicio de construir un frente de los trabajadores, pero los dirigentes más reconocidos por la nueva vanguardia (como Agustín Tosco o René Salamanca) se abstuvieron, sumándose de hecho a algunos de los planteos que citamos más arriba. El PST terminó dando la pelea electoral en soledad, levantando la fórmula Juan Carlos Coral-Nora Ciappone y llevando a José Páez como candidato en Córdoba. Esto le dio una gran autoridad para el período que se abrió a partir del 25 de mayo de 1973 con la vuelta del peronismo al poder tras dieciocho años de proscripción y la enorme frustración que luego se abriría para millones de trabajadores, jóvenes y sectores populares.