Escribe Ana Valverde, referenta de Utjel

La incansable lucha de las y los jubilados continúa. Es cotidiana, pero cada miércoles, alrededor del Congreso, se convierte en una batalla. Se trata de un problema arrastrado durante años, pero que el gobierno ultraderechista de Javier Milei ha profundizado con crueldad, sostenido por la violenta represión ordenada por su ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, en obediencia a lo exigido por el FMI.

Lejos de hacernos retroceder, la aplicación del nefasto “protocolo antipiquete” no ha hecho más que consolidar la convocatoria de cada miércoles, en el marco de una movilización que no se detiene. No sólo crece la presencia de nuevos grupos de jubiladas y jubilados, sino que la movilización despertó una simpatía generalizada en el conjunto de la población. No podría ser de otro modo: en cada familia hay una o más personas que pertenecen a este sector y padecen las consecuencias de una política de ajuste especialmente ensañada.

La jubilación mínima, hoy en 304.724 pesos, más un bono fijo de 70 mil pesos (congelado desde marzo de 2024 y que, si se actualizara, debería alcanzar los 145 mil), nos condena a una situación de indigencia y privaciones inaceptables.

El haber que recibimos no llega ni al 30% de lo necesario para cubrir la canasta básica de las y los jubilados, calculada por la Defensoría de la Tercera Edad en 1.200.523 pesos. Este cálculo se hace a partir de un estudio en centros urbanos como la Ciudad de Buenos Aires, el Conurbano bonaerense, y las ciudades de Mendoza, Córdoba y Rosario. La medición contempla gastos propios de la tercera edad, incluyendo vivienda, alimentación, medicamentos, higiene, vestimenta y otros rubros esenciales.

Los medicamentos, un rubro esencial para nuestro sector, aumentaron muy por encima de la inflación, sin que el gobierno tome medidas frente a la voracidad de los laboratorios. La medicación para la tercera edad, que abarca tratamientos para diversas patologías, insume en promedio 260 mil pesos, incluso con el descuento según la obra social. Esto representa más del 70% del total de los haberes percibidos. La situación se agravó desde que el PAMI amplió el listado de medicamentos de venta libre (sin descuento) y redujo los porcentajes de cobertura sobre los recetados. Exigimos, más que nunca, el 100% de descuento en los medicamentos recetados, que hoy se llevan buena parte de nuestras jubilaciones.

Nuestra movilización también rechaza la reforma jubilatoria impulsada por el gobierno, que propone aumentar la edad para acceder al haber. Exigimos la restitución de la moratoria, eliminada por el gobierno ultraderechista el pasado 23 de marzo. La falta de aportes no es responsabilidad de las y los trabajadores, que desde hace décadas se ven obligados a aceptar empleos informales y precarizados, sin registro en la Seguridad Social ni acceso a los derechos laborales correspondientes. También es consecuencia de la evasión patronal: los empleadores descuentan los aportes al trabajador, pero no los depositan en las cajas previsionales ni cumplen con su propia obligación como aportantes.

Junto a estos reclamos, y en repudio a la brutal represión ordenada por la ministra Bullrich, desde la Unión de Trabajadoras y Trabajadores Jubilados en Lucha (Utjel) decimos: no a la supresión de las pensiones por discapacidad y por viudez. Defendemos los regímenes especiales y las trece cajas provinciales, y rechazamos la llamada “armonización”. También decimos: ¡No a la jubilación privada! Exigimos que Anses y PAMI vuelvan a manos de sus legítimos dueños: las y los trabajadores activos y jubilados. Para resolver de fondo estos problemas, sostenemos con firmeza: no al pago de la deuda externa con el FMI. Esa plata, que hoy va a parar a los cofres del sistema financiero usurero, debe destinarse a salud, educación, salarios y jubilaciones.

Escribe Pilar Barbas, dirigenta nacional de la Juventud de Izquierda Socialista y secretaria de la Federación Universitaria de Argentina (FUA)

Varias facultades de la UBA y quince colegios secundarios de CABA fueron tomados la semana pasada contra la proscripción de Cristina Fernández de Kirchner. Es necesario discutir cómo darle continuidad al plan de lucha, tanto en defensa de las libertades democráticas como frente al plan de superajuste del gobierno, que golpea de lleno a nuestras universidades.

El martes, tras conocerse el fallo de la Corte Suprema que condena a Cristina a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, se tomaron las facultades de Filosofía y Letras, Sociales, Exactas y FADU de la UBA, así como facultades de la Universidad Nacional de La Plata. A lo largo de la semana, varios secundarios también se sumaron a esta medida.

Desde la Juventud de Izquierda Socialista (JIS) creemos que es clave profundizar en cuáles son hoy las tareas del movimiento estudiantil. Celebramos la organización que se activó, y por eso, desde el primer momento en que se conoció el fallo, impulsamos asambleas para debatir colectivamente un plan de lucha contra la proscripción, pero sobre todo contra el feroz desfinanciamiento de la educación pública, que hunde a docentes y no docentes por debajo de la línea de indigencia. 

¿Qué pasa en la universidad?

Mientras las conducciones de los centros de estudiantes en manos de peronistas y radicales frenaron todo intento de organización en defensa de la educación pública, las condiciones de cursada se deterioraron aún más: estudiantes dejaron sus carreras por no poder pagar el transporte, docentes abandonaron sus cátedras porque sus salarios no alcanzan ni para comer, y las facultades se caen a pedazos. Cerramos el cuatrimestre sin fecha para la Tercera Marcha Federal Educativa, mientras se pretende avanzar con reformas regresivas como el Sistema Argentino de Créditos Universitarios (SACAU). Todo esto impacta directamente en la calidad de nuestra educación. Por eso, más que nunca, necesitamos organizarnos para defenderla.

Como estudiantes, mientras denunciamos la proscripción de Cristina, nuestra principal tarea es organizarnos junto a docentes y no docentes para exigir un aumento presupuestario de emergencia: por salarios dignos, becas integrales, boleto educativo nacional, mejoras en infraestructura y todo lo necesario para garantizar el acceso y la permanencia en una universidad pública y gratuita. También contra el decreto discriminatorio que arancela la educación para lxs migrantes.

Con el receso de invierno en puerta, llamamos a las conducciones peronistas de los centros de estudiantes a que profundicen la defensa de las libertades democráticas e impulsen una verdadera lucha contra el ahogo presupuestario sin precedentes que Milei despliega sobre la educación pública. También exigimos a las conducciones radicales de la FUA y la FUBA que le pongan fecha a una nueva Marcha Federal Educativa, para frenar este mega ajuste y unificar fuerzas con las luchas del Garrahan, la ciencia, discapacidad y contra todo el plan de ajuste de Milei y el FMI.
Razones para luchar sobran; fuerza y ganas también.

Escribe Agus de la JIS

El 12 y 13 de junio se realizaron las elecciones del centro de estudiantes en la Universidad Nacional de Tierra del Fuego (Untdf). La lista 33, presentada por la Unión Resistente de Estudiantes Fueguinos (UREF), integrada por la Juventud de Izquierda Socialista (JIS) e independientes, se impuso sobre la lista camporista FEUF, cortando seis años consecutivos de gestión.

Aunque la política desmovilizadora del peronismo generó una participación de apenas el 23% del padrón, logramos poner en discusión el carácter político de la universidad y con ello sumar más compañeres para fortalecer la agrupación y construir una agenda de izquierda.
La lista encabezada por militantes de la JIS duplicó su caudal de votos respecto a 2024, obteniendo un 55% y logrando los cuatro cargos directivos del centro y cuatro de las siete vocalías. Estos espacios son herramientas clave para enfrentar el ajuste del gobierno nacional dentro y fuera de la universidad.

La victoria de UREF se inscribe en dos años de crecimiento sostenido: actividades de debate, asambleas interclaustro, vigilias por la memoria, actividades culturales, jornadas de lucha y participación en la toma de la sede Río Grande. También ocurre en un contexto de crisis educativa, con presupuesto congelado y condiciones cada vez más precarias, mientras la agrupación oficialista eligió mirar para otro lado.

Frente a eso, les estudiantes apostaron por quienes luchan por sus derechos. Nuestra lista fue la más votada y les compañeres electes asumirán el compromiso de escuchar y movilizar, para construir una base estudiantil más politizada que defienda sus derechos en las aulas y en las calles.

Escribe Clara, Ambiente en Lucha (Izquierda Socialista e independientes)

Javier Milei allana el camino a las mineras al desregular por decreto la explotación extractivista en los glaciares, que son reservas estratégicas de agua para todo el país.

El gobierno anunció que planea modificar por decreto la Ley de Glaciares N° 26.639, algo que ya había intentado incluir en la redacción original de la Ley Bases y que finalmente fue removido. Esta ley prohíbe expresamente las actividades extractivistas en los glaciares y en los ambientes periglaciares (las zonas cercanas que permanecen congeladas gran parte del año) con el objetivo de proteger las reservas estratégicas de agua y los ecosistemas asociados. La norma fue fruto de años de lucha socioambiental, fue aprobada por el Congreso, vetada por Cristina Kirchner en 2008 tras una fuerte presión del lobby minero, y finalmente sancionada en 2010. En 2016 se intentó modificarla nuevamente, pero fue defendida en las calles por organizaciones ambientalistas y comunidades afectadas.

En este nuevo intento de las mineras por avanzar sobre los glaciares, la modificación fue redactada (según diversas fuentes) por un abogado vinculado a Barrick Gold. El decreto busca reducir las áreas protegidas y habilitar actividades actualmente prohibidas, como la explotación minera e hidrocarburífera, la liberación de sustancias químicas y residuos, y la construcción de infraestructura sin fines científicos. Este intento representa un grave retroceso en materia de legislación ambiental, un nuevo avance del extractivismo con la complicidad del gobierno ultraderechista, y además viola compromisos internacionales de rango constitucional, como el Acuerdo de Escazú, que Argentina ratificó y que prohíbe expresamente la regresividad en normas de protección ambiental.

Los glaciares son considerados recursos hídricos estratégicos: resguardan el 70% del agua dulce del planeta y actúan como verdaderas fábricas de agua que alimentan ríos, ecosistemas y comunidades enteras. Ya vienen siendo amenazados y reducidos año tras año por el calentamiento global, y ahora podrían ser dinamitados y contaminados para permitir la exploración de hidrocarburos. Instituciones científicas, investigadores del Conicet y universidades nacionales han advertido sobre el impacto ambiental devastador que implicaría este proyecto. Afectaría de forma directa a todas las regiones que dependen de estos cursos de agua, agravando las sequías y profundizando la escasez en zonas que ya enfrentan una crisis hídrica.

Desde el gobierno de Milei admiten que actúan por presión de las mineras, con el objetivo de “garantizar la seguridad jurídica”, lo que en realidad significa darles a las multinacionales las mayores comodidades de inversión, a costa de nuestra salud, los ecosistemas y los territorios. Todo en sintonía con el régimen de saqueo del RIGI y el proyecto económico extractivista y reprimarizador de la economía que impulsa el gobierno.

El agua es vida y un derecho que vamos a defender en las calles. La movilización del movimiento socioambiental, junto a las y los trabajadores, las comunidades, las universidades y la ciencia, es el camino para enfrentar el lobby de las mineras, el avance del extractivismo y a este gobierno negacionista climático y cipayo.

Escribe Mercedes de Mendieta, diputada nacional Izquierda Socialista/FIT Unidad

Banfield alzó la voz al enterarse de que, oculto bajo el manto de la impunidad, vive entre sus vecinas y vecinos el genocida y ex integrante de la Triple A, Julio Yessi. Decenas de organizaciones sociales, políticas y de derechos humanos nos hicimos presentes el viernes 13 de junio para escrachar su casa y exigir la reapertura de las causas judiciales vinculadas a la Triple A.

Yessi es uno de los responsables directos de la Masacre de Pacheco, que ocurrió el 29 de mayo de 1974. En ese hecho fueron secuestrados y fusilados tres militantes del glorioso Partido Socialista de los Trabajadores (PST), nuestro partido antecesor, que se forjó en la clandestinidad y bajo el genocidio de Estado. Nuestros caídos en Pacheco fueron Mario Zida, Antonio Moses y Oscar Meza. Las tres compañeras que también fueron secuestradas durante ese operativo fueron liberadas horas después.

Según testigos, Yessi fue identificado como partícipe activo del ataque. Sin embargo, la Justicia Federal (a través de un fallo dictado por el tribunal conformado por los jueces Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Mariano Llorens) le garantizó impunidad. Su figura también está asociada a la represión en espacios universitarios, como en la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, donde en 1974 fue asesinado Pedro H. Hansen, dirigente estudiantil que encabezaba la resistencia contra el rector impuesto por el gobierno.

La Alianza Anticomunista Argentina fue una organización parapolicial fascista que actuó entre 1973 y 1976 con el amparo del Ministerio de Bienestar Social, dirigido por José López Rega, mano derecha de Isabel Perón. Su accionar fue la antesala del terrorismo de Estado que se instauró con la última dictadura militar iniciada en 1976. El PST, del cual nos sentimos orgullosos y cuyo legado continuamos, sufrió la desaparición forzada de más de 100 compañeras y compañeros.

Desde Izquierda Socialista y Frente de Abogadxs por los Derechos Humanos y el Socialismo (Fadhus) nos hicimos presentes con una nutrida columna que, al finalizar la movilización y bajo la lluvia, se despidió gritando: “A los caídos no los vamos a olvidar, en cada lucha ellos están y con un mundo socialista volverán”. Contra la impunidad de ayer y de hoy, por las y los 30 mil, y frente a este gobierno negacionista de Javier Milei, seguiremos peleando por la reapertura de las causas judiciales y de los archivos comprendidos entre 1974 y 1983, y por cárcel común y perpetua para los genocidas. ¡Mario, Antonio y Oscar, presentes!