Escribe Malena Zetnik

La histórica vigilia realizada entre el 13 y el 14 de junio en apoyo a la legalización del aborto dejó bien claro que las mujeres estamos dispuestas a conquistar el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Ahora viene la pelea para que se apruebe el proyecto en la Cámara de Senadores, que ya fijó fecha de tratamiento para el 8 de agosto, después del receso invernal. Es la pelea que estamos dando con Isadora, Izquierda Socialista y todo el Frente de Izquierda, siendo parte de las actividades convocadas por la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto, como el pañuelazo federal del martes pasado que fue coordinado en más de cien ciudades de nuestro país.

Un millón de personas salimos a las calles en todo el país y pasamos la noche reclamando que se le dé media sanción al proyecto de ley originalmente presentado por la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto y que llegó a la Cámara baja con algunas modificaciones, como la inclusión de la figura de objeción de conciencia. El entusiasmo de la movilización trascendió fronteras y hoy se están comenzando a activar campañas por la legalización del aborto en Chile, Brasil, Perú y México, entre otros países de la región.
El tenor de los discursos de los diputados ante la votación dejó bien en claro que la media sanción se conquistó gracias a los años de lucha y a los meses en las calles, escuelas, barrios y lugares de trabajo, en donde la marea de pañuelos verdes fue ganando el debate sobre la importancia de que las mujeres puedan decidir sobre sus propios cuerpos y su maternidad, porque el aborto clandestino solo es más muerte para las mujeres jóvenes y pobres. 
La fuerza de la vigilia frente al Congreso y en muchísimas plazas del país fue el empuje decisivo para que todos los bloques políticos, desde Cambiemos hasta el kirchnerismo, que desde hace años miran para otro lado frente al reclamo de las mujeres y que están en contra de este derecho fundamental como el de decidir sobre el propio cuerpo, comprendieran que no va a ser fácil sacarnos de la calle sin que logremos nuestro propósito. Así llegamos a la media sanción que se peleó codo a codo con las presiones de la Iglesia. Sin embargo, aún la pelea no está ganada, ya que falta la sanción en el Senado. 
Si bien algunos senadores comenzaron a manifestarse a favor de la legalización, lo cierto es que Macri se pronunció “a favor de las dos vidas” o sea a favor del aborto clandestino, al igual que muchos senadores de Cambienos y del PJ y cerca de un 30 por ciento no se han pronunciado y se avizoran varias maniobras desde los diferentes bloques. Por ejemplo, la vicepresidenta de la Nación, Gabriela Michetti, ya ha puesto en marcha un intento de dilación del tratamiento del proyecto al girarlo a cuatro comisiones. A su vez, las clínicas privadas asociadas a la Iglesia Católica, como la de la Universidad Austral, entre otras, ya han solicitado que el proyecto incluya la objeción de conciencia institucional para rechazar los derechos de las mujeres. Cabe señalar que, de aprobarse el proyecto, pero con modificaciones, debería volver nuevamente a Diputados alejando así la posibilidad de que el aborto legal sea ley.
En este marco, tenemos que ser enfáticas: todas las maniobras de Cambiemos, el PJ y demás bloques políticos son intentos claros de cerrar las posibilidades de la legalización. Por eso consideramos que es fundamental seguir en las calles. Ante las presiones del papa Francisco y los sectores privados que solo quieren controlar la vida de las mujeres y lucrar con nuestra salud, debemos responder siendo millares nuevamente en los pañuelazos, debates y vigilias. ¡Queremos el aborto legal ya!

Hace años que no se daba un paro general tan contundente como el del 25 de junio pasado. Millones repudiaron el ajuste de Macri y el FMI. Esto demuestra la creciente bronca popular con un gobierno ajustador y antiobrero, como también la ruptura con Macri de sectores populares que le habían dado el voto contra el kirchnerismo. También Ctera estuvo obligada a parar este martes 3 contra la represión en Chubut. Y el movimiento de mujeres prepara otra ola verde hacia el 8 de agosto para arrancarle al Senado el aborto legal. 
Sectores de masas empiezan a decir “esto no se aguanta más” y se preguntan “dónde va a terminar esto”. Se auguran nuevos capítulos en las inevitables confrontaciones contra un gobierno con grandes muestras de debilidad para llevar adelante el mayor ajuste pactado con el FMI. El sindicalismo combativo y la izquierda reclaman 36 horas de paro y una salida de fondo para que la crisis la paguen los capitalistas.

Que el gobierno haya anunciado sorpresivamente que iba a pedir un préstamo al FMI, el 9 de mayo de este año (después de decir que “todo estaba bien”), demostró su profunda crisis económica y política. Fue un manotazo de ahogado con signos de descontrol y de estar a la deriva. Reveló que el plan económico, al servicio del ajuste y de salvar las ganancias capitalistas, venía haciendo agua desde hace tiempo.
El gobierno dijo que el dólar estaba controlado pero el billete estadounidense subió 50% en las últimas semanas. Auguró una inflación de 15% y ya se proyecta un 30%. Del “crecimiento” económico se pasó a la recesión. Habló de las bondades de los capitales y tuvo que poner 13.000 millones de dólares en solo una semana para cubrir el hueco de la corrida financiera de mayo. Dijo que se endeudaba en 150.000 millones de dólares para tener financiamiento suficiente y ahora tuvo que pedir otros 50.000 millones de dólares al FMI. Una debacle completa.

Macri en su peor momento
Las razones de fondo no hay que buscarlas solo en la economía, sino en la crisis política de un gobierno que viene sufriendo un amplio repudio, incluso de aquellos sectores populares que lo habían votado para que no vuelva el kirchnerismo. Hoy millones dicen “me equivoqué”. Los índices de popularidad de Macri siguen bajando. También los de la gobernadora Vidal. “Voté a Macri y ahora me despide”, dijo una cesanteada de Télam. Macri y Cambiemos están en su peor momento y no se les ocurrió mejor idea que atarse de pies y manos al FMI y a los organismos usureros imperialistas para aplicar un ajuste mayor.
Con el pacto Macri-FMI de ahora en más nada será como antes. Ni el nivel del ajuste, ni de la confrontación social. Echó más leña al fuego. El gobierno lo hace como “tabla de salvación” pero se está cavando su propia fosa, mientras crece la crítica situación social. Un informe de la Universidad Católica reveló que el 48% de los niños está en la pobreza y el 33% se alimenta en comedores comunitarios. En los primeros cuatro meses del año hubo 95.000 despidos. El robo salarial llega a valores explosivos (ver nota en página 3). En Chubut, los estatales y docentes cobran el sueldo escalonado. En Santa Cruz, directamente no han tenido subas en 2018. En Télam despidieron al 40% de la planta. Hasta los bomberos voluntarios se movilizan denunciando falta de presupuesto. Se viene una nueva caída del consumo y de la economía, con cierre de empresas, más despidos y retiros voluntarios.

Un gran parazo 
Por todo esto el paro fue masivo. Fue una gran acción de todo el movimiento obrero a pesar de la CGT, que días antes había encarado una negociación con Macri y Triaca. El paro fue arrancado por las luchas, el crecimiento de la conflictividad social y la bronca obrera y popular contra el gobierno. 
Las luchas se han tonificado y los paros, marchas y movilizaciones de todo tipo van a incrementarse. Los trabajadores de Télam ocuparon la empresa, hubo paro de Ctera contra la represión en Chubut, siguen peleando los trabajadores de Luz y Fuerza de Córdoba. Antes del paro, el gobierno había recibido otro cachetazo, esta vez de cientos de miles de mujeres que lograron la media sanción del aborto legal, pelea que ahora sigue hasta el 8 de agosto cuando resuelva el Senado. Una lucha que derrotó a los políticos de Cambiemos, el peronismo, el Partido Socialista y a la reaccionaria Iglesia Católica y al resto de las religiones. Para el 8 de agosto se avecina otra marea verde en todo el país para lograr definitivamente este derecho que evite más muertes por abortos clandestinos. De imponerse, será un nuevo triunfo del movimiento de mujeres. 
La bronca y los mayores reclamos pueden obligar a que la CGT tenga que llamar a otro paro en los próximos meses. Nada se puede descartar.

El gobierno nos lleva al abismo. ¡Que la crisis la paguen los capitalistas!

Ante la crisis, reaparecen en millones los recuerdos del 2001. Ese año, ante un gobierno ajustador, corrupto y entreguista como el de De la Rúa (perteneciente a la misma UCR que ahora gobierna con Macri-Cambiemos), hubo una sublevación popular que lo obligó a renunciar. Es lo que se llamó el Argentinazo, que corrió al gobierno al grito “que se vayan todos”. Esta escena ya se había repetido con otro gobierno radical, el de Alfonsín de los años 80, que también tuvo que terminar su mandato antes de tiempo corrido por una lucha nacional contra el hambre y la pobreza por gobernar con hiperinflación al servicio de los grandes capitales. 
El gobierno agita ahora el fantasma del Argentinazo para decir que se lo quiere desestabilizar. Por eso hace campaña contra los que luchan, tildándolos de “desestabilizadores” o de “golpistas”, como lo hace contra los docentes de Chubut o el Pollo Sobrero. El gobierno habla de “caos” y “violencia”, cuando al caos y a la violencia las fogonea él mismo para garantizar el ajuste con represión. Con esto intenta encubrir que es él el que nos está llevando al abismo, a una mayor crisis económica y social y a un mayor saqueo del salario y demás condiciones de vida de las masas. Es el gobierno de Macri el que provoca con sus medidas antiobreras y mentiras que los trabajadores y demás sectores populares no le crean y luchen por sobrevivir.

¡Abajo el ajuste de Macri-FMI! 
¡Paro de 36 horas ya!

Ante el peligro de una mayor inestabilidad política y social, el gobierno retomó la negociación con los gobernadores. La semana pasada se reunió con Schiaretti (gobernador de Córdoba), Urtubey (Salta), Pichetto (peronismo Argentina Federal) y Sergio Massa (Frente Renovador). El objetivo entre oficialistas y “opositores” fue empezar a acordar el presupuesto de ajuste pactado con el FMI para 2019. Macri dice que quiere dar una imagen de “previsibilidad a los mercados”. En realidad, busca un pacto de “gobernabilidad” para tratar de evitar un desborde social.
Schiaretti dijo que “para superar estas turbulencias es necesario que Argentina garantice el equilibrio fiscal”, lo mismo que el salteño Urtubey, que se comprometió a “seguir colaborando” con el gobierno. Pero lejos están estas intenciones de una supuesta fortaleza de Macri para aplicar el mayor ajuste impuesto por el FMI junto a los gobernadores. Al contrario, es una clara muestra de su debilidad. Si quieren mostrar “unidad contra el ajuste” miremos lo que les pasó en diciembre, donde tras un pacto entre Macri, la CGT y los gobernadores, quisieron imponer el robo jubilatorio provocando una rebelión popular. Macri impuso la reforma pero a un costo político muy alto. Fue el inicio de la ruptura de amplias franjas populares que lo habían votado. Ya nadie se acuerda de que Cambiemos arrasó en las elecciones de octubre de 2017.
Todo indica que se puede profundizar lo ocurrido en diciembre del año pasado. Al calor del nuevo ajuste acordado con el FMI, crecerán los reclamos y la bronca popular con nuevos picos de enfrentamientos. Quedó cuestionado el plan reeleccionista del gobierno, incluso si puede o no terminar su mandato. 
En este marco, desde el Frente de Izquierda peleamos para que la crisis la paguen los de arriba, quienes la provocaron, no los trabajadores, impulsando la movilización obrera y popular para derrotar el ajuste de Macri y el FMI. Llamando a luchar para imponer medidas de emergencia y de fondo, como el no pago de la deuda, un fuerte impuesto a los de arriba, la recuperación del patrimonio nacional y la nacionalización de la banca y el comercio exterior, para implementar un plan de obras públicas que reactive la economía, combata a los especuladores y destine los fondos de la riqueza nacional para combatir los graves males sociales. Lo opuesto a la salida que ofrece el peronismo kirchnerista, que posa de opositor a Macri y critica el acuerdo con el FMI, pero no plantea que hay que dejar de pagar la deuda. Critica el tarifazo, pero está de acuerdo en mantener las privatizaciones. O habla de “ampliar los derechos”, pero Cristina Kirchner recién se definió a favor del aborto legal presionada por la enorme lucha de las mujeres.
La tarea de los luchadores, el sindicalismo combativo y la izquierda pasa por redoblar la pelea contra el ajuste de Macri, el FMI y los gobernadores, exigiendo el paro de 36 horas y un plan de lucha nacional de la CGT y las CTA. Para eso se hizo el exitoso plenario sindical combativo el pasado 23 de junio en Lanús, del cual salió la convocatoria a la marcha del próximo 12 de julio (ver páginas centrales). 
La crítica situación social obliga a dar pasos para fortalecer la pelea por una nueva dirección sindical y política. Imponiendo una salida obrera y popular, para que la crisis la paguen los capitalistas, no el pueblo trabajador.

Escribe Claudio Funes

Entre 2016 y 2017 la caída del salario de los trabajadores va de 4,1% a 10,8% según el gremio. El mayor deterioro del poder adquisitivo de la región. 
Este año, contando con la colaboración de la mayor parte de la burocracia sindical, Macri logró imponer en la mayoría de las paritarias el techo salarial de 15% y en cuotas. La intención era clara, que los salarios pierdan con la inflación para que las grandes patronales incrementen sus ganancias.
Luego de la crisis de mayo, con la disparada del dólar y su tremenda consecuencia inflacionaria, el 15% voló por los aires. Por eso Macri firmó un decreto que permite negociar, solo a los trabajadores de la actividad privada, un 5% adicional dividido en dos tramos de 2,5% en julio y agosto, no acumulativos y a cuenta de la engañosa cláusula de “revisión” que prevén los acuerdos paritarios. Pero este 20% ya quedó corto. Camioneros, alimentación y gastronómicos lograron acuerdos en el orden del 25 por ciento.

Por su parte, Héctor Daer, uno de los triunviros de la CGT, dijo el pasado domingo que “se deben revisar absolutamente todas las paritarias”. Pero todos los incrementos quedarían desfasados, el mismo triunviro afirmó que la inflación estará entre 28% y 32 por ciento.
El aumento del costo de vida es alimentado por el propio gobierno con los tarifazos, para beneficiar las ganancias de multinacionales como Edenor, Edesur, Shell y las grandes patronales del transporte. La inflación hace que, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires una familia tipo considerada clase media baja por tener un ingreso de 28.365 pesos tenga que destinar casi el 38% de esa suma a cubrir los gastos de alquiler, expensas, gas, luz, agua y transporte. El resto lo destina mayormente a alimentación, y en este rubro los incrementos tampoco cesan. Productos de primera necesidad como pan, aceite, harina, fideos, bebidas y azúcar, entre otros, fueron y son remarcados. 
Los aumentos salariales y en cuotas son doblemente insuficientes, primero porque no empatan la inflación anual y segundo porque se otorgan en cuotas, mientras los precios aumentan diariamente empujados por la voracidad patronal, amparada por el gobierno, y el incremento del dólar, que ya casi llegó a 30 pesos.
En junio aumentaron 7,5% las prepagas y ya se autorizó otro 7,5% para agosto. Esta semana subieron las naftas. El ministro de Energía, Javier Iguacel, anunció que en septiembre y octubre se incrementarán las tarifas. La inflación continuará en ascenso. Solo con la acumulada en 2017 la Argentina se ubicó segunda en el ranking de países con mayor alza de precios de la región, superada por Venezuela, y sexta en el mundial.
Los trabajadores no tenemos que pagar la crisis, no debemos permitir el saqueo a nuestros bolsillos como quieren hacerlo Macri y las patronales junto a los gobernadores. Por ejemplo, en Chubut, el peronista Arcioni ofrece a los docentes en lucha, represión mediante, 1.200 pesos al básico, y en Santa Cruz, Alicia Kirchner congeló las paritarias. 
Hay que salir a pelear por un aumento salarial de emergencia y por la reapertura de paritarias. Debemos aprovechar que gremios como camioneros, gastronómicos y alimentación lograron aumentos superiores y, fundamentalmente, el envión que nos dio el exitoso paro del 25. 
Pelear por la reapertura de las paritarias y un aumento salarial de emergencia es una lucha que estamos en condiciones de dar, lo demostraron los docentes de Neuquén, los que con unidad, democracia sindical y 43 días de lucha consiguieron romper el techo salarial. Sigamos su ejemplo, realizando asambleas y plenarios de delegados que exijan a la CGT y a las CTA un paro de 36 horas y un plan de lucha para que se reabran las paritarias y lograr que ningún salario esté por debajo del valor de la canasta familiar. Esta es la propuesta del sindicalismo combativo.

Escribe José Castillo

Durante el gobierno de Cambiemos el endeudamiento viene creciendo de forma desorbitante. Los intereses pagados por ese concepto ya son la partida más importante del presupuesto y siguen en alza. El ajuste de Macri y el FMI tiene un solo objetivo: garantizar el cumplimiento de los próximos vencimientos.

Según los datos del Observatorio de la Deuda Externa de la UMET (Universidad Metropolitana por la Educación y el Trabajo), el total del endeudamiento al final de este año ascenderá a 348.990 millones de dólares (82% del PBI, o sea de toda la riqueza producida en el año). Si a ello le sumamos el enorme monto en Lebac del Banco Central y la deuda que acabamos de contraer con el FMI, superaremos largamente los 400.000 millones de dólares. De toda esa deuda, 153.437 millones de dólares fueron contraídos durante la gestión del presidente Macri en menos de dos años.

Tenemos que decirlo con todas las letras: este endeudamiento es impagable. Sólo hasta el final del mandato del gobierno, en diciembre de 2019, hay que abonar vencimientos por 50.000 millones de dólares. No alcanza ni siquiera con el préstamo del FMI. Al gobierno no le quedará otra que pedir que le presten más aún y que le refinancien algunos de los vencimientos. Por supuesto que eso sólo lo logrará pagando en efectivo una cantidad importante de intereses, y “demostrando” a los pulpos acreedores su voluntad de seguir cumpliendo puntualmente con cada uno de los bonos de la deuda. Para conseguirlo deberá seguir a rajatabla las exigencias del FMI y llevar adelante el feroz ajuste programado. Ese es el motivo por el cual se plantea una reducción de las partidas públicas, cercanas a 250.000 millones de pesos para el año próximo y la continuidad en el ajuste, cuya programación llega hasta 2021.
Los capitales especulativos, que se pasaron dos años haciendo superganancias con los bonos argentinos y la bicicleta financiera, ya “le tomaron el tiempo” al gobierno de Macri. Un viejo indicador, del cual casi no se hablaba desde la crisis de 2001, el “riesgo país”, ha reaparecido y vuelto a la tapa de los diarios: ya supera los 600 puntos. ¿Qué quiere decir esto? Muy sencillo, que la Argentina es el país del mundo que tiene más posibilidades de dejar de pagar su deuda en el futuro próximo. Son los mismos fondos buitres internacionales los que le están “bajando el pulgar” al país, dándose cuenta de que no hay ninguna posibilidad de que pueda seguir sosteniendo este ritmo de endeudamiento. Por eso hay una fuga récord de capitales en los últimos meses. Y el dólar sigue subiendo, lo que a su vez realimenta la inflación y pulveriza más aun los salarios.
Macri y el FMI ofrecen una única salida: ajustar, ajustar y ajustar salvajemente, dejando un tendal de desocupados, reventando las jubilaciones, pagando salarios de hambre, liquidando la salud y la educación públicas y sumiendo al pueblo trabajador en la miseria. Pero, como se ve en estas últimas semanas, ni aun así tienen la garantía de que eso alcance para pagar los próximos vencimientos de deuda. Todo esto nos lleva a un callejón sin salida. Por eso insistimos en que la única salida es suspender ya mismo los pagos de deuda externa, romper con el FMI y poner todos esos recursos, que hoy van a manos de los pulpos especuladores, para resolver las más urgentes necesidades populares de trabajo, salario, educación, salud y vivienda.

Aumentan la desocupación y la carestía

Van saliendo a la luz los primeros números que reflejan la presente crisis. Según datos oficiales del SIPA (Sistema Integrado Previsional Argentino) se han perdido 95.000 puestos de trabajo desde diciembre pasado hasta abril. Esto es gravísimo si observamos que todavía faltan los números de lo más duro de la caída de la economía, producida en los dos últimos meses. Como muestra: sólo en la última semana se han registrados 1.200 despidos, incluyendo los 357 trabajadores de Télam.
Al ajuste que el gobierno de Macri ya venía implementando en los dos primeros años de su mandato, ahora se le suma el desastre que arrancó con la superdevaluación del peso desde el 20 de abril. Las propias consultoras amigas del gobierno ya pronostican que la inflación de junio será de alrededor de 3,5%. En medio año la suba de precios “se comió” toda la inflación proyectada del año y los aumentos en cuotas con que cerraron la mayoría de las paritarias. 
Miles de despidos y salarios y jubilaciones pulverizados son la realidad de estos primeros seis meses del año. A ello se le sumará en lo inmediato la implementación del feroz ajuste programado entre Macri y el FMI. Es ellos o nosotros: hay que salir a pelear ya mismo, exigiendo un aumento salarial de emergencia, la reapertura inmediata de las paritarias y la prohibición de despidos y suspensiones. Darle continuidad al paro de la semana pasada con una nueva medida de fuerza, ahora de 36 horas, es la forma de iniciar un plan de lucha para enfrentar el ajuste de Macri y el FMI.

Crecimiento récord de la fuga de capitales

Desde el comienzo del gobierno de Macri, la fuga de capitales ascendió a 73.754 millones de dólares. Sólo entre abril y mayo último creció 88%. Detrás de estos números hay una realidad trágica: la riqueza que producimos se va, una parte por el barril sin fondo de los pagos de deuda externa, y la otra es fugada por las propias empresas, bancos y especuladores en general. Se calcula que en el exterior hay tantos capitales fugados como toda la riqueza que la Argentina produce en un año. Por supuesto que dentro de ese monto está el dinero que tienen, en diversos paraísos fiscales, numerosos funcionarios del gobierno de Macri, que explican desvergonzadamente que “ni locos” piensan traerlos al país.
Durante estos últimos dos años la fuga de capitales fue “aceitada” con el brutal endeudamiento externo. El perverso mecanismo es relativamente simple: el Estado se endeuda, recibiendo dólares que son ofrecidos al mejor postor a los pulpos de las finanzas (tanto locales como extranjeros), que los adquieren y luego los sacan del país. El gobierno contribuye a que esto sea sencillo al haber retirado en diciembre de 2015 cualquier tipo de restricción, o un mínimo de tiempo para entrar y sacar capitales de la Argentina. Es un caso inédito: hasta países considerados “modelos” de la apertura económica, como Chile o Colombia, tienen algún tipo de control sobre la entrada y salida de capitales especulativos. En la Argentina de Macri se liberalizó todo: ni siquiera los monopolios exportadores tienen la obligación de ingresar las divisas que obtienen de sus operaciones. 
La fuga de capitales es la contrapartida de la deuda externa. Cada vez debemos más mientras alimentamos el negocio de los que sacan los dólares del país. Este es el negocio central de bancos, casas de cambio, financieras de distinto tipo, operadores de Bolsa e incluso filiales locales de empresas transnacionales, que utilizan la excusa de que están “repatriando utilidades”. Así como decimos que no hay salida para la economía sin dejar de pagar la deuda externa, a esto le debemos agregar que si queremos evitar la continuidad de la fuga de capitales es imperioso nacionalizar la banca. Así el ahorro de los trabajadores y demás sectores populares será realmente resguardado: no terminará siendo robado como pasó muchas veces en las diversas crisis que vivió nuestro país, la última en diciembre de 2001. Todo ese dinero sería aplicado a crédito popular y a financiar las obras de infraestructura que necesitamos con urgencia. También hay que nacionalizar el comercio exterior para que nuestras exportaciones no se destinen a engrosar las superganancias de los monopolios transnacionales, ni que las divisas que obtengamos vayan a engrosar el circuito especulativo, sino que se apliquen a un verdadero plan de desarrollo obrero y popular. 
J.C.

Escribe Mercedes Trimarchi

El pasado jueves 28 se realizó la tercera marcha nacional contra los travesticidios y los transfemicidios, en varias ciudades del país se hicieron concentraciones, radios abiertas y marchas. En Buenos Aires, la jornada reunió a miles de personas que luego de concentrarse en Plaza de Mayo, marcharon hacia el Congreso en el que se leyó el documento de cierre, consensuado entre distintas organizaciones que convocaron. Desde Izquierda Socialista en el Frente de Izquierda adherimos a la convocatoria y marchamos exigiendo el fin de los crímenes de odio y por el cupo laboral trans.

A una semana del fallo histórico que significó la condena a cadena perpetua de Gabriel Marino, asesino de Diana Sacayán, quienes participamos en la movilización exigimos justicia también para las 42 travestis y trans que fueron asesinadas en lo que va del año. El fin de los crímenes de odio, de la persecución policial, el acceso al trabajo, la efectiva implementación del cupo laboral trans, el respeto a la ley de identidad de género, la entrega de medicación a quienes viven con VIH-SIDA, son algunos de los reclamos al gobierno que desde la comunidad travesti trans se vienen haciendo y que fueron las principales exigencias de la convocatoria. 
A su vez, en el palco se recordó a Lohana Berkins, histórica referente de la comunidad, así como también a otras reconocidas activistas como Diana Sacayán, Pía Baudracco y Maite Amaya que pelearon hasta su último día de vida contra la discriminación y por los derechos de las personas travestis y trans. Recordemos que la expectativa de vida en la actualidad de las travestis es de 35 años y las persecuciones policiales y maltratos son moneda corriente para el colectivo. Por eso, debemos seguir en las calles exigiendo el derecho a una vida sin violencias.