Escribe Noelia Agüero, legisladora electa por Córdoba Izquierda Socialsta/FIT Unidad

A dos semanas del inicio de los devastadores incendios en las sierras de Córdoba todavía quedan focos activos y el estado del clima no es alentador. Las consecuencias son dramáticas, cuarenta y cuatro viviendas quemadas, cientos de animales muertos y alrededor de 50 mil hectáreas arrasadas por el fuego. ¿Por qué hay tantos incendios?

El peronismo gobierna Córdoba desde hace veinticinco años; en ese lapso se han quemado más de un millón de hectáreas y casi otras 80.000 en lo que va de 2024. Los especialistas aseguran que solo queda entre un 3 y un 5% de bosque nativo.

En un 95% estos incendios son intencionales y al servicio de la destrucción del bosque para luego cambiar el uso del suelo permitiendo la ampliación de la frontera agrícola y el negocio inmobiliario.

El gobernador Martín Llaryora lo niega, porque “la Ley de Bosques impide cambiar el uso del suelo”. Pero han sido su gobierno y los anteriores los encargados de violar sistemáticamente esa legislación. ¿O cómo explica la aparición de barrios cerrados sobre zonas rojas incendiadas en Candonga, La Calera, Falda del Carmen, Falda del Cañete, entre otras? Organizaciones de Punilla denuncian que zonas incendiadas coinciden con parte de la traza de la Autovía Bioceánica de la Ruta 38 diseñada para el saqueo de nuestros bienes comunes.

Achican el monte nativo y el presupuesto para ambiente

Llaryora, aliado de Milei, un declarado negacionista del cambio climático, se muestra preocupado y pide endurecer las penas a los responsables de los incendios. Ellos serían los primeros, porque lo que hoy sucede es consecuencia de la reducción del presupuesto ambiental. El Plan de Manejo del Fuego sufrió un recorte del 40%. La Ley Bases eliminó el fideicomiso del Fondo Nacional de Manejo del Fuego con el voto de los legisladores del peronismo cordobés.

Llaryora también aplica este ajuste en la provincia, porque al Ministerio de Ambiente le corresponden 9.404.385.000 pesos y utilizó menos de la mitad, a pesar de que vemos a vecinos, brigadistas y bomberos voluntarios extenuados, combatiendo las llamas con recursos insuficientes. Claramente defiende los intereses de los grupos económicos que están detrás de los incendios. Por eso coincide con el plan extractivista de Milei y el plan de saqueo del RIGI que quiere aprobar en la legislatura cordobesa.
En estos días recibió al presidente Milei disfrazado de Rambo para sobrevolar el siniestro, pero dejaron plantados a bomberos y a la población afectada, ya que no resolvieron nada que paliara la crítica situación.

¿Cuál es la salida?

En lo inmediato, lograr, con la movilización de las asambleas ambientales y la población trabajadora, que se implemente la Emergencia Nacional que votó el Congreso pero otorgando los recursos necesarios para apagar el fuego y resarcir el 100% de los bienes que perdieron las familias. Pero además, no podemos seguir corriendo detrás de los incendios. Hay que implementar en forma inmediata un plan de detección y alerta temprana del fuego. Esto implica destinar recursos técnicos, científicos y presupuesto, para contar con una red de guardaparques, guarda ambientes y pobladores brigadistas debidamente equipados, alertar y actuar inmediatamente. El dinero necesario debe salir de un fuerte impuesto a las grandes fortunas y los empresarios, en especial a los complejos inmobiliarios, terratenientes y pools de siembra que lucran con estos incendios. Y dejar de pagar la fraudulenta deuda externa para concretar un plan nacional de prevención de incendios. La situación es dramática, las medidas a tomar tienen que ser drásticas.

Ni el gobierno nacional del “no hay plata” ni Llaryora estarán dispuestos a hacerlo, por eso hay que implementar una campaña permanente y un plan de lucha para conseguir esos recursos. Desde Izquierda Socialista y Ambiente en Lucha llamamos a todas las organizaciones socioambientales de Córdoba a conformar y replicar la experiencia de la Coordinadora Basta de Falsas Soluciones en la provincia para unificar las luchas en defensa del ambiente y contra el plan ecocida de estos gobiernos capitalistas que nos llevan a la catástrofe.

Escribe Noelia Agüero, legisladora electa Izquierda Socialista/FIT Unidad

En una elección muy polarizada, plagada de irregularidades y con una abstención del 32%, Llaryora superó a Juntos por el Cambio por escaso márgen y será el próximo gobernador. El Frente de Izquierda retuvo una banca.

El pasado domingo se desarrollaron las elecciones a gobernador y legisladores. El peronismo cordobés, encabezado por Llaryora, obtuvo el 42,76% de los votos, superando escasamente a Luis Juez de Juntos por el Cambio que obtuvo el 39,76%. Una enorme polarización donde los dos partidos se llevaron el 82%. El FIT unidad a nivel gobernación quedó quinto, atrás de García Elorrio, representante de la iglesia y el Portal de Belén, y del liber-facho de Spaccesi, ligado a Milei. El gran derrotado fue el peronismo del ex Frente de Todos, que se presentó con el nombre Creo, intentando despegarse de la crisis del gobierno nacional, pero no lo logró. Sufrió un enorme retroceso, con el 2,4%, quedando sexto, con apenas cuarenta mil votos y una sola banca legislativa. Una expresión más del retroceso y la ruptura con el gobierno peronista nacional de los Fernández y Massa. Todos fuimos parte del pelotón que obtuvo entre el 2 y el 3%.

En legisladores los resultados son otros. En una elección donde en el tramo legislativo hubo un 15% de voto en blanco, Juntos por el Cambio obtiene 34 bancas y el peronismo cordobés 32, perdiendo 17 y la mayoría que tuvo históricamente. Esta enorme polarización le impidió al Frente de Izquierda, a pesar de los sesenta mil votos, retener las dos bancas que tenía, quedando cerca de la segunda con un 3,05% (5% en la capital). Retuvimos una banca que ocupará Luciana Echevarría (MST) y luego quien escribe, en la rotación, y posteriormente las compañeras del PO y el PTS.

La organización de la elección fue un escándalo. No solo falló el “innovador” sistema de escrutinio basado en el escaneo de las actas, ya que 24 horas después no hay resultado provisorio definitivo y se resolverá en el escrutinio final, donde puede haber resultados que cambien, sino que muchos de nuestros fiscales generales fueron impedidos de participar de los comicios. Además, numerosas actas de escrutinio no se escanearon porque las escuelas no contaban con internet, lo que obligó no sólo a la justicia sino al propio ministro de Educación a dar explicaciones. Una clara expresión de una provincia en decadencia luego de veinticinco años de gobiernos peronistas. Desde el FIT Unidad estamos evaluando la cantidad de actas con tremendas irregularidades para definir los pasos a seguir.

Más allá de los números, prevaleció lo ocurrido en otras provincias. A pesar del tremendo ajuste a la clase trabajadora, y sectores populares, en las provincias vienen ganando los oficialismos que, despegándose de las elecciones nacionales, logran correr el eje de debate y de la bronca que prima en la clase trabajadora y sectores populares. Esto ya se veía en la gran apatía que recorrió la campaña y se reflejó en la abstención que fue la más grande desde la vuelta a la “democracia”.

A pesar de esto, desde el Frente de Izquierda Unidad y en particular desde Izquierda Socialista desarrollamos una extendida e intensa campaña, recorriendo toda la provincia y llevando nuestra salida de fondo ante la enorme crisis que recorre el país y la provincia. Como dijo en el bunker nuestra candidata a gobernadora, Liliana Olivero, “los resultados electorales no deben hacernos perder de vista que los votos obtenidos por los candidatos patronales no son ningún cheque en blanco. En Córdoba se seguirán desarrollando luchas de las y los trabajadores, como sucedió con la docencia, o con salud, y seguirán encontrando en el FIT Unidad a la única fuerza que las apoya y las acompaña. El espejo en el que debemos mirarnos es el de Jujuy, porque todos los votos del peronismo y de Juntos por el Cambio son votos que serán usados para avanzar con el ajuste y la represión”.

Nos quedan por delante otros desafíos, las elecciones a intendente del 23 de julio y las PASO del 13 de agosto, donde daremos otra gran pelea con nuestra fórmula presidencial Myriam Bregman y Nicolás del Caño junto a Liliana Olivero a diputada nacional.

Escribe Noelia Agüero, legisladora Izquierda Socialista/FIT Unidad

El 25 de junio se vota a gobernador y a legisladores provinciales. El Frente de Izquierda Unidad viene impulsando una campaña para que gobierne la izquierda junto a las y los trabajadores, como único camino para salir de la terrible crisis a la que nos llevó el peronismo y todas las variantes patronales.
 
La crisis económica, social y política recorre el país y la provincia de Córdoba. Alberto, Massa y Cristina vienen aplicando un feroz ajuste y miles se decepcionan con el peronismo. La tremenda crisis del Frente de Todos es cada vez más evidente. A esto se suma la enorme crisis que atraviesa la otra alianza patronal, Juntos por el Cambio, que hace tiempo viene con una interna feroz entre Bulrrich y Larreta, ahora la disputa se incrementó con el llamado de este último a integrar a Scharetti, gobernador de la provincia y principal competidor de Juez y Juntos por el Cambio por la gobernación.

Llaryora, candidato de Schiaretti, miente descaradamente prometiendo solucionar los problemas de inseguridad y combatir el narcotráfico, aumentar los salarios o resolver los problemas ambientales, cuando estos males son producto de un cuarto de siglo de gobierno del PJ cordobés. Frente al desgaste ahora le cambian el nombre a “Hacemos Unidos por Córdoba”, integrando intendentes radicales y hasta el presidente de PRO de Córdoba. Incluso la candidata a la vicegobernación es una dirigenta radical.

Estos cambios de equipo, este “panquequismo político” como dice Liliana Olivero, muestra que se diferencian para la tribuna, pero internamente acuerdan con todo el plan de ajuste. Por eso hoy están de un lado y mañana del otro. Por eso Schiaretti quiere sumarse a la interna de Juntos por el Cambio.

Estos últimos, con Luis Juez, no representan una alternativa para el pueblo trabajador y los sectores populares. Plantean más ajuste y represión, y tienen como agravante el antecedente de haber sido una de las peores gestiones de la capital cordobesa. Ni hablar cuando fueron gobierno nacional con Macri.

Sin duda son lo mismo. Todos gobernaron, aplicando un ajuste salarial y jubilatorio, avanzando en la precarización laboral, en la destrucción ambiental y demás males sociales, pero con todo tipo de beneficios y privilegios para los grandes grupos empresarios. Mientras tanto sostienen la corrupción y la impunidad de sus funcionarios.

Solo el Frente de Izquierda escapa a la responsabilidad de esta crisis; porque no gobernó y porque fue impulsor y acompañante de todas las luchas que han recorrido nuestra provincia, como la de la Salud, la rebelión docente, los trabajadores petroquímicos despedidos por Atanor, o el reciente conflicto en la multinacional Coca Cola. Por eso planteamos que es hora de que gobierne la izquierda y las y los trabajadores. Porque para salir de esta crisis hacen falta medidas de fondo que solo levanta el FIT Unidad.

Junto a Liliana Olivero venimos recorriendo la provincia, llevando nuestras propuestas. Denunciamos la estafa de la millonaria deuda externa provincial que someterá al pueblo trabajador a la indigencia por décadas. Planteamos el no pago de esta deuda provincial junto a la inmediata ruptura y el no pago al FMI.

Con la suspensión de los pagos de la deuda, la quita de los beneficios impositivos a los grandes empresarios y una reforma tributaria para que pague más quien más tiene, se podrá avanzar en atender las verdaderas necesidades de las y los trabajadores, las mujeres y disidencias y la juventud, partiendo de un aumento de salarios y jubilaciones de emergencia, que igualen el costo de la canasta familiar; un plan de viviendas populares que de trabajo genuino y resuelva el problema habitacional; el pase a planta de las y los contratados y terminar con la precarización que tanto afecta a nuestra juventud.

Por eso, el 25 de junio votá Liliana Olivero gobernadora. Te invitamos a sumarte a la campaña y ayudarnos a fiscalizar para cuidar tu voto.

1. Propuestas para mejorar la seguridad.

Los males sociales son consecuencia de años de políticas de abandono, una decisión de todos los que han gobernado ha sido hundir en la pobreza y la indigencia a millones mientras en el país y en la provincia el empresariado rico, las multinacionales y los amigos del poder se enriquecen y se asume la agenda impuesta por el FMI donde se paga la fraudulenta, ilegal e inmoral deuda externa. O como en el caso de Córdoba que tiene una deuda externa pública millonaria y en dólares con organismos internacionales (BID, CAF, BIRF, etc.); dinero que podría destinarse a satisfacer las necesidades no cubiertas de amplios sectores de la población de nuestra provincia.

Los candidatos de los partidos tradicionales pretenden abordar la inseguridad sumando móviles policiales, armamento y cantidad de agentes. Atacan los efectos de un enrome problema, pero no las causas. Miles de jóvenes sufren día a día la exclusión, la falta de oportunidades, de trabajo, educación y salud dignos. De esa manera caen fácilmente en las garras de las grandes organizaciones delictivas. Ahí encontramos las causas principales de la inseguridad.

Por eso desde nuestro Frente proponemos planes de trabajo genuino, con derechos laborales garantizados y salarios que cubran como mínimo la canasta familiar, salud, educación y esparcimiento artístico y cultural. Urgente aumento de salarios, jubilaciones, planes sociales y mejora de condiciones de vida para los trabajadores ocupados y desocupados.

Por otro lado, debemos promover la auto-organización de los vecinos para protegerse del delito(alarmas comunitarias u otros mecanismos elaborados por la ciudadanía y decididos por la vecindad). El código de faltas, la ley de trata y del narcomenudeo sólo sirven para criminalizar la pobreza y la juventud, consolidar el poder de las mafias de la trata de personas y la droga. Sólo se detiene a los jóvenes por su apariencia, a las trabajadoras sexuales y los consumidores de droga, pero ninguna mafia ha sido desbaratada.

Es fundamental desmantelar los entramados de los grandes mafiosos que actúan en connivencia con la policía, miembros de la justicia y funcionarios políticos. También planteamos el inmediato desmantelamiento del aparato policial (cuya forma de organizarse y sus métodos provienen de la Dictadura) y la elección directa del Comisario con el voto popular, tratándose de un cargo renovable y revocable ante incumplimientos.

Los Derechos Humanos garantizan la dignidad de la población, estos gobiernos han tenido políticas en el sentido contrario, de destrucción del trabajo, el salario, la vivienda, la educación y el esparcimiento. En nombre del combate al crimen militarizan los barrios y coartan un derecho básico como es el de circulación aplicando el Código de Faltas. Por eso proponemos su anulación como la de cualquier otra normativa represiva que intente criminalizar la protesta social.

2. Propuestas para frenar el avance del narcotráfico en Córdoba.

El narcotráfico es parte de la red de corrupción de este sistema capitalista contra el cual luchamos todos los días. Los gobiernos nacional y provincial son responsables de esta situación por las tremendas condiciones de vida a las que nos han sometido.

Desde el FIT-Unidad planteamos que es urgente romper la cadena de complicidad entre el poder político, el poder judicial y las fuerzas de seguridad junto con algunos empresarios que lo utilizan para enriquecerse en el marco de que el narcotráfico es el mayor negocio ilegal rentable del mundo.

Para ello hay que perseguir a los verdaderos narcotraficantes, desmantelar sus redes, encarcelarlos y expropiarles todos sus bienes.  Y dejar de  “confundir” el narcotráfico con el narcomenudeo que ejercen los sectores más empobrecidos de nuestra provincia.

Planteamos, además, la legalización de las drogas para quitarles el negocio a estos “empresarios” mafiosos.

Es urgente la implementación de centros de tratamiento para el consumo problemático con especial atención de estas temáticas en la educación pública. Para esto es necesario asignar presupuesto a la salud pública para la atención de todas estas problemáticas, principalmente generando verdaderas políticas de prevención.

3. Cambios propuestos para el sistema educativo provincial.

Han sido años de destrucción del sistema educativo a nivel nacional y provincial. Desde la reforma educativa de la década del ´90 con la Ley Federal de Educación, pasando por el doble discurso kirchnerista que planteaba una mejora sustancial con la Ley de Educación Nacional 26.206 mientras continuaba aplicando los mandatos del FMI, la debacle de la gestión de Macri y el desastre educativo del gobierno de Alberto en pandemia y pos-pandemia.

Esta realidad nacional se replica en cada una de las provincias y, por supuesto, Córdoba no es una isla y el ajuste en educación en un cuarto de siglo de gobierno del PJ es más que evidente: salarios docentes de indigencia, edificios escolares que se caen a pedazos y ponen en riesgo la vida de estudiantes y docentes, cooperadoras escolares que suplen la función que debería tener el Estado, falta de elementos básicos para desarrollar las actividades educativas.

En Córdoba el Schiaretismo, con Grahovac a la cabeza de la cartera de Educación, ha profundizado la destrucción de la educación pública tanto en lo pedagógico, como en las condiciones edilicias y el ataque al salario y a los derechos laborales de la docencia.  Antes de la pandemia y sobre todo durante la misma, este ministerio profundizó el desguase de la educación, y terminó de destruir, por ejemplo, la modalidad de educación especial.

Todos hablan de calidad educativa e igualdad de oportunidades pero en la realidad desfinancian el sistema en favor del negocio de la educación privada. Desde el FIT-Unidad proponemos:

• Triplicar el presupuesto educativo provincial y nacional, suspendiendo los pagos de la deuda externa y eliminando el financiamiento de la educación privada.
• Aumento de salarios a las y los trabajadores de la educación, acorde a la canasta alimentaria y cultural. Prohibición de descuentos y de sanciones por el ejercicio del legítimo derecho a huelga y a reclamo.
• Erradicación de escuelas precarias, aulas contenedores y todo tipo de infraestructura que atente contra la seguridad de la comunidad educativa. Inmediata reparación de todos los edificios escolares de la provincia, construcción de edificios, todas las aulas, baños, laboratorios con sus equipamientos, playones deportivos, y todas las dependencias necesarias. Es el gobierno provincial quien tiene la responsabilidad de mantener en óptimo estado edilicio las escuelas y no las cooperadoras escolares o las comunas e intendencias.
• Fuera la empresa privada de las escuelas. Los diseños curriculares deben recuperar el objetivo central de la educación pública: que sea científica, de calidad, no dogmática, y universal. La educación es una responsabilidad inalienable e irrenunciable del Estado.
• Respeto por el estatuto docentes y el convenio laboral: no a los planes PIT, PMI, CAJ, CAI, FINES, Acompañantes Pedagógicos, etc. que introdujeron la flexibilización laboral en el Sistema Educativo. Prohibición de cierre de cursos y de centros educativos en todo el territorio provincial.

4. Cambios propuestos para mejorar la atención médica en Córdoba.

Ante la enorme crisis del sistema sanitario es urgente declarar la emergencia sanitaria y a la salud como derecho humano.

Proponemos la creación de un Sistema Único de Salud, estatal, gratuito, universal y de calidad, con políticas de prevención, promoción y vigilancia de la salud colectiva, basado en prácticas de humanización en la atención y calidad humano-técnica, financiado por Rentas Generales del Estado, con participación popular en los núcleos de decisión.

Con la declaración de la emergencia sanitaria se impondrá un inmediato aumento presupuestario con el objetivo de: otorgar a las y los trabajadores de los equipos de Salud  salarios mínimos igual a la canasta familiar y capacitación con fondos estatales; destinar fondos a la ley de salud mental para que la desmanicomialización no sea un abandono del paciente; dotar de personal y aparatología necesarios al sistema actual; y la construcción de los centros de atención de diversos grados de complejidad para que la población no deba trasladarse cientos de kilómetros para recibir atención médica.

Impulsamos la  producción estatal de medicamentos, sueros, vacunas, para proveer gratuitamente. Se puede garantizar realizando convenios entre los distintos estamentos públicos como la Asistencia Pública de la Municipalidad (cuenta con la infraestructura, maquinarias, para la fabricación de medicamentos), el Hospital de Clínicas (que también fabricaba medicamentos), Hemoderivados que depende de la Universidad y fabrica la Hemoglobina que es exportada. Contamos con los profesionales que son formados en la Universidad de Córdoba.

Vamos por la anulación de las leyes privatistas de la salud que crearon el sistema actual del APROSS como entidad descentralizada del poder Ejecutivo Provincial y por la inmediata creación de Seguro de Salud para todos los cordobeses, con afiliados Obligatorios y afiliados voluntarios. Necesitamos una obra social estatal, dirigida y administrada democráticamente por los trabajadores activos y pasivos, en el camino estratégico de lograr un sistema Único de Salud Estatal y Gratuito.

5. Cambios propuestos para el Poder Judicial de Córdoba.

En Córdoba, al igual que sucede a nivel nacional, la independencia de poderes es una mentira. El Poder Judicial es un brazo del Poder Ejecutivo Provincial, es decir del poder político de turno. Así se garantiza la impunidad y la corrupción.

Desde Izquierda Socialista en el FIT-Unidad estamos convencidos de que no existe democracia si hay connivencia entre los poderes del Estado, por eso proponemos:

• Elección directa de jueces, fiscales, camaristas y todos los funcionarios, mandato revocable y que cobren un salario igual a la canasta familiar.
• Le decimos basta a la Justicia patriarcal, machista, y de clase. Aplicación efectiva de la Ley Micaela. Por una justicia con perspectiva de género que defienda de verdad a las mujeres, a las disidencias y a las niñeces.
• Jurados populares en todas las causas judiciales.
• Ante delitos de corrupción y de violencia de género se debe invertir la carga de la prueba: son todos responsables hasta demostrar lo contrario.

6. ¿Qué haría con la Caja de Jubilaciones de la Provincia? (Propuesta a los jubilados y forma de financiamiento)

Ante el robo jubilatorio de Schiaretti y Hacemos por Córdoba, desde el FIT Unidad planteamos:

Derogación de todas las leyes jubilatorias de ajuste (10694, 10333 y toda modificación) volviendo a la plena vigencia de la Ley 8024, con la eliminación y/o modificación de aquellos artículos que conserven privilegios para algunos funcionarios del Estado.

Finalizar de manera inmediata con la intervención a la Caja para que ésta vuelva a manos de sus verdaderos dueños. Para ello proponemos una auditoría externa, mediante una Comisión Independiente de Notables, que en el plazo de 60 o 90 días designe  un directorio democrático en el cual los representantes de los trabajadores y jubilados sean elegidos por el voto directo (con mandato revocable en caso de incumplimiento de sus funciones).

Prohibición de todo tipo de REFORMA LABORAL Y PREVISIONAL que implique pérdida de derechos y conquistas. Rechazo de tercerizaciones y precarizaciones: pase a planta permanente de todos los trabajadores del Estado Provincial y de los Entes Autárquicos quienes de manera inmediata tendrán calidad de aportantes a la Caja.

7. Planes sociales provinciales. ¿Qué programas continuaría? (Boletos gratuitos, Paicor, Salas Cuna, tarjeta alimentaria, créditos Vida Digna)

En el marco de la profunda crisis social, todos los planes deben continuar de manera paliativa, pero  con la perspectiva de lograr soluciones de fondo que permitan a todas las personas acceder a una mejor calidad de vida, garantizando los derechos básicos a la alimentación, la salud, la educación, la vivienda, entre otros.

PAICOR:  pase a planta permanente de las trabajadoras auxiliares de PAICOR, con salario igual a la canasta familiar, a cargo del estado y no de empresas privadas. Basta de tercerizar servicios.

SALAS CUNAS y otros programas para el cuidado de la primera infancia: Pase a planta, profesionalización de quienes están en las salas cunas e ingreso por concursos, para garantizar la atención con calidad de las niñeces.

Aumentar los montos de las ayudas sociales, que hoy están por debajo de la línea de indigencia.  Garantizar los fondos para ayudas sociales, de hábitat y otras, a través de la quita de subsidios a las grandes multinacionales que hoy se encuentran eximidas de impuestos.

Universalizar el boleto gratuito independiente del lugar de residencia, sin discriminar interior de capital.

8. Vivienda Social. Propuesta para los próximos 4 años y cómo financiaría ese programa.

El déficit habitacional es cada día más grave y afecta a toda la provincia, principalmente en las barriadas populares.

En este cuarto de siglo de gobierno peronista, la calidad de vida de cientos de familias de la provincia se ha visto disminuida y eso se refleja en el déficit y carencias habitacionales como en la gran cantidad de habitantes que no pueden acceder a la casa propia, que deben alquilar a precios exorbitantes e incluso cohabitar con sus familias de origen.

En Córdoba faltan aproximadamente 400 mil viviendas, los trabajadores y la clase media empobrecidos se ven obligados a pagar alquileres cuyos precios, al ritmo de la especulación inmobiliaria, aumentan muy por encima de los salarios.

Frente a la fragmentación, dispersión y falta de articulación de las políticas territoriales, creemos que las políticas de vivienda deben ser integrales y articuladas con los movimientos sociales urbanos, vecinos, instituciones educativas, organizaciones barriales y políticas para lograr una visión integral de las problemáticas y de las estrategias de acción.

Es urgente incorporar el concepto de “Función Social de la Propiedad” (Constitución Nacional 1994) las políticas urbanas, para reconocer que la tierra es de quien la trabaja, de quien la vive y no de los desarrollistas urbanos. Las políticas urbanas en general articulan sus decisiones desde una perspectiva que naturaliza la lógica de la renta especulativa del suelo. Se debe establecer mecanismos específicos con la lógica de eliminar las expectativas especulativas, multando la retención de inmuebles, implementando el sistema de banco de tierras, y la compra por parte del estado para su posterior redistribución.

Con el objetivo de ampliar las opciones a una vivienda digna. Se debe avanzar en el “Alquiler Social” donde la intervención del estado regule y reduzca los incrementos de costos (Mesa Paritaria), elimine los abusos en las exigencias a los inquilinos para acceder a alquilar, y garantice una buena calidad de vida.

Teniendo en cuenta la existencia de asentamientos informales urbanos y periurbanos generados en todo el país como respuesta de los sectores populares frente a las restricciones de acceso a la ciudad. El estado debe abordar esta problemática de MODO INTEGRAL. La urbanización de las denominadas “villas” o asentamientos, desde ya imprescindible no basta con solo la infraestructura urbana si no que debe estar acompañado por políticas públicas para integrar esos sectores a la ciudad: Trabajo, Educación, Salud, Espacio público.

Ante la informalidad de muchas familias respecto a la propiedad del inmueble/tierra donde habitan, se deben desarrollar políticas públicas y programas más amplios de regularización de la tierra urbana, semiurbana y rural. Políticas que reduzcan los plazos para adquirir el dominio por usucapión o prescripción.

Ley de Emergencia Habitacional ya, para prohibir desalojos en el ámbito urbano y rural.

Por un plan de viviendas populares para adquirir a tasa cero proveniente del Banco de córdoba.

Impuesto a la vivienda ociosa para liberarlas  de la especulación inmobiliaria.

Con la reforma tributaria y la suspensión inmediata de la deuda pública provincial se podrían realizar planes de vivienda, generar puestos laborales, y reactivar las economías regionales, resolviendo además el enorme déficit habitacional de la provincia.

9. Impuestos provinciales. Propuesta general. En caso de plantear reducción de algún tributo, especificar cómo compensaría la falta de esos recursos.

Ante las desigualdades sociales existentes en la actualidad desde el FIT-Unidad planteamos una reforma tributaria para que pague más el que más tiene, impulsando como una de las más urgentes medidas la reducción de impuestos y tarifas a trabajadores y sectores populares y tarifas sociales escalonadas acordes a los ingresos de cada familia.

Para este equilibrio de fondos y para una distribución justa y equitativa de los recursos planteamos:

Impuesto a las grandes  fortunas.

 Impuesto progresivo a las ganancias de las multinacionales, especuladores inmobiliarios, y empresas vinculadas al agro negocio.

Suspensión del pago de la deuda externa provincial.

10. Deuda provincial. ¿Cuál sería la estrategia financiera ante el pasivo en dólares de la Provincia?

La deuda cordobesa es parte de la deuda externa provincial y Córdoba es una de las provincias más endeudadas. Venimos denunciando de que la deuda pública provincial es millonaria, en dólares, impagable y ha sido utilizada para la obra faraónica de campaña electoral, para el beneficio de los grandes desarrollistas urbanos y las mega empresas de construcción y no para dar solución a las verdaderas y urgentes necesidades del pueblo trabajador.

La deuda pública de la provincia de Córdoba, según el último dato oficial es de 2.500 millones de dólares, el  93% de esa deuda es en dólares. Esto implica que ante cualquier devaluación como la que vivimos hoy o si llegase a haber una devaluación fuerte, esa deuda en millones de dólares podría duplicarse.

Todo esto va en desmedro de la calidad de vida del pueblo trabajador de Córdoba, de amplios sectores populares que no acceden a la vivienda, a la salud, a una educación de calidad, a derechos básicos como el de comer y vestirse.

Creemos que es fundamental, en primer lugar, la suspensión inmediata de toda la deuda que haya  contraído el gobierno de la provincia de Córdoba. Y proponemos no solamente suspender los pagos de capital e intereses sino también avanzar con la reforma tributaria para que pague más quien más tiene, y así poder llevar adelante la resolución de los males estructurales de Córdoba en cuanto a salario, jubilaciones en baja y la necesidad de combatir el hambre y las desigualdades sociales.

11. Obra pública. Qué rubros priorizaría y cómo financiaría esas inversiones.

En primer lugar daríamos prioridad a la construcción de los planes de viviendas populares con toda la infraestructura necesaria, no solamente de servicios sino también de Educación y de Salud.

Implementaríamos la reparación inmediata de todas las escuelas que hoy se caen a pedazos y la construcción de nuevas escuelas en aquellos lugares donde el servicio educativo es necesario y no existe o funciona en lugares prestados o en otros edificios no aptos, previo relevamiento y censo de todos los barrios y de todos los departamentos de la provincia para poder desarrollar la infraestructura escolar de acuerdo a las necesidades de las distintas localidades.

En materia de salud: realizaríamos el mismo proceso con los hospitales y centros de atención médica, previo censo en toda la provincia. De esta manera  se evitaría el traslado de pacientes de lugares remotos a lugares más céntricos u otras ciudades.

Consideramos que vivienda, escuelas, hospitales, vías de acceso y la mejora sustancial en infraestructura en las barriadas populares, constituyen la obra pública prioritaria, una necesidad urgente y nada tiene que ver con las obras faraónicas de campaña electoral a la que se ha dedicado durante todos estos años el gobierno de Schiaretti.

Para nosotros la obra pública en manos del Estado  es parte de nuestro plan económico alternativo para la generación de trabajo con derechos que permita terminar con la desocupación, resolver el grave problema de vivienda, reactivar la economía, el comercio y los servicios.

Escribe Noelia Agüero, legisladora provincial Izquierda Socialista/FIT Unidad

Schiaretti y su modelo peronista cordobesista mostraron en las últimas semanas su decisión de llevar a fondo la política de ajuste, miseria y represión para el pueblo trabajador. Llevan casi un cuarto de siglo gobernando a favor de los grandes empresarios y el FMI, modelo que pretende llevar como candidato a presidente.

En un contexto de enorme crecimiento de la crisis social y económica, de un 40% de pobreza, con una inflación de más del 102% interanual que golpea los bolsillos de las y los trabajadores ocupados y desocupados, activos y jubilados, los gobiernos nacional y provincial son responsables.

En ese marco, la Justicia de Córdoba, dependiente del poder político, a través del fallo del juez Fernández López, efectuó imputaciones en contra de al menos seis dirigentes sociales y gremiales que se movilizaron en la jornada nacional de la Unidad Piquetera el pasado 5 de abril. Una medida ilegal y arbitraria, antipopular y anti obrera. Este fallo es la concreción, en los hechos, de los proyectos de criminalización de la protesta que desde 2022 intentan imponer tanto el PJ cordobés como sus socios de Juntos por el Cambio.

Desde nuestra banca repudiamos estos hechos a través de un comunicado y de un proyecto legislativo, pero también acompañando a Tribunales al secretario general de ATE-CTA Autónoma, Federico Giuliani, y participando en la conferencia de prensa organizada por la Multisectorial contra la criminalización de la protesta social.

Vamos a seguir defendiendo el derecho a reclamar y a movilizar, reivindicando las luchas de la salud, de la docencia, de los trabajadores ocupados y desocupados por el derecho a la comida y a una vida digna.

Solo con la más amplia unidad, organizados y en las calles podremos combatir el ajuste, el hambre y la criminalización de la protesta social. ¡Luchar no es delito!