Escribe Marcela Martín. Delegada de Ate e integrante de la Asamblea Ambiental de Santa María y de Ambiente en Lucha.

La Argentina en plena pandemia sanitaria y social, nos encuentra con la resistencia de los pueblos de distintas regiones defendiendo la vida y la naturaleza. El gobierno de Alberto Fernández alienta el extractivismo y el saqueo, política que los gobernadores ejecutan en total acuerdo, en beneficio de la ganancia de empresarios y multinacionales. En este marco, en varias provincias se desarrollan luchas en defensa de sus territorios y economías regionales desde organizaciones de base asamblearias.
La provincia de Córdoba padece desde hace 20 años el peronismo sojero y desmontador.  Lapso en el cual se han desarrollado grandes luchas contra esas políticas y hoy, entre otras, se desarrolla la que se opone a la Autovía de Montaña, con un trazado de 47 kilómetros de extensión, desde el Dique San Roque hasta La Cumbre. Todo esto está en el marco del proyecto bioceánico del IIRSA (Integración de la Infraestructura Regional Suramericana).

El proyecto ya intentó concretarse en 2018, pero la férrea organización territorial en el Valle de Punilla en una Coordinadora de Asambleas lo impidió. Se utilizaron todos los medios de organización y lucha, llegando a la histórica audiencia pública que durante ocho días nos tuvo presentando nuestros argumentos económicos, culturales, antropológicos, turísticos, sanitarios y biológicos en defensa del bosque nativo, que incluían también la recuperación del tren como factor central del desarrollo regional.

A dos años de esa experiencia, en diciembre de 2020 Schiaretti volvió a arremeter con el proyecto pendiente, que corre la traza al oeste de la Ruta 38 con un presupuesto de 100 millones de dólares, obligando a los vecinos del Valle de Punilla a retomar la lucha. El argumento de Schiaretti es que escuchó a los vecinos que reclamaban:”no por el Este”. La legislatura de Córdoba aprobó las expropiaciones, aunque Asambleas y distintas organizaciones nos manifestamos frente a la legislatura repudiándolo.
La obra pública es el centro de la campaña del gobierno, también fuente de inmensos negocios inmobiliarios favorecidos por los incendios que en 2020 ocasionaron la quema de más de 300.000 hectáreas.

Hace unos días presentamos un petitorio con más de 2.000 firmas al gobernador, un pedido de audiencia pública presencial al aire libre y una copia a la Comunidad Regional del Valle de Punilla. Ya estamos con cada asamblea en nuestros pueblos explicando los detalles y el trasfondo de la obra a los vecinos, dado que se intenta instalar que el progreso y el alivio del tránsito llegarán con esta monumental obra.

El gobierno oculta que se destruirán los reservorios de agua de la cuenca del Valle y las reservas naturales. Nada dice de la falta de agua potable de la región donde la crisis hídrica lleva años y las plantas potabilizadoras esperan la inversión que no llega. Niega el desmantelamiento de la atención sanitaria en el Hospital Domingo Funes con la mayoría de su personal precarizado. Comenzaron las clases presenciales y todavía hay escuelas sin terminar, aulas sin habilitar y con faltante de bancos. Los salarios del personal sanitario y de la educación con una pérdida del 30% también son ignorados. Lo que es  necesario, en vez de la autovía, es inversión en el ferrocarril para uso de la población del Valle y para capitalizar aún más su función turística sin afectar el ambiente.

Ya lo sabemos, lo vivimo y lo aprendimos: solo con la unidad y coordinación podremos  torcer el brazo al gobierno de Schiaretti y de Fernández, socios en la política saqueadora y contaminante. La lucha continúa. Los gobiernos patronales saben que no bajaremos los brazos.