Escribe Adolfo Santos

Frente a un proceso de vacunación mundial profundamente desigual, desde Izquierda Socialista y la UIT-CI, continuamos impulsando la campaña internacional por el fin de las patentes del Covid-19. Mientras que los dieciocho países más ricos, entre ellos las principales potencias imperialistas, acaparan el 88% de las vacunas aplicadas, ciento treinta naciones pobres aún no las recibieron.

Los países más beneficiados con el reparto privilegiado de vacunas son Israel, que ya inmunizó de forma completa a 46% de su población, y los Estados Unidos,  donde se vacunó al menos con una dosis a 23% de su población y compró 1.300 millones de vacunas, cantidad suficiente para vacunar con dos dosis al doble de su población. 

Mientras tanto, hay países que sufren una situación acuciante. Es el caso de México, que solo logró inocular a 0,44% de su población y tuvo que avenirse a las exigencias del imperialismo yanqui. A cambio de recibir 2,7 millones de vacunas de AstraZeneca, a ser devueltas, López Obrador aceptó el vergonzoso compromiso de frenar el flujo migratorio de mexicanos en las fronteras estadounidenses.

En Brasil se vive una catástrofe sanitaria. Con picos de 3 mil muertos diarios, totaliza una cifra de casi 300.000 decesos. Mientras una cepa del virus originada en el Amazonas hace estragos entre el pueblo brasilero, sólo 2,5% de la población recibió al menos una dosis de la vacuna. Una situación similar se vive en Chile pese a que inocularon a un porcentaje mayor de la población.

Pero la escasez de vacunas no afecta solamente a los países del llamado “tercer mundo”. Países como Italia, España y Alemania, la sufren. En el mundo solo se produjeron 400 millones de dosis, cantidad que alcanza para inmunizar apenas 200 millones de personas, el equivalente a 2,6% de la población mundial. Los principales pulpos farmacéuticos mundiales cuentan con la complicidad de los gobiernos capitalistas de todo el mundo, quienes cuidan su fabuloso negocio negándose a  aplicar la liberación de patentes, lo que permitiría producir vacunas con mayor celeridad.

Desde Izquierda Socialista/FIT Unidad impulsamos esta campaña nacional e internacional por la liberación de las patentes. Por su parte, nuestro diputado nacional, Juan Carlos Giordano, presentó un proyecto de ley en el mismo sentido. De la misma forma, Médicos Sin Fronteras y otras personalidades y organizaciones, han sacado pronunciamientos e impulsando distintas acciones para que se desconozcan las patentes. Con esta campaña y estas acciones, queremos impulsar un movimiento capaz de conquistar vacunas para todas y todos. Por eso le pedimos que se sume.

El congresista Enrique Fernández Chacón, del Partido de los Trabajadores Uníos de Perú*, presentó ante el Congreso un proyecto de ley por la suspensión de las patentes de las vacunas contra el Covid-19.

En los fundamentos, Chacón denuncia que para contener la primera ola de contagios, cuando no existían vacunas contra la pandemia, las medidas de distanciamiento social y “cuarentena” fueron necesarias, pero muy mal gestionadas, condenando al pueblo trabajador a una “cuarentena de hambre” que no logró evitar el colapso del sistema sanitario, pero sí generó un crecimiento del desempleo y del hambre. Pasados los meses, Perú enfrenta la segunda ola de la pandemia con los mismos problemas del inicio, la crisis del oxígeno medicinal y la falta de camas UCI, pero en un contexto donde existe la posibilidad de obtener las vacunas contra el Covid-19, algo que no está garantizado.

Lamentablemente, el gobierno de Sagasti ha sido incapaz de adquirir las dosis suficientes para vacunar a toda la población. Esa incapacidad no solo tiene que ver con la ineficiencia en la gestión y los manejos corruptos del gobierno, sino también con la existencia de un esquema capitalista perverso de patentes que impide la libre producción y distribución de vacunas que la humanidad necesita. Un puñado de multinacionales farmacéuticas y laboratorios vienen privando a millones del derecho esencial a curarse al impedir la producción de vacunas a gran escala en virtud de la existencia de un esquema que impide la libre producción y distribución de vacunas que la humanidad necesita.

En Perú esa situación ha costado la muerte de decenas de miles personas. El fracaso en los planes de vacunación es responsabilidad de los gobiernos y los grandes laboratorios que limitan la producción de vacunas a las cantidades que tengan vendidas y pagadas. Estas prácticas criminales son avaladas por los gobiernos capitalistas que consienten el secretismo de los contratos, eximen de responsabilidades por efectos adversos a los laboratorios y los blindan contra los sistemas judiciales nacionales.

Por estos motivos presentamos este proyecto de ley que impulsa la suspensión de las patentes de vacunas contra el Covid-19. Mientras tanto, expresa Fernández Chacón, continuaremos luchando por una salida de fondo, por la abolición definitiva de todas las patentes y un sistema nacional único de salud, estatizando los laboratorios, la industria farmacéutica y la medicina privada poniéndolos bajo control y gestión de sus trabajadoras y trabajadores para terminar con el negocio capitalista de la salud y poder brindar una salud pública, universal, gratuita y de excelencia.

Corresponsal

*Sección peruana de la UIT-CI. Ver el proyecto completo en uit-ci.org

Escribe Pablo Almeida, legislador porteño Izquierda Socialista/FIT Unidad

El gobierno de la CABA busca flexibilizar los protocolos para las clases presenciales en todos los niveles educativos. La ministra de Educación Soledad Acuña, un mes después de una apresurada vuelta a la presencialidad, vuelve a la carga con una de sus clásicas recorridas mediáticas intentando instalar en la agenda la posibilidad de producir cambios en los protocolos sanitarios en las escuelas.

Como correctamente denuncia el combativo gremio de la docencia porteña Ademys, con estadísticas amañadas, Acuña intenta voltear de un plumazo las medidas de cuidado que debieron ser adoptadas para adaptar la presencialidad a una infraestructura escolar que ya resultaba deficitaria antes de la pandemia.

La ministra declaró: “A nivel epidemiológico pudimos corroborar que las escuelas no son lugares donde el virus se propaga”. Así, sin ningún dato ni evidencia que la respalde, busca instalar la idea de que las y los estudiantes podrían concurrir a clases casi con normalidad. 

Para el Gobierno de la Ciudad y su ministra la cifra de más de 1.200 contagios de integrantes de la comunidad escolar desde la vuelta a la presencialidad es una cifra despreciable. Tampoco entra en su radar el inocultable crecimiento de la curva de contagios a nivel general en la ciudad desde el inicio de las clases hasta hoy.

Cualquiera que no conozca a la ministra Acuña y al gobierno de Horacio Rodríguez Larreta podría pensar que lo que sucede es simplemente una mala lectura de los datos y un intento genuino y honesto de avanzar con la normalización de la educación. Pero nada de esto es así. Lo que buscan es que las escuelas cumplan la función de guarderías donde madres y padres dejemos a nuestros hijos y que de esta forma nadie esté dispensado, total ni parcialmente, de realizar sus tareas laborales.

Responden de esta forma a un reclamo que todas las patronales del país vienen realizando hace meses.

Y buscan también seguir avanzando con el ajuste en la educación. Si los niños pueden volver a estar todos juntos en un aula, entonces, como irresponsablemente dijo la ministra, el Gobierno de la Ciudad no tiene que invertir en reformas edilicias ni en ampliación y mucho menos en la construcción de escuelas. Ni tiene que invertir en la cobertura de nuevos cargos docentes y de personal auxiliar.

Desde Izquierda Socialista/FIT Unidad, desde nuestra bancada en la Legislatura porteña, hacemos nuestra la pelea de la docencia junto a madres, padres y el conjunto de la comunidad educativa contra este nuevo atropello del Gobierno de la Ciudad.

Escribe Adolfo Santos

El vacunatorio vip es un verdadero escándalo nacional. Instalado en el Ministerio de Salud de la Nación, funcionaba sorteando filas y desconociendo cualquier protocolo para atender a un selecto grupo de amigos del gobierno. Hasta allí llegaron empresarios, periodistas, políticos y burócratas sindicales. Una parte de esa lista de privilegiados la integran el periodista peronista kirchnerista Horacio Verbitsky (quien reveló el hecho antes de que lo delate la investigación que estaba en curso), el empresario marplatense Aldrey Iglesias y su familia, el canciller Felipe Solá, el diputado ligado al papa Francisco Eduardo Valdés, el senador Jorge Taiana, el camionero Hugo Moyano y familia, Duhalde y Zannini, entre otros “notables”.

Los vacunatorios clandestinos propiciados desde el gobierno eran un secreto a voces antes de las declaraciones radiales de Verbitsky. Ya circulaban denuncias repudiando el hecho de que varios políticos, sin el menor pudor, difundían en sus redes que se habían vacunado sin cumplir los protocolos. Gobernadores, intendentes, diputados, burócratas sindicales, empresarios y sus familias, amigos y choferes, sin ser personas de riesgo y sin respetar ningún orden, aprovechaban las partidas recibidas para vacunarse antes que nadie. Mientras tanto, faltan vacunas para médicos, enfermeras, trabajadores de la salud, docentes que empezaron las clases, o mayores de 70 años que hacen malabares para poder anotarse en programas colapsados.

Esto demuestra el desprecio, la desidia y fundamentalmente la falta de transparencia del gobierno del Frente de Todos. El ministro Ginés González García se fue diciendo que “todo fue culpa de su secretaría privada”. Nadie le cree. Fueron tantas las evidencias que el presidente no tuvo otra opción que hacerlo renunciar para evitar un desgaste mayor al que ya viene sufriendo su gobierno. Pero la salida de Ginés no resuelve la crisis. Ya hay una serie de denuncias contra altos funcionarios y dirigentes políticos y sindicales por el uso indebido de las pocas vacunas que llegaron a nuestro país. Nuevas crisis van a surgir.

Además, ese esquema corrupto surge por la falta de vacunas que debería garantizar el gobierno, y eso está lejos de resolverse. Es el gobierno de conjunto el que viene haciendo falsas promesas sobre la llegada de las vacunas que solo aparecen en cuentagotas, siendo cómplice del negocio capitalista que hay detrás. Alberto Fernández dijo que la vacuna debe ser un “bien público global” pero no actúa en consecuencia ni siquiera en el seno de su propio gobierno, donde sus funcionarios hacen uso discrecional de las vacunas en un despreciable mecanismo de “sálvese quien pueda”.

El “esquema” de vacunación en medio de una situación de emergencia como la que nos impone la pandemia es gravísimo. La nueva ministra Carla Vizzotti insiste en que “no hay un vacunatorio paralelo, ni se reservan vacunas para una situación privilegiada”. Quiere negar una realidad que le costó el cargo a su antecesor, Ginés González García. Además, no es creíble que como viceministra no supiera nada de lo que acontecía en su propia cartera. Repudiamos las declaraciones que afirman que se estaba vacunando “personal estratégico” del aparato del Estado. ¿Diputados patronales que votan leyes contra el pueblo son estratégicos? ¿Familiares jóvenes de ministros, gobernadores y funcionarios?

Por eso hay que investigar a fondo y castigar a todos los responsables. ¿Qué otros funcionarios de alto nivel participaron? ¿Qué papel cumplía el hospital Posadas y su interventor, Alberto Maceira, que movilizó una tropa de médicos en vehículos sin identificación para hacerse cargo de la vacunación de los vip? ¿En qué otros establecimientos donde llega la vacuna funcionan listas vip?

Exigimos una profunda investigación de los mecanismos de vacunación para determinar sus alcances, los responsables y las derivaciones que tuvo esa medida ilegal. Una investigación a la que deben sumarse representantes de Cicop, de los trabajadores de los diferentes hospitales, de organismos de derechos humanos y organizaciones populares, entre otros. Repudiamos la falta de transparencia en el tratamiento de la vacunación. Exigimos la renuncia inmediata de todos los funcionarios vinculados a los esquemas de vacunación paralelos y su correspondiente castigo y que se vacune de forma inmediata a los trabajadores de la salud, docentes, trabajadores esenciales, mayores en riesgo y todos aquellos que necesitan la vacuna, no a los amigos del gobierno.

La compañera Mónica Méndez, secretaria de Organización y Finanzas de Cicop y candidata en la lista unitaria para las elecciones de este importante sindicato de los profesionales de la salud de la provincia de Buenos Aires que se llevarán a cabo los días 3, 4 y 5 de marzo, nos dijo: “Desde Cicop exigimos la mayor transparencia y equidad en relación con el desarrollo de los programas de vacunación en las diferentes jurisdicciones. No puede ser que mientras el gobierno destina vacunas para sus amigos, hasta hoy no han sido vacunados todos los trabajadores de la salud, tanto pública como privada”, más de 800.000 en total, siendo 450.000 de los hospitales públicos.

Mónica también destacó la situación del hospital Posadas ya que, según sus propios trabajadores, por ese vacunatorio pasan unas treinta personas por día que llegan con recomendación directa del gobierno nacional. “Lo trágico de este caso es que la dirección del hospital todavía no ha vacunado a todo su personal, que asciende a 5.200 profesionales y trabajadores, reconocido por su interventor, Alberto Maceira”, señaló.

Lamentablemente, este importante centro de salud que es el Posadas vuelve a ser mala noticia por responsabilidad de sus dirigentes. “Durante la dictadura militar fue convertido en centro clandestino de detención, en los cuatro años de Macri se vivió un brutal ajuste y represión. Y ahora pasa esto bajo la intervención del gobierno nacional designada por el gobierno del Frente de Todos”, indicó Mónica. Y finalizó: “A pesar de que Cicop pidió ser parte de la organización de la vacunación en provincia de Buenos Aires, el gobernador Kicillof nunca nos convocó. Es evidente que había cosas que ocultar”.