Escribe Mariano Barba

En medio de una pronunciada recesión y luchas crecientes por salarios y contra los despidos, el gobierno ultraderechista debate con los partidos de la oposición patronal una nueva Ley Ómnibus, más acotada que la anterior, pero con el mismo objetivo. Busca aliados para que pase el ajustazo, pero la crisis política al interior del radicalismo, de PRO, del peronismo y las idas y venidas en las propias filas del gobierno, obligan a negociar y renegociar para que se avance en esa nueva ley.

Hasta ahora el gobierno cuenta dos importantes derrotas políticas en cuanto a leyes logradas. A dos meses de gobierno cayó la primera Ley Ómnibus, tras el paro general de la CGT, y el Senado rechazó el DNU 70/2023. Luego siguieron dichos cruzados entre el ultraderechista Milei y varios de los gobernadores. La crisis ha hecho que hasta las multinacionales restrinjan inversiones en el país.

Para revertir su debilidad, el gobierno nacional realiza reuniones con gobernadores y diputados de la “oposición patronal dialoguista” buscando superar el estancamiento y lograr una nueva Ley a cambio de aumentar el ingreso de los gobiernos provinciales a través de un cambio en el Impuesto a las Ganancias. Tras la cita con gobernadores de Juntos por el Cambio, el gobernador de Córdoba, Martin Llaryora destacó que “la nueva Ley Ómnibus no tiene nada que ver con la anterior, lo mismo el nuevo paquete fiscal […] hay que apoyarlos para darle instrumentos al presidente”. En forma similar se pronunció el radical Maximiliano Pullaro, gobernador de Santa Fé: “Vamos a apoyar la Ley Ómnibus pero queremos discutir las particularidades”.

El lunes 8, luego de reunirse con el ministro Guillermo Francos, diputados de Hacemos Coalición Federal encabezados por Miguel Pichetto declararon apoyar la Ley y pidieron “que se trate la modernización laboral y se fije un nuevo piso para el impuesto a las ganancias”.

Prometen más motosierra

En estas reuniones Guillermo Francos y el jefe de Gabinete Nicolás Posse, buscan los votos necesarios en las cámaras para que salga la Ley; prometen a los gobernadores, un paquete fiscal reinstalando el Impuesto a las Ganancias sobre los salarios, cuyo piso estará en 1,8 millones de pesos, que luego coparticiparán a las provincias. También prometen que les van a reponer la actualización de los fondos previsionales que les habían congelado a trece provincias la semana anterior. Y que realizarán un blanqueo de capitales, una moratoria y un nuevo régimen para grandes inversiones.

Además de una reforma laboral, todavía no definida. Y, como el ajuste es brutal, el gobierno también tiene roces con el campo quienes esperan algún beneficio en esta Ley. O sea, que con esta nueva Ley Ómnibus ganan el gobierno, los gobernadores y los empresarios y se profundizará todavía más el ajuste que ya aplican con motosierra en la Nación y en cada provincia.

Hay que enfrentar el ajuste en todas sus formas (leyes, DNUs y resoluciones que lo sustentan) sin ninguna especulación. A diferencia del rol que está cumpliendo la dirección del peronismo, tenemos que oponer al plan motosierra un plan económico alternativo, obrero y popular que termine con el feroz ajuste, empezando por no pagar la deuda externa y romper con el FMI.

Escribe Reynaldo Saccone, ex presidente Cicop, dirigente de Izquierda Socialista/FIT Unidad

Los aumentos de las cuotas por parte de las empresas de medicina prepaga han sido siderales e indiscriminados. En cuatro meses superan el 150%, tiempo en que los tribunales se inundaron de amparos por parte de familias que no pueden pagar más las cuotas, que van desde 250 mil pesos a 700 mil según el grupo familiar.

El ministro Caputo salió a decir que las prepagas “le declararon la guerra a la clase media” y Milei que “se les fue la mano, aunque no con mala intención”. Caraduras. Este gobierno es quien les posibilitó bajo la famosa “libertad de precios” y a través del DNU 70/23 se eliminó todo tipo de regulación.

El gobierno dice que las prepagas no entienden el “cambio cultural”. ¿Cuál sería? El de aplicar la competencia. Una ridiculez completa, ya que el negocio de las prepagas está controlado por unas pocas empresas que se pusieron de acuerdo al unísono en aumentar las cuotas en porcentajes similares.  

Diez de las empresas prepagas concentran el 83% de los afiliados a las mismas, siendo las primeras OSDE, Swiss Medical, Galeno, Sancor, Omint, entre otras, como Medifé, Medicus, Accord Salud, Hospital Italiano y Jerárquicos Salud.

Los empresarios de las prepagas son mercaderes de la salud. En todos estos años se vinieron beneficiando ante el desastre del hospital público. Con pacientes que aun pagando altas cuotas mensuales tienen que a su vez abonar consultas y estudios privados para acelerar diagnósticos y tratamientos; co-pagos a profesionales y centros por consultas y prácticas; parte del precio de los medicamentos, y otros rubros.

Estos empresarios dicen que están en una situación de “extrema gravedad” y que por ello no les queda otra que aumentar. Que fueron sometidas durante años a un desfinanciamiento y que “no son formadores de precios”. Una mentira total. Ahora aumentan sideralmente y bajo el gobierno peronista de Alberto Fernández y Cristina Kirchner fueron beneficiados con exenciones impositivas y del pago de contribuciones patronales, por ejemplo. Además, son las patronales que tienen a sus trabajadoras y trabajadores con salarios miserables y jornadas de pluriempleo.

El negocio de la salud entre 1990 y 2015 tuvo una rentabilidad del 13% anual, superando al negocio financiero y a la industria petrolera. Un sector privilegiado que crea una gran desigualdad, ya que cubre solamente a un 10% de la población, pero consume el 30% del gasto total en salud, el mismo porcentaje que utiliza el sector público, pero para atender tres veces más gente, un 35% de la población.

Desde Izquierda Socialista/FIT Unidad nos sumamos al repudio a los aumentazos de las prepagas y llamamos a luchar para que se retrotraigan. Como la salud no debe ser un negocio privado capitalista, postulamos un sistema nacional único de salud, estatal, igualitario y de excelencia para todas y todos, con atención y remedios gratuitos, financiado con fondos que se van a la deuda externa y al FMI, controlado por trabajadores y profesionales del sistema, organizaciones de usuarios y vecinales.
 
 


 

Escribe Reynaldo Saccone, ex presidente de la Cicop y dirigente de Izquierda Socialista/FIT Unidad

Con 232.996 casos, 161 pacientes fallecidos y 19 provincias invadidas, estamos viviendo la epidemia de dengue más severa de toda la historia argentina. En la última semana de marzo, ocurrieron algo más de la quinta parte de todos los casos y la quinta parte de todas las muertes. Para combatirla hay dos estrategias simultáneas: una es protegerse del mosquito ya sea mediante repelentes como también mosquiteros y tules; la otra es la vacuna, que tiene consenso científico para aplicarla entre los cuatro y sesenta años de edad en grupos y zonas de riesgo. Ninguna de estas dos estrategias es impulsada por el ultraderechista gobierno de Milei a pesar de la gravedad del brote.

Un ministro de salud que no se ocupa de la salud

Después de semanas de silencio habló el ministro de Salud Mario Russo. No lo hizo desde la cadena nacional para dirigirse a toda la población, llevando tranquilidad y mostrando la acción del gobierno. Por el contrario, eligió charlar con un periodista amigo y mostró cual es la política de salud del gobierno libertario: “no habrá acción del gobierno nacional, de la epidemia deben encargarse las provincias; no se proporcionará la vacuna porque no está probada; habrá abundancia de repelentes porque se liberó la importación y, además, se pueden comprar por Amazon y otras plataformas de venta puerta a puerta”. El colmo del caradura. ¡Que el pueblo trabajador y sectores populares que no llegan a fin de mes compren repelentes y espirales a valor dólar tarjeta! Con todo cinismo, el ministro remató sus declaraciones diciendo que el ministerio: “no es un supermercado al que se le piden cosas” por lo cual que nadie espere del gobierno nacional medios para enfrentar la epidemia.

Movilizarse para arrancar al gobierno ultraderechista las medidas necesarias

El mercado de los repelentes está controlado en un 80% por la multinacional SC Johnson y el resto por empresas locales. En el país hay cuarenta laboratorios estatales de medicamentos algunos de los cuales ya están fabricando repelentes, pero en cantidad insuficiente para la situación. Desde Izquierda Socialista/FIT Unidad planteamos que el gobierno nacional debe intervenir la multinacional Johnson y las otras empresas del ramo y ponerlas a producir repelentes para que -trabajando en red con la producción estatal (que debe ser incrementada)- se pueda proveer gratuitamente a escuelas, hospitales y familias sin necesidad de importar.

Apoyamos todos los justos reclamos que numerosas organizaciones populares y de trabajadores están llevando adelante, especialmente la provisión gratuita de vacunas y elementos de protección por parte del Estado. Llamamos a movilizarnos para obligar tanto a este gobierno nacional ultraderechista, como así también a gobernadores e intendentes de todos los colores políticos, a que tomen estas medidas que la defensa de la salud del pueblo trabajador requiere y para que los fondos destinados a la deuda externa vayan a la lucha contra la epidemia.
 

Escribe José Castillo

El presidente Javier Milei, con un ridículo disfraz militar de combate, viajó a Ushuaia a reunirse con Laura Richardson, jefa del Comando Sur del ejército estadounidense. Allí ratificó un alineamiento absoluto, que profundiza como nunca el carácter semicolonial de nuestro país.

Una imágen, que valen más que mil palabras. La bandera yanqui flameando en la base naval de Ushuaia, en el puerto más austral del mundo, la puerta de entrada a la Antártida, el punto estratégico de control del paso interoceánico del pasaje de Drake entre el Atlántico y el Pacífico y, lo más importante, a sólo 680 kilómetros de las Islas Malvinas.

Las exigencias de Richardson

Digamos de entrada que no es la primera vez que la generala es recibida por autoridades del gobierno argentino. De hecho ya lo había sido por Cristina Fernández cuando esta era vicepresidenta. Pero sí es cierto que nunca en toda la historia argentina, hubo un gobierno que cediera de tal manera ante las exigencias yanquis, hasta el último detalle.

Se puede resumir en tres ejes los intereses yanquis en nuestro país: ganar espacio para bases militares en el Atlántico Sur (sumando presencia de la OTAN a la ya existente con la base británica de Malvinas), reducir a cero la presencia de su competidor, el imperialismo chino, y obtener espacio privilegiado para las multinacionales yanquis en el estratégico recurso del litio. Habría un cuarto eje, más en sordina: achicar, aprovechando el ahogo presupuestario que lleva adelante el propio gobierno de Milei, cualquier avance del desarrollo nuclear argentino. Todo esto, y mucho más, es lo que ofreció el gobierno de Milei.

El puerto militar “compartido” en Ushuaia y la hidrovía del Paraná

El gobierno de Milei ofrece utilizar esta ubicación estratégica como espacio que sirva como campo de maniobras militares para el ejército yanqui. El tema es gravísimo, significa ceder el ya amenazado control del Atlántico Sur al aliado estratégico principal del invasor británico, reforzando militarmente la zona de exclusión que fijó unilateralmente este último país, como plataforma para el saqueo de todo tipo de recursos marítimos. El gobierno ultraderechista de La Libertad Avanza entrega así todo, hasta nuestro acceso a la península Antártica.

Por supuesto que existe una vinculación absoluta con la exigencia yanqui de eliminar cualquier relación de Argentina con China. De ahí el ataque que lanza el gobierno sobre la base científica china del Espacio Profundo que existe en Bajada del Agrio (Neuquén). Más allá de las legítimas discusiones acerca de los negocios (y la entrega de recursos) que llevaron adelante los anteriores gobiernos peronistas y macristas con el imperialismo chino, es evidente que acá se responde a una exigencia directa de los yanquis, que cuestionan la base china, pero no dicen una palabra de la similar que existe en Malargüe (Mendoza), perteneciente a la Agencia Espacial Europea.

Del mismo modo, el gobierno de Milei viene de ratificar la compra a los yanquis  24 aviones F16 (hoy en poder de Dinamarca), que requieren tecnología y adiestramiento bajo control de la OTAN (y por lo tanto susceptible de ser trabado por Gran Bretaña) en vez de los F17 chinos, que hubieran tenido mayor autonomía tecnológica con respecto a yanquis y británicos. Un dato menor, pero que aporta al ridículo, es que el gobierno de Milei anunció que los yanquis “donaron” un Hércules, cuando en realidad no fue donación, sino leasing (hay que pagar 100.000 dólares en un alquiler a 35 años) y, lo peor, el avión ya lo había recibido el gobierno peronista anterior, por lo que se trató de una clásicas operetas de “doble inauguración”.

Los yanquis buscan también “achicar” la presencia china en la Hidrovía del Paraná (hoy existente vía la empresa Cofco) y a la vez ganar presencia militar propia, más allá de la ya existente en términos económicos con sus transnacionales (ADM, Bunge y Cargill). En diciembre pasado, apenas asumido Milei, la Administración General de Puertos firmó un acuerdo con el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos para tareas de dragado y navegabilidad del Paraná. Hace un mes se firmó un nuevo convenio ampliando el anterior, que se desconoce. Además, para el control de la Hidrovía se reactivó el entendimiento con la Guardia Nacional del Estado de Georgia (Estados Unidos), que había firmado Patricia Bullrich durante el gobierno de Macri.

El recurso estratégico del litio

Este ya había sido el tema de conversaciones en la anterior visita de Richardson. Los Estados Unidos buscan posicionarse en el estratégico “Triángulo del Litio” (en la triple frontera Argentina-Chile-Bolivia). De los tres países, el nuestro es el que tiene la legislación más permisiva, que habilita el saqueo y la entrega del vital recurso con más facilidades al capital transnacional. El objetivo yanqui es el mismo que en los otros temas: por un lado bloquear cualquier acceso de empresas chinas al sector y por el otro posicionar privilegiadamente al capital yanqui, bajo la garantía de control militar estratégico norteamericano.

La asfixia del desarrollo nuclear

Un tema no menor es el constante interés yanqui en reducir al mínimo y de ser posible bloquear, cualquier desarrollo nuclear argentino. En la mira están el Carem y el RA-10, dos reactores nucleares que se empezaron a construir en 2014 y 2016 y ahora están al borde de la parálisis por recortes presupuestarios.

La entrega y el saqueo recién comienzan

Nuestro país, desde la época de Menem, tiene el status de aliado “extra OTAN” (digamos de paso que ningún gobierno posterior repudió este acuerdo). Ahora Milei quiere dar un paso más allá, pasando a “socio global de la OTAN”, lo que nos involucraría y nos obligaría a respetar las decisiones en todos los conflictos que lleve adelante esta alianza imperialista en el mundo.

Repudiamos la visita de Richardson, así como el carácter entreguista y vendepatria del ultraderechista Milei y su gobierno. Más que nunca, necesitamos pelear por una Segunda y definitiva Independencia.

Ushuaia-Tierra del Fuego
Símbolo del sometimiento

Bandera yanqui izada junto a la bandera Argentina en la base naval.

Izquierda Socialista de la provincia participó de varios repudios a la visita de Laura Richardson, jefa del Comando Sur

Escribe Adolfo Santos

Hoy, como ayer lo intentó la dictadura militar encabezada por Galtieri, el gobierno ultraderechista de Milei, trata de apropiarse de la justa causa de Malvinas para usarlas a su servicio. Exaltan la participación en Malvinas, no como un acto de soberanía contra el colonialismo imperialista, como ya aclaró la canciller Diana Mondino, sino para intentar absolver a represores de la dictadura presentándolos como héroes. Un grupo de veteranos de la guerra de Malvinas que son un conglomerado de carapintadas y ex militares involucrados en el genocidio de la dictadura, como era el caso del fallecido padre de Villarruel, aparecen rodeando al gobierno de La Libertad Avanza en distintas funciones.  

La Comisión de Familiares de Caídos en Malvinas e Islas del Atlántico Sur, una organización ligada a la vicepresidenta Villarruel, se ha opuesto a la investigación de torturas y tratos crueles cometidos contra la tropa durante la guerra y denunciados por los propios soldados. La actual presidenta de esa comisión, es María Fernanda Araujo diputada de La Libertad Avanza y ligada al carapintada Juan José Gómez Centurión, veterano de la Guerra de Malvinas. La también diputada Lourdes Arrieta, es hija de Tomás Arrieta, quien estuvo en Malvinas y fue denunciado por retirarle el alimento a los soldados a su cargo.
Desde el Senado, Villarruel designó como titular de la Dirección Gesta de Malvinas a Nicolás Kasanzew. El Centro de ex Combatientes de La Plata (Cecim), integrado exclusivamente por soldados, repudió esta designación. Kasanzew fue el representante de la dictadura en el Canal 7 durante la Guerra y vocero del “vamos ganando” con el que la Junta Militar le mentía a la población. La Dirección Gesta de Malvinas designó al coronel retirado Augusto Vilgré La Madrid, también veterano de guerra, director del museo Malvinas e Islas del Atlántico Sur que funciona en el mismo predio de la ex Esma. Este funcionario, se jacta en sus redes de la desaparición de cuatro personas durante la dictadura.

En febrero de este año circuló un video de un homenaje a Horacio Losito en su calidad de “Héroe de Malvinas”. Losito que combatió junto al padre de Villarruel fue condenado por delitos de lesa humanidad por la Masacre de Margarita Belén y por su actuación en un centro clandestino de detención en Corrientes. Es una larga lista de militares ligados a crímenes de lesa humanidad en que el gobierno intenta presentar como héroes y premia con cargos. Repudiamos esta política negacionista para lavar la cara de militares criminales. Los únicos héroes de esa gesta, son “los pibes de Malvinas que jamás olvidaré”.