Escribe Mariano Barba
 
El sábado 19 se realizó la Conferencia Política de Acción Conservadora (CPAC) en México. Una nueva reunión de los sectores más reaccionarios de la política mundial. Participaron Eduardo Bolsonaro (hijo de Jair Bolsonaro), Santiago Abascal (líder español de Vox), Ted Cruz (senador ultraconservador fanático de Donald Trump), José Antonio Kast (ex-candidato presidencial de la derecha chilena) y Javier Milei (diputado nacional argentino); junto a la extrema derecha mexicana, que es parte de un ejército entrelazado con el narcotráfico.

 Milei, repitió su discurso contra la izquierda, el socialismo, el comunismo, el marxismo. También se opuso a cualquier forma de distribución de las riquezas, de derechos laborales y de control sobre las grandes fortunas. Fue contra derechos democráticos, tachando de “pelea sin sentido y antinatural” al feminismo y que existe una “batalla por el asesinato de los niños por nacer, ese crimen agravado por el vínculo que es el aborto”. Negó el cambio climático y la pelea del colectivo LGBTIQ+, porque sus reclamos “ya fueron consagrados”, como los de las “cuestiones raciales”.

Tras un supuesto discurso contra “la política”, Milei hace la misma política que conocemos desde hace décadas, contra todas las conquistas que han logrado los trabajadores, trabajadoras y sectores populares. Habla de la “anti-casta” desde lo más rancio de la “casta política” y los sectores que representan los intereses de los grandes empresarios, bancos y multinacionales.

 Por eso, donde se gobernó con esas políticas, como Bolsonaro en Brasil, Trump en Estados Unidos, o Menem-Cavallo en nuestro país, hubo miles de despidos, privatizaciones y entregas de recursos naturales al saqueo. El proyecto de Milei es lo más antipopular que se conozca.

 Para romper con el sistema hay que ir por cambios de fondo, con medidas anti-capitalistas y por el socialismo, por un gobierno de quienes nunca gobernaron: las y los trabajadores, como planteamos desde Izquierda Socialista y el FIT Unidad.

Escribe Noelia Agüero, legisladora provincial Izquierda Socialista/FIT Unidad

Al igual que el presupuesto 2023 que se votó en el Congreso de la Nación, el plan económico del peronista Schiaretti y Hacemos por Córdoba es un traje a medida del FMI, cumple con todas sus exigencias en cuanto a recortes y ajustes en las áreas más sensibles, ataca el salario de los estatales, golpea los bolsillos del pueblo trabajador con impuestazos y tarifazos y le garantiza las ganancias y la exención impositiva a los grandes grupos empresarios.

En un contexto nacional y provincial de profundización de la crisis económica y social, con una inflación que en diciembre llegará a tres dígitos y con los altísimos índices de pobreza e indigencia que mantiene la provincia de Córdoba, este presupuesto es un plan de ajuste y miseria que deja en claro cuáles son las prioridades del gobierno: menos salud, menos educación, menos trabajo y más precarización laboral y, por supuesto, más obra pública faraónica de campaña electoral para asegurar los votos de la próxima elección.

En este marco se desarrolla en la provincia una enorme rebelión de los equipos de salud que han salido, de manera autoconvocada, a luchar por salario y condiciones laborales con miles de trabajadores tomando las calles el miércoles 16 y convocando a una nueva multitudinaria marcha el miércoles 23. Mientras tanto Hacemos por Córdoba en conjunto con la oposición patronal discuten leyes de criminalización de la protesta social para hacer pasar, vía la represión, el mayor ajuste en el próximo periodo.

Desde Izquierda Socialista/FIT Unidad rechazamos de manera contundente este presupuesto y llamamos a movilizar, junto a la Multisectorial, contra los planes de ajuste de Schiaretti y Hacemos por Córdoba y contra todo intento de criminalizar y regular el derecho a la protesta social.

Plata para salud, educación, vivienda y las más urgentes necesidades del pueblo trabajador, no para la deuda externa y el FMI.

Escribe Mónica Méndez, secretaria de Organización Cicop y dirigente nacional de Salud en Marcha
 
El pasado 15 de noviembre y tras nueve semanas de lucha, las y los residentes de CABA lograron un tremendo triunfo. A dos días de una nueva jornada nacional de lucha, el gobierno de Larreta fue derrotado. Este triunfo se dio a pesar de las direcciones sindicales de Médicos Municipales, Federación de Profesionales, Sutecba y ATE, que nunca  apoyaron la lucha y que fueron pasados por encima por una inmensa marea blanca. Tal es así que el 8 de noviembre se produjo un hecho histórico para las y los trabajadores de la salud de CABA. Todas estas direcciones burocráticas, obligadas por la presión de las bases de los hospitales, tuvieron que convocar a un paro y movilización, exigiendo la reapertura de paritarias. Hacía más de treinta años que algo así no ocurría, y fue evidente que la marea blanca se extendía y fortalecía en la ciudad. Ese  8 de noviembre quedó claro que ni el gobierno ni la burocracia podían seguir ignorando lo que estaba pasando. Finalmente, y acompañado de un aumento salarial para el sector de planta, las y los residentes lograron pasar de 120 mil pesos para un residente de primer año (R1) a 200 mil, en solo dos meses. El temor a que siga creciendo la lucha obligó al gobierno de Larreta a ceder el mismo aumento que negó durante nueve semanas.

La coordinación y el funcionamiento democrático

Fueron semanas muy intensas, cargadas de presiones de todo tipo, aprietes, y mucho cansancio. Es muy importante rescatar algunas conclusiones de los aciertos que ha tenido este imponente movimiento de lucha. Hay dos centrales, que fueron los que les permitieron sostener la pelea y lograr el triunfo. Por un lado, desde sus inicios ha tenido un funcionamiento democrático, con asambleas donde se resolvían entre todas y todos los pasos a seguir, escuchando todas las opiniones. El otro elemento fue la coordinación entre los distintos hospitales. Se organizaron en unidad con las y los concurrentes y apostando a que se sume todo el equipo de salud. También hubo por momentos un principio de coordinación con otros sectores en lucha, como por ejemplo el Hospital Garrahan, que viene llevando adelante una lucha muy importante. Democracia sindical y coordinación fueron los dos pilares que permitieron sostener y fortalecer la pelea que terminó en un triunfo que abarcó a las y los compañeros de planta.

Se fortalece la pelea por la salud pública

En medio de un brutal ajuste del gobierno peronista del Frente de Todos, que Larreta aplica a rajatabla en CABA, este triunfo es un gran aliciente para quienes pelean en defensa de la salud pública. La miseria salarial que prima entre las y los trabajadores de la salud, y sobre todo la que venían sufriendo las y los residentes, refleja la política de abandono, desguace y privatización que ambos gobiernos impulsan. Otra muestra más de esta situación es lo que ocurre con los más de 650 concurrentes que trabajan de manera gratuita en la ciudad, además del cierre de áreas y falta de personal de planta por los bajos salarios.

Si bien aún queda el reclamo por tener una ART de los concurrentes, quienes trabajan en un 80% en salud mental, la ampliación de los cupos de residencia y la reapertura de los cupos de concurrencia para el futuro, este triunfo es un duro golpe a la política de ajuste y privatista del gobierno de Larreta. Y un gran impulso para los reclamos de las y los trabajadores de la salud de todo el país.

Los recortes y el ajuste en salud solo obedecen a destinar ese dinero al FMI. Es por ello que la salida para la crisis estructural que atraviesa la salud pública, las malas condiciones de trabajo y los salarios de miseria, debe partir de imponer el no pago de la deuda externa y destinar ese dinero para la salud. La pandemia dio sobrados ejemplos de la importancia de la salud pública en cualquier sociedad, y nuestro país cuenta con una gran capacidad instalada, humana, técnica y de investigación. El paso adelante de las y los residentes es una bocanada de aire fresco para seguir luchando por conquistar una salud pública única, nacional, de excelencia y de acceso para todas y todos. Que abarque no solo la atención, sino también la producción de medicamentos, aparatología, y que los hospitales sigan siendo centros de formación de las y los mejores profesionales que hoy sostienen nuestro sistema de salud.

Escribe Diego Saavedra, delegado Junta Interna de ATE

Después del enorme paro y movilización del 17 de noviembre pasado, el Garrahan esta semana para nuevamente y se moviliza junto a los trabajadores del Hospital Posadas hacia el Ministerio de Salud. Una semana más de lucha por aumento de salario y condiciones de trabajo. Este sexto paro es el fruto de una pelea unitaria construida en base a asambleas conjuntas que atraviesan todos los sectores-servicios del hospital.

El Consejo de Administración acaba de firmar junto a las conducciones burocráticas de Sutecba y UPCN un supuesto  aumento de salarios que en realidad es una rebaja y que significa sumas de dinero que no van al básico. Eso, sumado al presupuesto para el hospital que año a año se viene recortando, hace que las y los trabajadores ratifiquemos la jornada de lucha con paro y movilización del día miércoles 23. Es muy importante la lucha que venimos llevando adelante en el Hospital Garrahan, un hospital emblemático no solo para Buenos Aires, sino también para el país y para el resto de Latinoamérica. Un hospital de alta complejidad especializado en niños, niñas y adolescentes que recibe a pacientes de todo el territorio nacional. Una vez más el gobierno peronista del Frente de Todos y el gobierno de Larreta de CABA, que deben solventar al Hospital Garrahan, demuestran que la salud pública no es una prioridad para ambos.

Las y los trabajadores en lucha del Garrahan necesitamos el apoyo de todas las organizaciones sociales, políticas y sindicales y de toda la población para pelear por nuestros reclamos. Necesitamos apoyo para lograr un salario igual a la canasta familiar, un régimen de insalubridad para todo el personal y el fin de la precarización laboral. Porque si esta lucha triunfa estará triunfando la defensa de la salud de nuestro pueblo trabajador.

Escribe Marcela Martín, referente de Salud en Marcha y representante a la Coordinadora por el Hospital Santa María

El pasado 9 de noviembre, hartos de salarios promedio de 120 mil pesos, alta exigencia, malos tratos y otros reclamos históricamente incumplidos, renunciaron trece médicos del Hospital San Antonio de Padua de Río Cuarto e hicieron estallar la bronca de los equipos de salud de toda la provincia.

Un año atrás hubo importantes movilizaciones exigiendo aumento de salarios y contra los aprietes y los traslados compulsivos. Esa lucha terminó en una derrota, porque las direcciones burocráticas de ATE, UTS y un sector de médicos copó la Multisectorial que se había conformado junto a delegados de hospitales y a varias agrupaciones sindicales de la salud. Su política derrotista fue buscar centralmente la negociación con el gobierno, abandonando la movilización.

Una rebelión espontánea

A partir de las renuncias y ante una situación desesperante, de médicos con salarios de pobreza y de trabajadores con sueldos de indigencia, que obliga al pluriempleo, desde distintos hospitales se convocó a movilizar el miércoles 16. A pesar del calor agobiante de ese día, decenas de miles de trabajadores de los equipos de salud se movilizaron en capital y el interior mostrando una unidad que es inédita.

El gobierno peronista provincial empezó a desesperarse porque no tenía con quien negociar. Comenzó a llamar a los distintos estamentos de la salud, que fueron rechazando sus insuficientes ofrecimientos, pero esta política apuntaba a dividir el conflicto. Era imperioso lograr un comando unificado de la lucha

Surge una dirección

En base a la mala experiencia de la lucha anterior, se propone la conformación de una coordinación de todos los hospitales, con dos delegados elegidos por cada uno de ellos, tratando de que estén representadas todas las disciplinas de  la salud, desde los médicos hasta los administrativos, pasando por los residentes, enfermería, camilleros, etcétera. Esta coordinación empezó a tomar forma a partir de este sábado 19 en una reunión donde más de cien delegados, representando a cuarenta instituciones de salud, a la que se irán sumando otras, debatieron democráticamente la elaboración de un pliego de reclamos, encabezado por la exigencia de aumento del 200% al básico, el pase a planta permanente de todos los precarizados y un bono de fin de año de 150 mil pesos, entre otras. También se eligió una comisión de siete miembros, donde están representados los principales estamentos, incluidos los residentes, para ir a la negociación con el gobierno, pero que solo puede escuchar la respuesta al pliego y comunicar a la coordinadora quien deberá consultar a la base para decidir.

Los peligros

Desde nuestra agrupación Salud en Marcha creemos que la consolidación de esta coordinadora y su funcionamiento democrático es clave para el triunfo de esta pelea. El gobierno intentara dividirla y desconocerla. Reclamará la representación de los sindicatos del sector, que siempre han traicionado, como el SEP, y los que le han sido funcionales como ATE, UTS, ATSA. Para que la Coordinadora sea quien nos represente, debemos imponerla con nuestra movilización.