Escribe Federico Wagner 

El 27 de noviembre el gobernador Schiaretti y su ministro de Educación, Walter Grahovac, ingresaron en la Legislatura provincial el proyecto de reforma del estatuto docente.

Esta iniciativa busca atacar las condiciones laborales de la docencia. Aspira a liquidar la estabilidad laboral y avanzar en la precarización. Mientras hay un enorme faltante de docentes en las escuelas, el gobierno pone más trabas para que la docencia pueda titularizar cambiando requisitos de títulos habilitantes, recortando el listado con el objetivo de construir una planta docente precarizada, con cargos suplentes e interinos. Esto lo hace luego de avanzar en el vaciamiento de los institutos de formación docente estatales y fomentar los privados. Asimismo, introduce para determinados cargos, que hoy se obtienen por concurso público, el criterio subjetivo de “idoneidad”, con un jurado conformado por el gobierno y la UEPC, ingresando un mecanismo “clientelar” para los nombramientos. Aunque hay un punto del proyecto que titulariza un sector de docentes precarizados (PIT, PROA o coordinadores de curso), el gobierno trata de usarlo como “caramelo” para justificar todo el ajuste.

Este ataque a nuestras condiciones laborales se enmarca en un proceso de ajuste mucho más profundo que incluye el robo a los jubilados, los miles de despidos o los cierres de programas sociales. Y, en el terreno educativo, además del desfinanciamiento y los “ahorros” presupuestarios del gobierno, por no haber dado gratuitamente conectividad o herramientas de trabajo en virtualidad, es parte de la rebaja salarial, como el reciente 9% en cuotas o los miles de docentes que no cobran, excluidos del sistema por la anulación de los actos públicos por pandemia.

Esta medida está al servicio de cumplir con los pagos de la deuda externa provincial (casi en su totalidad en dólares), que seguirá requiriendo de nuevos ajustes. Necesitan liquidar la estabilidad como paso previo para meter nuevos ataques en su permanente intento de destruir la escuela pública y privatizarla.

Desde Izquierda Socialista y Docentes en Marcha venimos denunciando que este proyecto ha sido elaborado entre el gobierno y la burocracia Celeste de Monserrat, de UEPC. Esta burocracia no sólo no se opone, sino que es cómplice directa del proyecto, como lo viene siendo del ajuste salarial y presupuestario. Por eso impulsamos la coordinación de los luchadores docentes y las agrupaciones opositoras con el Plenario de la Oposición, haciendo una campaña en la base docente y organizando actividades para preparar una gran movilización el día que se trate la reforma. Llamamos al conjunto de la docencia a organizarnos para impedir este nuevo atropello junto con el Plenario del Sindicalismo Combativo de Córdoba y demás luchadores en defensa de la escuela pública.

Finalmente, transcurrieron los días de la conciliación obligatoria que impuso el gobierno nacional a la Federación Aceitera y a la Unión de Recibidores de Granos y Anexos de la República Argentina (Urgara) para evitar la huelga nacional en octubre. El reclamo en paritarias es por un salario de 82.000 pesos de básico para que todos los trabajadores puedan alcanzar la canasta familiar, según los datos elaborados por la junta interna de ATE-Indec.  

Las patronales aceiteras, entre las más poderosas del país, no quieren moverse un centímetro. Sostienen, con mucha caradurez, que deberían “endeudarse en mil millones de pesos” para cumplir con las exigencias de los trabajadores. Se trata del sector exportador más grande, que en 2019 facturó más de 20.000 millones de dólares y se viene beneficiando con las sucesivas devaluaciones de Macri y Alberto Fernández, licuando el valor de los salarios y embolsando ganancias extraordinarias. El gobierno del Frente de Todos, por su parte, solo está preocupado por la liquidación de algunos dólares luego de bajarle por tres meses las retenciones, mientras “aumenta” 7% a los estatales nacionales y les “concede” 1.210 pesos por cargo a los docentes. ¡Apoyemos la huelga de la Federación Aceitera y Urgara. Si triunfan, ¡triunfamos todos! 

Hace una semana que los trabajadores municipales están de paro reclamando la apertura de paritarias 2020 y un aumento de sueldos del 25 por ciento.

El jueves 26 y el viernes 27 se movilizaron hasta la municipalidad para manifestar su bronca. También han desarrollado actividades en distintas dependencias, como en el policlínico “Eva Perón” y en el hospital de Luján, juntando firmas y rechazando los aprietes de los funcionarios municipales.

El 30 de noviembre el intendente, Leonardo Boto, firmó un decreto otorgando un bono navideño de 10.000 pesos en dos cuotas de 5.000 en diciembre y enero. Resolvió además que se pague el bono Covid (que paga Nación) de 5.000 pesos en noviembre y diciembre, que solo cobrarían los trabajadores que no están de licencia, y otro bono de 5.000 pesos a cuenta de futuros aumentos en enero. Y convocó a una reunión paritaria para el 15 de febrero, algo que los trabajadores ya habían rechazado.

La bronca no se hizo esperar. Al otro día, en las asambleas se votó el rechazo al decreto del intendente, la continuidad del paro y una nueva movilización a la municipalidad. Allí se hicieron presentes para acompañar el reclamo Marcelo Cosme, de la Federación de Sindicatos Municipales, y nuestro compañero Rubén “Pollo” Sobrero, secretario general de la Unión Ferroviaria Oeste, junto con dos compañeras del sindicato de municipales de Morón; Daniela Cooper, referente de Docentes en Marcha e Izquierda Socialista de Luján, y Arnoldo Troncoso, secretario ejecutivo de la UF Oeste y referente de Izquierda Socialista de Luján.

Los trabajadores, además del reclamo salarial, denuncian la precarización laboral, el no pago de horas extras y horas nocturnas, recategorizaciones, la contratación de cooperativas truchas para destruir las condiciones laborales de los trabajadores municipales, la falta de insumos en el hospital y en los CAPS de elementos de protección para las y los trabajadores, por las condiciones edilicias, tanto en el hospital como en otras dependencias municipales y la privatización de servicios municipales, como la recolección de residuos.

Desde Izquierda Socialista seguiremos acompañando a los municipales para que su lucha triunfe.

           Corresponsal

Escribe Pablo Almeida, delegado general ATE Ministerio de Economía

Con este lema, el jueves 3 de diciembre se realiza una convocatoria de una decena de juntas internas encabezadas por Indec, Ministerio de Economía y Ministerio de Trabajo junto con delegadas y delegados de ATE de diversos sectores exigiendo una urgente recomposición salarial frente al vergonzoso 7% acordado entre el gobierno nacional y la burocracia de UPCN, encabezada por Andrés Rodríguez.

A fines de septiembre, en ocasión de la llegada de la delegación del FMI a nuestro país, el gobierno nacional decidió dar una brutal señal de ajuste sobre las y los trabajadores y el pueblo. El escenario elegido fue ni más ni menos que la paritaria que en forma más directa involucra al gobierno de Fernández, la de los estatales nacionales. En un hecho inédito en la historia de las negociaciones colectivas, el gobierno retrocedió de una propuesta de 15% a otra de un insultante 7% para seguir discutiendo en diciembre.

Desde la firma de este vergonzoso acuerdo a la fecha han pasado más de dos meses. La mesa de negociación prometida para el último mes del año aún no ha sido convocada. Esto constituye una ratificación de la política de ajuste del gobierno de Fernández.

Es imprescindible imponer desde todos los sectores de trabajo una perspectiva de organización y lucha frente al inmovilismo cómplice de la dirección de nuestra ATE. Tanto la seccional Capital, encabezada por Daniel Catalano, como el consejo directivo nacional, conducido por Hugo Cachorro Godoy, han dejado pasar con su inacción durante todo el año, con diversas excusas, las políticas de ajuste del gobierno. Lejos de ayudar a la organización de la bronca de las y los estatales han actuado como factor de contención replicando las excusas del gobierno. Exigimos a ambos sectores plenarios de delegados y delegadas con mandatos de base para pelear contra el ajuste a nuestros salarios.

La acción conjunta del jueves 3 tiene que ser el puntapié inicial de los estatales para enfrentar el ajuste. El ejemplo a seguir es el de las y los trabajadores del hospital Garrahan que vienen llevando adelante un plan de lucha que se resuelve semanalmente en asambleas conjuntas de todas y todos los trabajadores sin distinción de especialidad ni profesión y que al cierre de esta edición está llevando adelante una nueva y contundente jornada de paro. Y este 3 de diciembre tiene que estar al servicio también del fortalecimiento de la pelea del Garrahan.

Escribe Agxs Mermet y Juani Campillo, miembros de Diversidad Izquierda Socialista

Desde los ’80 se habla de aquella famosa “peste rosa” asociada a gays, travestis y trans, acrecentando la discriminación, violencias y estigmas. Luego de muchísimas investigaciones e informes, se han mejorado los tratamientos para establecer una calidad de vida sobrellevando el virus como cualquier otra cuestión de salud. Esto fue acompañado por una gran pelea contra la exclusión y la marginalidad a las que somos expuestes, entre el prejuicio sociocultural y los grandes negocios capitalistas. Si bien son las personas heterosexuales quienes encabezan el ranking de seropositives, somos nosotres les que cargamos con el estigma de ser portadores de VIH y protagonizamos la lucha diaria por mejores condiciones.

Los gobiernos no han tomado como prioridad el tratamiento integral desde la salud pública; son las diferentes ONG y fundaciones las que se han encargado de suplir esta responsabilidad. Las empresas privadas todavía operan exigiendo el test preocupacional para excluir a les seropositives por el costo que podría implicar en cargas de salud. La degradación del Ministerio de Salud en el gobierno de Macri representó un ajuste a los tratamientos retrovirales y reactivos para test en todo el sistema público, dejándonos a merced de los negocios de las prepagas y el sistema privado de salud, poniendo en riesgo nuestra calidad de vida. Con el gobierno de Alberto Fernández y el retorno del Ministerio de Salud esto no cambió, los faltantes en los hospitales siguen, sobre todo en el interior del país, y la Dirección Nacional de Respuesta al VIH, dependiente del ministerio, no da a conocer las cifras de las personas seropositivas de este año.

Gracias a nuestras luchas se han conquistado derechos, pero seguimos denunciando que los gobiernos son responsables y cómplices de los grandes laboratorios, las obras sociales y las privatizadas. Desde Diversidad Izquierda Socialista denunciamos los faltantes en los hospitales para poder tratar la enfermedad y hacer los testeos serológicos. Exigimos presupuesto urgente para el sistema de salud. Hay que dejar de pagar la deuda externa y que se aplique un real impuesto a la grandes fortunas para financiar la salud pública. Exigimos también la efectiva aplicación de la ESI con perspectiva de género, diversidad, laica y científica, donde se hable abiertamente de quienes vivimos con VIH para erradicar los estigmas.