Escribe José Castillo

Finalmente, el gobierno de Fernández cerró el acuerdo con los pulpos acreedores en el capítulo de bonos bajo legislación extranjera. Para preguntarse a quién beneficia, no hay más que ver los eufóricos festejos de los mercados internacionales, los especuladores, los banqueros y la aprobación de los economistas del establishment. 

Cada día se va haciendo más transparente que no puede haber una negociación “progresista” donde se crezca, haya trabajo, mejores salarios y jubilaciones y, a la vez, se pague la deuda a los acreedores.

Los detalles de la entrega

En un comunicado conjunto, los tres bloques en los que se organizaron los grandes acreedores se mostraron “complacidos”. Así lo expresaron BlackRock, el mayor fondo especulativo del mundo, y los otros usureros involucrados, como Templeton, Greylock o Pimco. No hay, por si a alguien le quedaba alguna duda, ningún “pequeño ahorrista” entre ellos. Y no es para menos que expresen su complacencia con el acuerdo.

El gobierno termina reconociendo 54,8 dólares por cada 100, 15.500 millones de dólares más que en la primera propuesta que hizo Alberto Fernández, donde ofrecía 33. Incluso por encima de lo “recomendado” por el propio FMI (que había planteado en marzo que cualquier valor por encima de 50 dólares era “insustentable”). Y también por arriba de la misma propuesta del gobierno de principios de julio, que ya era tan favorable a los acreedores que se llevó el aplauso de Luis Caputo y del mismísimo Domingo Cavallo. 

En el acuerdo la quita de capital es casi inexistente (inferior al 2%) y el promedio de intereses que se pagará será del 3% anual (en dólares, por supuesto), cuando hoy en el mundo, los bonos de deuda de otros países pagan tasas de entre el 0 y el 0,5%.

Nuestro país, que lleva pagados 5.000 millones de dólares desde que asumió Fernández, comenzará a abonar vencimientos a partir de julio de 2021. ¿En qué quedó la afirmación del presidente de que la Argentina no tenía ninguna posibilidad de pagar nada durante cuatro años? ¿No era que se iba a priorizar a los jubilados y al bolsillo de los trabajadores?

Los pasos que siguen

Pero acá no termina la historia. Inmediatamente comenzará otra negociación, esta vez con el Fondo Monetario Internacional. En esto queremos ser clarísimos, no existe ningún acuerdo “progresista” posible con el FMI. El Fondo es uno de los principales organismos del orden capitalista imperialista internacional. La Argentina tiene que pagarle al organismo casi 49.000 millones, comenzando en septiembre de 2021, y con vencimientos gigantescos entre 2022 y 2023. Sin quita posible. Lo que se negociará será un nuevo “préstamo” para patear la deuda para adelante. A cambio, el Fondo reclamará un nuevo ajuste y la puesta en marcha de lo que llama “reformas estructurales”: fiscal (menos impuestos para los ricos y achicamiento en el gasto social), previsional (liquidando las cajas y hambreando más aún a los jubilados) y laboral (destruyendo convenios colectivos y flexibilizando al máximo a los trabajadores).

Al mismo tiempo, se han conocido las pautas para la renegociación de los bonos de deuda bajo legislación local. Se trata de un monto no menor, 40.000 millones de dólares, de los cuales 15.000 millones están en manos de grandes acreedores, y una parte muy importante en poder de un solo dueño, Pimco, uno de los mayores fondos de especulación del mundo. Este es el motivo por el que, increíblemente, se les permitirá a estos bonistas, que tienen títulos en pesos, dolarizar su acreencia.

En conclusión, toda esta renegociación, con sus distintos capítulos, nos lleva a más saqueo, colonización, miseria y explotación. Nuestro país no tiene salida mientras siga girando alrededor de esta bola de nieve imparable. Por eso insistimos en que la única salida es dejar de pagar la deuda externa, romper con el FMI y el resto de los organismos internacionales y poner todos esos recursos al servicio de las más urgentes necesidades del pueblo trabajador. 

Escribe Diego Martínez

En plena pandemia, Alberto Fernández dio a conocer los lineamientos de la reforma judicial que comenzaría a discutirse esta semana. El proyecto busca modificar el sistema judicial, ampliando la justicia federal y creando nuevos juzgados y cargos. La ley incluiría además la ampliación de los miembros de la Corte Suprema. Según Alberto Fernández, estas medidas serán un avance hacia un sistema judicial más democrático e independiente. “Es hora de tener una Justicia independiente, sobre la que no influyan los poderes mediáticos, fácticos ni políticos”, tuiteó. El gobierno, una vez más, hace gala de su doble discurso, aprovechando la pésima reputación que bien ganada tienen los jueces entre los trabajadores y sectores populares, para anunciar una medida que tendrá el efecto contrario del que enuncia. Que haya más jueces no implica una mayor democratización de la Justicia. Por el contrario, esto solo servirá para que el gobierno tenga más jueces adeptos y controle la Justicia al servicio de sus intereses políticos y de garantizar la impunidad para sus funcionarios, empresarios amigos y, principalmente, para Cristina Fernández, imputada en diversas causas. No casualmente se creó una junta consultiva asesora sobre la reforma en la que no solo el gobierno tiene mayoría propia, sino que la integra Carlos Beraldi, el mismísimo abogado defensor de Cristina. Una vergüenza.

No importa el color político del gobierno patronal en cuestión, la Justicia siempre responde a los intereses del mandatario de turno. La realidad demuestra que la división de poderes y la justicia independiente no existen.

El peronismo kirchnerista manejó la justicia a su antojo con mano férrea durante sus doce años de gobierno. Así logró zafar de numerosas causas de corrupción. Cuando el ex procurador general de la Nación Esteban Righi intervino en la causa Ciccone, por la que hoy está condenado el ex vicepresidente Amado Boudou, fue echado de su cargo. 

También Macri, al momento de asumir, se aseguró de tener el control de la justicia, nombró a dos jueces de la Corte Suprema por decreto y puso magistrados afines en todos los fueros. Así logró la impunidad para él y todo su gobierno. No era fácil, Macri ya contaba con doscientas catorce causas en su contra.

Más allá del alineamiento individual de cada juez, y de los roces circunstanciales que se generan como reflejo de peleas de poder en las alturas, de conjunto, la Justicia responde a los intereses de los empresarios y el régimen político burgués. Es por eso que, pese a la resistencia de Clarín y figuras de la oposición, Alberto Fernández está buscando sumar el mayor consenso posible entre los partidos patronales detrás de la reforma. El diario Clarín reconoció que referentes de la oposición, como Federico Pinedo, fueron tentados para formar parte de la “comisión asesora”, lo que contaba con la venia del mismísimo Macri (Clarín, 2/8/2020). El proyecto contempla el traspaso de veintitrés juzgados federales, que pasarían a la órbita de la Ciudad de Buenos Aires, a cargo de Horacio Rodríguez Larreta. La reforma implica la creación de noventa y cuatro cargos en juzgados federales de todo el país. Más allá de garantizarse una mayoría propia, el peronismo pretende llegar a un acuerdo con PRO y la UCR a través del reparto de los cargos restantes.

La Justicia defiende a los empresarios y a los políticos patronales

Más allá de a quién responda  coyunturalmente, la Justicia tiene un carácter de clase. Responde al poder económico y al poder político de los capitalistas.

El sistema judicial actúa con mucha celeridad para condenar a un ladrón de gallinas, pero hace la vista gorda frente a flagrantes delitos como el desfalco cometido por Vicentin, el vaciamiento de Latam, que deja a 1.700 familias en la calle, o la violación sistemática de contratos de trabajo, como lo vienen haciendo miles de empresas durante esta cuarentena, con el pago del 75% de los salarios, o en algunos casos un porcentaje mucho menor. Otros empresarios directamente abandonan sus empresas, sin consecuencia legal alguna, como es el caso de La Nirva, de La Matanza, donde la patronal hace nueve meses que no paga los sueldos y los bienes de la empresa todavía no fueron embargados.

Mientras la Justicia encarcela con mucha rapidez a luchadores políticos como Daniel Ruiz y Sebastián Romero, procesados por luchar contra una ley que implicaba otro robo a los jubilados, políticos corruptos como Menem, implicado en causas por narcotráfico y tráfico de armas, no pasaron un día en una cárcel. Y, por si existiera alguna posibilidad de ser condenado, hace diecisiete años que Menem, como senador nacional, se asegura los fueros que lo mantienen en la impunidad.  Algo similar podríamos decir de Macri, Cristina y tantos otros.

Si alguna vez la Justicia emitió un fallo a favor de los trabajadores y el pueblo, fue por la presión de la movilización popular. La persistente y masiva movilización de cada 24 de marzo logró que en 2003 se derogaran las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, impuestas por Alfonsín en 1987, junto con los indultos de Menem a los genocidas. Cuando en 2017 la Justicia, con el aval de Macri, quiso imponer el 2x1 reduciendo las condenas de los genocidas, cientos de miles nos movilizamos en las calles y Macri y la justicia tuvieron que dar marcha atrás. También es gracias a la movilización de las mujeres que se logró crear la figura jurídica del femicidio, que permite que se les dé a los violentos que matan a las mujeres la pena máxima de veinticinco años de prisión. Estos casos antes quedaban encuadrados como “crímenes pasionales”.

 ¿Qué Justicia necesitamos?

Mientras luchamos por una justicia que defienda los intereses de los trabajadores y no de los empresarios, peleamos por algunos cambios inmediatos. No va más la justicia elegida a dedo. Queremos que todos los jueces se elijan por el voto popular y que sus mandatos no sean vitalicios, sino por un tiempo determinado, y que puedan ser revocables.

Basta de privilegios para los jueces. No solo cobran sueldos siderales, sino que perciben jubilaciones de privilegio que oscilan entre los 300.000 y 700.000 pesos. Como si esto fuera poco, están exentos del pago del impuesto a las ganancias, que abonan, entre otros miles, los trabajadores de la salud en plena pandemia. Es una vergüenza absoluta que los jueces no lo paguen.

Otra medida que debería implementarse son los juicios por jurado, establecidos en la Constitución, pero que, salvo escasísimas excepciones, nunca se implementaron. Deben hacerse realidad con la participación de vecinos y vecinas designados por sorteo. Es un mecanismo que permite reducir las maniobras del Poder Judicial que, en todos los niveles, sistemáticamente falla contra los trabajadores, los sectores populares, las mujeres y los jóvenes.

Escribe Gastón Godoy

“Se cumplen tres años de impunidad en la desaparición forzada seguida de muerte de Santiago, seguimos esperando que la Corte Suprema decida investigar con la carátula por ese delito y asigne un juez que sea imparcial”, dijo Sergio Maldonado ante un nuevo aniversario sin justicia. Recordemos que la desaparición forzada se produjo en el marco de un reclamo por las tierras del pueblo mapuche el 1° de agosto de 2017, en la provincia del Chubut. Santiago fue desaparecido tras una violenta represión por parte de Gendarmería Nacional contra el grupo de manifestantes mapuches. Hasta el día de hoy los responsables de la desaparición y posterior muerte de Santiago Maldonado siguen impunes. Y esta impunidad continúa con el gobierno peronista de Fernández, sumada ahora la desaparición de Facundo Castro. Por eso seguimos en las calles exigiendo justicia por Santiago y la aparición de Facundo. 

La represión que terminó con la desaparición y muerte de Santiago Maldonado es parte de un ataque sistemático por parte del Estado contra la autodeterminación y posesión ancestral de los pueblos originarios. Patricia Bullrich, quien era ministra de Seguridad de Macri en 2017, buscó siempre desligar a la gendarmería de toda responsabilidad por la desaparición y muerte de Santiago. Esta semana, el ministerio de Seguridad de Sabina Frederic denunció a Pablo Noceti (ex jefe de gabinete de ese ministerio cuando lo encabezaba Bullrich) por su responsabilidad en el operativo que derivó en la muerte de Maldonado, bajo la carátula de “abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público”. Además de Noceti, la investigación cuestiona también al ex director nacional de la fuerza, Gerardo Otero, y reconoce faltas graves cometidas por los jefes a cargo de los operativos de ese día 1° de agosto de 2017, Diego Balari, Fabián Méndez y Juan Pablo Escola. Extrañamente, contra Patricia Bullrich no habría ninguna denuncia, a pesar de que fue quien con más ahínco defendió a los gendarmes y tildó de “terroristas” a quienes estaban protestando.

El accionar de Noceti que Frederic hoy está denunciando no se diferencia mucho de la manera de proceder de Sergio Berni en la provincia de Buenos Aires. El ministro hoy sigue negando la participación de la policía bonaerense en la desaparición de Facundo y sostiene la versión de que el joven de Pedro Luro nunca había estado en la comisaría de Origone. Un relato que se muestra cada vez más endeble ante la aparición en esa comisaría de un objeto (regalo de su abuela) que le pertenece a Facundo y que sería una evidencia irrefutable de que estuvo allí, a contramano de lo que sostienen el gobernador Kicillof y su ministro de Seguridad. “Cuando vi el regalo de mi mamá ahí casi me muero. ¿Y esta gente me dijo que Facundo no había estado allí y que lo dejaron seguir?”, declaró la madre a varios medios locales.

Desde Izquierda Socialista apoyamos la lucha de los pueblos originarios por recuperar sus tierras, y a tres años de la desaparición forzada seguida de muerte de Santiago Maldonado seguimos levantando en alto las banderas de solidaridad que él representa y exigiendo justicia, así como también nos sumamos a la campaña por la aparición con vida de Facundo Astudillo Castro, denunciando la responsabilidad de la policía bonaerense y del gobierno peronista. Seguimos gritando Santiago Maldonado ¡presente!, ¡ahora y siempre! y ¡aparición con vida de Facundo Astudillo Castro!

Escribe Daniela Vergara, secretaria de Cultura de Amsafe Rosario

La ciudad de Rosario, en la provincia de Santa Fe, está siendo afectada desde hace meses, y en forma sistemática, por incendios que se suceden en las islas del río Paraná, que son parte de la provincia de Entre Ríos.

El fuego arrasa con miles de hectáreas, un verdadero ecocidio del cual son responsables los gobiernos provinciales de Omar Perotti y Gustavo Bordet, que al igual que Alberto Fernández y su ministro de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Juan Cabandié, solo declaran estar “consternados” por el desastre, pero no toman todas las medidas para detenerlo. ¡Hipócritas! Esto les permite a los que iniciaron el fuego seguir en total impunidad, a pesar de que ya hubo un fallo judicial que responsabiliza a los dueños de estas islas. Al día de hoy no se ha proporcionado ninguna solución.

El fuego está generando gravísimos problemas en la salud de la población, lo que se suma a los que ya tenemos con la pandemia.

Estos incendios tienen que ver, sin duda, con el sistema capitalista, que depreda el ambiente a pasos agigantados al servicio del agronegocio.

Este sábado 1º de agosto hubo en la ciudad de Rosario una impresionante caravana convocada por la multisectorial en defensa de los humedales. La movilización fue una de las más numerosas desde marzo, se dirigió hacia el puente Rosario-Victoria y los accesos fueron cortados. Tuvo como protagonistas a miles de jóvenes y familias enteras reclamando “¡basta de incendios y de agronegocios!” y una ley que proteja los humedales de las islas de nuestro río Paraná.

Esta ley de humedales debe contemplar el presupuesto necesario para la conservación, protección, restauración ecológica y ambiental, pero solo será posible si se deja de subsidiar al agronegocio, con fuertes impuestos a las grandes fortunas, que incluyan a los dueños de las grandes extensiones de campo y los bancos, y que se deje de pagar la deuda externa.

Escribe Mercedes Trimarchi, diputada bonaerense (m.c.) Izquierda Socialista en el FIT Unidad

En 2018 senadores peronistas, radicales, kirchneristas y de Cambiemos juntaron los treinta y ocho votos necesarios para impedir el derecho al aborto en nuestro país en acuerdo con las iglesias. Así, le dieron la espalda al reclamo de millones que nos encontrábamos en las calles exigiendo el fin de la clandestinidad. A dos años de aquella jornada histórica seguimos reclamando #AbortoLegalYa.

Luego de que la #MareaVerde impuso la despenalización social del aborto, ganara las calles y el debate, el gobierno, junto a los partidos patronales y las iglesias, se unieron en una cruzada contra las mujeres y disidencias para que no saliera la ley. Con la votación desfavorable, y a pesar de las lágrimas de muchas, no nos fuimos derrotadas aquella madrugada del 9 de agosto. Bajo la lluvia, levantamos una vez más nuestro pañuelo verde y nos juramos seguir peleando por nuestro derecho a decidir al grito de “va a ser ley”, y en menos de un mes y medio, el 28S, Día de Acción Global por el Derecho al Aborto, estábamos en la Plaza de Mayo cantando “aborto legal en el hospital”.  

En 2019, por octava vez, volvimos a presentar con la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto el proyecto de ley. Pero esta vez los partidos patronales establecieron que, como era año electoral, no “convenía” hablar de aborto porque les “restaba” votos y decidieron que no se trate en el recinto. 

Pero por más que intenten ocultar el tema, en la Argentina se realizan aproximadamente 54 abortos por hora, 1.300 por día, entre 370.000 y 520.000 al año. El aborto es una realidad y un problema de salud pública. Por eso, el Frente de Izquierda Unidad es la única alianza electoral que en el Congreso y en las calles levanta la bandera del aborto legal, seguro y gratuito.

Llegamos a 2020 sin aborto legal, pero Alberto Fernández tuvo que reconocer en la asamblea legislativa del 1º de marzo que era necesario despenalizarlo y fue allí donde se comprometió a tratarlo. Él dijo que enviaría un proyecto propio y distinto del elaborado por el movimiento de mujeres nucleado en la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto. Sin embargo, hasta el momento no solo no lo dio a conocer, sino que se excusa con el argumento de la pandemia. Dice que hay otras urgencias ahora y que no se tratará en el corto plazo. Parece que, para el presidente, las secuelas por abortos inseguros y la muerte de las mujeres pobres por esa causa no son algo urgente.

Que se apruebe el proyecto de la #MareaVerde

El proyecto de ley de la campaña fue elaborado por el movimiento feminista y recoge los aportes del debate parlamentario de 2018. En el texto se establece la gratuidad de la práctica y que la sola decisión de la persona gestante basta para que se le garantice la interrupción del embarazo de manera gratuita hasta la semana catorce. Este es el proyecto de la #MareaVerde y tiene estado parlamentario, es decir, que se podría votar ahora si existiera la voluntad política de hacerlo. Pero los bloques mayoritarios del Frente de Todos y de Cambiemos se niegan.

Desde Isadora e Izquierda Socialista somos parte de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto y la consideramos un espacio muy valioso de coordinación federal. Es más, por ser heterogéneo y reunir más de setecientas organizaciones políticas, sociales y de derechos humanos, ha logrado en sus quince años mantenerse independiente de los gobiernos de turno, y ahí están su fortaleza y su potencia. Por eso, con la fuerza que hemos construido en tantos años, hoy más que nunca tenemos que mantener viva a la campaña y a la ofensiva para que se discuta nuestro proyecto. No es tiempo de tener paciencia, como pretenden las organizaciones políticas que integran el Frente de Todos. Entendemos las expectativas que hay en el proyecto de ley que presentará Alberto Fernández, pero la realidad es que nadie conoce su redacción y que el único proyecto que existe con estado parlamentario es el de la campaña, que fue elaborado por el conjunto del movimiento feminista. Ese es nuestro proyecto y debemos defenderlo frente a cualquier otro negociado a nuestras espaldas y que no contenga nuestras demandas. Tenemos que apostar a la movilización feminista independiente de los gobiernos de turno, esa es nuestra única garantía para conquistar nuestros derechos. Tal como nos lo prometimos hace dos años, cuando dijimos que el aborto va a ser ley. ¡Que se vote el proyecto de la campaña, queremos #AbortoLegal2020!