Escribe Diego Martínez

Habrá otra sesión esta semana. Se hará para tratar la “ley de economía del conocimiento”, sancionada en abril de 2019 y suspendida a fines del año pasado que, ahora, el peronismo en acuerdo con Juntos por el Cambio, busca reflotar. En su momento, el Frente de Izquierda fue el único bloque que se opuso a esta ley que otorga beneficios fiscales a los grandes pulpos del sector informático, entre ellos Marcos Galperín, propietario de Mercado Libre, cuya fortuna personal asciende a 1.600 millones de dólares. Una vez más el gobierno es muy rápido para dar tratamiento “express” a una ley que favorece a los de arriba, pero el proyecto de ley de impuesto a las grandes fortunas sigue sin tratarse.

¿Qué pasa con el proyecto de impuesto a la riqueza?

Carlos Heller, uno de los supuestos artífices de la iniciativa, dice tener el proyecto listo hace tres semanas. También afirma contar con el número para que la ley sea sancionada, para lo cual se necesita el voto de 129 diputados. El oficialismo cuenta con 119 y el apoyo del sector del radicalismo liderado por Ricardo Alfonsín y el de otros diputados. ¿Por qué siguen entonces dilatando hasta el infinito la presentación? 

El gobierno no quiere chocar con las grandes patronales y las multinacionales. Busca presentar un proyecto “digerible” para las grandes empresas y contar con el  mayor aval posible de parte de la oposición patronal. Hay sectores de Juntos por el Cambio que se oponen tajantemente al proyecto, pero también dentro de las filas del propio gobierno peronista. Según trascendidos, el ministro de Economía Guzmán considera al proyecto “irritable” para el empresariado (Clarín,12/5/2020), además de considerarlo “simbólico”. Lo que presentarían Heller y compañía supone una recaudación de entre 3.000 y 4.000 millones de dólares, que lejos está de los 20.000 millones de dólares que proponía quitarle a los ricos el proyecto del Frente de Izquierda Unidad, cuyo tratamiento en el Congreso fue denegado cuando el peronismo se unió con Cambiemos para votar en contra. El monto que propone el gobierno sería insuficiente, pero se sumaría a los 10.000 millones de dólares que dispone para tratar la crisis de la pandemia, de los cuales hasta ahora gastó poco más de 5.000 millones.

Sectores empresariales vuelven a la carga con la idea de que el proyecto de ley, tal cual estaba planteado originalmente, podría considerarse “confiscatorio y violatorio de la propiedad privada” por superponerse con el impuesto a los bienes personales. Tomando como excusa estas versiones, el gobierno busca el diálogo con el empresariado y la oposición para suavizar el ahora denominado “aporte solidario para contribuir a morigerar los efectos de la pandemia”. De forma vergonzosa, algunos sectores insisten con tomar el impuesto como un crédito a cuenta del futuro pago de aportes patronales, o como anticipo al impuesto a las ganancias, una verdadera burla. 

Una sugerencia novedosa la habría aportado Roberto Lavagna (de muy buen diálogo con Fernández), quien  propone dirigir la recaudación del “aporte” no al sistema de salud, como plantea el gobierno, sino a las pymes (La Nación, 25/5/2020). Nosotros venimos sosteniendo la implementación de un verdadero impuesto a la riqueza como parte de un fondo de emergencia, en primer lugar para fortalecer el sistema de salud, para proteger a los trabajadores y sectores populares de la pandemia, y también para solucionar la crisis social otorgando un verdadero ingreso familiar, a cobrar en tiempo y forma mensualmente, de 30.000 pesos. Más allá de esa diferencia lo de Lavagna es una trampa. El término “pyme” es demasiado amplio. Abarca desde pequeños comerciantes que no tienen empleados hasta grandes empresas con más de un centenar de trabajadores. Estamos a favor de que se tomen medidas para morigerar la crisis de los pequeños comerciantes, pero no de que se utilice la necesaria ayuda a estos sectores como excusa para subsidiar a grandes empresas y multinacionales, algunas ligadas a la principales corporaciones nacionales y extranjeras que operan en nuestro país, como es el caso de tercerizadas que tienen “espalda” para soportar la crisis.

Llegó la hora de tocar a los que más tienen

El presidente Alberto Fernández declaró esta semana que “lo primero que debe enseñarnos la pandemia es que vivimos en un país muy injusto” (Télam, 26/5/2020). Si es consecuente con sus palabras debería dejar de lado las negociaciones con las grandes patronales e imponer un verdadero impuesto a las grandes fortunas que revierta, aunque sea parcialmente, esa situación. Mientras las grandes patronales patalean por no querer pagar un impuesto que implica, en la propuesta del gobierno, como mucho, unos 4.000 millones de dólares, los trabajadores contribuimos en forma mayoritaria con el IVA, el impuesto que más aporta a la recaudación del Estado.  Este impuesto en 2019 generó el 30% de la misma, le siguió seguridad social, con 23%, y luego el mal llamado “impuesto a las ganancias”, con 21%, que en realidad en gran parte lo pagan los propios trabajadores con el robo del impuesto al salario del trabajador (El Cronista 3/1/2020). Mientras las grandes empresas y las multinacionales sacan miles de millones de dólares del país para ponerlos en cuentas ocultas en el extranjero y la renta financiera no paga impuestos, la mayor parte de la recaudación impositiva del país recae sobre los hombros de los trabajadores. Es hora de que se toquen los intereses de los que más tienen: las grandes empresas nacionales y multinacionales, los bancos y los terratenientes que viven amasando ganancias multimillonarias desde hace décadas. Seguimos luchando por un fondo de emergencia basado en el no pago de la deuda externa y en un verdadero impuesto a las grandes fortunas. ¡Que la crisis la paguen los capitalistas, no los trabajadores!

Las grandes empresas se llenan los bolsillos con los jugosos subsidios que les otorga el gobierno, como reconoció la diputada kirchnerista Fernanda Vallejos. Al mismo tiempo rebajan los salarios, siguen las suspensiones y los despidos y continúan subiendo los precios de los productos de primera necesidad. ¿Cómo se debería responder a esto?

Escribe Adolfo Santos

Desde Izquierda Socialista y el Frente de Izquierda Unidad estamos absolutamente en contra de beneficiar a las grandes empresas mientras se rebaja 25% el salario de los trabajadores. La anunciada prioridad hacia los más vulnerables no pasó de buenas intenciones. Los grandes empresarios especulan con la pandemia y presionan todos los días para recibir más fondos de parte del Estado con la excusa de que así podrán “continuar produciendo y evitar los despidos”. Increíblemente, en estas operaciones ya se han descubierto una gran cantidad de fraudes. Denuncias de abogados laboralistas dan cuenta de que las empresas informan jornadas laborales mayores para que el Estado les cubra una porción más grande de los salarios. De esta forma, el subsidio supera más del 50% de los sueldos. Incluso se utilizó este dinero para pagarle a los gerentes de grandes corporaciones. ¡Un escándalo!

El domingo 24 empapelaron la ciudad con afiches que dicen “Salarios 50% pagados por el gobierno nacional”. Es una vergüenza que, en vez de gravar a las grandes fortunas para crear un fondo de emergencia como reclamamos desde el FIT Unidad, el gobierno esté subvencionando a más de 250 empresas de primer nivel, muchas de las cuales han despedido o suspendido trabajadores durante la cuarentena, y que además poseen inmensos patrimonios. Hay que exigirles que acaten la ley que prohíbe despidos y suspensiones, que se hagan cargo con sus patrimonios, construidos con el esfuerzo de los trabajadores, que mantengan las fuentes de trabajo y que retrotraigan los precios al inicio de la cuarentena.

Es inexplicable que empresas como el Grupo Clarín, Techint –del multimillonario Paolo Rocca–, la cerealera Vicentin, acusada de estafas contra el Estado, o las multinacionales Scania o Volkswagen accedan a subsidios solo demostrando que sus ventas de abril cayeron levemente con respecto al año pasado. Así es fácil ser capitalista. Como dijo Juan Carlos Giordano, diputado electo por el FIT Unidad: “A estos ladrones de guante blanco habría que aplicarles el impuesto a la riqueza en vez de que Alberto Fernández les pague la mitad de los salarios”.

Pero esto no es más que doble discurso. Lo que sucedió en realidad es que el gobierno ha sido el garante de la rebaja salarial entre la burocracia sindical y la UIA, le sigue robando a los jubilados con el miserable reajuste de apenas 6% y continúa sin dar asistencia alimentaria y de infraestructura adecuada a las comunidades que sufren más carencias. 

Durante la cuarentena no hubo ninguna sanción para los grandes empresarios que violaron los decretos que prohíben los despidos y las suspensiones, para los grandes formadores de precios que abusaron con los aumentos de los productos de la canasta familiar, o para los que están cometiendo fraude con los subsidios otorgados por el Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP). La propia diputada Vallejos, tras reconocer los enormes recursos que terminan subsidiando a las grandes empresas, propuso como “compensación” que el Estado reciba acciones y cargos en los directorios de esas empresas. Eso no es ninguna salida, ni ninguna novedad. Hoy en día ya existen más de cincuenta directores en las que el Anses, por ejemplo, tiene acciones del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS). Muchos de estos directores fueron nombrados durante el gobierno de Mauricio Macri, donde, con la excusa de representar “al Estado” en estas empresas privadas, se embolsan jugosas remuneraciones sin que nada de eso haya mejorado la situación de los trabajadores.

Tenemos que terminar con el doble discurso. Hay que prohibir las suspensiones y los despidos y que toda empresa que viole esta disposición o cierre sea estatizada y puesta a funcionar bajo gestión de sus trabajadores. ¡Basta de rebajas salariales! Hace falta un aumento de emergencia para todos, así como un ingreso real, de al menos 30.000 pesos, para los sectores populares que hoy no lo tienen. Se deben congelar los precios de los productos de la canasta familiar y a toda empresa que viole el control de precios o acapara hay que sancionarla con todo el peso de la Ley de Abastecimiento. Se trata, en definitiva, de que sean los capitalistas, las grandes fortunas, los banqueros, los que paguen la crisis, no el pueblo trabajador.  

Escribe Martín Fú

El gobierno nacional ha prorrogado por quinta vez la cuarentena iniciada el 20 de marzo, esta etapa será hasta el 7 de junio. La hace porque los casos de Covid-19 se multiplicaron en las últimas semanas a un ritmo vertiginoso y aumentan los riesgos de contagios. No es una novedad, el “pico de la pandemia” es esperado por los expertos para el mes de junio.

Hoy vemos como los contagios crecen exponencialmente en los barrios más vulnerables. Primero fueron las villas de la Ciudad de Buenos Aires (Padre Mugica, ex villa 31 de Retiro, villa 1-11-14). Ahora apareció un brote masivo en Villa Azul (zona sur del conurbano bonaerense), con serio riesgo de extenderse sobre la vecina y mucho más grande Villa Itatí. Quedó a la vista la falta de atención sanitaria, de los más elementales recursos de infraestructura (agua potable, cloacas, baños en las viviendas) y del acceso a comida y elementos de limpieza e higiene para los habitantes de estos barrios. Que se suma al hacinamiento y al drama que viven los que tenían necesariamente que salir a trabajar de cualquier modo, para conseguir unos pocos pesos en la máxima precariedad. Los gobiernos de Kicillof y Larreta, y, por sobre todo el gobierno peronista nacional de los Fernández, son los responsables de esta realidad. A la que en el caso de la Villa Azul se le ha respondido peligrosamente actuando con el aparato represivo, creando un “ghetto” de pobres, e incluso estigmatizando y “culpando” a los vecinos.

La conjunción de pobreza y virus parece ser un cóctel explosivo que pinta la situación social, donde el ajuste y la crisis económica heredada y reciente revelan la radiografía de la realidad, lo que tienen que soportar los sectores más desprotegidos y postergados. En Villa Azul, donde se ha dado una explosión de contagios, la principal decisión del gobernador Kicillof fue “aislarla”. ¿Pero cómo se puede controlar  una pandemia en barrios donde miles no tienen acceso al agua y pasan hambre? En el barrio Padre Mugica (ex Villa 31) de la Ciudad de Buenos Aires, donde los contagios crecen, los vecinos tienen que salir a la periferia a buscar agua porque hace años los gobiernos de Larreta y el nacional le vienen negando una infraestructura de agua corriente que pueda satisfacer las necesidades de los cuarenta mil habitantes, mientras garantizan el agua para la terminal de micros, su lavadero o McDonald’s.

A todo esto tenemos que sumarle que a medida que se van incrementando los casos, la cuarentena se flexibiliza y más trabajadores tienen que volver a sus puestos a pesar de tener rondando el virus en sus barrios y el peligro de contagio en el transporte público o en los propios lugares de trabajo. Esta es la consecuencia de la presión de las patronales y de las “autorizaciones” para funcionar que se lanzan desde el gobierno nacional y los gobiernos provinciales.

Se vienen las semanas más duras, con aumento de los contagios. Es más necesario que nunca defender la cuarentena. No podemos permitir que se sigan abriendo actividades, priorizando las ganancias de las patronales por sobre la salud de los trabajadores. Mucho menos que se continúe con los despidos, las suspensiones y las reducciones salariales, avaladas por el pacto entre la CGT, la UIA y el gobierno. 

Pero para que podamos cumplir con el aislamiento, hay que resolver el drama económico que acecha a las familias trabajadoras. El 80% de ellas están endeudadas. En los barrios populares faltan comida y elementos de limpieza e higiene básicos. Los  precios de los productos de primera necesidad siguen subiendo. Y todo esto mientras los contagios entre los trabajadores de la salud van en aumento y muestran cómo este sector, esencial, no tiene las garantías mínimas cubiertas ni los recursos necesarios. Las promesas de bonos tampoco se han concretado. Las ayudas económicas para los trabajadores con menores ingresos, monotributistas o sectores populares son escasas. Los 10.000 pesos que otorga el gobierno ni siquiera han llegado a todos y son absolutamente insuficientes. Los jubilados han sido “ajustados” una vez más.

Estamos en una emergencia. Tenemos que garantizar la cuarentena, mucho más en las próximas semanas. Que efectivamente se prohíba todo despido o suspensión. El gobierno nacional tiene que responder a todos los requerimientos para que se pueda sostener el aislamiento social.  Es necesario plata para todos los recursos necesarios del sistema de salud: más respiradores, más camas, más elementos básicos de higiene, más puestos para trabajadores de la salud con salarios dignos. Pero también para resolver la emergencia social: hay que asegurar comida para los barrios populares y un ingreso mínimo para todos los que lo necesiten, que no puede bajar de 30.000 pesos. Para llevar todo esto adelante volvemos a insistir en la necesidad urgente de crear un fondo de emergencia, financiado con un impuesto especial a las grandes fortunas y las riquezas de las mayores empresas del país y con el no del pago de la deuda externa. 

Escribe Juan Carlos Giordano, diputado nacional electo Izquierda Socialista/FIT Unidad

El Banco Central acaba de hacer una investigación sobre la deuda contraída por el gobierno de Macri. El informe de la entidad, titulado “Mercado de cambios, deuda y formación de activos externos 2015-2019”, además de señalar que 8 de cada 10 dólares que ingresaron al país desde el exterior tenían su origen en colocaciones de deuda y capitales especulativos, devela que esa plata entró para ser fugada posteriormente, por la friolera de 86.000 millones de dólares. La investigación detalla que en el 1% de las empresas y el 1% de las personas que compraron divisas se concentra el 67% de la fuga. La plata no entró entonces en beneficio del pueblo trabajador -como siempre denunciamos desde la izquierda-, sino que fue para financiar la bicicleta financiera.

En vez de usar este informe oficial para cuestionar los pagos, se lo utiliza para hacer campaña contra el gobierno anterior en un claro doble discurso. Porque, precisamente, con el aval de Macri y Cambiemos se votó en el Congreso la renegociación con una clara oposición, como corresponde, del Frente de Izquierda. ¿Si esa plata fue para financiar la fuga de capitales por qué la tiene que pagar el pueblo trabajador?

A todo esto, en el Congreso se reunió la Comisión Bicameral de Control de la Deuda Externa. ¿Para qué? ¿Para aconsejar el no pago? Claro que no. El peronismo la usa para hablar del endeudamiento de Macri, de que supuestamente habría “dos modelos económicos” en pugna, el de “la derecha neoliberal y el nacional y popular actual” y un largo bla blá. Un fuego de artificio mientras los usureros siguen cobrando.

Por otro lado, sectores del peronismo kirchnerista en este 25 de mayo hicieron referencia al informe del Banco Central. Un periodista defensor del gobierno escribió: “Hoy cualquiera sabe que esos fondos se los fumaron, fugaron, afanaron o como quiera decirse”, lo cual es cierto, pero a renglón seguido afirma: “Desde esa certeza se avanzó en la negociación de la deuda con la bendición del mismísimo FMI, que hace meses era el diablo reencarnado” (Mempo Giardinelli, Página12, 25/5). Para este opinólogo las deudas que “se afanaron” se pagan, dándole incluso un cariz “bondadoso” al Fondo Monetario. Justifica así el pago porque lo habría contraído el gobierno de Macri, como si no quedara otro camino, cuando hay una teoría mundial que se denomina “Deuda odiosa”, que sostiene que, más allá de que la haya contraído un gobierno constitucional, se puede desconocer si no fue en beneficio del pueblo trabajador, como es el caso.

Mario Wainfeld, periodista de Página12, también reivindicó los 25 de mayo históricos en los que actuó el peronismo. En 1973 (Cámpora), 2003 (asunción de Néstor Kirchner), 2010 (año del Bicentenario) y 2020 (con Alberto Fernández). Pero el peronismo del ’73, con el lema “Liberación o dependencia”, terminó imponiendo el Rodrigazo (un mazazo al bolsillo popular) generando la primera huelga general contra un gobierno del PJ. Cuando ganó el kirchnerismo se empezó a pagar una deuda usurera que cuestionó el Argentinazo, y en sus doce años de gobierno se pagó dólar sobre dólar. Y ahora en 2020, con Alberto Fernández, no hay ninguna epopeya liberadora, ya que el mismo 25 de mayo el gobierno mejoró la oferta de pago a los bonistas.

Lo cierto de todo esto es que el gobierno nacional del Frente de Todos está encarando la renegociación de una deuda cuyo dinero fue para la fuga de capitales. Dice que si la Argentina estira los plazos y se hace una quita habrá un “modelo sostenible y sustentable” en los próximos años, algo completamente mentiroso. Porque la realidad de la Argentina y el mundo indican que ningún país salió adelante pagando sus deudas usureras de la mano del FMI.

Como dijimos el 1º de mayo en el acto del Frente de Izquierda Unidad: repudiamos que en medio de la pandemia el gobierno esté empeñado en seguir pagando una deuda usurera. Y si se hace referencia al 25 de Mayo y a los héroes patrios es necesario recordar que el camino que emprendieron es el opuesto al del gobierno peronista actual. Por eso ratificamos nuestro llamado a luchar por dejar de pagar y romper con el FMI mediante una pelea continental con un frente de países deudores latinoamericanos para dar pasos en el camino de lograr la segunda y definitiva independencia, terminando con la pandemia de la deuda externa y liberando a nuestros pueblos de las cadenas de sometimiento con el FMI, el Banco Mundial y el imperialismo.

Escribe Guillermo Sánchez Porta

El miércoles 27 de mayo realizamos un inédito Plenario Nacional Virtual del Sindicalismo Combativo. En medio de la pandemia, 300 dirigentes de todas las provincias participamos a través de la plataforma Zoom. Y unos 20 mil lo siguieron en vivo, por el Facebook del PSC y plataformas de las corrientes sindicales. Se sumaron al Plenario más de 60 dirigentes independientes antiburocráticos y de sectores en lucha, que todavía no integraban el PSC, que era uno de los principales objetivos que nos dimos para convocarlo.

La sede de AGD empezó a recibir a algunos de los integrantes de la Mesa Nacional que, desde allí, coordinaron el plenario, manteniendo el distanciamiento social y medidas sanitarias. En nombre de la Mesa Nacional abrieron: Alejandro Crespo (Sutna), Rubén Pollo Sobrero (Ferroviarios) y Guillermo Pacagnini (Cicop). Desde Neuquén intervino Alejandro López de Ceramistas y se abrió la lista de oradores. Hubo que cerrar el ingreso a la plataforma, porque desbordaba de compañeros que querían participar, quienes debieron seguir los debates por el Facebook. La lista de oradores fue tan extensa (ver recuadro), que luego de más de 3 horas y media de debate, muchos no alcanzaron a intervenir. Luego de las palabras de cierre de Angélica Lagunas (ATEN Neuquén) y Romina del Plá /SUTEBA La Matanza), Jorge Adaro (Ademys) leyó las propuestas de resoluciones consensuadas, que fueron avaladas a través del debate.

Que las principales luchas del país y nuevos sectores combativos, hayan decidido participar de nuestro plenario, es el mayor éxito. Confirma que el PSC va creciendo y se va convirtiendo en un polo de referencia para los que luchan. Es una herramienta al servicio de los trabajadores. Ahora, es fundamental que todos los que participaron, se sumen al PSC, intervengan en las acciones y en los nuevos debates y reuniones que organicemos. También que aquellas corrientes como el MAC/PTS y otros cuerpos de delegados antiburocráticos que aun no son del PSC, reflexionen y den ese paso para la imprescindible unidad de los que luchan.

En el Plenario se reafirmaron acuerdos muy importantes. En primer lugar, que la creación del PSC hace dos años en Lanús, fue un gran acierto. Empezamos a romper la dispersión de los luchadores, a coordinar, unir, dar solidaridad a las luchas, sacar declaraciones, juntarnos para enfrentar a las patronales, las burocracias y al ajuste de los gobiernos. Nuestros planteos y acciones fueron permitiendo que un sector empiece a ver al PSC como un polo de referencia. En cada lucha en cualquier lugar del país, siempre se acercan solidariamente, o directamente encabezan las luchas, compañeros y dirigentes del sindicalismo combativo.

Hemos llamado permanentemente a la unidad a todos los sectores anti burocráticos y anti patronales. Sacamos declaraciones ante las grandes luchas o hechos políticos que impactan a los trabajadores. Encabezamos luchas contra los ajustes, como con los ferroviarios del Sarmiento, el Sutna en FATE, los médicos de la Cicop, los docentes de Ademys y de otras provincias. Este accionar coherente, unitario y combativo, es lo que permite que decenas de nuevos dirigentes que están al frente de las luchas en el país, decidieron participar en este plenario y comenzar a integrarse.

Fue emocionante escuchar e intercambiar con jóvenes dirigentes, que contaban sus experiencias de lucha. Hubo grandes acuerdos en que las patronales y los gobiernos aprovechan la pandemia para meter un fuerte ajuste contra los trabajadores. Y lo hacen con la complicidad explícita de las burocracias sindicales, que firmaron un pacto con la UIA y el gobierno, que les deja rebajar los salarios y despedir.

Por eso casi todas las luchas en curso tienen a nuevos dirigentes combativos al frente, que pasan por encima del boicot de la burocracia sindical de la CGT y las CTA. Fortalecer al PSC también es una forma de juntarnos para romper el pacto CGT-UIA-Gobierno.

También hubo acuerdo en que, para encarar la lucha contra el coronavirus y para que la crisis no la paguemos los trabajadores, hay que exigir que se conforme un Fondo de Emergencia con fuertes impuestos a las multinacionales, grandes empresarios, banqueros y que no se pague un peso más de deuda externa. Y esa plata usarla para garantizar la salud pública, salarios, jubilaciones y trabajo.

El Plenario también tomó resoluciones, entre ellas una gran Jornada Nacional de Lucha el martes 16 de junio, que la organizaremos con todos los que participamos en el Plenario.

Todos salimos muy contentos, con mas fuerzas para seguir sumando compañeros y apoyando todas las luchas. Cerrando el Plenario al grito de ¡No al Pacto CGT-UIA-Gobierno! ¡Basta de ajustes! ¡Basta de burocracia sindical! ¡Viva el Plenario del Sindicalismo Combativo!