Escribe Diego Martínez
Habrá otra sesión esta semana. Se hará para tratar la “ley de economía del conocimiento”, sancionada en abril de 2019 y suspendida a fines del año pasado que, ahora, el peronismo en acuerdo con Juntos por el Cambio, busca reflotar. En su momento, el Frente de Izquierda fue el único bloque que se opuso a esta ley que otorga beneficios fiscales a los grandes pulpos del sector informático, entre ellos Marcos Galperín, propietario de Mercado Libre, cuya fortuna personal asciende a 1.600 millones de dólares. Una vez más el gobierno es muy rápido para dar tratamiento “express” a una ley que favorece a los de arriba, pero el proyecto de ley de impuesto a las grandes fortunas sigue sin tratarse.
¿Qué pasa con el proyecto de impuesto a la riqueza?
Carlos Heller, uno de los supuestos artífices de la iniciativa, dice tener el proyecto listo hace tres semanas. También afirma contar con el número para que la ley sea sancionada, para lo cual se necesita el voto de 129 diputados. El oficialismo cuenta con 119 y el apoyo del sector del radicalismo liderado por Ricardo Alfonsín y el de otros diputados. ¿Por qué siguen entonces dilatando hasta el infinito la presentación?
El gobierno no quiere chocar con las grandes patronales y las multinacionales. Busca presentar un proyecto “digerible” para las grandes empresas y contar con el mayor aval posible de parte de la oposición patronal. Hay sectores de Juntos por el Cambio que se oponen tajantemente al proyecto, pero también dentro de las filas del propio gobierno peronista. Según trascendidos, el ministro de Economía Guzmán considera al proyecto “irritable” para el empresariado (Clarín,12/5/2020), además de considerarlo “simbólico”. Lo que presentarían Heller y compañía supone una recaudación de entre 3.000 y 4.000 millones de dólares, que lejos está de los 20.000 millones de dólares que proponía quitarle a los ricos el proyecto del Frente de Izquierda Unidad, cuyo tratamiento en el Congreso fue denegado cuando el peronismo se unió con Cambiemos para votar en contra. El monto que propone el gobierno sería insuficiente, pero se sumaría a los 10.000 millones de dólares que dispone para tratar la crisis de la pandemia, de los cuales hasta ahora gastó poco más de 5.000 millones.
Sectores empresariales vuelven a la carga con la idea de que el proyecto de ley, tal cual estaba planteado originalmente, podría considerarse “confiscatorio y violatorio de la propiedad privada” por superponerse con el impuesto a los bienes personales. Tomando como excusa estas versiones, el gobierno busca el diálogo con el empresariado y la oposición para suavizar el ahora denominado “aporte solidario para contribuir a morigerar los efectos de la pandemia”. De forma vergonzosa, algunos sectores insisten con tomar el impuesto como un crédito a cuenta del futuro pago de aportes patronales, o como anticipo al impuesto a las ganancias, una verdadera burla.
Una sugerencia novedosa la habría aportado Roberto Lavagna (de muy buen diálogo con Fernández), quien propone dirigir la recaudación del “aporte” no al sistema de salud, como plantea el gobierno, sino a las pymes (La Nación, 25/5/2020). Nosotros venimos sosteniendo la implementación de un verdadero impuesto a la riqueza como parte de un fondo de emergencia, en primer lugar para fortalecer el sistema de salud, para proteger a los trabajadores y sectores populares de la pandemia, y también para solucionar la crisis social otorgando un verdadero ingreso familiar, a cobrar en tiempo y forma mensualmente, de 30.000 pesos. Más allá de esa diferencia lo de Lavagna es una trampa. El término “pyme” es demasiado amplio. Abarca desde pequeños comerciantes que no tienen empleados hasta grandes empresas con más de un centenar de trabajadores. Estamos a favor de que se tomen medidas para morigerar la crisis de los pequeños comerciantes, pero no de que se utilice la necesaria ayuda a estos sectores como excusa para subsidiar a grandes empresas y multinacionales, algunas ligadas a la principales corporaciones nacionales y extranjeras que operan en nuestro país, como es el caso de tercerizadas que tienen “espalda” para soportar la crisis.
Llegó la hora de tocar a los que más tienen
El presidente Alberto Fernández declaró esta semana que “lo primero que debe enseñarnos la pandemia es que vivimos en un país muy injusto” (Télam, 26/5/2020). Si es consecuente con sus palabras debería dejar de lado las negociaciones con las grandes patronales e imponer un verdadero impuesto a las grandes fortunas que revierta, aunque sea parcialmente, esa situación. Mientras las grandes patronales patalean por no querer pagar un impuesto que implica, en la propuesta del gobierno, como mucho, unos 4.000 millones de dólares, los trabajadores contribuimos en forma mayoritaria con el IVA, el impuesto que más aporta a la recaudación del Estado. Este impuesto en 2019 generó el 30% de la misma, le siguió seguridad social, con 23%, y luego el mal llamado “impuesto a las ganancias”, con 21%, que en realidad en gran parte lo pagan los propios trabajadores con el robo del impuesto al salario del trabajador (El Cronista 3/1/2020). Mientras las grandes empresas y las multinacionales sacan miles de millones de dólares del país para ponerlos en cuentas ocultas en el extranjero y la renta financiera no paga impuestos, la mayor parte de la recaudación impositiva del país recae sobre los hombros de los trabajadores. Es hora de que se toquen los intereses de los que más tienen: las grandes empresas nacionales y multinacionales, los bancos y los terratenientes que viven amasando ganancias multimillonarias desde hace décadas. Seguimos luchando por un fondo de emergencia basado en el no pago de la deuda externa y en un verdadero impuesto a las grandes fortunas. ¡Que la crisis la paguen los capitalistas, no los trabajadores!
