Escribe Adriana Astolfo, Secretaria general Adosac Pico Truncado

El fuerte ajuste que impone el gobierno de Alicia Kirchner en los salarios y condiciones laborales de docentes y estatales, activos y pasivos, va de la mano de la criminalización de la protesta que, por otro lado, cuenta con una larga historia en los gobiernos peronistas kirchneristas de la provincia.

Hace pocos días se conoció la decisión de la Justicia de Santa Cruz de llevar a indagatoria el 16 de agosto a diez jubilados agrupados en Jubilados Unidos en Acción, quienes habían sido denunciados por el estado provincial de provocar daños en edificios públicos cuando protestaban en defensa del cobro de sus jubilaciones en tiempo y forma en 2018, reclamo que aún no fue satisfecho. La demanda es económica y supera los 300.000 pesos.

Asimismo, la jueza Rosana Suárez imputó a tres docentes: Juan Manuel Valentín, dirigente de PO-Tribuna Docente; Diego Barrionuevo, entonces parte de la Comisión Directiva Provincial de Adosac; Claudio Wasquin, dirigente de Alternativa Docente-MST, y dos trabajadores estatales, Hugo Jerez y Gabriela Ance, por daños y perjuicios durante la protesta por el reclamo de pagos de salarios frente a la Casa de Gobierno en el año 2017.

La persecución del gobierno de Alicia Kirchner incluye además la intervención en las juntas de clasificación docente, separando del cargo a los tres vocales electos en la junta de inicial y especial, por no avalar los listados truchos con la incorporación de los tres puntos de presentismo e iniciar sumarios administrativos a dos compañeras dirigentes de la filial de Adosac Río Gallegos por manifestarse con “cornetas” durante los actos públicos de ofrecimientos de cargos, precisamente porque el Consejo Provincial de Educación pretendió realizarlos con estos listados que rechaza toda la docencia.

Como quedó demostrado el 15 de abril en el juicio a los petroleros de Las Heras, el único objetivo es acallar las voces de quienes salen a luchar para hacer pasar el ajuste y la precarización laboral. La unidad y solidaridad de los sectores gremiales y políticos hará que estas causas caigan.

Escribe Gabriel Massa

Por si alguien tenía dudas de lo que es esta justicia para ricos que ampara a los corruptos, la decisión de dejar libres de culpa y cargo al primo de Macri, Angelo Calcaterra, ex CEO de la empresa familiar Iecsa, y a Paolo Rocca, mandamás de la mayor empresa industrial del país, Techint, deja las cosas totalmente en claro. Es como esos referís que “no ven” un penal flagrante delante de sus ojos.

El juez federal Marcelo Martínez De Giorgi procesó este martes al detenido ex ministro de Planificación Julio De Vido y sus ex colaboradores Roberto Baratta y José López en la causa por el pago de coimas para el soterramiento del ferrocarril Sarmiento. Pero al mismo tiempo declaró la falta de mérito para los empresarios, Calcaterra y Jorge “Corcho” Rodríguez. Esto a pesar de que se sabe que el consorcio que integraban estos patrones –junto con la brasileña Odebrecht y otras empresas-, depositó 4.495.250 dólares en un banco de Andorra para los funcionarios coimeros. Y también a pesar de que otros empresarios no directamente ligados al gobierno, Héctor Javier Sánchez Caballero, de Iecsa SA, y Héctor Castro Sirerol, de Comsa SA, sí son procesados por coimeros.

Por el lado de Rocca, la Cámara Federal revocó el procesamiento y dictó la falta de mérito, luego de que el juez Claudio Bonadio lo incluyera en la causa de los “cuadernos” del remisero Oscar Centeno, chofer de Roberto Baratta. En esa causa los ejecutivos de Techint Héctor Zabaleta y Luis María Betnaza reconocieron haber pagado coimas a Baratta en 2008 para que el gobierno kirchnerista facilitara negociaciones con el gobierno de Venezuela. Chávez terminó pagando una fuerte indemnización por la nacionalización de Sidor, la planta siderúrgica de Techint en ese país.

A pesar de que los altos ejecutivos reconocieron haber coimeado al gobierno, la cámara sobreseyó a Rocca, CEO de Techint, diciendo que no hay pruebas de que él supiera de las coimas. ¡Penal referí! ¿Cómo que no lo vio?

Se han lanzado las candidaturas presidenciales de varios políticos kirchneristas y del denominado peronismo federal, mientras Cristina deshoja la margarita sobre si se presenta o no. Todos están de campaña diciendo que tienen un “plan” para sacarnos del desastre provocado por Macri. ¿Lo tienen?

Escribe Juan Carlos Giordano

Por el lado del kirchnerismo se han lanzado el ex menemista, duhaldista y massista Felipe Solá, Agustín Rossi, -jefe de la bancada de Diputados- y Daniel Scioli, quien salió a desafiar a Cristina. Por el lado del peronismo anti K, están Massa, Urtubey y Pichetto, a los que hay que agregar a Roberto Lavagna, ex ministro de Duhalde y de Néstor Kirchner. Por si fuera poco también se postula Alberto Rodríguez Saá. Todos hablan de “unidad”, pero no hacen más que mostrar a un peronismo dividido y en crisis. Una verdadera bolsa de gatos que, precisamente no “se están reproduciendo”, como saben decir desde el PJ cuando se pelean públicamente.
Todos aseguran que tienen un “plan” para sacarnos de la crisis. Hablan de reactivar la economía, favorecer el consumo interno y beneficiar a las pymes y a la industria. No es un plan para los trabajadores, sino para las patronales. Pero el detalle está en que ninguno quiere dejar de estar sometido a las órdenes del FMI, a la estafa de la deuda externa y al dominio de los banqueros y las multinacionales sobre la economía y nuestras riquezas naturales como el petróleo, el gas y la minería. ¿De qué plan salvador hablan?
Axel Kicillof, quien se reunió con el FMI, ha dicho que un futuro gobierno peronista kirchnerista “no rompería con el FMI” y buscaría “renegociar la deuda desde una posición de fuerza”. La misma Cristina dijo en el Congreso el año pasado: “¿No les parece que es hora de sentarse con las 92 empresas productoras, transportadoras y distribuidoras de luz, energía, gas, agua y también las productoras de petróleo y ponerse a discutir realmente tarifas que sean accesibles?. ¿No les parece que es hora de sentarse con los industriales para ver cómo deciden una política de protección y de fomento a la industria, que se está cayendo a pedazos?” (La Política Online, 16/11/2018)
Lavagna, por su parte (con el apoyo de los burócratas de la CGT Daer y Acuña, Luis Barrionuevo, el actual gobernador santafecino Miguel Lifschitz y Margarita Stolbizer), dice lo mismo que el kirchnerismo en este punto que hay que renegociar con el FMI, y agrega que hace falta un gobierno de “unidad nacional”, basado en un pacto de “pacificación” con la Iglesia Católica, los empresarios, la burocracia sindical y los movimientos sociales. ¿Para qué? Para ejecutar “una reforma previsional, laboral, tributaria y fiscal”, es decir, lo mismo que dice Macri.
Ya los propios funcionarios del FMI adelantaron que están dispuestos a renegociar los vencimientos de la deuda con el próximo gobierno que surja de las elecciones, a cambio de “reformas estructurales”. Estas reformas consistirían, precisamente, en lo que propone Lavagna: avanzar con la privatización de las jubilaciones, la flexibilidad laboral y reducir impuestos a las empresas para aumentar las ganancias patronales.
Si gana cualquiera de los candidatos peronistas el país va a seguir sometido a los dictados del imperialismo a través del FMI y el poder económico seguirá en manos de las mismas empresas que nos dominan hoy. En esas condiciones es imposible “negociar desde una posición de fuerza”. Con el poder en sus manos, el FMI y las grandes empresas nos seguirán imponiendo el saqueo, la explotación, los tarifazos y el ajuste que hoy sufrimos.
El “plan” que proponen tanto el kirchnerismo como el resto de los candidatos del PJ, no es salida para el pueblo trabajador. Es cierto que Macri está imponiendo un brutal ajuste y un plan de saqueo, pero no es cierto, como dicen los distintos referentes peronistas, que ellos encarnan un plan económico alternativo en beneficio de las amplias mayorías, sino otro que, con distintos matices, terminarán beneficiando a los usureros internacionales, las privatizadas, los bancos y las multinacionales.
La salida que propone el FIT, en cambio, pasa por impulsar la movilización de los trabajadores, y desde esa posición de fuerza romper con el FMI y dejar de pagar la deuda externa, reestatizar las privatizadas y nacionalizar la banca y el comercio exterior, para que con esos enormes recursos se implemente un plan de obras públicas que garantice trabajo para todos, salarios y jubilaciones dignos.

Escribe Gabriel Massa

“Tal cual anticipó en distintas reuniones con funcionarios de gobierno, el Consejo Directivo de la CATT (Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte) ha resuelto no prestar servicio el 1º de Mayo en conmemoración de Mártires de Chicago. La CATT viene reclamando en contra del impuesto al trabajo”. Este es el comunicado oficial de los gremios del transporte anunciando vía Twitter su insólito “paro” en un día feriado, que ni siquiera se trataría de eso, sino de una “retención de servicios”.

Pero estos burócratas -que hacen una protesta inédita contra el impuesto a las ganancias sobre el salario- lo que no dicen es que todos los políticos patronales que ellos apoyan ¡están a favor que los trabajadores y jubilados lo sigan pagando! Massa, Urtubey y Lavagna están de acuerdo. Y también Cristina y Kicillof. A tal punto que en 2015, cuando se fue el gobierno anterior, 1.175.478 pagaban ese impuesto. Kicillof siempre dijo que era un impuesto “progresivo” cuando en los doce años kirchneristas no se aplicó ningún impuesto a la renta financiera. Ahora con Macri, quienes pagan ese impuesto nocivo llegan a 1.878.757 personas (Clarín, 27/4) y hasta la Corte dictó un fallo en defensa de un jubilado. Solo la izquierda propone anular el impuesto al salario y, en cambio, cobrarle a los que verdaderamente ganan, los grandes empresarios, los banqueros, los terratenientes y las multinacionales.

Tratando de disimular el feroz aumento de la inflación, el gobierno de Cambiemos lanzó un conjunto de medidas que quiere presentar como “popular”. Son todas mentirosas y no van a significar alivio alguno para los trabajadores.

Escribe José Castillo

El martes pasado se conoció el número oficial de inflación del mes de marzo: 4,7%, que anualizado significa más de 55%. Los alimentos y bebidas aumentaron más aún, 64%. Para abril ya se perfila que la inflación también dará un número similar.
Al día siguiente, el presidente Macri presentó un conjunto de medidas supuestamente para combatir la suba de precios de la canasta familiar y ayudar a reactivar la economía. Lo hizo por medio de un video ridículo, al mejor estilo spot electoral, que recibió inmediatamente el repudio de millones. El presidente se mostraba “visitando” a una familia y conversando, comprensivo de sus problemas económicos y explicando cómo, con estas medidas, todos estarían mejor.

Primera mentira: precios congelados

Se anunció que 64 productos mantendrán el mismo precio hasta las elecciones de octubre. En todos los casos se trata de segundas y terceras marcas. El listado no incluye ninguna fruta o verdura, ni artículos de higiene o limpieza.

La medida está llena de trampas. Esos precios, teóricamente, entraron en vigencia el lunes 22. Pero antes se dio una desaforada remarcación. Los productos incluidos en el listado del gobierno están entre un 10% y un 40% más caros que lo que planteaba la lista anterior de Precios Cuidados. Así, por sólo citar un par de ejemplos, la mermelada que en el anterior listado figuraba a 38 pesos, ahora pasa a 50; el té en saquitos se mueve de 13,50 a 23; el kilo de yerba de 88 a 96, y así podríamos seguir con todo el listado.

Además, ¿quién va a controlar que estos precios se cumplan o que los artículos aparezcan en las góndolas? El propio gobierno insiste en que “no se trata de precios congelados” y que se va a cumplir porque se ha firmado un “pacto de caballeros”. El secretario de Comercio Interior Iván Ignacio Werner descartó explícitamente usar las herramientas de la Ley de Abastecimiento para garantizarlo, planteando en cambio que se utilizará la de Lealtad Comercial, con sanciones infinitamente menores. Aun así, es prácticamente imposible que se controle algo, ya que Macri desmanteló todo el cuerpo de inspectores de esa secretaría.

Segunda mentira: beneficios para jubilados y receptores de asignaciones universales.

Los anuncios incluyen toda una serie de “beneficios” para los jubilados. Es realmente perverso: después de haberles hecho perder más de 20% del poder de compra de sus jubilaciones, ahora les ofrecen endeudarse a tasas usurarias. Un ejemplo: aquel que cobra la mínima (10.410 pesos) puede tomar un crédito de hasta 70.000 pesos. Muchos jubilados se verán obligados a ello simplemente para cancelar préstamos anteriores. Pero deberán pagar 60 cuotas de 2.500 pesos. ¡Por cinco años pierden casi un tercio de su jubilación de miseria y terminan devolviendo 150.000 pesos! ¡Un auténtico robo!

Tercera mentira: fin de los tarifazos

Se anunció la suspensión de los aumentos de tarifas hasta después de las elecciones. Pero se exceptúa a los dos aumentos del gas de mayo (9%) y junio (8%) que se harán efectivos, así como el del agua (27% en mayo). Lo único que se hace es “correr” los restantes tarifazos hasta después de las elecciones de octubre, tal como se hizo en 2017. Lo mismo vale para el “descuento” del gas en el invierno: se traslada la deuda para que se pague en las boletas del próximo verano. Quieren tomarnos por tontos. A los astronómicos tarifazos que ya se dieron en estos tres meses se les sumarán los que vendrán en el último trimestre del año.

Esto no va más

No hay ningún “alivio”. Se trata de un paquete mentiroso, de pura cosmética electoral. Es que, “lo que vale de verdad”, como lo anticipó el propio ministro Dujovne, es el “otro plan”, el de seguir a rajatabla el ajuste y las exigencias del FMI. Por eso insistimos en lo que venimos afirmando desde Izquierda Socialista y el Frente de Izquierda: es necesario un programa de emergencia radicalmente opuesto, obrero y popular, con medidas de verdad contra la inflación y el deterioro de salarios y jubilaciones. Para llevarlo adelante tenemos que comenzar por romper con el FMI y suspender inmediatamente los pagos de deuda externa y así poner todos esos recursos al servicio de las más urgentes necesidades populares, trabajo, salario, educación, salud y vivienda.