“El gobierno de la Ciudad convoca al regreso a la presencialidad en las escuelas sin condiciones de salubridad en medio del alza de contagios por el corona virus”, manifestó el legislador por el Frente de Izquierda Unidad (FITU) en representación de Izquierda Socialista, Pablo Almeida.

El legislador solicitó una entrevista con la ministra de Educación, Soledad Acuña, para manifestarle la preocupación de familias y docentes por la decisión del gobierno de Larreta de imponer el retorno a la presencialidad en las escuelas a partir del 17 de febrero. Almeida afirmó que, dado que la trasmisión del virus se ha incrementado por encima de los indicadores epidemiológicos recomendados es riesgoso el regreso en febrero. Más aun si no están garantizadas mínimas condiciones de salubridad para el desarrollo de la actividad educativa presencial.

A su vez reclamó que el ministerio dé a conocer el protocolo con el que autoriza el retorno a la presencialidad y la lista de contagios que se han registrado en la burbujas del ciclo 2020 y en las colonias de verano a la fecha. Informe la lista de escuelas refaccionadas durante el año 2020 y los arreglos que en las mismas se realizaron para ser acondicionadas a una presencialidad segura en relación a la pandemia covid 19 y al dengue. En particular requirió “un informe de los sistemas de ventilación y m2 por alumno previstos en cada aula y la colocación de mosquiteros en todas las dependencias de las escuelas.”

Respecto a la vacunación, requirió el cronograma de la misma y afirmó que ésta debe incluir a la totalidad del personal que trabaja en las escuelas, incluyendo al personal de limpieza, comedores y a la planta no docente de apoyo a la integración de niños de la modalidad especial.

Dada la notoria insuficiencia nutricional de los bolsones entregados en el ciclo 2020, la falta de dispositivos y conectividad por parte de un número considerable de la población escolar, solicitó se revisen las partidas presupuestarias previstas para garantizar que este año 2021 los bolsones sean adecuados a una nutrición sana y que ningún estudiante o docente quede sin conexión virtual. A tal fin, propuso la reasignación de fondos previstos para el pago de deuda con bancos y entidades financieras, que deberían suspenderse durante el año 2021.  

Almeida advirtió que la falta de vacantes se reitera este año lectivo, sin que el gobierno del PRO garantice el derecho de miles de niñes y adolescentes que nuevamente quedan por fuera del sistema, por lo cual solicitó el gobierno de una solución atento a que se agravará pues el presupuesto 2021 se ha reducido a la mitad para la construcción de escuelas.

El legislador, finalmente se solidarizó con el reclamo efectuado por la asociación Ademys y otros sindicatos para que se garantice el nombramiento de todos los cargos docentes vacantes, se aumenten las plantas funcionales de docentes y de personal de limpieza, y se garantice la actualización salarial de los trabajadores de la educación al alza del costo de vida registrada en la ciudad que solo para el 2020 fue del 40%.

Cabe consignarse que, de aceptarse el pedido, la entrevista debería realizarse en forma virtual dado que el legislador Almeida y la propia ministra se encuentran afectados por covid 19, lo que nos exime de comentarios sobre la gravedad de la situación epidemiológica.

CONTACTO PRENSA

Legislador Pablo Almeida.  Celular:  1133770008

Asesora en educación Laura Marrone:  1168829255

Escribe Mariana Scayola, secretaria general de Ademys e integrante de Izquierda Socialista 

El gobierno del Frente de Todos y la oposición patronal de Cambiemos han puesto en debate, en plenas vacaciones de enero, el retorno de las clases presenciales. Lo que podría parecer un sano interés por la educación, que en 2020 quedó demostrado que no es tal, es en realidad una insólita y apresurada puesta en escena para arrancar su pelea electoral, sin ningún pudor ante un tema tan sensible para todas las familias.

Todos, docentes, familias, estudiantes y quienes trabajan en el circuito educativo (transportes escolares, quioscos, librerías, etcétera) deseamos que, de una vez por todas, se termine esta insoportable situación de pandemia y podamos volver a las clases presenciales. Para los docentes es intolerable otro año de trabajo en la virtualidad, superexplotados, sin la conectividad ni la tecnología necesarias, buscando desesperadamente, a tiempo completo, cómo mantener el contacto con nuestros estudiantes. 

Para los alumnos es complicadísimo tratar de estudiar y tener continuidad dentro de esta situación. Las familias ya no sabemos cómo organizarnos para trabajar y mantener la atención y el cuidado de nuestros hijos, además de que estudien virtualmente. ¿Pero es posible el regreso a las aulas de manera segura para los alumnos, los docentes y sus familias?

Este hartazgo social general por la pandemia, que sigue creciendo, con chicos que no van a las escuelas, quiere ser aprovechado por Cambiemos y el peronismo en el terreno electoral. Somos claros y categóricos, a Cambiemos y al gobierno peronista no les interesa en realidad resolver cómo sostener la educación de nuestros pibes. Y como no tienen ninguna respuesta a esta problemática pandemia-educación presencial solo hacen anuncios pomposos vacíos, dicen que “este año las clases serán presenciales”, “habrá clases desde marzo”, “desde febrero”, tratando de mostrarse como los más interesados. El problema es que ninguno puede responder a una pregunta simple y práctica, cómo combinar la educación presencial sin aumentar exponencialmente la pandemia, cómo irán a la escuela, cuántos chicos por aula, cuántos días, cómo hacer clases virtuales y presenciales sin nombrar el doble o el triple de docentes, cómo garantizar el distanciamiento social de los niños, cómo mantener ventiladas las aulas, qué hacer con las escuelas cuya infraestructura es deficiente, donde no hay agua potable ni baños en condiciones. Su única respuesta es “lo estamos evaluando, estamos armando y consensuando los protocolos”. O sea, cuando se intenta avanzar en algo concreto se les caen las caretas al gobierno peronista y a la oposición patronal de Cambiemos. 

Para esconder esta política montan una campaña pretendiendo responsabilizar a los docentes de “no querer trabajar” y a los sindicatos de “poner todo tipo de trabas para no retornar a la presencialidad”. ¡Nada más lejos de la realidad! Los docentes preferiríamos, sin dudarlo, volver a las escuelas, estar con nuestros alumnos, dar clases normalmente, salir de esta desgastante virtualidad. Por otra parte, aunque el gobierno nacional, y el de Larreta en particular, quieran ocultarlo, todos sus planes de regreso parcial a las clases presenciales fracasaron por absurdos e impracticables, no porque “los gremios peronistas kirchneristas” los hayan boicoteado. Así ocurrió en CABA, Santiago del Estero, La Pampa, San Juan y otras provincias, donde en 2020 intentaron “retomar la presencialidad”. Y los únicos gremios que denunciamos lo irreal y mentiroso de sus planes fuimos los combativos, Ademys y los Suteba Multicolor.  

Durante 2020 luchamos en todo el país. Los Suteba Multicolor enfrentando la política de Kicillof de precarización a través del plan Piedas y los ATR. La docencia combativa de Santa Cruz exigiendo la realización de congresos provinciales y planes de lucha por parte de la Adosac. La minoría multicolor en Aten Capital denunciando al gobierno y a la burocracia sindical. La docencia mendocina frenó la reforma de la ley provincial de educación. Los docentes de Misiones autoconvocados lograron un aumento salarial frente a la pasividad de la burocracia. El plenario docente opositor de Córdoba se movilizó contra la reforma del estatuto. Y Ademys enfrentó la ofensiva aperturista de Larreta y Acuña.

Otro hecho que el gobierno del Frente de Todos y la oposición patronal de Cambiemos tratan de ocultar es que en todo el mundo han dado marcha atrás con los planes para retomar la presencialidad escolar no bien la pandemia volvía a agravarse. No se puede sostener la mentira de que los chicos no son transmisores asintomáticos.  

Además, el gobierno peronista trata de instalar que el retorno a la presencialidad solo dependería de sus “protocolos”, escondiendo que los docentes tuvimos una pérdida salarial de entre 10% y 20% según la jurisdicción el año pasado, que estamos teniendo un salario inicial debajo de la línea de pobreza, que hay decenas de miles de docentes que no han sido designados en cargos durante 2020 y, en consecuencia, ni siquiera han cobrado. Que han generado trabajo docente precarizado con los planes Piedas y ATR. Por eso, aunque la burocracia sindical de Ctera y demás gremios no lo digan, además de los protocolos para la pandemia hoy el tema laboral y salarial es fundamental para cualquier regreso a clases, semipresenciales o virtuales.

La única solución para sostener la educación de nuestros hijos es que el gobierno nacional del Frente de Todos, los gobernadores de todo signo político, radicales y de PRO, decidan hacer una fuerte inversión extraordinaria en educación pública y salarios. Además de garantizar un salario inicial igual a la canasta familiar, se debe nombrar a todos los docentes necesarios, en blanco y bajo convenio, terminando con todos los programas educativos tercerizados y flexibilizados que, aprovechando la pandemia, el gobierno nacional ha generalizado. 

Si se quiere armar un protocolo para una educación semipresencial (yendo algunos días algunos alumnos y otros días de manera virtual) hay que invertir en la infraestructura escolar garantizando espacios con la ventilación adecuada y que permitan el distanciamiento, mayor cantidad de auxiliares de limpieza y elementos de higiene.  

Hay que nombrar docentes, el doble o el triple, los que sean necesarios, para que cada uno se haga cargo de los alumnos en presencialidad y de los que no van a la escuela y estudian de manera virtual. 

Sobre todo, hay que garantizar computadoras y conectividad gratuita para todos los docentes y los estudiantes para poder sostener la virtualidad.  

Ninguna de estas medidas fue propuesta por el gobierno de Alberto Fernández, por Cambiemos ni por los gobernadores peronistas. Insistimos, lo de ellos es solo propaganda política pensando en las elecciones de este año. Ellos son los verdaderos responsables de que haya o no educación para nuestros hijos.

Para Izquierda Socialista y el Frente de Izquierda Unidad, hay que invertir todo el dinero necesario para atacar la crisis del coronavirus, la crisis social y defender la escuela pública en pandemia. Para eso hay que romper con el FMI y dejar de pagar la fraudulenta deuda externa. Hay que cobrarles fuertes impuestos a las multinacionales, a los grandes empresarios y a los bancos, como lo planteamos desde el FIT Unidad. Dejar de subsidiar el negocio de la educación privada y nacionalizar la escuela pública. Llamamos a luchar por estas medidas de fondo. 

Escribe Adolfo Santos

Quedó atrás el primer año del gobierno peronista de Alberto Fernández y el Frente de Todos. Llegaron prometiendo gobernar para los sectores más vulnerables, a los que Macri había atacado sistemáticamente durante su gobierno. Fue solo un doble discurso. En los hechos, el ajuste continúa, la inflación no cede, los salarios son reajustados a la baja y la política económica se centra en las negociaciones con el FMI y el cumplimiento de sus exigencias para pagar la deuda externa. En este marco, padecemos el flagelo de la pandemia en el que el gobierno peronista destinó más recursos para socorrer a los grandes empresarios y multinacionales que los que dispuso, y dispone, para la salud del pueblo trabajador y para paliar las necesidades que genera la pobreza en los hogares humildes. Las y los trabajadores de todo el país seguimos expuestos también al contagio cuando viajamos en el transporte público hacinados y por la falta de medidas efectivas de protección en los lugares de trabajo. 

Con el gobierno del Frente de Todos el salario sigue perdiendo terreno. Con una inflación cercana a 40 por ciento, que asciende a varios puntos más en los rubros más necesarios, como alimentos y bebidas, la mayoría de los acuerdos salariales fueron cerrados a la baja, con sumas fijas y en cuotas. Es el caso de gremios importantes como metalúrgicos, mercantiles, la construcción, bancarios, sanidad, alimentación y, recientemente, ferroviarios. Peor todavía es la situación de los trabajadores estatales y los docentes. UPCN y la ATE que conduce Hugo “Cachorro” Godoy cerraron un aumento de 25 por ciento en cuatro cuotas hasta mediados de 2021, llegando al extremo de percibir solo 7 por ciento de incremento en 2020. En el caso de los trabajadores de la educación, la burocracia acordó un aumento en cuotas de 33,46 por ciento. O sea, la mayoría de los trabajadores vieron perder parte de su salario con la inflación mientras los dirigentes sindicales burocráticos no opusieron resistencia alguna.

Salario mínimo y jubilaciones: un ataque a los vulnerables 

El salario mínimo, importante valor testigo para la numerosa franja de trabajadores que están en negro, fue acordado en octubre en una reunión relámpago de la Comisión Técnica del Salario Mínimo, Vital y Móvil. Las cúpulas de la CGT y de las CTA, con la presencia de la CTEP, aunque sin voto, acordaron con las cámaras patronales, y bajo la supervisión del gobierno, un reajuste de 28 por ciento, solo que, al ser en cuotas, en 2020 recibieron apenas 22 por ciento.  

Las jubilaciones, otro de los indicadores de la situación económica del pueblo trabajador, también sufrieron un duro golpe. La promesa del candidato Alberto Fernández, de que una de sus prioridades sería mantener el poder adquisitivo de los jubilados, no fue cumplida. Suspendió la vergonzosa ley de movilidad de Mauricio Macri, otorgó aumentos por decreto y estableció un mecanismo de reajuste que inexorablemente significó una pérdida para los y las jubiladas. Cobardemente, el gobierno aprovechó el proceso de movilización por la ley de interrupción voluntaria del embarazo para aprobar, junto con la oposición patronal, una movilidad jubilatoria que no contempla la inflación. Ahora el objetivo es “ahorrar” alrededor de 100.000 millones de pesos que irán a parar a los cofres del FMI. Un verdadero Robin Hood, al revés, les saca a los jubilados para darle a los banqueros.

Es un brutal ataque a un sector largamente postergado. Si consideramos la inflación oficial, las jubilaciones sufrieron pérdidas que alcanzan 8,7 por ciento. No solo no se recuperaron las pérdidas de la era Macri, sino que se profundizó el deterioro. Pero en realidad estos índices son peores. La recomposición de las jubilaciones recién se completará en marzo, ya que fue otorgada en cuotas, y todo indica que la inflación de este año puede seguir creciendo muy por encima de los índices de movilidad pautados por el gobierno. 

La burocracia sindical es cómplice del ajuste del gobierno peronista 

Esta situación de deterioro social, agravada por la pandemia, no sería posible sin la complicidad de la dirigencia sindical burocrática. Los dirigentes de la CGT han apoyado cada medida del gobierno, incluida la negociación con los usureros de la deuda externa. Se reunieron con el FMI para pedir clemencia en vez de llamar a una movilización para enfrentarlo y exigirle al gobierno que rompa esos acuerdos que nos condenan a más miseria y pobreza. Lo único que movilizó a los burócratas sindicales fue el reclamo del dinero de las obras sociales, una verdadera caja negra que manejan discrecionalmente y que sirve para mantener sus prebendas. No organizaron ninguna lucha para defender el salario u oponerse a los despidos, las suspensiones y la pérdida de derechos. Sí se reunieron con Alberto Fernández para solicitar que se aumenten los aportes de los trabajadores a las obras sociales.

Organizar la lucha para enfrentar el ajuste del gobierno 

Este 2021 será un año en el que tendremos que seguir enfrentando el fuerte ajuste que pretende imponer el gobierno. Evidentemente, no tenemos ninguna confianza en que los dirigentes burocráticos vayan a movilizar contra los planes de ajuste. Su papel es impedir que se desarrollen las luchas. Para revertir esta situación tenemos que organizarnos desde las bases para frenar este brutal ajuste. No se pueden seguir soportando las políticas de un gobierno que, con doble discurso y frases grandilocuentes como “se acabó la Argentina de los vivos”, gobierna para los grandes empresarios, a los que les otorga subsidios que favorecen sus ganancias, en desmedro de los trabajadores y los sectores populares a los que empobrece con el ajuste, vía la inflación, con la precarización laboral o con despidos. 

En 2020, en medio de las limitaciones impuestas por la pandemia, varios sectores salieron a luchar para enfrentar los despidos y las suspensiones y para exigir mejores condiciones de salario y de trabajo. Los sindicatos aceiteros protagonizaron una huelga de veinte días que paralizó terminales portuarias y el complejo agroindustrial. Hicieron retroceder a la patronal del sector y consiguieron 35 por ciento de aumento salarial en 2020, un bono anual igual a un salario, un bono pandemia de 90.000 pesos en nueve cuotas y un ajuste salarial de 25 por ciento para 2021 en dos tramos, más una revisión salarial en agosto con aplicación del IPC (Índice de Precios al Consumidor). Un importante triunfo que muestra el camino. Pero no fueron los únicos, los trabajadores de la salud, ferroviarios encabezados por la Lista Bordó del Pollo Sobrero, los del neumático, mineros y ceramistas de Neuquén, aeronáuticos de Latam, docentes de diferentes provincias, municipales de Córdoba, Algodonera Avellaneda, entre otros, también ganaron las calles demostrando una importante disposición de lucha. 

Hay que exigirle a la CGT que rompa la tregua con el gobierno, las grandes patronales y las multinacionales. Hay que organizarse desde abajo, realizar asambleas donde se pueda, o reuniones de delegados y activistas para pelear para que los salarios y las jubilaciones sean acordes a la canasta familiar. Que los desocupados cobren lo mismo que el costo de la canasta de pobreza calculada para una familia tipo, que en diciembre pasado alcanzó los 55.000 pesos. Que se frenen realmente los despidos y las suspensiones mientras dure la pandemia. Que se les exija a las patronales que cumplan con todas las medidas de protección adecuadas en cada lugar de trabajo. Que se hagan testeos masivos, se pague un salario que permita vivir a los trabajadores y sectores populares que deban aislarse y se continúe la vacunación, acelerando el ritmo, incluyendo en primer término a todos los trabajadores considerados esenciales. 

Por estas medidas, apoyando todas las luchas y por una nueva dirección combativa y democrática de la clase trabajadora venimos peleando desde el sindicalismo combativo. 

Desde Izquierda Socialista, junto al Frente de Izquierda Unidad, seguiremos luchando por estas reivindicaciones, contra el ajuste del gobierno y el FMI, por una alternativa política para los trabajadores y los sectores populares que comience por romper los acuerdos con los usureros e imponer el no pago de la deuda externa para así tener salarios, salud, educación y viviendas dignos, para que la crisis la paguen los capitalistas.

Socialist Core, simpatizantes de la UIT-CI

El 6 de enero una turba de cientos de ultraderechistas tomó el Capitolio, interrumpiendo la ratificación formal del resultado de la elección presidencial por parte del Senado. Cientos de fanáticos armados ocuparon el edificio durante varias horas y obligaron a los senadores a huir del lugar. La jornada dejó cinco muertos, entre ellos un policía y una atacante abatida por la policía.

Trump venía maniobrando desde antes de la elección para desconocer un resultado adverso, cuestionando la validez de los votos por correo. Luego, al perder la elección, dedicó semanas a intentar revertir en los tribunales el resultado, agitando denuncias de fraude, incluso presionando al secretario de Estado de Georgia para que cometiera fraude o al vicepresidente Pence para que no proclamara a Biden como ganador. En estas maniobras y el desconocimiento de las elecciones participó un importante número de congresistas y senadores republicanos. El 6 de enero Trump se dirigió desde una tarima a la concentración de fanáticos de ultraderecha y la exhortó a dirigirse al Capitolio a apoyar a los senadores y congresistas republicanos que objetaban el resultado electoral y a presionar a los indecisos o contrarios a impugnar la elección.

El ataque al Capitolio es un síntoma de la profundidad de la crisis del régimen político capitalista estadounidense.

Muestra también la polarización política y social cada vez más extrema, en el contexto de la mayor crisis económica y sanitaria en más de cien años. En ese marco el ataque del 6 de enero es muy grave porque representa un aumento en la confianza de la ultraderecha, alimentada por la impunidad que le han brindado por largo tiempo las autoridades en sus acciones criminales, y de manera directa por la agitación de Trump.

Los gritos al cielo de los políticos del sistema sobre la condición fundamentalmente “antiamericana” del ataque del 6 de diciembre son alardes de hipocresía. La historia estadounidense está llena precedentes, toda clase de “pogroms” en los que bandas de racistas han atacado gobiernos locales, a organizaciones obreras y comunidades afroamericanas. Y a nivel internacional son incontables los grupos criminales de extrema derecha que han recibido financiamiento y apoyo político por parte del imperialismo estadounidense.

Naturalmente, la acción se ha revertido contra Trump. Biden y los demócratas, así como numerosos medios de comunicación, han calificado el ataque como una insurrección o golpe de Estado.

La acción de la extrema derecha fue una jugada desesperada de Trump, derrotado electoral y políticamente, no con el objetivo de tomar el poder del Estado, sino para consolidar su base social de extrema derecha como parte de la disputa por el liderazgo del partido Republicano. Pero el intento de disciplinar al partido al liderazgo de Trump profundizó las divisiones. Mike Pence y Mitch McConnell no acompañaron su aventura, e incluso algunos congresistas y senadores dieron marcha atrás en su apoyo al desconocimiento de la elección luego del 6 de enero.

En realidad, en la acción no participó ningún sector de las fuerzas armadas, ni hubo un llamamiento a las fuerzas armadas a intervenir, no hubo un intento de conformar un gobierno de facto o de atrincherarse en el Capitolio y llamar a una insurrección generalizada. No hay indicios de una estrategia insurreccional o golpista. A un nivel más estructural, ningún sector importante de la burguesía está persiguiendo una estrategia de liquidar el régimen existente para realizar una contrarrevolución e imponer una dictadura.

El 11 de enero se inició un proceso de impeachment contra Trump por incitar una insurrección, aprobado dos días después por el Congreso, que de tener éxito impediría que pueda presentarse como candidato en la elección presidencial de 2024. También ha habido llamados al vicepresidente Mike Pence a aplicar la 25va enmienda y destituir a Trump. Sin embargo el impeachment sería casi simbólico ante la gravedad de los crímenes de Trump.

La connivencia del régimen con la ultraderecha

Desde su relación con Bannon hasta los actuales vínculos de su asesor Steve Miller y de su hijo Donald Jr., con los grupos fascistas, Trump no ha ocultado su simpatía con las agrupaciones de tendencias fascistas. Ante el ataque por parte de fascistas en Charlottesville, Trump les saludó como “buena gente”. Durante un debate presidencial exhortó al grupo paramilitar Proud Boys “retrocedan y esperen” (“stand back and stand by”). Criminalizó al antifascismo. Al calor de su agitación se realizaron en noviembre y diciembre movilizaciones de extrema derecha en Washington DC. El propio 6 de enero, forzado a llamar a sus legionarios a retirarse, Trump reiteró su “amor” por ellos.

Pero no se trata tan solo de Trump. Todo el partido Republicano ha considerado como un importante capital político a esa constelación de extrema derecha, que va desde evangélicos fanáticos hasta neonazis, pasando por grupos de supremacistas blancos, ultraliberales, sectas conspirativas y demenciales como Qanon, antivacunas, antisemitas, etc. Algunos ahora fingen horrorizarse como el Dr. Frankestein ante su creación, pero son corresponsables junto a Trump de haber alimentado al monstruo. Mientras que el partido Demócrata ha demostrado su incapacidad para enfrentar a este peligroso fenómeno, pues su interés ha girado constantemente en torno a llegar a acuerdos con los republicanos. Ambos partidos, pese a sus diferencias, son representantes de las multinacionales y los banqueros. Por eso luego de su elección, el discurso de Biden ha hecho énfasis en la “reconciliación”.

Diversos reportajes periodísticos muestran que el FBI ya había advertido de la amenaza que suponía la movilización reaccionaria desde al menos finales de diciembre, pero no se organizó ningún operativo para impedir que los fascistas tomaran el Capitolio. El día del ataque se realizaron muy pocos arrestos. Miembros del Servicio Secreto, la Seguridad Nacional (Homeland Security), el gobierno del Distrito de Columbia, el Pentágono, la Guardia Nacional, la Fuerza de Tareas Conjuntas, habían hablado con la prensa sobre la amenaza, pero no hicieron nada. Ante la escandalosa incompetencia, sospechosa de complicidad, el jefe de la Policía del Capitolio tuvo que renunciar. Obviamente la presidencia no coordinó ninguna acción defensiva y Homeland Security también es señalada por complicidad.

El contraste no podría ser mayor entre el tratamiento brindado por las autoridades a los grupos de ultraderecha y las protestas antirracistas del verano de 2020. Durante dichas protestas hubo alrededor de 14 mil detenidos entre el asesinato de George Floyd el 25 de mayo y la primera semana de junio. Cientos de periodistas fueron atacados por la policía, hubo decenas de manifestantes asesinados. Hasta el día de hoy permanecen en la cárcel cientos de presos políticos vinculados a las protestas. En total se desplegaron unos 100 mil guardias nacionales y militares de otros componentes para atacar las protestas. La escala de la represión no fue mayor debido a que el intento de Trump de militarizar el país fracasó por falta de apoyo en las fuerzas armadas.

Grupos de ultraderecha ya están organizando nuevos ataques para el 17 de enero en Minnesota y Michigan. Paramilitares ya habían tomado el capitolio de Michigan en abril con discursos negacionistas en relación con la pandemia, y planearon secuestrar al gobernador de Michigan en octubre.

Perspectivas ante el gobierno de Biden

Las ilusiones en “volver a la normalidad” que abrigan algunos de quienes votaron por Biden, o en que puede haber cambios positivos para el pueblo trabajador, los migrantes o el movimiento antirracista, se estrellarán contra la realidad. Biden es un político tradicional que ya gobernó junto a Obama y fue corresponsable de los programas de austeridad aplicados durante la crisis de 2007-2008. También promovió legislaciones represivas y de encarcelamiento masivo, al igual que Kamala Harris. Fue en esa vieja “normalidad” en la que se incubaron todos los elementos de la actual crisis y que facilitaron el ascenso de Trump.

Biden, con el control de ambas cámaras, demostrará una vez más que el Partido Demócrata gobierna a favor de los capitalistas, de las multinacionales, los banqueros y que no defiende los intereses de los afroamericanos, latinos, las mujeres, la clase trabajadora y demás sectores explotados y marginados. La crisis económica y social está en un punto álgido. Han fallecido más de 385 mil personas por la política criminal y negacionista de Trump ante la pandemia. Millones han perdido sus empleos y se ven amenazados por la miseria. La salud está en gran medida privatizada, pero Biden no tiene intenciones de cambiar esa situación.

La amenaza de la ultraderecha continuará. Los distintos gobiernos demócratas y republicanos y las instituciones del Estado capitalista no han tenido ningún interés en destruir a ese movimiento, tal y como quedó demostrado una vez más durante el ataque al Capitolio.

El gobierno de Biden y los demócratas tampoco pretenden destruir ese movimiento. Ellos siempre dejaron correr, desde sus gobiernos, la represión racista y el accionar de los grupos de ultraderecha. La burocracia sindical de la AFL-CIO, ligada al partido Demócrata, rechazó el ataque al Capitolio pero no tomó ninguna medida para preparar a los sindicatos para dar una respuesta No se puede confiar ni tener expectativas en ellos. Solo la movilización desde abajo puede parar a la ultraderecha.

Una propuesta para la unidad

Depende del movimiento antirracista, de los sectores populares, de las bases obreras, de las mujeres, de la juventud, poner en pie un poderoso frente que ponga a los fascistas en retirada. Experiencias como la de Boston en agosto de 2017, cuando miles de manifestantes acorralaron a unos pocos cientos de fascistas, o el propio poderoso movimiento de Black Lives Matter han demostrado que con la masividad de la movilización se puede ganar terreno y quitarle las calles a la ultraderecha. Así como el pueblo griego derrotó a los neonazis de Amanecer Dorado, de igual manera el pueblo trabajador estadounidense puede derrotar la impunidad.

Pero también será necesaria esa movilización unitaria para enfrentar la política antipopular del futuro gobierno de Biden. Con un maquillaje “democrático” y “antitrumpista” van a seguir favoreciendo a los grandes empresarios y banqueros que los apoyaron.

Es urgente convocar un encuentro nacional de organizaciones populares bajo el liderazgo de Black Lives Matter, las organizaciones comunitarias, de trabajadores, de mujeres y de la izquierda, para avanzar hacia un programa de exigencias común y una agenda de movilización. Contra la ultraderecha y también por exigencias sociales y económicas al nuevo gobierno ante la brutal crisis económica, social y sanitaria. Los Socialistas Democráticos (DSA) tienen la responsabilidad de ayudar a construir este frente unitario de lucha.

Estas son algunas propuestas iniciales para la discusión democrática de un programa unitario:

Desfinanciamiento de la policía y cárcel a los policías racistas.

Libertad a los presos políticos del movimiento antirracista.

Fin a la política de encarcelamiento masivo. Fin de la privatización de las cárceles. Cierre de los campos de concentración de inmigrantes de ICE.

No a los intentos de los demócratas de aprovechar el ataque al Capitolio para promover nuevos instrumentos legales que restrinjan el derecho a la protesta.

Juicio y castigo para Trump y los dirigentes fascistas por su rol en el ataque criminal del 6 de enero y otros ataques criminales. Basta de impunidad para la violencia de la ultraderecha.

Salud pública gratuita y universal.

Aumento del salario mínimo a $15 por hora y una renta básica universal hasta el fin de la crisis.

Igual pago por igual trabajo para hombres y mujeres.

Altos impuestos a los grandes grupos económicos y bancos. Que ese dinero y el de los recortes a los presupuestos policiales vaya a educación, salud y asistencia social.

No a la supresión de votantes, que afecta desproporcionadamente a las comunidades afroamericanas, latinas e indígenas. No al gerrymandering.

No al colegio electoral. Elecciones directas, una persona-un voto. Representación proporcional en el Congreso y abolición del Senado.

Sabemos que no son tareas sencillas. Pero la movilización masiva y coordinada en todo el país puede abrir el camino de cambio.

Convocar a un Encuentro nacional sería un gran paso para coordinar las luchas. La otra gran tarea pendiente es la necesidad de construir una alternativa política unitaria de la izquierda por fuera del bipartidismo. Se necesita superar la división existente en la izquierda anticapitalista. Sería muy importante que los Socialistas Democráticos (DSA), que es la organización más numerosa de la izquierda, sean parte de esta construcción. Deberían dar el paso de romper con el Partido Demócrata. Es necesario avanzar hacia la construcción de un partido amplio, unitario e independiente de la izquierda. Los cambios de fondo solo los puede llevar a cabo un gobierno del conjunto de la clase trabajadora y los sectores explotados y oprimidos.

Socialist Core, Simpatizantes de la Unidad Internacional de trabajadoras y trabajadores-Cuarta Internacional (UIT-CI)
15 de enero 2021

Hoy el gobierno nacional, a 15 dias de la aprobación en la cámara de senadores, anuncia la promulgación de la Ley 27.610 de Interrupción Voluntaria del Embarazo. A partir de su publicación el aborto hasta la semana 14 será legal en todo el país. Quienes luchamos por conquistar este derecho, hoy celebramos y reafirmamos que este triunfo es producto de la luchas de décadas del movimiento feminista en argentina, de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal , Seguro y Gratuito , de la marea verde que no abandonó las calles. El gobierno nacional quiere instalar que este es un triunfo del oficialismo, incluso omitiendo la participación de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto en la promulgación de la ley, tal como lo hizo con el proyecto presentado por Alberto Fernandez.

Desde Isadora decimos que si el aborto legal se conquistó, fue por la lucha que dimos en las calles por nuestro derecho a decidir y en particular porque nunca bbajamos nuestro pañuelo verde ni confiamos en níngún gobierno, y decimos que este triunfo nos fortalece para seguir peleando por todos nuestros derechos. Y sobre todo, queremos que la marea verde se expanda por todo América Latina, como está ocurriendo en Chile y que el movimiento feminista refuerza la lucha por el derecho a decidir sobre nuestros cuerpos.

A pesar de que la ley entra en vigencia en todo el país sin necesidad de adhesiones provinciales, sabemos que las iglesias y los sectores más conservadores de nuestro país continuaran intentando obstaculizar el acceso al aborto, amparados en las negociaciones que tuvieron con el gobierno, en concreto en los artúculos que permiten la objeción de conciencia, que obstaculiza nuestro derecho a decidir. Por eso debemos seguir organizades, y se plantea más que nunca la necesidad de la separación de las iglesias y del estado. Nuestra pelea por la aplicación de una educación sexual laica, científica y con perspectiva de género en todo el sistema educativo.

Una vez promulgada la ley el movimiento feminista tiene la tarea de garantizar presupuesto para la aplicación efectiva de la ley contra el ajuste en el sistema salud, y que lo que se destina hoy para el pago de deuda externa se utilice para garantizar el derecho al aborto y para acabar con la violencia de género y en el combate contra la pandemia.

Más fuertes por el triunfo de nuestra lucha por el aborto, la marea verde tiene la tarea de exigir la implementación efectiva del aborto legal y vamos por todos nuestros derechos. Estamos haciendo historia, y no vamos a parar hasta terminar contra toda forma de violencia de género y por todos nuestros reclamos.

Isadora, mujeres en lucha
(Izquierda Socialista + independientes)