Escribe José Castillo, candidato a diputado nacional por Izquierda Socialista /FIT Unidad

Milei dice oponerse a la “casta política”. Término que usa para esconder que los partidos tradicionales, a quien efectivamente representan, es a los patrones.

Javier Milei busca diferenciarse del resto de los dirigentes políticos tradicionales diciendo que estos pertenecen a lo que denomina la “casta política”. Así despierta simpatías en ciertos sectores, en particular juveniles, hartos de ver funcionarios de distintos gobiernos gozando de privilegios y enriqueciéndose. Pero el candidato de La Libertad Avanza, al hablar de casta política esconde lo fundamental: la fuente de ese enriquecimiento y corrupción está en la “gestión” que hacen estos dirigentes de los negocios de los bancos, las patronales nacionales y extranjeras y el FMI. Por eso, desde la izquierda preferimos llamar a las cosas por su nombre: son políticos patronales, al servicio y en muchos casos ellos mismos socios de las empresas y sus ganancias.

Milei también se cuida muy bien de esconder que si hay un sector de dirigentes que son distintos, estos son justamente los de izquierda. Los únicos que no se enriquecen, no gozan de privilegios y cumplen exactamente con lo que se comprometen con el pueblo trabajador. Ahí se le ve la pata de la sota a la hipocresía de Milei: la izquierda, justamente quienes no participan de ninguno de los privilegios de lo que él denomina la “casta política”, son sus principales enemigos, “los zurdos”, como los denomina en su mejor lenguaje macartista.

Milei con la ultraderecha española de Vox

Pero Milei ni siquiera es original. La expresión “casta politica” fue inventada por Beppo Grillo y su movimiento 5 estrellas hace varios años. Sin embargo, quien la utiliza más profusamente en la actualidad es la ultraderecha española, nostálgica del franquismo, de Vox. Milei, que se proclama ultraliberal, no tiene ningún problema es aparecer como socio político de estos sectores neofascistas. De hecho, acaba de participar de un encuentro internacional de esa fuerza política, de la que se muestra socia como dijo en “la lucha común contra el comunismo”.

¿De qué vive Milei?

Uno de sus argumentos favoritos para usar el término “casta política” es referirse a todos aquellos dirigentes que hace años viven y se enriquecen en la función pública. Para confrontarlos con “la gente común que trabaja”. Pero Milei es un hipócrita. El mismo, en los años 90, cobró un sueldo como asesor del bloque de diputados Fuerza Republicana, el partido del genocida Domingo Bussi. Actualmente, Milei tampoco “trabaja”. Hace años que es ñoqui del empresario Eduardo Eurnekian, quien hizo su fortuna gracias a conseguir concesiones del Estado de diferentes gobiernos, lo que le permitió armar su emporio llamado Aeropuertos Argentina 2000. Para hacerlo aún más escandaloso: el sueldo que Eurnekián le pagó a Milei el año pasado, lo hizo con la utilización de los subsidios ATP que otorgaba el gobierno nacional para “evitar despidos durante la pandemia”.
Por otra parte, en estos últimos días Milei demostró la selectividad con que define a quienes según él pertenecen o no a la “casta política”. Expresando su afinidad con Patricia Bullrich, la dirigenta del PRO caracterizada por su travestismo político y por haber sido funcionaria de casi todos los gobiernos de los últimos 30 años.

Milei no quiere terminar con ningún privilegio
No te dejes confundir. Hay que acabar, sin duda, con los políticos millonarios y corruptos. A los que usan sus cargos para favorecer a las grandes patronales y les garantizan sus superganancias. Milei, y también Espert, integran ese grupo. Por algo sus ejemplos, a quienes buscan emular, son Menem y Cavallo. Son políticos patronales y de lo peor: ultraderechistas y neofascistas. Antiderechos de las mujeres y las disidencias y defensores de genocidas.
En contraposición a ellos, hay que votar a los que de verdad nunca gobernaron, los trabajadores y la izquierda, los únicos que no tienen ninguna responsabilidad en el saqueo y la miseria que se encuentra sumido nuestro país. Por eso en noviembre hay que votar al Frente de Izquierda Unidad, el único programa que prioriza las reales necesidades de los trabajadores y la juventud, por sobre las ganancias de los empresarios y el FMI.

Escribe Pablo Almeida, legislador CABA y delegado general ATE Ministerio de Economía

Juntos de Macri y Rodriguez Larreta, viene enfatizando en las declaraciones de sus principales dirigentes sobre la necesidad de avanzar en nuestro país en una reforma laboral que avance en contra de derechos laborales básicos.
Después de los dichos de Horacio Rodriguez Larreta y la presentación del radical Martín Lousteau de un proyecto en el Senado para terminar con las indemnizaciones, en la última semana se sumó otra de las principales voces de la oposición patronal. A tono con las demandas de todas las cámaras empresarias,  Elisa Carrió relató sin ponerse colorada lo costoso que le resulta despedir empleadas domésticas.

La excusa sería que de esta forma se favorecería a las Pymes y se incrementaría la creación de puestos de trabajo registrados. Una falsedad completa al servicio de las grandes patronales que se repite como mantra frente a problemas acuciantes como el desempleo y el extendido trabajo precario.

La realidad de las últimas décadas echa por la borda con los argumentos de estos dirigentes de Juntos por el Cambio. Nunca la reducción de obligaciones patronales o la disminución de derechos laborales han redundado en mayor creación de puestos de trabajo. Todo por el contrario, la experiencia histórica de las crisis económicas sea en los  noventa, en el 2001 o durante la pandemia del coronavirus indica que las y los trabajadores con menos derechos laborales son los primeros en ser despedidos cuando las “papas queman”.

El otro argumento de que esto se hace para salvar a las pequeñas y medianas empresas tampoco se comprueba en la realidad. Son las grandes empresas, multinacionales en su gran mayoría, las que utilizan de mascarada a las Pymes para hacer pasar sus planes flexibilizadores.

Una vez más queda claro que significan Juntos por el Cambio y sus candidatos para los trabajadores. No son alternativa al gobierno peronista de Fernandez. Por el contrario son  también responsables de la miseria y la pérdida de derechos. En las próximas elecciones es importante fortalecer la única salida para comenzar a superar la crisis del pueblo trabajador. Votando a la unidad de la  izquierda, representada por el FIT Unidad en todo el país.

En la sesión del martes 5 de octubre se iba a tratar el proyecto de ley conocido como Etiquetado frontal que tiene media sanción del Senado. Sin embargo, no se pudo debatir porque el bloque de Juntos por el Cambio y varios diputados del peronismo y el Frente de Todos no se presentaron a la sesión.

El proyecto dispone un sistema de etiquetado con octógonos negros para los alimentos que tengan exceso de azúcares y de sodio según parámetros definidos por la Organización Panamericana de Salud (OPS). Si bien el proyecto es un paso adelante en el acceso a la información respecto de productos que son tremendamente nocivos para la salud (con la oposición de la Cámara de Comercio Yanqui, la Copal, Arcor, Molinos, Kellogs, Coca Cola, etcétera), el único bloque que ha garantizado sin fisuras el apoyo al proyecto fue el del Frente de Izquierda Unidad con las bancas de Mónica Schlotthauer y Juan Carlos Giordano de Izquierda Socialista. No pasó lo mismo con el macrismo de “Juntos” que envió un par de diputados a la sesión, ni con el peronismo que ni siquiera garantizó la presencia de todas sus bancas. Cinco de sus diputados faltaron a la cita: Alume Sbodio Karim Augusto (San Luis); Figueroa Alcira (Salta); Mosqueda Juan (Chaco); Martiarena José Luis (Jujuy); Navarro Graciela (Santiago del Estero). Para denunciar estas maniobras y para seguir impulsando este reclamo es que la izquierda tiene que estar en el Congreso. Por eso te pedimos que el próximo 14 de noviembre acompañes con tu voto al Frente de Izquierda Unidad.

Corresponsal

El 6 de octubre se realizó una Audiencia Pública desde el Congreso convocada  por el bloque de Izquierda Socialista/ FIT Unidad junto a organizaciones sindicales, sociales y de usuarios que pelean por el fin del vaciamiento de la Dirección de Vialidad Nacional y la desidia en las rutas argentinas. En la audiencia se presentó el proyecto de ley de la diputada Mónica Schlotthauer y Juan Carlos Giordano elaborado conjuntamente con los aportes de trabajadores del sector y que plantea el fin de la concesión privatista del gobierno peronista de Menem y la disolución de la empresa Corredores Viales S.A. impulsada por el macrismo. El fin del pago de los peajes y la recuperación estatal del control y gestión de Vialidad Nacional en las rutas argentinas gerenciado por sus trabajadores, profesionales y usuarios con la garantía de la continuidad laboral.

Estuvieron presentes aportando desde su trayectoria y lucha el Ingeniero José Rizzo (secretario adjunto de la  Asociación Gremial de Profesionales y Personal Superior de Vialidad Nacional); Ricardo Lasca, Coordinador del Comité Nacional de Defensa del Usuario Vial (Conaduv); Marcial Rojo (secretario general ATE Vialidad); Heris Adrian Solis (secretario adjunto de la Asociación Personal de Vialidad de provincia de Buenos Aires); Edgardo Reynoso (comisión de reclamos del Ferrocarril Sarmiento); Rubén Sobrero (secretario general de la Unión Ferroviaria Oeste); Fabian Catanzaro (secretario gremial Fepevina); María Burgos (Escuelas Técnicas de Vialidad Nacional); Bárbara Solernou (agrupación Social XXI y del Consejo de Fábrica Astilleros Río Santiago). Acompañaron la audiencia la diputada (mc) Romina Del Pla (PO); el legislador Pablo Almeyda (Izquierda Socialista) y Laura Marrone, legisladora (mc) (Izquierda Socialista), entre otros.

A más de treinta años de privatizaciones queda en evidencia lo que significó el gerenciamiento privado (más del 60% de las rutas en mal estado) los trabajadores y usuarios denuncian que los presupuestos de Vialidad son una caja negra de negociados corruptos de funcionarios de todos los gobiernos y de los empresarios de la Cámara de la Construcción que multiplicaron sus ganancias.
                    
Corresponsal

Escribe Liliana Olivero, candidata a diputada nacional por Izquierda Socialista / FIT Unidad

El proyecto de presupuesto 2022 enviado por el ministro Martín Guzmán al Congreso está hecho siguiendo las exigencias de ajuste del Fondo. Plantea reducir el gasto y un crecimiento de la economía menor aún al de este año. Es todo un programa de hambre y saqueo de nuestros recursos al servicio de seguir pagando la deuda externa.

En un acto en San Miguel de Tucumán, el presidente Alberto Fernández afirmó: “a la deuda le decimos que no, al desendeudamiento le decimos que sí, siempre y cuando no sea a costa del hambre y la miseria de nuestro pueblo. A los especuladores financieros les decimos que no y a los que quieren sembrar una patria con producción, desarrollo, a la pyme, al comerciante, al que necesita el apoyo del Estado, a ese le decimos que sí”.

Se trata del súmun del doble discurso. Habría que avisarle al presidente, si todavía no se enteró, que el proyecto de presupuesto nacional enviado al Congreso por el gobierno dice exactamente lo contrario. Ahí está planteado destinar cinco veces más para pagos de deuda que para construcción de viviendas. Se reducen las partidas que corresponden a las sentencias ganadas por los jubilados, además de que, obviamente, no se calcula recuperar en absoluto el haber jubilatorio. El gasto público seguirá reduciéndose, porque así lo exige el acuerdo a la firma con el FMI. Del mismo modo que se reducen los subsidios a las empresas de servicios públicos privatizados, no porque se proyecte que estas ganen menos, sino porque se compensará con nuevos tarifazos, que como mínimo serán del orden del 25 al 30%. El monto de obra pública, ya este año muy bajo, tendrá un “incremento” de centavos, por lo que el Frente de Todos no piensa recurrir a esta herramienta para resolver el drama de la desocupación. Y, por supuesto, se eliminan todas las partidas vinculadas a atender las consecuencias sanitarias o sociales del Covid-19.

El propio gobierno se da cuenta de las consecuencias de este ajuste. Por eso proyecta un crecimiento económico menor al de este año. En síntesis: el Frente de Todos sabe, y lo deja por escrito en su proyecto de presupuesto, que las consecuencias de aplicar el ajuste que exige el FMI serán que terminaremos el año que viene sin todavía haber recuperado el nivel económico que teníamos a fines de 2019, cuando subió este gobierno, y que ya llevábamos dos años de recesión.

En el mensaje que acompaña el proyecto se vuelve a hacer la misma maniobra de este año. Se sostiene que habrá una recuperación de los salarios reales porque se calcula que tendrán un incremento del 35%, contra una inflación del 33%. Cuando sabemos que la realidad será que la carestía del año próximo no será menor al 45%. Por lo que los ingresos de los trabajadores volverán a quedar pulverizados, como ya viene sucediendo sistemáticamente desde hace al menos cuatro años.

Todo es para ponerse a tono con el acuerdo con el FMI

El motivo de este presupuesto con ajuste mayor aún al del año en curso, es clarísimo. Se busca poner los números de la economía en línea con las exigencias del FMI. Esa es la prioridad del gobierno, como se manifiesta en que justamente esta semana, todo el gabinete económico, el del Banco Central y el mismísimo flamante jefe de gabinete Juan Manzur hayan viajado a Washington para avanzar en el acuerdo con el Fondo. Más allá de que se firme ahora o inmediatamente después de las elecciones, su objetivo será garantizar el repago de los casi 50.000 millones de dólares que se le adeudan al organismo. Y acá, como marca toda la experiencia histórica de programas similares, o más recientemente los acuerdos firmados con el Fondo por países como Ucrania, El Líbano o Ecuador, la realidad es una sola: ajustes, garantía para el saqueo, reformas laborales y jubilatorias. En suma: más hambre y miseria para el pueblo trabajador con el objeto de garantizar los dólares de la deuda externa.

¿Cómo va a terminar todo esto? Ya lo anticipamos: el Frente de Todos, Juntos por el Cambio y también Milei y Espert votando unidos a favor del plan de ajuste con el FMI.
Del otro lado, sólo nos opondremos los diputados del Frente de Izquierda Unidad. Por eso es fundamental que exista una bancada de izquierda en el Congreso. Ayudanos a lograrlo.