Termina 2020. Se va el año de la pandemia que millones quisieran borrar del calendario. También se va el primer año de gobierno de Alberto Fernández y del peronismo del Frente de Todos. Es una buena oportunidad para reflexionar, hacer un balance y preguntarnos hacia dónde irá el país en 2021. Una Argentina inserta en un mundo capitalista que muestra ante millones su verdadero rostro, con la propagación de enfermedades, pobreza y más destrucción ambiental.

El presidente Alberto Fernández dice que gobernó “priorizando a los más vulnerables”. Y que si no se logró más fue por las dos pandemias, la que dejó Macri y la del coronavirus. De esta manera trata de ocultar su responsabilidad ante el agravamiento de la crisis económica y social. También usa la campaña de que “la derecha” no lo deja gobernar, mientras se aferra al anuncio de la vacuna para ir con algo bajo el brazo a las elecciones del año próximo.

Por supuesto que acordamos en que el gobierno de Macri y Cambiemos fue un desastre para el pueblo trabajador. Por eso lo combatimos en sus cuatro años en momentos en que el peronismo jugaba de cómplice. También sostenemos que la pandemia agravó el grave panorama social, pero estamos en contra de que el gobierno use todo esto como justificativo para encubrir su política de salvar las ganancias capitalistas.

Apenas asumido, el gobierno peronista debutó ajustando a los jubilados al eliminar la cláusula de reajuste para 2020, concluyendo ahora su tarea, en el medio de las fiestas, con un Senado que le da otro mazazo cambiando la movilidad jubilatoria a la baja. Los resultados están a la vista, la gran mayoría de jubiladas y jubilados terminan el año con ingresos de pobreza e indigencia. Un ajuste capitalista que aplicaron también el gobierno de Francia (resistido con grandes huelgas), el de Chile de Piñera (donde se lucha contra el negociado de la jubilación privada) y el de Brasil de Bolsonaro, que aprobó una reforma previsional siguiendo los lineamientos del FMI.

Millones de trabajadores, al mismo tiempo, vieron cómo se derretía la promesa de “la heladera llena” al compás de una inflación que ha llevado los precios de la carne, la leche y los principales alimentos a las nubes, culpa de los monopolios formadores de precios y del mismo gobierno que autorizó subas en los combustibles (de la “estatal” YPF), las prepagas, nuevos aumentos en las tarifas, etcétera. La promesa de que se le iba a “poner plata en el bolsillo a la gente” fue quedando al descubierto. Apenas si hubo un miserable bono en febrero y las paritarias casi estuvieron congeladas. Los estatales nacionales que dependen directamente del gobierno de Alberto Fernández, no “de la derecha”, recibieron la burla de 7% de aumento. Ni qué hablar del personal de salud, con constantes protestas por falta de insumos, salarios miserables y precarización laboral.

Esto explica la suba a 40% de la pobreza (con el escalofriante 60% de niñas y niños sumergidos en ese flagelo) y la desigualdad social, precisamente porque a millones se les redujeron sus salarios, las jubilaciones y los planes sociales. El Indec lo confirmó, el 40% de los hogares cuenta con al menos un miembro despedido, suspendido o que vio disminuir sus ingresos; casi el 50% de los trabajadores vio reducido su ingreso total y el 33% de las familias se encuentran obligadas a achicar el consumo de algún alimento esencial.

A todo esto, la Argentina está entre los países con mayor número de contagios y muertes por habitante debido al Covid-19, mientras el gobierno, en vez de invertir en salud, se la pasó subsidiando a las patronales u otorgando un IFE miserable, que ya fue eliminado.  
 
Las flaquezas del doble discurso

El gobierno oculta la palabra “ajuste” desplegando su consabido doble discurso, que cada vez hace más agua. Anunció la estatización de Vicentin y dio marcha atrás. Se la pasó prometiendo el impuesto a la riqueza que terminó siendo un “aporte solidario” completamente insuficiente. Sigue adelante con las megafábricas de cerdos para la dictadura capitalista china, pero recibió a organizaciones veganas mostrando un cartel con el eslogan “no al acuerdo porcino”. Presentó el acuerdo con los bonistas como un “éxito”, mientras les reconoció 15.000 millones de dólares más. Y ahora dice que el Fondo Monetario nos va a salvar cuando los ajustes que impone están a la vista, como en Ecuador.

Otro tanto ocurre con el falso ideario de creer que todo esto es culpa de Alberto y que con Cristina sería distinto. Lo cierto es que, más allá de los roces por espacios de poder al interior de la coalición del Frente de Todos, el peronismo kirchnerista, encabezado por la propia Cristina Fernández, apoya las políticas centrales del gobierno. Sostuvo al ministro Guzmán en la renegociación de la deuda, avaló el pacto con el FMI, fue gestora del acuerdo con el agronegocio, apoyó el pacto con la UIA para rebajar los salarios poniendo en la foto a Hugo Yasky, de la CTA kirchnerista, y un largo etcétera.

Que no hay “enfrentamientos” insalvables entre ellos lo prueba el hecho de que el gobierno viene recibiendo el apoyo de los Estados Unidos, el Papa, Merkel y los presidentes del denominado Primer Mundo capitalista, reconfirmando que el peronismo va a seguir, bajo otras formas, gobernando para los de arriba. Por eso es que la política de endeudamiento y sometimiento al FMI fue aplaudida por las cámaras empresarias, los economistas del establishment y la oposición patronal de Macri, Bullrich, Larreta y la UCR de Juntos por el Cambio.

Ahora queda más clara la frase del economista ultraliberal Guillermo Calvo cuando confesó que, si bien el peronismo no era santo de su devoción, consideraba que ante el desgaste de Macri veía de buen grado a un gobierno peronista para que aplique el ajuste porque tiene un discurso más popular y atento a que cuenta con el apoyo más directo de las CGT-CTA y los movimientos sociales, dándole una mayor solidez al sistema capitalista semicolonial argentino para tal fin.

Como conclusión, se sigue demostrando que el peronismo del siglo XXI es claramente funcional para seguir garantizando las ganancias de los bancos, las multinacionales y los usureros de la deuda. Lejos de salvar al país de los desastres que provocan los gobiernos “neoliberales”, como les gusta alardear a los políticos peronistas, el “capitalismo productivo” que fomenta Alberto Fernández apunta a lo opuesto.
 
Llamar a luchar y a fortalecer al FIT Unidad en 2021

¿Qué va a pasar en 2021? Este interrogante recorre a todo el pueblo trabajador. El gobierno trata de imponer un discurso optimista. Sostiene que la economía se está recuperando. Pero esconde que el acuerdo con el FMI lo obligará a aplicar un mayor ajuste. El Fondo Monetario Internacional fue, es y será el principal brazo financiero del capitalismo imperialista y el ejecutor de planes de sometimiento, dependencia y entrega. Eso lo percibe el pueblo trabajador. Por eso, en medio de las importantes expectativas que tuvo al comienzo con el gobierno, protagonizó luchas importantes. Desde los trabajadores del frigorífico Penta, reprimidos por Berni-Kicillof, pasando por los choferes de la UTA, docentes de varias provincias, aeronáuticos-Latam, trabajadores de la salud, ferroviarios y tantos otros gremios. Chubut está movilizada contra la megaminería del gobernador Arcioni, apoyado por el gobierno nacional, sumado a otras peleas en defensa del ambiente y un movimiento de mujeres que, con la marea verde, impuso la media sanción del aborto legal en Diputados. Esto ocurrió a pesar de que el gobierno hizo campaña de que no había que salir a pelear “para no contagiarse”, mientras abría las actividades a pedido de las grandes patronales.
Si estas peleas quedaron aisladas y no se unificaron nacionalmente, fue exclusivamente por la traición de las direcciones burocráticas de la CGT y las CTA, que mantienen a rajatabla su pacto con el gobierno dejando pasar el ajuste, los despidos y las rebajas salariales.

El marco en el que se tienen que inscribir los próximos rounds en la pelea contra el ajuste en el país será el de un mundo convulsionado, donde con desigualdades se están retomando las movilizaciones, como en Chile (con el triunfo rotundo en el plebiscito), las enormes manifestaciones en Perú o Guatemala, por citar solo un par de ejemplos. O la derrota electoral del magnate Donald Trump, festejada por los pueblos del mundo como consecuencia indirecta del golpe que le propinó la furiosa rebelión antirracista ante el asesinato de George Floyd. En ese espejo se deberá mirar el gobierno de Alberto Fernández.

Al calor de la aplicación del mayor ajuste se irán disipando las dudas que hoy embargan a grandes sectores sobre la responsabilidad central del gobierno sobre lo que sucede en el país. Las próximas luchas y enfrentamientos serán el tubo de ensayo donde miles seguirán haciendo su experiencia política. El desgaste del gobierno y su pérdida de popularidad ante las luchadoras y luchadores aumentarán las posibilidades para salir a pelear más abiertamente y despertará aún más la necesidad de que hace falta otra alternativa política si se quieren tomar medidas de fondo para que la crisis la paguen los capitalistas y no el pueblo trabajador. El “yo no lo voté para esto” que ya se empieza a percibir se acrecentará con nuevos decepcionados. Desilusionados que tampoco ven salida en la oposición patronal de Juntos por el Cambio con sus banderazos al servicio de la propiedad privada capitalista o en defensa de una justicia patronal.

El desafío que tenemos desde la izquierda es seguir fomentando el sindicalismo combativo para apoyar los reclamos obreros y populares y barrer a la burocracia sindical. Fortaleciendo al movimiento de mujeres desde una perspectiva feminista y socialista. Y, fundamentalmente, postular al Frente de Izquierda Unidad como alternativa política de los trabajadores y la unidad de la izquierda. La izquierda viene dando muestras de compromiso, convicción y seriedad a la hora de enfrentar y desenmascarar al gobierno, despegándose correctamente de las maniobras de los Macri y Larreta. Lo demostramos en las luchas, con nuestras bancas obreras y socialistas, en  el movimiento de mujeres, en la lucha ambiental, entre la juventud. Eso al gobierno le molesta. Por eso acusó falsamente al Frente de Izquierda de usar partidariamente a los vecinos de Guernica o trata de ensuciarlo diciendo que la izquierda quiere salvar las fortunas de los empresarios junto al macrismo, por tener la valentía de enfrentar su falso impuesto a la riqueza y postular uno de verdad. Por eso hoy más que nunca es necesario fortalecer una salida de fondo ante la crisis.

En lo que queda del año, y en 2021, a la vez que impulsamos la pelea contra el ajuste del gobierno y el FMI y redoblamos en estos días la presencia en las calles para conquistar junto al movimiento de mujeres el aborto legal, seguro y gratuito, desde Izquierda Socialista y el Frente de Izquierda Unidad llamamos a las nuevas generaciones a sumarse para sacar de la postración a las amplias mayorías obreras y populares peleando por un gobierno de los trabajadores. Para todos estos desafíos tenemos un puesto de lucha en nuestro partido. A eso convocamos.

Escribe Rodolfo Sánchez

Desde Izquierda Socialista FIT-Unidad repudiamos la represión a los mapuches de la Lof Lafken Winkul Mapu y la militarización de la zona ocurrida el 16 de diciembre.

El pasado lunes, vecinos denunciaron el intimidante convoy que llegaba a Bariloche de la Policía Federal con más de 100 efectivos y unos 20 vehículos que incluían carros de asalto, tanquetas, inhibidores de señales y bomberos. El juez Zapata había requerido la participación del Ministerio de Seguridad de la Nación conducido por Sabina Frederic, quien designó a la Policía Federal para que asumiera estas acciones represivas. Ayer, también se dio a conocer que el Tribunal de Impugnaciones rechazó el reclamo de la comunidad mapuche y ordena su desalojo, restitución del predio al Arzobispado de San Isidro y procesamiento de varios de sus ocupantes.

El 16 de diciembre por la mañana desplegaron los equipos y efectivos, supuestamente para que la Fiscal Sylvia Little haga una inspección ocular de la zona, pero los efectivos entraron a los tiros al predio. Lamentablemente como ya se ha realizado en otras oportunidades que desembocaron en la muerte de Santiago Maldonado en manos de la Gendarmería y posteriormente, en esta misma zona, ocurrió el asesinato por la espalda del joven Rafael Nahuel en manos de la Prefectura.

Recordemos que de las 327 hectáreas de la zona, unas 127 están en manos privadas y otras 200 bajo administración del Estado. El arzobispado por décadas ha sido un ocupante y usurpador de varias parcelas y el Episcopado, recién hizo los trámites formales de escritura posterior al asesinato de Rafael Nahuel (2017). Y son “los propietarios” que en 2020 piden el desalojo de la comunidad mapuche. Es indignante la celeridad y recursos destinados, cuando en la zona hay magnates como Lewis que han cercado lagos incumpliendo la justicia de que permita el acceso libre al mismo, hay jeques árabes con emprendimientos turísticos para una casta selecta de millonarios y varias multinacionales como Benetton y otras los cuales gozan con total impunidad y apoyo por parte de las autoridades.

Repudiamos el accionar temerario de los gobiernos de Alberto Fernández, de la Ministra Frederic, de la gobernadora Arabela Carreras y del juez Zapata, que no escatiman recursos para reprimir a pueblos originarios, militarizando la zona y por otro lado amparando a los verdaderos usurpadores millonarios y privilegiados de nuestra tierra.
No a la represión del Lof Lafken Winkul Mapu. Repudiamos la militarización de la zona. No al doble discurso de reprimir pueblos originarios y a la vez proteger magnates y millonarios.

El 3 de diciembre, el Encuentro Cachito Fukman y organizaciones integrantes del Encuentro Memoria, Verdad y Justicia, entre ellas Izquierda Socialista, hicimos entrega del petitorio con miles de firmas que reclama la apertura de los archivos de los años 1974-75 y los siguientes de la dictadura.

El petitorio, dirigido al presidente de la Nación, Alberto Fernández, fue entregado en la Casa Rosada momentos antes de la realización de la XL Marcha de la Resistencia de las Madres Línea Fundadora.

Este reclamo se viene haciendo desde la caída de la dictadura y fue desoído por todos los gobiernos. Los archivos contienen información comprometedora sobre las complicidades con los crímenes cometidos. Su publicación permitiría continuar con la tarea de esclarecer el destino de centenares de niños nacidos en cautiverio y la de hacer memoria, verdad y justicia con los 30.000 desaparecidos. La recolección de firmas continúa, invitamos a impulsarla en todos los rincones del país.

Escribe Reynaldo Saccone, ex presidente de la Cicop

Las luces rojas en los tableros del gobierno nacional, de la provincia de Buenos Aires y de la CABA se encendieron. La cantidad de contagios dejó de bajar, las negociaciones con Pfizer siguen estancadas y la vacuna rusa no estaría disponible antes de fin de año.

Cuando hablamos de vacunas estamos hablando de negocios de las multinacionales

Cuando hablamos de negocios, hablamos de capital imperialista, es decir de monopolios y de su influencia en los gobiernos. Al explicar las causas del estancamiento con la multinacional, Ginés deslizó una perlita: “Se nos pidió una ley que les diera inmunidad y esa ley salió. Dijeron que no era suficiente, que había que hacer otra ley […]”. Se confirma nuestra denuncia, la ley 27.573, llamada de vacunación obligatoria, fue hecha a medida de la industria farmacéutica y por eso le da inmunidad por adelantado de los efectos indeseables y la Argentina reconoce que todos los litigios con las multinacionales deben ser ventilados en los tribunales del país de origen. Pfizer pide más impunidad para venir a la Argentina.

Bajo la dirección de las multinacionales, la distribución de las vacunas no beneficiará por igual a la población mundial. Según investigaciones de la Universidad de Duke, las farmacéuticas han vendido anticipadamente 7.300 millones de dosis que podrían vacunar la mitad de la población mundial en 2021 si se repartieran de modo equitativo. Los países ricos, con 13% de la población mundial, han comprado el 52,7 por ciento. Covax, el Fondo de Acceso Global para Vacunas Covid-19, impulsado por la OMS para garantizar el acceso de los países pobres, solo ha podido comprar para el 7% de la población mundial.

El peso de los monopolios también se hace sentir en la Organización Mundial de Comercio. La propuesta de India y Sudáfrica que, apoyada por noventa y nueve países, planteaba suspender transitoriamente la propiedad intelectual sobre vacunas y medicamentos, no prosperó por “falta de consenso”. Más allá de las medidas propuestas por este numeroso grupo de gobiernos patronales, nosotros seguimos sosteniendo que es necesario luchar por la abolición de las patentes para vacunas y medicamentos porque son patrimonio de la humanidad. Como fueron los casos de la vacuna Salk contra la poliomielitis y la penicilina, cuyos inventores, Jonas Salk y Alexander Fleming, renunciaron a los derechos de patentamiento. Cada vez es más necesaria una coordinación internacional de lucha contra la pandemia que enfrente las políticas de los gobiernos patronales nacionales al servicio de los monopolios.

Nueve meses de pandemia y nueve meses de fracaso del gobierno de Alberto Fernández

Los contagios y las muertes no dejan de crecer. Con 40.000 fallecidos, estamos en el puesto 13 del luctuoso ranking mundial de decesos por millón de habitantes y la vacunación no está garantizada. El plan del gobierno nacional y los gobernadores peronistas, radicales y de PRO, que era gastar lo menos posible enfrentando la pandemia solamente con el recurso de la cuarentena y el esfuerzo del personal de salud, fracasó. Como el aislamiento no fue sostenido con medidas de apoyo económico a los trabajadores, pasadas algunas semanas la necesidad de salir a ganarse el sustento diario junto con la enorme presión patronal por seguir produciendo, permitieron al gobierno ir aflojando los controles. Así creció el contagio mientras se liberaba la cuarentena.

No se fortaleció el sistema de salud, que siguió arrastrando el déficit asistencial de décadas de descuido y ahogo presupuestario por parte de los gobiernos peronistas, radicales y de PRO. No se cuidó al personal de salud que debió librar, y aún libra, verdaderas batallas para obtener los elementos de protección, las licencias y los salarios adecuados. En lugar de centralizar bajo un solo mando al sector privado y al estatal de todas las jurisdicciones y, al mismo tiempo, nacionalizar las camas y los laboratorios para garantizar la atención igualitaria de toda la población, el gobierno permitió a cada provincia fijar sus normas e, incluso, subsidiar a los prestadores privados. Tampoco se salió a buscar el virus ni se tuvo una política de testeos y rastreos en la población. Argentina, el país que ha dado tres premios Nobel en ciencias vinculadas a la salud, está en el puesto 115 del ranking mundial de testeos por millón de habitantes, menos que Irak y Sudáfrica y apenas algo más que Malasia.

Finalmente, y no menos importante, el Congreso aprobó un impuesto a las grandes fortunas que solo abarca a 12.000 millonarios y deja afuera a las grandes empresas, las financieras y los bancos. Completamente distinto del proyecto presentado por el FIT Unidad y absolutamente insuficiente para financiar las necesidades de la lucha contra la pandemia, enfocada no solo desde el punto de vista epidemiológico sino también en sus aspectos sociales.

La lucha popular contra la pandemia sigue. En la Argentina, como en otras partes del mundo, está centrada en la movilización de los trabajadores de la salud que, al luchar por sus condiciones de trabajo, están defendiendo también el derecho de toda la población a la salud.

Escribe Jorge Adaro, secretario adjunto de Ademys

Este 2020 fue un fracaso gubernamental en la educación pública. Impericia, improvisación, ajuste, privatización y oportunismo mercantilista son algunas de las marcas que Fernández, Trotta, acompañado por Larreta, Acuña y los gobernadores, impregnaron en política educativa.

En la segunda quincena de marzo, cuando el mundo mostraba las tremendas consecuencias del Covid-19 y cerraba todo, el ministro de Salud, Ginés González García, decía que faltaba mucho para que llegara a la Argentina y Trotta se negaba a parar las clases presenciales. Luego suspendió la presencialidad de alumnos, ¡pero exigía que los docentes siguiéramos yendo! Recién en abril, ante el repudio de la docencia, Trotta impuso el sistema de educación virtual.

El gobierno aprovechó la pandemia para ahorrar plata y no nombrar a miles de docentes que debían cubrir cargos y módulos vacantes. Así, miles trabajamos con el doble de alumnos y miles pasaron hambre en la docencia por no tener ningún ingreso o tener poquísimas horas. Una vergüenza de Fernández y los gobernadores.

Improvisó un sistema de “educación virtual” sin preparación de la docencia ni las familias. Debimos aprender a manejarnos con aplicaciones novedosas. Docentes y alumnos no tuvimos un esquema de horarios fijos de trabajo y estudio, llegando a estar en jornadas interminables, recibiendo preguntas o trabajos prácticos a cualquier hora, aceptándolos comprendiendo la enorme dificultad de los estudiantes de tener celulares o computadoras a su disposición.

Los gobiernos se negaron a invertir en conectividad y tecnología gratuitas para docentes y estudiantes, fundamentalmente para los sectores más empobrecidos y marginados. Tuvimos que pagar más en electricidad, en internet y arreglos o compra de celulares y PC para poder estar en el sistema educativo. Y quienes no pudieron quedaron más marginados aún que antes de la pandemia. Esta es la realidad de la política educativa del gobierno de Fernández, Kicillof, Larreta, Kirchner, Schiaretti, etc. En esto no tuvieron “grieta”.

Otra vergüenza fue el ataque gubernamental permanente a los docentes, queriendo dejarnos ante la comunidad como “los responsables” de que las clases presenciales no volvieran. La figura estelar de esta política fue Soledad Acuña, que realizó declaraciones semifascistas contra la docencia, los profesorados, la izquierda y los sindicatos, dichos que fueron masivamente repudiados. Pero tanto Acuña como Trotta y los gobernadores que quisieron posar de “fanáticos” de volver a clases presenciales, quedaron en ridículo, ya que ni siquiera pudieron implementar los absurdos sistemas de “burbujas” que tanto pregonaron.

Un párrafo aparte merecen las burocracias de Ctera, UDA, CEA, AMET y su pleno acuerdo con los gobiernos y el apoyo a sus medidas. Firmaron paritarias de pobreza permitiendo que la miseria y la desocupación golpearan fuertemente a la docencia.
Sin dudas vamos a un 2021 donde la lucha por la escuela pública, por presupuesto, infraestructura, conectividad gratuita, salarios y trabajo estará al orden del día desde febrero. Desde Izquierda Socialista, Ademys, los Suteba Multicolores y el sindicalismo docente opositor de todo el país impulsaremos la coordinación nacional para defender el salario y la escuela pública, con plata para educación, no para el FMI ni para la educación privada.