Escribe Mercedes Trimarchi, diputada bonaerense (m.c.) por Izquierda Socialista/FIT Unidad

La pelea por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito lleva décadas en nuestro país y tuvo un gran impulso durante 2018, cuando miles de jóvenes la tomaron en sus manos junto con el reclamo por la educación sexual. Con esa poderosa #MareaVerde se ganaron el debate y las calles. Pero el Congreso y sus legisladorxs radicales, peronistas, kirchneristas y de PRO, sin grieta que los separe, se encargaron de que la ley no salga, tal como querían las iglesias. Así se perdió la oportunidad histórica de adecuar nuestra legislación a lo que pasa en la mayoría de los países del mundo donde las mujeres sí pueden elegir sobre su cuerpo, su futuro y su vida.

Si miramos el mapa de la región, actualmente el aborto voluntario es legal solamente en Cuba, Uruguay, Guayana, Puerto Rico y en dos estados mexicanos (CDMX y Oaxaca). En El Salvador, Honduras, Nicaragua, Haití, República Dominicana y Surinam está prohibido totalmente. En el resto de los países está permitido por causales. Como en el caso de la Argentina que, desde 1921, es legal el aborto cuando el embarazo es producto de una violación o cuando afecta la salud o vida de la persona gestante. Por esta situación es que las feministas reunidas en San Bernardo declararon al 28 de septiembre como el día de lucha por el derecho al aborto, mientras se realizaba el V Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe en 1990.

Que se sienta nuestro reclamo

Alberto Fernández, que fue el primer presidente en reconocer en una asamblea legislativa de inicio de sesiones que el aborto debía dejar de ser clandestino, hasta ahora no hizo nada para legalizarlo en sus casi diez meses de gestión. Primero dijo que tenía el proyecto de ley listo, del cual solo sabemos que no es el de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto, y que estaría para ser presentado, pero del que hasta ahora nunca se lo vio. 

La realidad es que el presidente Alberto Fernández sigue negando el derecho al aborto y ahora quiere esperar a que pase la pandemia para, recién ahí, debatirlo en el Congreso. Sin embargo, mientras más se demore, las consecuencias de la clandestinidad siguen siendo muy graves para la salud y la vida de las personas que deciden interrumpir sus embarazos. Es más, en lo que va de la cuarentena solo en la provincia de Buenos Aires murieron tres mujeres en los hospitales públicos por abortos inseguros y cientos de niñas violadas fueron obligadas a parir.

Un reciente informe de la ONG Human Rights Watch fue contundente al decir que en la Argentina se violan los derechos humanos de las personas gestantes a causa de la clandestinidad del aborto e instó al gobierno a que presente un proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo. En el informe, titulado “Es hora de saldar una deuda”, se recogen datos que surgen al entrevistar a personas que vieron en el modelo de causales del artículo 86 del Código Penal un verdadero obstáculo para acceder al aborto legal en la Argentina. La falta de protocolos para la interrupción legal de los embarazos (ILE) provinciales y municipales y la intervención de los agentes antiderechos que ponen trabas para que no se garanticen los abortos legales que ya existen desde hace casi cien años, son responsabilidad de los gobiernos de turno. Como también lo es el hecho de que, en nuestro país, las niñas violadas sean obligadas a parir. Por esta alarmante situación es que el próximo 28S, desde el Frente de Izquierda-Unidad, convocamos a una gran jornada de lucha por el derecho al aborto.  

La lucha por nuestros derechos es esencial

El 28S nos movilizamos en varias ciudades del país. En Buenos Aires vamos a concentrarnos frente al Congreso para exigir el tratamiento y la aprobación del proyecto de ley de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto, el único que tiene estado parlamentario, con firmas de más de setenta legisladorxs de todos los bloques políticos, que fue elaborado por el movimiento feminista y que recupera el debate de 2018. Ese es nuestro proyecto, el de la #MareaVerde, el que tiene que ser ley. El próximo 28S te invitamos a participar junto con Isadora de las actividades en todo el país y frente al Congreso. Vamos a conquistar el aborto y todos nuestros derechos.

Comunicado unitario de convocatoria nacional (fragmentos)

“En Argentina, la Huelga Mundial por el Clima se desplegará con acciones presenciales en diferentes puntos del país. En el caso de Buenos Aires, con una marcha desde el Congreso (a las 15) a Plaza de Mayo (a las 17). Esta reunirá el activismo de lxs convocantes de la acción del 25A, que protestamos en contra del acuerdo porcino, del agronegocio y de la quema de humedales, más nuevas agrupaciones y ciudadanxs autonconvocadxs que se fueron sumando a este colectivo nacional luego de la pasada acción.

En un innegable contexto de crisis climática y ecológica, la causa ambiental es prioridad entre las diversas luchas que libra la humanidad para su propia supervivencia y la de millones de seres con los que cohabita.

El extractivismo, entendido como el saqueo de los bienes comunes naturales, práctica predatoria imperante del capitalismo, mata. El reclamo de cientos de miles de personas informadas en toda la Argentina es ante este accionar ecocida impulsado por megacorporaciones, en general de capital extranjero, en convivencia y conveniencia con el actual gobierno y los anteriores.

Organizaciones, agrupaciones, campesinxs, pueblos originarios, partidos de izquierda y ciudadanxs autoconvocadxs decimos no al extractivismo, encarnado en el agronegocio, y el Plan 2020-2030 del Consejo Agroindustrial Argentino, en el Acuerdo Porcino con China, en la quema de humedales, en los desmontes, en la megaminería, en el fracking y Vaca Muerta, en las represas que dañan y alteran nuestros ríos y en diversas actividades criminales que no se han tomado licencia en esta cuarentena y devastan nuestro presente y futuro, violando los derechos humanos, animales y de la naturaleza entera.

La crisis climática global afecta más crudamente a quienes menos tienen. Es por eso que rechazamos la orden de desalojo en Guernica y nos solidarizamos con las familias que pelean por tierra para vivir en todas las regiones del país donde haya tomas en el marco de la crisis social. La vivienda es un derecho, no un delito. Demandamos que los fondos se destinen a viviendas y no a represión. No puede haber habitantes sin agua limpia, alimento sano, techo y abrigo ni oportunidades iguales para todos. Además, exigimos que el acceso a las tierras para el campesinado se efectivice de manera inmediata y la producción agroecológica sea la base de todo proyecto que signifique producir alimentos.

El pago de la deuda externa ilegítima sigue asfixiando nuestro presente, y por tal, inaceptable. Mecanismo de sometimiento de las grandes potencias para con regiones en vías de desarrollo. La deuda es con el pueblo, con su salud, educación y con el ambiente.

Exigimos participación ciudadana, donde las organizaciones de la sociedad civil que abogan por el cuidado del ambiente y de la vida misma, lxs trabajadorxs y lxs sectores populares, sean el eje en la toma de decisiones”.

En CABA marchamos a las 15 de Congreso a Plaza de Mayo

Escribe Noelia Agüero, legisladora electa de Córdoba

Las y los vecinos de Casa Bamba, La Calera, llevan más de veinte días de acampe en el ingreso al paraje sobre la ruta E 55 y están dispuestos a sostenerlo hasta lograr una solución definitiva.

Allí, la minera Camarassa colocó, hace casi dos años, un portón que bloquea el único acceso al lugar. A través de una guardia permanente, con métodos intimidatorios, se impide a los habitantes desplazarse libremente por el camino público. 

Se siguen vulnerando los derechos de la población para beneficiar los intereses y negociados de la empresa minera Camarassa. Sin lugar a dudas, la prioridad para los gobiernos no son los derechos de los habitantes sino los negocios de los ricos empresarios.

Las familias de Casa Bamba reclaman la libertad de paso por el camino público tanto como el cese de la explotación minera desde hace tiempo. Tras innumerables denuncias, pedidos, presentaciones y reclamos ante la Municipalidad de La Calera, el gobierno de la provincia de Córdoba y la Justicia, las soluciones no llegan.

Hace pocos días, el municipio local colocó el puente pasarela, parte de los reclamos de los vecinos de Bamba. Pero, de ninguna manera se puede admitir la reducción de la problemática de esta comunidad a la colocación del puente, como quiere plantearlo Rodrigo Rufeil, intendente de La Calera, mientras el camino sigue sin ser liberado.

Las y los vecinos, la asamblea que han conformado para defender Bamba y la asamblea por la reserva no darán un solo paso atrás y sostendrán el acampe y las acciones públicas de reclamo hasta lograr que se respete el derecho al libre tránsito a través del camino público, vía la eliminación del portón y su custodia, como también el cese de la actividad minera y la protección de la reserva.

Desde Izquierda Socialista seguimos apoyando estos reclamos y denunciamos, junto con las y los vecinos, la responsabilidad de los gobiernos de Rufeil y Schiaretti. ¡Casa Bamba sin portón y sin cantera! ¡Fuera Camarassa!

Por Juanjo Rodríguez

Entrevistamos para El Socialista a Jorge Serrano, referente de la reserva natural de Gregorio de Laferrere, La Matanza. Hace tres años los vecinos comenzaron a reclamar que se declare a la reserva como tal y ahora se movilizaron al municipio y al Concejo Deliberante buscando una respuesta de los funcionarios.

ES– Jorge, ¿a qué se debe esta convocatoria?

J.S.– Presentamos un proyecto de ordenanza por la declaración de la reserva natural de Laferrere hace un año, haciendo lo que los concejales tendrían que hacer y no hacen. Ahora nos organizamos para entregar un petitorio en el municipio por el trabajo vecinal de recuperación y apropiación del espacio y transformarlo en un espacio público.

ES– ¿Cuánto hace que vienen haciendo este reclamo?

J.S.– Hace tres años que venimos con el trabajo territorial. Hicimos caminatas, festivales, distintas actividades que sirvieron para visibilizar la situación del predio. Dentro del predio tenemos emprendimientos privados, con lo que estamos en desacuerdo, ya que promulgamos el derecho a un acceso para un ambiente sano y a espacios públicos y gratuitos. También hay negocios inmobiliarios, situación que denunciamos frente a los funcionarios del municipio. Nos encontramos con negociados con las canchas, hay un emprendimiento deportivo privado con el empresario Rubén Costoya, vicepresidente de Deportivo Laferrere, que viene haciendo negocios hace tiempo y no es lo que queremos. Nosotros promulgamos el deporte gratuito para toda la comunidad.

ES– El Frente de Izquierda, con la diputada de Izquierda Socialista Mónica Schlotthauer, se entrevistó con la comunidad de la reserva y elaboró un proyecto de ley. ¿En qué quedó esa iniciativa?

J.S.– Sí, presentaron un proyecto en octubre del año pasado, ya se va a cumplir un año, lamentablemente ni siquiera tuvo tratamiento, es una pena que al arco político no le interese. Creemos que es un tema esencial de cara a la crisis climática tremenda que estamos viviendo.

ES– ¿Cómo le explicarías a cualquier vecino de La Matanza la importancia que tiene la reserva?

J.S.– Podemos empezar contando que los barrios lindantes a la reserva no se inundan, son 83 hectáreas que retienen y absorben el agua de lluvia. En los días de mucho calor la gente, en la reserva, encuentra un lugar donde no lo siente tanto, o sea que también regula la temperatura. También, con la recuperación del espacio, se lo puede utilizar similarmente a un parque o una plaza, donde los chicos pueden jugar libre y gratuitamente. También militamos mucho en la apropiación, por eso es que  muchas familias a lo largo de estos tres años se han incorporado a pasar el día y los fines de semana en la reserva, es un espacio con múltiples beneficios. Por eso, como dijimos a los funcionarios del municipio, nosotros no bajamos la guardia. Si tenemos que volver a movilizarnos lo vamos a hacer.

Escribe Laura Marrone, legisladora porteña (m.c.) Izquierda Socialista/FIT Unidad

El sábado 19 de septiembre se realizó el Plenario Nacional Antirrepresivo y de los Derechos Humanos convocado por Elia Espen, Madre de Plaza de Mayo–Línea Fundadora, organismos integrantes del Encuentro Memoria, Verdad y Justicia, la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos, APeL, Cadhu, CAJ, Ceprodh, CMM, EMCF, HIJOS La Plata, HIJOS Oeste, Serpaj, Centro de Acción Cultural Diego Cagliero, Correpi, Izquierda Socialista, PO, MST, entre otros.

Participaron alrededor de cuatrocientos compañeros y compañeras de distintas provincias, pertenecientes a organizaciones de derechos humanos, sociales, familiares de víctimas de gatillo fácil, familias de la toma de tierras en la provincia de Buenos Aires y Santiago del Estero.

El documento de convocatoria al plenario, aprobado por unanimidad, denuncia que desde el DNU 297/20 que emitió el gobierno nacional de Alberto Fernández autorizando a las fuerzas de seguridad a detener por la cuarentena, se produjeron 113 muertes a manos de la policía y la gendarmería, más de 44 casos de gatillo fácil, 52 muertes en cárceles y comisarías, femicidios y tres desapariciones forzadas seguidas de muerte. Afirma además que las fuerzas actúan con impunidad, torturan, vejan, abusan sexualmente y a su vez encubren los crímenes bajo la protección de los gobiernos y de la propia Justicia.

Los relatos de cada uno de los familiares que perdieron hijos, padres, hermanos, eran desgarrantes. Durante casi cinco horas escuchamos las historias de jóvenes baleados por la espalda, obreros golpeados, mujeres abusadas sexualmente, travestis humilladas, vendedores ambulantes fracturados a golpes y sus mercaderías robadas. Narraron el desamparo sufrido ante la Justicia, que traba las investigaciones para dejar impunes a los policías culpables, la falta de recursos para pagar un abogado o una pericia de parte, o de permiso en sus trabajos para salir a litigar por juzgados.

El abogado de Cristina Castro, Leandro Aparicio, denunció la nueva prueba que acababa de obtenerse que reafirma la culpabilidad de la policía en la desaparición de Facundo, el hallazgo de una piedra que era de su propiedad en un coche de la policía. Se denunció el encubrimiento del ministro de Seguridad del gobierno de Kicillof, Berni, que entorpeció la investigación requerida por la parte acusatoria.

También se señaló la represión a las luchas de trabajadores que, ante la grave crisis social y económica, deben salir, aun en pandemia, a defenderse de los despidos y suspensiones, como fue el caso del frigorífico Penta, o ante la falta de pago de los salarios a los choferes de la UTA en Córdoba.

Desde Izquierda Socialista denunciamos que mientras se niega un salario social de 40.000 pesos a las familias sin ingresos durante la pandemia, Fernández y Kicillof destinaron 80.000 millones a reforzar el aparato policial y más recientemente 30.000 millones al ejército, en una actitud clara de preparar más represión para enfrentar la agudización de la crisis social que se avecina.

El plenario analizó que los gobiernos están fortaleciendo los aparatos represivos en lugar de dar respuestas a los reclamos de salario, salud y vivienda. Por eso se resolvió unir esfuerzos para sostener este encuentro en el tiempo y en cada provincia. Se dispuso realizar una semana de lucha contra la represión del 5 al 8 de octubre y terminar el 9 con una marcha a Plaza de Mayo. Entre otras medidas, se dispuso acompañar a las 2.500 familias de la toma de Guernica, que el 23 de septiembre tienen la amenaza de ser desalojadas. Dar apoyo a la campaña por el desprocesamiento de los veintisiete estudiantes de la Universidad Nacional de Córdoba que ocuparon el Pabellón Argentina en 2018 en defensa de la educación pública y repudiar la decisión de la cámara de apelaciones de esa provincia que ratificó lo dispuesto por el juez Vaca Narvaja. Y exigir el desprocesamiento de los cuatro dirigentes gremiales de Atech y de la CTA de Chubut que lideraron la lucha por el pago de salarios adeudados en esa provincia.