El pasado martes 8 de septiembre, la policía colombiana mató en Bogotá, con descargas de una pistola Taser, a Javier Ordóñez, abogado de 46 años. Al día siguiente se generó una ola de fuertes protestas en la capital colombiana, que luego se extendieron a otras ciudades, como Cali, Medellín, Popayán, Pereira y Manizales.

Por las redes sociales circularon los videos cuando los policías sometían a Ordóñez, colocándole sus rodillas sobre el cuello, y por lo menos durante dos minutos le daban choques eléctricos con la pistola. En los videos se puede oír cuando el abogado les decía a los policías: “Ya, por favor, ya, no más. Por favor, no”, y a las personas que filmaban exigirles a los policías que lo dejaran tranquilo, que estaba pidiendo “por favor” que no continuaran con las descargas eléctricas.

Se repetían así, con mucho parecido, las imágenes del asesinato en los Estados Unidos de George Floyd a manos de la policía. Un nuevo caso de brutalidad policial que se repite una y otra vez en el marco capitalista.

Al día siguiente del asesinato, la indignación causada por estas imágenes estalló en todo el país. Miles de manifestantes arremetieron contra patrullas de la policía y los llamados Comandos de Acción Inmediata (CAI), módulos de la policía ubicados en distintos lugares de la ciudad. Hasta ahora ya han sido asesinadas unas trece personas por las fuerzas de seguridad del Estado y habría más de doscientos heridos como consecuencia de la represión del gobierno de Iván Duque.

Este asesinato fue precedido de cincuenta y cinco masacres de jóvenes en distintas partes del país en las que han muerto 228 personas, todo con la complicidad del uribismo y el gobierno de Duque, que trató de minimizar estos hechos diciendo que no eran masacres sino homicidios colectivos.

En Colombia es habitual la violencia policial y militar, situación que se ha agravado en el marco de la cuarentena establecida para evitar los contagios del Covid-19.

El pasado año, en el marco del paro nacional de noviembre, fue asesinado el joven Dilan Cruz a manos del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad), unidad de elite de la policía que reprimió brutalmente las protestas, lo que llevó a que muchas organizaciones sociales y de derechos humanos solicitaran la eliminación del Esmad. En mayo también fue asesinado por la policía Anderson Arboleda, joven afrodescendiente.

Detrás de las protestas que se desataron contra la violencia policial y en repudio al asesinato de Ordóñez está el fantasma de la desigualdad y la pobreza que crecen en Colombia, agravadas por los efectos del coronavirus en la economía. No es casual que los manifestantes hayan arremetido contra las sedes bancarias, a las que muchos colombianos hacen responsables de la situación social del país, junto al gobierno uribista de Iván Duque, cada vez más desprestigiado y sumido en una profunda crisis política.

La movilización popular fue de tal magnitud que el gobierno se vio obligado a pedir perdón a los familiares de Ordóñez. Sin embargo, buscan minimizar el hecho diciendo que se trata de hechos aislados, de “manzanas podridas” que habría en la policía, cuando en realidad se trata de un aparato represivo que, mediante la violencia, intenta frenar el gran descontento popular que se viene acumulando en Colombia y que se puso de manifiesto en 2019 con el masivo paro nacional de noviembre. A este aparato represivo se suman los cuerpos paramilitares, amparados por el Estado, responsables de las masacres que han recrudecido en los últimos meses.

Desde la Unidad Internacional de Trabajadoras y Trabajadores-Cuarta Internacional (UIT-CI), repudiamos el asesinato de Ordóñez, exigimos juicio y castigo para los policías responsables del asesinato y llamamos a impulsar una amplia y unitaria solidaridad internacional con el pueblo y los trabajadores colombianos. En tal sentido, nos sumamos a través de nuestros compañeros de Colectivos Unidos a las marchas del próximo lunes 13 en Bogotá, Cali, Medellín y otras ciudades, convocadas por el Bloque por el Paro Indefinido, la Coordinadora Nacional Sindical, Social y Popular y otras organizaciones, en el marco de la conmemoración del paro nacional del 14 de septiembre de 1977.

Unidad Internacional de Trabajadoras y Trabajadores-Cuarta Internacional (UIT-CI)

12 de septiembre de 2020

Francia. Otra vez los “chalecos amarillos”

Los “chalecos amarillos” retomaron sus protestas en Francia. Casi dos años después de sus primeras movilizaciones, salieron a las calles este sábado con acciones en París y ciudades como Marsella, Toulouse, Lyon, Lille, Nantes, Niza, Burdeos o Estrasburgo. Las fuerzas de seguridad emplearon gas lacrimógeno contra los manifestantes y detuvieron a doscientos. La policía publicó fotografías en redes sociales de cuchillos, máscaras y un arco incautados durante los enfrentamientos. Entre las actuales demandas reclaman un aumento del salario mínimo y la rebaja de impuestos a los jubilados, confrontando, en general, contra el plan económico del primer ministro Macron. 

Perú. ¡Fuera Vizcarra! ¡Fuera el modelo corrupto, antiobrero y explotador!

El Congreso peruano resolvió iniciar un proceso al presidente Martín Vizcarra, acusado de corrupción por la contratación de un cantante. El proceso podría culminar en destitución la semana próxima si logra una mayoría de ochenta y siete votos. Como denuncia Uníos (UIT-CI): “El caso es una gota en el océano de la corrupción capitalista […] se escandalizan por S/. 175 mil que recibió el impresentable ‘Richard Swing’ pero esconden los S/. 23,297 millones que el corrupto modelo se robó solo en 2019 entre los gobiernos y empresas contratistas que negocian las obras públicas”.

La crisis y el proceso expresan una pelea entre fracciones capitalistas corruptas. Por eso, Uníos en el Frente Amplio, llama a “unificar las luchas por un plan económico alternativo” […] por una salida anticapitalista contra el gobierno de Vizcarra y las maniobras del Congreso”.

Ver declaración completa de Unios en https://www.facebook.com/847627571980059/posts/3291946724214786/

Estado español. Médicos anuncian paros por sobrecarga de trabajo

Los médicos convocan a una huelga indefinida en los centros de salud de Madrid, a partir del 28 de septiembre, ante el “límite inasumible” de trabajo. En las próximas semanas se irán sumando anuncios de paros en el resto de los sectores sanitarios.

“No podemos seguir trabajando en estas condiciones precarias. Somos médicos y nos debemos a nuestros pacientes, ya que somos los principales garantes de su seguridad y salud. Los ciudadanos merecen una atención sanitaria digna y de calidad que en estas circunstancias no les podemos prestar”, subrayan desde la Asociación de Médicos y Titulados Superiores (Amyts), de Madrid.

Por todo ello, Amyts requiere el “dimensionamiento de las plantillas en base a las necesidades reales” y cobertura inmediata con interinidades de médicos de las vacantes estructurales y del 100% de las bajas. Asimismo, reclaman que se pueda garantizar un mínimo de diez minutos por paciente, con un máximo treinta pacientes al día, para la medicina familiar, y de veintiuno en pediatría, “tal y como marca la Ley de Presupuestos de la Comunidad de Madrid”.

Colombia. Dos semanas de huelga de los mineros

En el complejo minero de Cerrejón, en La Guajira colombiana, los mineros de Sintracarbón están en huelga por la negativa patronal a negociar la convención colectiva de trabajo. El sindicato denunció que la empresa se niega a negociar los turnos de trabajo que están perjudicando a los trabajadores y que intenta eliminar 1.250 empleos directos. Denuncian también que la patronal “chantajeaba con quitarle las ayudas humanitarias, y en particular el derecho al agua que reparte a los vecinos”.

El crecimiento de la pandemia y el riesgo real de un colapso del sistema sanitario es la mayor preocupación que hoy recorre al pueblo trabajador. Hay contagios por todos lados. Ya prácticamente no hay nadie que no conozca a un compañero de trabajo, de estudio, familiar o vecino que haya dado positivo. 

Pasamos los 10.000 muertos y estamos en la parte de arriba de la tabla de posiciones mundial de casos por habitantes. El gobierno peronista de Alberto Fernández y los de las provincias estén en manos del Frente de Todos o de Juntos por el Cambio siguen echándole la culpa a la gente, a “la falta de responsabilidad”, como si no tuvieran nada que ver con la autorización a las patronales para la apertura de actividades. O con la falta de infraestructura y personal sanitario que se empieza a sentir en todo el país.

Cumplidos seis meses desde el inicio formal de la cuarentena, la pandemia social estalla por todas partes. Detrás de las masivas tomas de terrenos, y de las particularidades políticas que tiene cada una, se vislumbran las historias de miles de familias que perdieron sus viviendas en estos meses, por no poder pagar el alquiler (en muchos casos ni siquiera de piezas en hoteles o en los mismos barrios populares). Es que a los millones que vivían de changas, hay que sumarle los casi 400.000 que perdieron sus trabajos en blanco (y muchos más en negro). Los 10.000 pesos por familia del IFE (que en la práctica, al cobrarse bimestralmente, se transforman en 5.000 por mes), no alcanzan para nada. Y encima ahora existe la duda si habrá un nuevo cobro. También los pequeños comerciantes sufren esta crisis.

Mientras tanto, la respuesta del gobierno, en la voz del secretario de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, alienta la mano dura. Lo hace mientras dirige la misma policía de la provincia responsable de la desaparición seguida de muerte de Facundo Castro. O ahora de la inacción ante el femicidio de Ludmila Pretti.

Esa “maldita policía”, con todo un historial de casos de gatillo fácil y represiones al pueblo trabajador, es la que se protesta reclamando aumento de salario y más equipamiento. No se trata de ninguna “desestabilización de la derecha”, como agitan algunos periodistas del gobierno. Pero sí es cierto que sus voceros ni siquiera aceptan que no se debe reprimir más a los trabajadores o terminar con los casos de gatillo fácil. Y que, increíblemente, recibe por parte del gobierno de Kicillof y Berni, la respuesta inmediata de que sus reclamos son “justos” y el compromiso de recibir un incremento salarial. ¡El mismo gobierno que tiene congelados los salarios de todo el pueblo trabajador!

Esto causó un profundo malestar en Cicop, ATE y AJB (judiciales), los principales gremios que agrupan a los trabajadores estatales de la provincia de Buenos Aires. Es que para ellos los salarios siguen congelados, mientras los precios de los productos de primera necesidad y las tarifas (como se vio en estos días con las boletas del gas) siguen subiendo. Similar congelamiento salarial vive la inmensa mayoría de los trabajadores de todo el país. Sólo el 19% de los asalariados en blanco recibieron algún tipo de aumento, y en todos los casos en cuotas y por debajo de la inflación. Para la inmensa mayoría no hubo ningún aumento. Peor aún: muchos tuvieron el descuento del 25% acordado entre la burocracia de la CGT y la UIA. Otros tantos vienen cobrando el aguinaldo en cuotas, o directamente recibiendo su salario “de a pedazos”. Por eso resulta fundamental la exigencia de un aumento de emergencia y la reapertura inmediata de las paritarias.

Es más urgente que nunca poner los recursos necesarios para atender las dos pandemias: la sanitaria y la social. Y la plata está, hay que buscarla en las grandes fortunas de los Galperin (Mercado Libre), Rocca (Techint), Sigman (Grupo Insud), Bulgheroni (Panamerican Energy), Pérez Companc (Molinos) y en las superganancias de las empresas (de los bancos, de los monopolios agroexportadores, de las petroleras y gasíferas). Ya mismo debe imponerse un impuesto a las grandes riquezas. Pero un impuesto de verdad: porque después de la injustificable demora de meses, el gobierno de Alberto Fernández presentó un proyecto que no incluye a las empresas, y que incluso solo alcanza a los millonarios “con domicilio fiscal en el país”, por lo que algunos de los más importantes, como Galperin, Sigman o Bulgheroni no estarían contemplados. Por eso cobra cada vez más importancia el proyecto presentado por el Frente de Izquierda Unidad: el que sí propone que paguen todos los grandes multimillonarios y las grandes empresas, para poder recaudar 15.000 millones de dólares y, urgentemente, volcarlos a la emergencia. Para poner plata para atender las necesidades de la salud. Y también para darle 30.000 pesos de IFE a todo el que lo necesite.

A todo esto hay que sumarle la necesidad de dejar de pagar la deuda externa y romper con el FMI. No sólo por el dinero que este año se pagó a los pulpos acreedores (y que volverá a pagarse el año próximo), sino porque las exigencias de la negociación con el Fondo, hacen que el gobierno ya haya reconocido que, al ajuste actual, se le sumará uno mayor el año que viene. Lo dijo el propio ministro Guzmán: van a bajar el déficit fiscal al 4,5% del PBI el año que viene. ¡Eso es reducir los gastos del estado en un monto más grande de toda la plata que se puso este año para la pandemia!

Tenemos que seguir peleando contra las consecuencias del ajuste. Apoyando todas las luchas por aumento de salario o para enfrentar los despidos. No dejándolas solas, como hacen la burocracia de la CGT y las CTAs. Coordinando las luchas y fortaleciéndolas para que ganen. Como venimos planteando desde el Plenario del Sindicalismo Combativo, que se apresta a realizar el próximo 17 una jornada nacional. Y al mismo tiempo, postulando el programa de emergencia alternativo que explicamos más arriba, para que la crisis la paguen los ricos, los grandes empresarios, los banqueros y los buitres de la deuda, no el pueblo trabajador. Esto es lo que venimos planteando desde Izquierda Socialista y el Frente de Izquierda Unidad.

Escribe Guido Poletti

Durante todo el día martes se lanzó una protesta, que tomó forma de amotinamiento, por parte de la Policía de la Provincia de Buenos Aires. Los voceros del motín exigen recomposiciones salariales, elementos de protección contra el coronavirus y también más “equipamiento”. El reclamo comenzó en el Gran Buenos Aires y, a lo largo del día, se fue extendiendo por toda la provincia. Al momento de escribir esta nota la protesta continuaba y podía extenderse a otras provincias.

Ante este reclamo, la reacción del gobierno peronista de la provincia, de su gobernador Axel Kicillof, y del secretario de Seguridad, Sergio Berni, fue dar una respuesta inmediata, anunciar que le conceden un aumento a la policía, aunque sin dar más detalles sobre el porcentaje.  

La “celeridad” de la respuesta de Kicillof y Berni llaman poderosamente la atención. Una velocidad que no tuvieron frente a los reclamos de los trabajadores de la salud, de los docentes, de los judiciales o del conjunto de los estatales de la provincia, que siguen con salarios de hambre y congelados.

Esto demuestra la política ajustadora del gobierno y la necesidad de, para esto, tener siempre aceitado y dispuesto el aparato represivo. Ante la crisis social global que recorre todo el país, tanto el gobierno nacional como los gobernadores provinciales desnudan su política, continuar y profundizar el ajuste, lo que requiere tener plenamente “alineado” al aparato represivo para mantener a raya los reclamos de los trabajadores y demás sectores populares. Y esto no es “para el futuro”, basta recordar en estos mismos meses de cuarentena la represión de la propia bonaerense contra los trabajadores del frigorífico Penta. O la predisposición al desalojo ante las tomas de tierras realizadas por sectores desesperados ante las consecuencias de la crisis social.

¿Impulsado por “la derecha”?

Sectores que apoyan al gobierno, en particular de los medios de comunicación afines, y de la burocracia sindical, han salido a afirmar que este amotinamiento está impulsado por el macrismo. Algunos incluso lo relacionan con el posible “golpe de Estado” del que habló Duhalde la semana pasada.

Rechazamos totalmente que este motín policial sea parte de un “intento de desestabilización antidemocrático”. No tenemos que confundirnos. Sí ratificamos, desde ya, que la policía y el conjunto del aparato represivo (las policías Federal y provinciales, Gendarmería, Prefectura, etcétera) están al servicio de todos los gobiernos de turno y sus políticas antipopulares y propatronales.

El reclamo policial es una parte más de la crisis social que se vive en el país, que sin duda abarca también a los policías. Crisis social provocada por el gobierno peronista de Alberto Fernández que, frente a la pandemia, favorece a las patronales, a las multinacionales y a la banca mientras que crece la desesperación de los sectores populares.

No se trata de un “plan desestabilizador”, sin duda. Lo que sí es cierto es que la respuesta “inmediata” de Kicillof y Berni, el reconocimiento de todos los periodistas afines al gobierno de la “justicia de los reclamos”, lo que generó fue el envalentonamiento de las jefaturas de los policías amotinados. Así, durante el martes 8 de septiembre hemos visto a Luis Tonil, presidente de la Defensoría Policial, teniendo cámara en todos los medios de comunicación para defender el accionar de la bonaerense en el caso de Facundo Castro y quejándose de los policías que van presos porque la izquierda denuncia los casos de gatillo fácil.

¿Qué es la policía bonaerense?

Esta pregunta descubre el problema de fondo, la policía bonaerense siempre ha sido un aparato corrupto, vinculado a la trata, la prostitución, el narcotráfico y las bandas de piratas del asfalto. Fuerza de choque contra los trabajadores ante los centenares de conflictos que recorren la provincia, se destaca también por su “gatillo fácil” contra los sectores populares.

Hoy está más cuestionada que nunca por el terrible crimen de Facundo Castro, donde algunos de sus miembros están bajo total sospecha de haber perpetrado el asesinato y otros tantos de haberlo encubierto. Y no es un caso aislado, las historias de los casos de gatillo fácil de la bonaerense se cuentan por centenares. Por eso no podemos dejar de destacar que, detrás del reclamo salarial y por elementos de protección contra el Covid-19, hay un intento de presionar para que no se avance con la investigación del caso de Facundo Castro y, en general, con el conjunto de los casos de gatillo fácil. Varios voceros destacaron el rol de Sergio Berni, incluso llegando a decir que “se sacaban el sombrero” ante lo bien que, según ellos, había estado el secretario de Seguridad ante lo que denominaban, cínicamente, “el caso de Bahía Blanca”.

En sus declaraciones, sus voceros están muy lejos de reconocer los casos de gatillo fácil ni el papel que ha cumplido siempre la bonaerense reprimiendo huelgas y manifestaciones populares.

Lo más probable es que el gobierno peronista de Kicillof y Berni va a terminar otorgando, a la policía bonaerense, un aumento salarial, el mismo que se le niega a los trabajadores de la salud y de toda la provincia, mostrando que la política del gobernador y su ministro de Seguridad es fortalecer el aparato represivo, sea como en este caso la bonaerense, o también la Federal, la Gendarmería y las otras fuerzas armadas y de seguridad.

Por eso esto no está desligado con el anuncio de un nuevo plan de seguridad, tal como desarrollamos en otra nota de este mismo periódico.

Desde Izquierda Socialista y el Frente de Izquierda Unidad seguimos denunciando al aparato represivo y exigiendo su desmantelamiento, en particular el rol nefasto de la policía bonaerense, con su historia de gatillo fácil y represión al pueblo trabajador. En estos días, denunciando su rol en el crimen de Facundo Castro, exigiendo que se investigue hasta el final y se castigue a los culpables, como reclaman la propia madre de Facundo y los organismos de derechos humanos nucleados en el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia. Exigiendo que se vaya Berni y se conforme una comisión investigadora independiente para que se vaya a fondo y se termine con los cómplices encubridores. ¡Basta de policía represora y gatillo fácil!

Escribe José Castillo

Pasaron ya seis meses desde aquel lejano día de marzo en que comenzó la cuarentena. El gobierno peronista de Alberto Fernández, asustado ante la realidad de un sistema de salud devastado por décadas de ajuste e incapaz de dar respuesta a lo que venía, optó por la única salida que le quedaba, decretar la cuarentena en todo el país. Contó con el respaldo de todos los gobernadores de todos los partidos patronales, sin distinción, e incluso con la sobreactuación de Horacio Rodríguez Larreta, el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, de Juntos por el Cambio, que desde el comienzo se prestó a aparecer en las conferencias de prensa junto al presidente y el gobernador Kicillof.

Los sistemas nacionales y provinciales fueron desfinanciados por décadas, y los responsables son todos los partidos patronales, sin excepción. Esto cabe para los doce años del peronismo kirchnerista y los cuatro del macrismo. El discurso de Alberto Fernández, de los gobernadores y del jefe de Gobierno, fue que la cuarentena temprana iba a dar tiempo para “preparar el sistema”, construir nuevos hospitales y módulos de terapia intensiva y producir o comprar en el exterior los insumos básicos (respiradores, tapabocas profesionales, etcétera).

Los protocolos no respetados y la presión por la apertura de actividades

El pueblo trabajador respondió al diagnóstico que había que “guardarse” en casa con una disciplina ejemplar. Fueron las patronales las que, desde el primer día, “rompieron” la cuarentena. Y el gobierno quien, ya sea autorizando actividades o “haciendo la vista gorda”, lo permitió.

El primer problema se dio en las actividades esenciales, salud, alimentación y transporte. Las patronales arrancaron negando licencias a trabajadores en riesgo, no respetando los protocolos o, directamente, no entregando los insumos básicos necesarios. Un ejemplo paradigmático lo vimos con los trabajadores del ferrocarril Sarmiento, que lograron, tras dura lucha, que se respetaran los protocolos. Ya en esos primeros días también aparecieron denuncias y peleas en el mismo sentido de los propios trabajadores de la salud. Por ejemplo, Cicop logró imponer con la lucha contra el gobierno de Kicillof la creación de comités de crisis en cada establecimiento con participación de los trabajadores, lo mismo que la licencia para embarazadas.

A esto se sumó la presión de todas las patronales para que “su actividad” fuera habilitada, con un gobierno que, semana a semana, fue cediendo. Sectores de la industria y la actividad vinculada a la exportación, con diversas excusas, se fueron abriendo. Y sus trabajadores fueron obligados a transitar por las calles y asistir a los puestos de trabajo con el consiguiente riesgo de contagio.

La recesión y quién la paga

Era un hecho más que evidente que el cierre de actividades iba a tener consecuencias económicas. Las patronales “tomaron la iniciativa”, una larga ola de despidos y suspensiones empezó a extenderse. La respuesta del gobierno, y de la burocracia sindical, fue todo un ejemplo del doble discurso, “prohibió” por ley las suspensiones y los despidos… mientras que el Ministerio de Trabajo los avaló en acuerdo con la directiva de la CGT, que incluso firmó con la UIA un acuerdo para que se pudieran rebajar los sueldos 25 por ciento.

Al mismo tiempo, los que vivían de pequeños comercios, de changas, los vendedores ambulantes, los monotributistas, se quedaron de repente, de un día para el otro, sin ingresos. Explotó la realidad social de millones de marginados, sin comida, hacinados en viviendas sin las condiciones mínimas para poder cumplir la cuarentena.

Mientras la pandemia crecía continuaba la apertura

Los números siguieron en aumento. El motivo era claro, una parte era la consecuencia lógica, y ya advertida por los especialistas, de que finalmente el virus terminaría entrando con fuerza en nuestro país. Y que había que prepararse sanitariamente. Pero la otra mitad de la explicación, que poco a poco fue tornándose la más importante, era visible en las calles, cada día más gente, más actividad, más amontonamiento, menos posibilidades para respetar los protocolos y el distanciamiento social.

La propaganda oficial empezó a culpar a la “negligencia” de la gente. Se empezaron a multiplicar las noticias de situaciones donde se rompía la cuarentena ilegalmente y de ahí se generaba una cadena de contagios (asados, fiestas, etcétera). Más allá de que estos casos existieron, el verdadero motivo de la presencia de multitudes en las calles era otro, se iba a trabajar a aquellos lugares que los mismos gobiernos, nacional, provinciales y municipales, habían habilitado a pedido de las patronales. Otros fueron los millones que, desesperados, tuvieron que salir a la calle a “hacerse el mango” ante la insuficiencia del IFE, que terminó resultando de 5.000 pesos por mes por grupo familiar, o la nueva realidad de haberse quedado sin trabajo.

¿Qué pasó con el sistema de salud?

Mientras la “curva de contagio” subía, las famosas “inversiones” en el sistema de salud brillaban por su ausencia. Faltaba de todo, empezando por personal. Esto comenzó a hacerse visible por todos lados a medida que pasaban las semanas, crecían los casos de médicos y enfermeros contagiados –y un número importante de fallecidos– y del agotamiento al que se los sometía por las jornadas interminables de labor.

Finalmente, lo que todos temían empezó a producirse. Los “rebrotes” se empezaron a dar en todo el país. Hoy estamos al borde del colapso. El último mes terminó llevando la contradicción al extremo. Estamos, sin duda, en el momento más duro de la pandemia, vimos crecer en semanas los casos de 4.000 a 8.000, y luego a 12.000. Ya figuramos en las estadísticas mundiales como uno de los países con más casos por habitantes.

Contradictoriamente, también las estadísticas mundiales, midiendo por geolocalización de movimientos de celulares, nos dicen que somos uno de los países con más apertura y circulación en las grandes ciudades. La realidad es que ya casi toda la industria está trabajando y también un porcentaje altísimo del comercio. Millones atraviesan diariamente la capital y el conurbano para ir a trabajar. A eso se suma la realidad social, que se sigue complicando cada día más.

¿Qué se debe hacer?

Lo dijimos desde el primer día, y seis meses después lo reafirmamos. Hay que poner de verdad todos los recursos al servicio de atender las dos pandemias, la sanitaria y la social. Hacen falta ya, con una urgencia absoluta, más recursos, más infraestructura, más personal. Con sueldos acordes para poder cubrir todas las necesidades sin tener que salir a realizar diversos trabajos. Al mismo tiempo, hace falta un IFE de 30.000 pesos para todo el que lo necesite, de tal forma que se pueda vivir sin romper la cuarentena. Eso requiere dinero, que tiene que salir de un impuesto a las grandes riquezas como el que propone el Frente de Izquierda Unidad, y del no pago de la deuda externa.

Al mismo tiempo, hay que terminar con las reaperturas indiscriminadas de actividades, volver a las exclusivamente esenciales y prohibir, de verdad, las suspensiones y los despidos, estatizando toda empresa que viole esta disposición.

Finalmente, tenemos que centralizar todo el sistema de salud, en camino a su nacionalización, para poner todos los recursos, hoy divididos entre públicos y privados, a disposición de la emergencia.