Escribe Mercedes Trimarchi, legisladora electa por Izquierda Socialista/FIT Unidad

Tras filtrarse en los medios la posibilidad de retroceder en la interrupción voluntaria del embarazo, las movilizaciones de mujeres en Estados Unidos no se hicieron esperar. No es para menos, ya que está en juego el fallo Roe, instrumento conquistado con la lucha hace cincuenta años y que le ha permitido a las mujeres estadounidenses abortar.
 
El pasado lunes 2 de mayo se filtró en el portal Político un texto del juez Samuel Alito en el que la Corte Suprema de Justicia estaría declarando como “atrozmente errónea desde el comienzo” la histórica decisión del caso Roe vs Wade de 1973. Frente a esta situación se pone en evidencia que ningún derecho conquistado es para siempre y, por lo tanto, la defensa de la interrupción voluntaria del embarazo queda en manos de la lucha feminista.

La amenaza al fallo Roe no es nueva. En cincuenta años los intentos de los sectores conservadores y anti derechos no se hicieron esperar. Incluso han logrado leyes en estados locales muy restrictivas. De no existir el actual amparo judicial, en la mitad de los estados las mujeres no podrían abortar.

El último ataque vino de la mano del reaccionario y misógino Donald Trump, que junto a las iglesias busca restringir la autonomía de las mujeres. Recordemos que justo antes de las elecciones presidenciales de 2016, Trump se había comprometido a nombrar jueces en la Corte Suprema que anularían “automáticamente” el fallo Roe. Cuestión que se concretó bajo su presidencia con el nombramiento de tres nuevos jueces que le dieron mayoría a los conservadores (seis a tres).

Por otro lado, es un escándalo el uso electoral que Joe Biden está haciendo del tema. El presidente llamó defender el Fallo Roe pero votando al Partido Demócrata en las próximas elecciones de medio término. Una nueva maniobra oportunista que refleja la hipocresía del Partido Demócrata, que en cincuenta años no sancionó una ley (especialmente cuando tuvieron el control de ambas cámaras) dejándolo en manos de la justicia y por lo tanto, en constante peligro, bajo amenazas permanentes como lo que está ocurriendo ahora.
 
Solo con la lucha feminista lograremos frenar este ataque

De concretarse esta decisión del máximo tribunal, quedaría en manos de los gobiernos locales regular la práctica con la posibilidad de que en más de la mitad de los Estados se prohíba el aborto y se criminalice. La situación más grave es para las mujeres que habitan en los Estados en los que rige la Ley del latido, como en Texas. Allí no solo se impide el derecho al aborto sino que se premia a las personas que denuncien a la clínica, al médico o a quien acompañe a una mujer a abortar. Las penas son de varios años de cárcel y lo que viene ocurriendo en estos distritos es que se fogonea y envalentona a grupos e individuos de extrema derecha que se organizan para denunciar a las mujeres y al personal de salud que garantiza la práctica.

La Unidad Internacional de Trabajadoras y Trabajadores - Cuarta Internacional publicó una declaración de apoyo a las movilizaciones que se están realizando en Estados Unidos en defensa del derecho al aborto contra este avance conservador que se puede leer y compartir desde la página uit-ci.org.

La pelea por el aborto legal seguro y gratuito en Estados Unidos y en el mundo solo la podremos librar las mujeres y disidencias con la movilización independiente de los gobiernos. Solo confiamos en la fuerza de la movilización y con ella decimos: Ni un paso atrás. Los derechos se defienden y se conquistan en las calles.

Escribe Federico Novo Foti
 
El 28 de abril, tras dos años de ausencia debido a la pandemia, se inauguró la Feria del Libro con los clásicos discursos de los ministros de Cultura nacional, Tristán Bauer, de la CABA, Enrique Avogadro, y de empresarios editoriales. Pero el evento inaugural se vio sacudido por el discurso del escritor, historietista y guionista Guillermo Saccomanno. El autor apuntó contra las limitaciones que impone la búsqueda de ganancias de las empresas del sector en el acceso a la cultura, al distinguir que “esta es una feria de la industria y no de la cultura”. De igual manera denunció “la cultura de la plusvalía”, las terribles condiciones laborales “en las que el autor, que es el actor principal del libro, como creador, cobra apenas el 10% del precio de tapa de un ejemplar” o incluso debe costearse sus propias publicaciones. Asimismo, en un contexto de escasez y de inflación creciente que golpea a las editoriales pequeñas, puntualizó el carácter “oligopólico” y “sin ningún control del Estado” de la producción de papel. “La falta de papel se debe a la menor producción de las dos empresas productoras de papel para hacer libros. Una es Ledesma, propiedad de la familia Blaquier-Arrieta, una de las más ricas del país, apellidos vinculados con la última dictadura en crímenes de lesa humanidad, además relacionados a la Sociedad Rural, escenario en el que estamos hoy. La otra empresa es Celulosa Argentina. Su directivo es el terrateniente y miembro de la Unión Industrial José Urtubey, conectado con la causa Panamá Papers”. La intervención de Saccomanno, que provocó todo tipo de reacciones, denunció también la continuidad de “las políticas extractivas” de “expoliación y entrega de recursos”, cuyo resultado es que “nuestro país ha superado el 40% estadístico de pobreza y que la línea de hambre es impiadosa”. Señaló también “la situación siempre precaria de los docentes en el país, donde fue asesinado Carlos Fuentealba y en los últimos años otros maestros murieron por la explosión de las garrafas en escuelas convertidas en comederos”. Finalmente, Saccomanno se cuestionó: “corresponde preguntarse si un chico con hambre está en condiciones de asimilar conocimiento cuando no ha asimilado alimento”. Desde Izquierda Socialista y el FIT Unidad respondemos categóricamente que no. Por eso enfrentamos el acuerdo de ajuste, saqueo y sometimiento pactado por el gobierno y el FMI, y exigimos el no pago de la deuda externa para volcar esos recursos a resolver las urgentes necesidades populares, entre ellas, el desarrollo y acceso a la educación y a la cultura que hoy están vetadas para la amplia mayoría de la sociedad.
 

Escribe José “Pepe” Rusconi

Cuando el 12 mayo de 1977 me enteré del secuestro, sucedido el día anterior, de tres de mis compañeros del Partido Socialista de los Trabajadores (PST) era inevitable imaginar el desenlace. Estábamos en tiempos de la dictadura militar que reprimía a sangre y fuego.

Ellos eran Julio Matamoros (el “Bocha” de veintiún años), estudiante de Derecho y luego empleado bancario, Mónica de Olazo (“Moniquita” de dieciocho años), estudiante, y su pareja Alejandro Ford (el “Negro” de veinte años), egresado de la Escuela de Bellas Artes, ex dirigente de la Juventud Peronista (UES) y reciente trabajador de la destilería de YPF de La Plata.

Formábamos parte de una célula del PST, que era el organismo de base de nuestra organización durante la dictadura, donde los militantes hacíamos nuestras discusiones y planificábamos las tareas.

Tras el 11 de mayo, nunca supimos más de ellos hasta que, pasados treinta y seis años del secuestro, el Equipo Argentino de Antropología Forense los identificó en una fosa común del Cementerio de Ezpeleta, enterrados como NN. Nos enteramos que estuvieron en varios Centros Clandestinos de Detención y finalmente fueron fusilados frente a la Comisaría de esa localidad simulando un enfrentamiento. Ellos dieron su vida por la revolución socialista.

Con ese recuerdo, cuando veo a las nuevas camadas de jóvenes compañeros y compañeras que trabajan en la construcción del partido, una herramienta revolucionaria como Izquierda Socialista, los veo a ellos continuando con esa tarea y pienso que su muerte no fue en vano.

Pasaron cuarenta y cinco años y los recuerdo con pesar, pero también con aquella alegría que nos caracterizaba. Alegría propia de los jóvenes y de aquellos que luchan con las tremendas ganas de cambiar esta terrible realidad social capitalista por la de un mundo más justo, un mundo socialista.
Seguimos exigiendo justicia. Mónica, Alejandro y Julio, ¡hasta el socialismo siempre!
 

Transcurridos los primeros meses del año, la bronca crece en las escuelas. El aprovechamiento que los gobiernos hicieron de la pandemia para atacar nuestro salario y condiciones de trabajo no terminó con la pandemia. De la mano del acuerdo con el FMI y la necesidad de achicar el gasto
público, vendrán nuevos embates. El 2022 empezó con nuevos ataques que han ido generando respuestas por parte de la docencia pero que no se han desarrollado más, dada la complicidad de la conducción celeste de Monserrat. Gobierno y burocracia son la cara y contracara de una misma
moneda El gobierno ataca y la burocracia garantiza. A pesar de una inflación que va camino al descontrol, terminaron arreglando un falso 30% a cobrar con el sueldo de agosto. Lo hicieron a través de la antidemocrática asamblea departamental y a espaldas del rechazo de las escuelas.
La propuesta militada por la conducción de UEPC fue destruida al segundo mes. La inflación acumulada del 2022 ya alcanzó las primeras dos cuotas del “aumento” por lo que mayo, junio y julio son meses en los que vamos a pérdida. Así se licúa, aún más, un salario que se encuentra, en promedio, por debajo de la línea de pobreza

La precarización se cuela en el sistema educativo

El avance sobre las condiciones de trabajo también es preocupante. La reforma del estatuto en 2020 que imposibilita titularizar a miles de docentes es un nuevo avance precarizador que se suma a los ya existentes para las y los docentes de programas como el PIT, Egresar, jornada extendida, etc. Pero hacen lo contrario: y lo vemos reflejado en ejemplos como la hora de planificación que les han robado a las compañeras de inicial o los cierres de cursos con menos de 25 estudiantes en los CENMA. O la quinta hora en Primaria con docentes precarizados. A esto se suman muchísimos otros conflictos en todos los niveles de sistema. Con su falso discurso de profesionalización, Scharetti-Grahovac con la complicidad de Monserrat, nuevamente quitan un derecho. Si realmente quisieran profesionalizar incrementarían la oferta de trayectos, profesorados, cursos gratuitos; aumentarían presupuesto para infraestructura, recursos, salario, etc.

Ante esto, ¿Por qué no sale la docencia?

Esta es una de las preguntas que más surgen. Esto se da no porque no haya voluntad de pelear sino porque no se cuenta con una herramienta para hacerlo. Porque cuando salen las maestras de inicial, la burocracia traiciona y acuerda con el gobierno. Porque los comunicadores, los abrazos a los Cenma, o los zipollianos organizan y la burocracia se ausenta. Y cuando logran salir e imponerle algún paro de la burocracia, el gobierno descuenta. Es un combo que viene haciendo que la docencia no vea que con esta conducción se le pueda arrancar algo al gobierno. Pero al ajuste no hay forma de frenarlo si no es con la lucha. Por eso a la par de exigirle a la conducción su ruptura con el gobierno, somos las y los docentes desde abajo y con la unidad de la oposición, quienes tenemos que avanzar en unificar los distintos reclamos para ir construyendo un proceso de movilización que le imponga a la conducción salir a defender la escuela pública.

Escribe Horacio Labat - Vocal de la Junta de Clasificación Secundaria

La Junta de Clasificación de Nivel Secundario es un organismo dependiente del Ministerio de Educación que se encarga de clasificar a las y los docentes aspirantes a cargos y hs cátedras mediante la confección de las Listas de Orden de Mérito (LOM). Este organismo ministerial está compuesto por vocales nombrados por el Poder Ejecutivo y vocales gremiales, elegidos por el voto de las y los docentes en elecciones libres y abiertas. Su tarea es de contralor de las actividades de un organismo muy sensible, donde se define la asignación de cargos y hs cátedras. Desde las
elecciones de 2012, la mayoría de los vocales gremiales pertenecen a la Pluricolor, de la cual forma parte nuestra agrupación.

Desde el 2012 no se volvieron a realizar elecciones lo que provocó la vacancia de las vocalías por jubilación, fallecimiento o renuncia. Esta política del gobierno de reducir las funciones de la Junta se vio plasmada en la creación de la oficina de Unidad Provincial de Certificación y Alcance de Títulos, encargada de otorgar los alcances de títulos, ahora en manos de agentes dependientes del Poder Ejecutivo. Así mismo, la falta de recursos dificultaron la correcta valoración y validación de títulos y antecedentes en el 2022.

El avance sobre la Junta de Clasificación forma parte de la política precarizadora del gobierno provincial, atacando al organismo más democrático del Ministerio y que cumple una función vital para garantizar la transparencia en los nombramientos. Sin embargo, el mayor avance sobre la precarización docente en Córdoba en lo últimos años, fue la sanción de la Ley 10.729, la que establece en su art. 1° la imposibilidad de titularizar a quienes carecen de título docente. Esto llevará a que, en pocos años, gran parte de los agentes que accedan a cargos y hs cátedras con alcances Habilitante y Supletorio revistan en condición de Interinos y no posean estabilidad laboral. Esto se da en el contexto de la falta de ofertas de carreras de formación docente, la constante amenaza de cierre a los IFD que les obligan a poseer niveles de matriculación inalcanzables y la casi inexistencia de Trayectos Pedagógicos que permitan a los profesionales formarse en sus respectivas didácticas y alcanzar así su condición docente. Desde Docentes en Marcha llamamos a defender la Junta y resistir la precarización laboral exigiendo:

La inmediata convocatoria a elecciones en la Junta de Clasificación de Nivel Secundario.

La integración de la Unidad Provincial de Certificación y Alcance de Títulos con vocales elegidos por las y los docentes.

La asignación de los recursos necesarios para llevar adelante una clasificación justa y transparente que beneficie a docentes y aspirantes a la docencia.

La normalización de la Junta de Clasificación de Nivel Primario, la cual se encuentra intervenida desde la última Dictadura Militar.