Mientras Milei viaja por cuarta vez a los Estados Unidos, esta vez para reunirse con empresarios yanquis del sector tecnológico y luego asistir a la asunción del segundo mandato del ultraderechista Nayib Bukele en El Salvador, dejó al pie del avión abierta una fuerte crisis en su propio equipo de gobierno, con la renuncia del jefe de gabinete Nicolás Posse y su reemplazo por el hasta ahora ministro del Interior, Guillermo Francos. Esta anécdota no es más que otra expresión de la debilidad de un gobierno que sigue acumulando bronca popular. Es que más allá de los esfuerzos por parte de periodistas amigos de resaltar encuestas en donde se muestra la “buena imagen” que todavía conservaría el presidente, las escenografías de la última semana no le fueron favorables. El miércoles 22 se realizó el publicitado acto de lanzamiento del libro de Milei “Capitalismo, Socialismo y la trampa neoclásica”. Más allá de las payasadas del propio presidente cantando junto con la banda del diputado nacional Benegas Lynch y del delirio de su discurso, la realidad es que La Libertad Avanza no pudo llenar los 5.000 lugares del estadio Luna Park, pese a que recurrió a colectivos y gente llevada por punteros mileístas del conurbano bonaerense. Era visible la cantidad de personas que se retiraron promediando el acto, mientras hablaba el propio Milei, acrecentando los claros en el estadio. Unos días más tarde, el sábado 25, el presidente hizo un nuevo papelón, esta vez desde el Cabildo de Córdoba, frente a una plaza semivacía con apenas unos pocos miles de seguidores, mientras en el resto de la ciudad crecía el repudio (y la represión) a su presencia con el llamado “culiadazo”.

Todo esto no surge de la nada. Es la consecuencia necesaria del ajuste salvaje, el plan motosierra que viene pulverizando salarios, jubilaciones, planes sociales y partidas como las destinadas a salud y educación. Que se expresa en números oficiales, como la caída del 8,4% del PBI respecto a marzo de 2023, la baja del 13,8% del consumo en abril, los 100.000 puestos de trabajo perdidos sólo en la construcción y una indigencia que, según datos del Observatorio de la deuda social de la UCA, subió al 18%, el doble que hace un año. Mientras, escandalosamente, 5.000 toneladas de alimentos permanecen almacenadas sin repartir en los galpones del ministerio de Capital Humano de Sandra Pettovello. Al mismo tiempo que crece el hambre en los barrios populares, el gobierno se niega a que llegue a sus destinatarios, incluso con el riesgo cierto de que esa mercadería venza y haya que tirarla. Todo esto mientras, al mismo tiempo, el centro de la política “social” de Milei, Pettovello y Bullrich consiste en atacar, perseguir y judicializar a los movimientos sociales.  

Otro telón de fondo de lo que está pasando en el país es la auténtica rebelión popular que se produjo y continúa en la provincia de Misiones, con decenas de miles que protestan en las calles, sin que ni el gobierno nacional ni el provincial le den solución hasta el momento.

Lo que se definirá en los próximos días es el destino de la Ley Bases. Hacemos Coalición Federal y los radicales hacen lo imposible por acompañar al PRO (que ya juega virtualmente como un bloque oficialista, de alianza permanente con La Libertad Avanza) y con mil malabares retóricos, llegar a un dictámen en el Senado que les permita votarlo a favor. En toda una puesta en escena, estos bloques de partidos de la oposición patronal apuestan a votar a favor en general y luego oponerse a algunos artículos en particular (para así simular mantener su perfil “opositor”) sabiendo que luego el proyecto volverá a Diputados donde se reafirmará el texto original. ¿A quién le importa realmente la aprobación de la ley? Un medio periodístico dió la mejor definición: “Ni a Milei ni a Caputo le importa demasiado el contenido de la Ley Bases. Sólo aspiran a que sea sancionada, porque eso es lo que piden el FMI y los inversores”. (El Cronista, 27/5).

Es evidente que la Ley Bases es apenas un pequeño resumen de aquella gigantesca Ley Ómnibus redactada por Sturzenegger en diciembre pasado. Este personaje, que ahora suena para ocupar algún ministerio en el futuro inmediato, lo dejó claro: “ahora tratemos que se apruebe lo que se pueda. Después vamos por el resto”.

Tengámoslo claro: que salga la Ley Bases es el paso que exigen el FMI, las patronales y los grandes especuladores extranjeros. Ni uno sólo de los más de 200 artículos favorece al pueblo trabajador. Ahí están los privilegios para las transnacionales con el RIGI, para los especuladores y fugadores de capitales con el blanqueo, para las patronales negreras con la flexibilización laboral, la vía libre para el saqueo de nuestros recursos, para la privatización de empresas públicas como Aerolíneas, para el cierre de organismos y para más despidos en el Estado. Además de las facultades delegadas para que el presidente Milei pueda hacer lo que quiera y llevar a fondo su proyecto de motosierra.

Por todo esto, un capítulo importante de la pelea contra el ajuste en curso se dará el día que la ley se trate en el Senado. Tenemos que movilizarnos para oponernos a su aprobación, siendo miles manifestando nuestro repudio cuando se discuta, tal como acaba de votar el Encuentro Nacional de sectores combativos y la izquierda. Al mismo tiempo que le seguimos exigiendo a la CGT y a las CTA el paro general de 36 horas en el marco de un plan de lucha para enfrentar todo el plan económico de Milei.

Si el ajuste en curso y la Ley Bases son el programa económico de Milei, los grandes empresarios y el FMI, nosotros tenemos que oponerle otra salida. Explicar que es mentira que no existe otro camino. Que, por supuesto, no puede ser volver al pasado del gobierno peronista de Alberto, Cristina y Massa, con sus dobles discursos mientras en la práctica ajustaba para cumplir con las exigencias del FMI.

Nosotros afirmamos, en cambio, que hay un plan alternativo, obrero y popular: el que postulamos desde Izquierda Socialista y el Frente de Izquierda Unidad. Que comienza por dejar de pagar la deuda externa y romper con el FMI, por imponer fuertes impuestos a las grandes fortunas, nacionalizar la banca y el comercio exterior y reestatizar las privatizadas. Para, con todos esos recursos, ponerlos al servicio de resolver las más urgentes necesidades populares de salarios y jubilaciones dignas, trabajo genuino, salud, educación y vivienda. Un programa que sólo podrá llevar adelante otro gobierno, en manos de las y los trabajadores y la izquierda, en camino a una Argentina socialista.